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Otro detenido e imputado por el homicidio de un anciano en Aguaray

Los fiscales penales de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega y del Distrito Judicial Centro, Leandro Flores, imputaron a Ariel Alfredo Olmedo, acusado del delito de homicidio criminis causa, en perjuicio de Desiderio Clemencio Montes, de 74 años. La audiencia se desarrolló por videollamada y el detenido, asistido por un defensor oficial, optó por declarar.

Del decreto de imputación, surgió que en fecha imprecisa, Olmedo, de 25 años, junto a los acusados Guillermo Herminio Sarmiento, de 22 y una menor de 17 años, quienes fueron detenidos recientemente, llegaron a la vivienda de la víctima, de barrio Belgrano y maniataron al anciano en su cama.

Luego, ultimaron a Montes mediante golpes en la cabeza y lo estrangularon con un cable, tras lo cual sustrajeron diversos elementos, entre ellos, documentación personal, ropa, un televisor y escaparon del lugar.

La intervención de los fiscales Vega y Flores, se produjo tras las actuaciones de la Comisaría 46 de Aguaray, luego de que la víctima fuera hallada por un miembro de su familia.
Los fiscales de la Unidad Fiscal requirieron al Juzgado de Garantías interviniente el mantenimiento de su detención.

El Procurador con la Comunidad Lule, de Finca Las Costas

El procurador general, Abel Cornejo, recibió este lunes a integrantes de la Comunidad Lule, agentes territoriales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la diputada nacional, Verónica Caliva. Escuchó las inquietudes particulares planteadas por los referentes originarios y se comprometió a recibirlos nuevamente.

Durante el encuentro, las y los integrantes de la comunidad, expusieron ante el Procurador su perspectiva respecto del estado de la investigación penal, cuyo inicio data de 2016 y que actualmente se encuentra en trámite bajo la dirección del fiscal Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio. También mencionaron la medida de no innovar dictada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial – Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, quien hizo lugar al amparo interpuesto por la Administración Pública Provincial, por el impacto ambiental. Manifestaron que la cautelar les impide la cría de ganado y la ampliación de sus viviendas, lo que perjudica su economía y bienestar familiar.

Asimismo, el presidente de la Comunidad, David Torres, entregó al procurador Cornejo, una copia de la Personería Jurídica de la Comunidad Indígena Lules de Finca Las Costas, Resolución INAI Nro. 0539/06, con mapa a de la localización geográfica del territorio comunitario y otra, de la Resolución INAI N⁰ 1020/2014, de Reconocimiento de ocupación actual tradicional y pública. En ese marco, Cornejo ratificó la voluntad del Ministerio Público Fiscal de Salta de abordar a través de Mesas de Diálogo, todas las problemáticas que impliquen a comunidades originarias porque “escuchar y ofrecer soluciones, basadas en el reconocimiento de los derechos de raigambre constitucional, es imperativo”.

Además del planteo global, referido a la comunidad, algunos integrantes realizaron consultas particulares, con el compromiso de la Procuración de informarles en breve qué competencia tiene el Ministerio Público Fiscal en cada situación específica.

En la reunión también participaron los técnicos territoriales de INAI, Eduardo Carrizo y Alejando Cavalli.

Ciberdelitos: Crean la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de Salta

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la creación de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de Salta, para el análisis del tratamiento de la evidencia digital en la actualidad y la proyección de una futura reforma de ese ordenamiento legal.

La Comisión de Reforma estará bajo la dirección de la Procuración General y será integrada por el secretario de Justicia, Diego Sebastián Pérez; el director del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, Informática y Nuevas TICs del Colegio de Abogados y Procuradores, José Aráoz Fleming y representantes de las universidades, bajo la coordinación de la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo.

La Comisión de Reforma, que deberá elevar quincenalmente a la Procuración General los avances del proyecto, contará con el Asesoramiento Legal y Técnico del abogado especializado en evidencia digital y director de la Carrera de Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Marcos Salt.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, sostuvo que la aparición de la evidencia digital “implicó un cambio de paradigma en el proceso penal, de tal magnitud que nos llevó a repensar el tratamiento de la prueba en las investigaciones penales y en los códigos de procedimiento”.

