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Imputan a una pareja por vender drogas en barrio Urkupiña

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a Jorge Javier Calatayud, de 28 años y Joana Elizabeth Cruz, de 29, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad se produjo tras la recepción de una denuncia anónima en el Sistema de Denuncias Web del Ministerio Público Fiscal, donde se indicó que en barrio Urkupiña, los imputados comercializaban estupefacientes.

Distintas tareas investigativas permitieron corroborar que personas adquirían sustancias en el domicilio de los acusados, por lo que se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente el allanamiento de la vivienda, que fue llevado a cabo el jueves 12 de agosto.

Al momento de la irrupción, los efectivos policiales encontraron sobre la mesa del comedor dos envoltorios de polietileno con sustancia vegetal disecada compacta y una balanza digital gramera.

Posteriormente, Calatayud hizo entrega voluntaria de una bolsa con 85 envoltorios con sustancia blanquecina en polvo, un envoltorio de polietileno con sustancia blanquecina granulada y la suma de $6.910.

Durante la requisa personal, a Calatayud se le encontraron siete envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina en polvo, mientras que a Cruz se le secuestró la suma de $23.000.

En la requisa domiciliaria, fueron secuestrados tres envoltorios de polietileno con sustancia vegetal disecada en forma de picadura y un envoltorio de polietileno con sustancia blanquecina granulada.

La prueba de narcotest a la sustancia secuestrada dio positivo para cocaína y marihuana, por lo que se ordenó la detención de ambos imputados.

Cuatro años de prisión por vender marihuana en El Carril

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que la Sala I del Tribunal de Juicio, condenó a Juan Francisco Álvarez, a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En base a los elementos obtenidos mediante tareas de campo llevadas a cabo por personal policial y el secuestro de estupefacientes que Álvarez tenía en su poder, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares -como resultado de un allanamiento realizado el 6 de noviembre de 2020-, pudo determinarse que el penado entregaba sustancias estupefacientes a eventuales compradores a cambio de dinero.

Del domicilio del acusado, ubicado en El Carril, se secuestró una bolsa de plástico transparente con 16 envoltorios de polietileno con sustancia vegetal en forma de picadura, una bolsa de polietileno con sustancia vegetal verde húmeda, una bolsa de polietileno con sustancia vegetal disecada y una bolsa de polietileno con semillas de cannabis sativa.

Asimismo, el penado hizo entrega en forma voluntaria de tres plantas de cannabis sativa.

Abuso sexual y robo en El Huaico: Piden el juicio contra dos imputados

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Alberto Martín Pastrana por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos personal y con arma, en concurso real con el delito de robo con arma; y a Fernando Javier Escobar, por el delito de encubrimiento.

Del requerimiento surgió que durante el mediodía del 20 de mayo del corriente año, Alberto Martín Pastrana ingresó a la vivienda de la víctima, acompañado de otra persona que no se logró identificar, ambos con armas hechizas y un cuchillo, con las que abordaron violentamente a la víctima, a quien llegaron a herir con el mencionado cuchillo.

Ambos sujetos buscaron elementos de valor en la habitación y luego accedieron carnalmente y por turnos a la víctima.

Por las características fisonómicas aportadas por la víctima, las conclusiones arribadas por el Servicio de Biología Molecular del CIF y las tareas investigativas desplegadas, resultó indudable la participación de Pastrana en los hechos, quien era el que portaba el cuchillo.

Cabe destacar que Pastrana, quien ya cuenta con antecedentes por delitos similares, al igual que la otra persona, concurrieron materialmente a la comisión de este hecho, al desplegar violencia física y psíquica sobre la mujer, como así también se llevaron diversos elementos de su propiedad, entre ellos, un celular, prendas de vestir y una bicicleta de mujer color verde.

En relación a Fernando Javier Escobar, cabe endilgarle la comisión del delito de encubrimiento, ya que se le secuestró al momento de su detención la mencionada bicicleta, propiedad de la víctima, e indicó que este elemento y otros secuestrados, fueron entregados por Pastrana a cambio de $3.000 en efectivo, lo que fue confirmado por el acusado al momento de declarar durante la audiencia de imputación.

A prisión efectiva por vender drogas

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Ignacio Abel Rufino, a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el mismo fallo, el Tribunal sobreseyó a Hernán Marcelo Ramos del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y dejó sin efecto las medidas sustitutivas impuestas por el Juzgado de Garantías 3.