“Todo lo que conocemos como prueba en el proceso penal actual, es muy probable que sea reemplazado en un futuro muy cercano por evidencia digital, sin importar qué tipo de delito estemos investigando. De esta manera, se produce una ampliación del concepto de lo que entendemos por delitos informáticos. Ya no se trata de la investigación de delitos específicos; lo que tiene que ver con el proceso penal y la prueba informática, va influir en la investigación de cualquier conducta delictiva, en todos los casos va a ser necesaria la evidencia digital, esto va a traer aparejado un cambio importante en la dinámica del proceso”, sostuvo Cornejo.

En este sentido, el Procurador hizo hincapié en que “no alcanza con la regulación actual” y destacó la necesidad de regular normas expresas que den tratamiento a la prueba digital como tal, a la luz de los lineamientos previstos en el Convenio sobre Ciberdelincuencia, aprobado en Budapest en el año 2001 y del que nuestro país forma parte.

Suman 745 denuncias contra efectivos policiales en lo que va del año

En el período comprendido entre el 1 enero y el día de la fecha, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 67 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales, fue requerida la elevación a juicio para 11.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke informó que desde enero a la fecha, fueron recibidas 745 denuncias por abusos policiales. Los elementos colectados durante las investigaciones, ya permitieron imputar cerca del 10% de los policías denunciados en el período de menos de tres meses.

Durante 2020 y desde el 1 de julio, -cuando Simesen de Bielke se hizo cargo de la Fiscalía- y hasta el 31 de diciembre, hubo 132 imputaciones, con 113 requerimientos a juicio.

Vale recordar que desde el martes 11 de agosto de 2020, se encuentra habilitado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, vínculo que solo está habilitado para denuncias relacionadas con la posible comisión de esos delitos y no de otros, para los cuales existen fiscalías penales comunes y especializadas, según el caso.

Al respecto, la fiscala recordó que entre las posibilidades para mitigar la violencia institucional, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, presentó el 1 de julio pasado un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, estimó la fiscal que “la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía”, que tiene a cargo y que no puede investigar hechos de otro tipo.

Condenas para la banda de “Los Poseídos” por vender drogas

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviada, en la que el juez del Sala V del Tribunal de Juicio, condenó a tres integrantes de la banda “Los Poseídos”, que se dedicaban a la venta de estupefacientes y que operaban en barrio San Benito, en la zona sudeste de la ciudad.

El vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio, Marcelo Rubio, condenó a Cristian Rubén Bernardino Choque, a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, al considerarlo penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en forma organizada y en calidad de autor.

En el mismo fallo, el magistrado condenó a Brisa Candela Yaqueline Alba a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional; y a Eduardo Joaquín Nico, a la pena de tres años de prisión de ejecución efectiva, al considerarlos penalmente responsables del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en forma organizada y en calidad de partícipes secundarios.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de un informe presentado en marzo de 2020 por el Grupo de Investigaciones de Drogas del Sector 6, que recibió denuncias de vecinos del barrio San Benito, quienes llegaron hasta la base operativa para manifestar su preocupación por la venta de estupefacientes en ese barrio. Señalaron a un tal “Burro Choque” como el líder de una banda conocida como “Los Poseídos”.

Múltiples allanamientos realizados el 23 de abril de 2020 en los domicilios de los penados, permitieron el secuestro de cocaína y cannabis sativa, acondicionadas para su venta y que estaban a entera disposición de los imputados, además de sumas de dinero en efectivo obtenido de la actividad ilícita y elementos para acondicionar el estupefaciente para su comercialización.

Quisieron meterle una media sucia en la boca, lo golpearon hasta que lloró y tuvo que sonreír a la cámara para evitar más golpes

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cinco efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Juan Alberto Juárez, de 39 años; David Gabriel Bolívar, de 35; Adrián Alberto Monteros, de 44; Héctor Samuel Urdanivia, de 30 y Sergio Daniel Dragicevich, de 25.

La investigación inició con la denuncia radicada por la víctima, quien presentó en Fiscalía un escrito en el que relató de manera pormenorizada los hechos. Si bien no pudo precisar los nombres y cargos, indicó que se trataba de los efectivos que el 11 de noviembre de 2020, en camioneta, patrullaban las calles del sector sur de la ciudad de Orán.

Afirmó que ese día, cerca de las 20:30, salió de trabajar y se dirigió en su moto a su domicilio en barrio 266 Viviendas, se bañó y salió a buscar a su novia en barrio Primavera. Cuando pasó frente la cancha del barrio, lo hicieron parar unos amigos, por lo que bajó de la moto.

Indicó que a los pocos minutos, llegaron ocho policías en una camioneta grande, todos con barbijo y la visera baja. Ante esto, todos sus amigos salieron corriendo. Cuando los policías bajaron le preguntaron por qué no tenía el barbijo puesto, el denunciante se dio cuenta que lo había olvidado en su casa. Al expresarles esto, los efectivos le exigieron que se pusiera cualquier cosa de barbijo y como no tenía pañuelo, los acusados encontraron una media muy sucia que estaba en la vereda de la cancha y se la quisieron poner en la boca. Luego de que el denunciante se negara, fue subido al móvil, donde comenzaron a golpearlo.

La víctima les dijo que sabía cuáles eran sus derechos y que no podían hacer eso. También les dijo que tenía un familiar policía. Ante esto, los imputados le preguntaron quién era su familiar. Tras contestarles, le dijeron “ah, vos sos familiar del batiyuta” y comenzaron a pegarle más fuerte.

Como el denunciante no lloraba, le dijeron “así que vos te la aguantas” y comenzaron a pegarle con cachiporras por todo el cuerpo. Luego lo llevaron a un baldío y sin bajarlo del móvil continuaron con la golpiza, hasta que comenzó a llorar.

Luego, uno de ellos dijo “sonreí para que te saquemos unas fotos así nos reímos todos. Reíte chango o te hacemos cagar de nuevo. Dale reíte”, por lo que se tuvo que reír y ahí le sacaron varias fotos.

Después de eso, relató que lo hicieron arrodillar unos 20 minutos, hasta que uno de ellos le dijo “firma chango estos papeles, son el motivo por cual te arrestamos, por no tener barbijo. Firma y te llevamos a la Comisaría para soltarte”.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que entre los elementos reunidos durante la investigación, están las constancias del libro de guardia de la Comisaría 25 y del informe que acreditó que la víctima fue ingresado a esa sede por los integrantes del móvil 1849, en el cual circulaban los acusados, quienes en un claro acto de exceso en el uso racional de la fuerza, le causaron lesiones a la víctima que fueron acreditadas.

Así, se tiene que los acusados, mientras cumplían un acto de servicio, desplegaron conductas consistentes en causar un daño a la integridad física del denunciante y excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta desplegada por los acusados, afectaron su dignidad e integridad personal.

Las motos están involucradas en el 43% de los siniestros viales

Para prevenir accidentes, al igual que los automóviles, deben transitar por la derecha y, si adelanta a otro vehículo, debe hacerlo por la izquierda. El uso del casco es obligatorio.

Las estadísticas de siniestralidad vial de la Dirección Policía Científica y Técnica de la Policía de la Provincia señalan que las motocicletas están involucradas en el 43% de los siniestros viales.

La Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV) recuerda que las motocicletas y los ciclomotores deben circular por la derecha, como lo hace cualquier automóvil, respetando la ley nacional de Tránsito N° 24.449.

Las estadísticas de siniestralidad vial de la Dirección Policía Científica y Técnica de la Policía de la Provincia señalan que las motocicletas están involucradas en el 43% de los siniestros viales.

Las motocicletas deben circular como cualquier vehículo, no sobre las banquinas. Cuando va a sobrepasar a otro rodado, el motociclista debe advertir su intención de sobrepaso por medio del destello de luces de giro y observar por el espejo retrovisor para verificar que otro conductor no esté haciendo esa maniobra. En todos los casos, debe utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral.

Los ocupantes –que en ningún caso pueden ser más de dos- deben llevar puestos cascos normalizados. El acompañante debe ir sentado y con los pies sobre el apoyapiés. Sus manos no deben ir sobre el cuerpo del conductor, ya que impiden que pueda maniobrar.

Para evitar accidentes es fundamental que el vehículo cuente con espejos retrovisores, el casco esté correctamente colocado y la patente visiblemente posicionada.

Al igual que los automóviles, las motocicletas deben respetar los límites de velocidad. En las calles de la ciudad, el límite es de 40 km/h y en las avenidas, de 60 km/h. El ingreso a las bocacalles no debe superar los 30 km/h y, al cruzar un paso a nivel, se debe ir a 20 km/h. En las autopistas -como la Circunvalación Oeste- las motocicletas no pueden exceder los 110 km/h.