Es que en julio de 2020, la Unidad Fiscal contra la Narcoriminalidad requirió a ese Juzgado la elevación a juicio contra Rufino y Ramos, tras el resultado de un allanamiento que tuvo lugar el 3 de enero de ese año en calle San Juan al 2500, donde ambos fueron detenidos tras el secuestro de 29 gramos de sustancia vegetal disecada cuyo narcotest dio positivo para marihuana y que estaba acondicionada en distintos envoltorios. También se secuestraron 46 gramos de sustancia blanquecina, que dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

Por otra parte, en diciembre de 2020 fue requerida al Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio contra Rufino por el mismo delito, tras otro allanamiento realizado el 23 de octubre en su domicilio ubicado en barrio el Tribuno, donde se secuestraron cinco envoltorios de polietileno con sustancia vegetal disecada en forma de picadura, un envoltorio de polietileno con sustancia blanquecina en forma de polvo un teléfono celular, una balanza gramera color gris sin marca visible en funcionamiento y la suma de $4300.

La prueba de narcotest también dio positivo para marihuana y cocaína.

Notifican al diputado Orozco para asistir a una nueva audiencia de imputación

La Unidad Fiscal conformada por Verónica Simesen de Bielke y Gabriel Alejandro González, notificó al diputado por el departamento de Rosario de la Frontera, Gustavo Orlando Orozco, a comparecer este viernes 13 de agosto, a las 8:30, ante la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, para la celebración de una nueva audiencia de imputación.

La nueva imputación será por la comisión de los delitos de coacción agravada por el uso de arma de fuego, en perjuicio de una víctima, en concurso real con el delito de amenazas, en perjuicio de otra.

Este miércoles, investigadores del CIF debieron constituirse en el domicilio de Orozco, ubicado en Rosario de la Frontera, luego de que el legislador no se presentara a la audiencia prevista para esta jornada y a la que se ausentó sin justificativo alguno.

Una pareja condenada por vender drogas en la zona sudeste

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio tras el cual resultaron condenados una mujer y un hombre por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Intervino el Juzgado de Garantías 7.

Alicia Edith Urzagasti, fue condenada a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autora.

Hernán Ramiro Pastrana, fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución efectiva, por el mismo delito y en carácter de partícipe secundario.

El magistrado interviniente también dispuso la afectación del 30% del dinero secuestrado durante los procedimientos para el Ministerio Público Fiscal.

La intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, se produjo tras la recepción de denuncias anónimas por venta de estupefacientes en un domicilio de barrio Solidaridad.

Reunidos los elementos de convicción suficientes, se requirió al Juzgado de Garantías interviniente el allanamiento de la vivienda, residencia de ambos penados.

Durante el procedimiento realizado el pasado 26 de junio, Urzagasti hizo entrega voluntaria de un recipiente con 17 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina granulada, una bolsa de plástico con 72 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta y la suma de $ 31.000.

De otra habitación, la acusada también entregó una riñonera con 48 envoltorios con sustancia blanquecina en polvo y la suma de $76.000.

Por otra parte, durante la requisa domiciliaria se obtuvo cinco envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina en polvo, un envoltorio con sustancia blanquecina granulada, un envoltorio de polietileno con picadura de sustancia vegetal disecada amarronada y un teléfono celular.

A su vez, en la habitación del acusado Pastrana se encontró dentro de un centro musical, una bolsa plástica con 55 envoltorios con sustancia blanquecina en polvo, un teléfono celular y una balanza gramera.

La prueba de narcotest sobre la sustancia amarronada disecada, dio resultado positivo para cannabis, mientras que la sustancia blanquecina resultó positiva para cocaína y sus derivados. Ambos acusados fueron detenidos.

Imputan a la dueña de un cerdo que hirió al menos a dos personas

La fiscala multifuero de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a la propietaria de un cerdo por el delito de lesiones culposas, luego de reiteradas actuaciones contravencionales en las que la Fiscalía le advirtió sobre la peligrosidad del animal y la necesidad de resguardar la integridad física de los vecinos.