Piden el juicio contra los policías que inventaron una causa tras disparar a una familia

Seis días después de concretar la audiencia de imputación, la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales, acusados de los delitos de falsedad ideológica y vejaciones calificadas, en concurso real y en calidad de coautores. Entre las víctimas, hubo un niño de 9 años.

En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que durante el proceso de investigación, fueron colectaron los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los imputados.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo y el cabo Ignacio Zurita, todos con revista en la División Seguridad Urbana.

Del requerimiento surgió que el 13 de febrero de 2020, cerca de las 18:30, mientras los acusados patrullaban por barrio Norte Grande de la ciudad de Salta a bordo del móvil 1849, cometieron un exceso de sus funciones al increpar a los integrantes de una familia, que estaban en la vereda y a quienes acusaron de ingerir bebidas alcohólicas.

Pese a que todos demostraron que no estaban bebiendo y mostraron sus DNI, los acusados efectuaron varios disparos con escopeta contra la familia, algunos de los cuales impactaron en dos integrantes, entre ellos, un niño de 9 años, que les provocaron lesiones que fueron advertidas por testigos.

Para avalar los disparos efectuados, los imputados decidieron informar falsamente a la Coordinación Operativa que fueron víctimas de un ataque con piedras, e incluso manifestaron que una mujer los amenazó con un machete, por lo que insertaron declaraciones falsas en un documento público, que desfiguró la verdad objetiva de lo acontecido, sostuvo la fiscala en su decreto de imputación.

Ocho años de prisión efectiva por abusar de una mujer trans

La fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que el juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Mario Maldonado, condenó a E.D.A., a la pena de ocho años de prisión efectiva, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, en perjuicio de una mujer trans.

El juez Maldonado hizo lugar al pedido de sanción de la fiscal Filtrín Cuezzo y condenó al hombre, de 27 años, por haber sometido sexualmente y lesionado a la víctima, una mujer trans a la cual contactó en la denominada zona roja de la ciudad.

Según consta en las actuaciones, el hecho sucedió durante la madrugada el 29 de noviembre de 2019, cuando la víctima y el condenado, acordaron retirarse a un lugar determinado. El hombre desvió el camino y la trabajadora sexual comenzó a asustarse, porque la trasladaba a un lugar alejado y oscuro. Entonces la llevó una vivienda a media construir que según dijo, le pertenecía. En la obra, ubicada en un asentamiento, sacó un arma blanca, la obligó a desnudarse y la hirió en distintas partes del cuerpo, incluido el cuello, antes de abusar sexualmente de ella.

La víctima pudo escapar cuando le pidió que le permitiera lavarse las manos, pues se encontraba sangrando profusamente en el dedo índice. Desnuda, pidió ayuda en una vivienda cercana, donde la asistieron, le dieron con qué cubrirse y llamaron al Samec.

En el mismo fallo, el juez ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Inventaron una causa para justificar que dispararon contra una familia

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a tres efectivos policiales, acusados de los delitos de falsedad ideológica y vejaciones calificadas, en concurso real y en calidad de coautores. Entre las víctimas, hubo un niño de 9 años.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo y el cabo Ignacio Zurita, todos con revista en la División Seguridad Urbana.

Del decreto de imputación surgió que el 13 de febrero de 2020, cerca de las 18:30, mientras los acusados patrullaban por barrio Norte Grande de la ciudad de Salta a bordo del móvil 1849, cometieron un exceso de sus funciones al increpar a los integrantes de una familia, que estaban en la vereda y a quienes acusaron de ingerir bebidas alcohólicas.

Pese a que todos demostraron que no estaban bebiendo y mostraron sus DNI, los acusados efectuaron varios disparos con escopeta contra la familia, algunos de los cuales impactaron en dos integrantes, entre ellos, un niño de 9 años, que les provocaron lesiones que fueron advertidas por testigos.

Para avalar los disparos efectuados, los imputados decidieron informar falsamente a la Coordinación Operativa que fueron víctimas de un ataque con piedras, e incluso manifestaron que una mujer los amenazó con un machete, por lo que insertaron declaraciones falsas en un documento público, que desfiguró la verdad objetiva de lo acontecido, sostuvo la fiscala en su decreto de imputación.