A partir de la intervención de la Fiscalía Multifuero, el Juzgado de Garantías del Distritito Judicial Sur- Joaquín V. González, dispuso el secuestro del animal y que la Fiscalía informe el lugar de destino adecuado para su cuidado, con el fin de evitar la reiteración de los hechos que originaron la investigación penal.

Todas las medidas adoptadas por la Fiscalía desde el inicio de las actuaciones, fueron informadas a la representante legal de la Asociación “Protectora de Animales Salta”, Carmen Céspedes, a quien se consultó sobre el destino adecuado del ejemplar porcino.

La fiscala avanzó en la imputación contra Marilú Matorras, por la comisión del delito de lesiones culposas y en perjuicio de al menos dos víctimas que fueron atacadas por el animal, ya que las medidas adoptadas en el marco de las actuaciones contravencionales no tuvieron resultado efectivo y el cerdo continuaba en la vía pública.

La intervención de la fiscala penal García Pisacic se produjo luego de que la pareja de uno de los damnificados denunciara que el 17 de febrero de 2021, éste caminaba por calle 9 de Julio de Apolinario Saravia, a orillas de las vías del tren, cuando repentinamente un cerdo que estaba en la vereda, lo atacó y le provocó una herida en el muslo izquierdo.

El hombre debió ser trasladado al Hospital de Joaquín V. González, donde quedó internado durante varios días y al regresar a su domicilio, se desvaneció, por lo que debió ser nuevamente trasladado al hospital. La denunciante solicitó que la dueña del animal se hiciera cargo de los gastos médicos del damnificado, porque el hombre no puede costear la rehabilitación ni realizar “changas” para subsistir.

Otro denunciante expresó que su hijo también fue atacado por el animal el 24 de febrero pasado y resultó con siete lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo, las que fueron tratadas en el hospital zonal. Las lesiones de ambas víctimas fueron certificadas por profesionales de dicho nosocomio.

Por otra parte, todos los vecinos de la zona coincidieron en testimoniar que con la dueña del animal no se podía hablar, ya que se trata de una persona agresiva y que siempre hizo caso omiso de los pedidos de guardar al animal.

En ese marco, también una mujer manifestó que en septiembre de 2017, fue atacada por el mismo cerdo y que logró escapar, sin lesiones.

Por lo expuesto, la fiscala penal García Pisacic, requirió al Juzgado de Garantías interviniente que arbitre los medios necesarios para preservar la integridad física de los vecinos, ante el peligro que representaba el animal e informó a la Asociación Protectora para que defina un destino adecuado para el porcino.

Las Lajitas: Piden incompetencia en un caso de trata laboral

El fiscal penal Oscar López Ibarra, solicitó ante el Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Sur-Circunscripción Anta, la declaración de incompetencia de una causa, por el posible delito de trata de personas.

El fiscal penal Oscar López Ibarra, intervino a partir de la denuncia radicada a fines de julio y relacionada con un ilícito ocurrido en una finca del paraje Campo Redondo, ubicada sobre ruta provincia 5, en Las Lajitas. De ella surgió que el denunciante junto a su hermana de 29 años y sus dos sobrinos de 5 y 1, se desplazaron a la mencionada finca junto al denunciado, por motivos laborales.

El denunciante sostuvo que con el paso de los días, el denunciado los maltrataba e insultaba, no les daba de comer en casi todo el día y que en una oportunidad intentó golpearlo. Además, durante el tiempo en el que trabajó en la finca, nunca percibió su salario, por lo que tomó la decisión de escapar del lugar.

En relación a su hermana, expresó que continuaba en la finca con los menores en contra de su voluntad, por lo que solicitó que la Policía los ubicara y los sacara del lugar.

También indicó que el denunciado, en un primer momento, le dio un nombre falso, ya que luego pudo obtener el verdadero.

Una vez que los efectivos policiales tomaron contacto con la mujer, ésta también relató que el denunciado no le pagaba por su trabajo y que le “sacaba en cara” el gasto por tener que alimentarlos.

También indicó que la situación se tornó cada vez más violenta, ya que el denunciado insultaba a sus hijos, a quienes llamaba “abortos”, y que incluso intentó agredirla físicamente en diversas oportunidades.

Por último, la mujer sostuvo que el denunciado le había bloqueado el chip de su teléfono y que la amenazó con quemarle su casa de Tartagal si escapaba o daba conocimiento de los hechos.

En base a todo lo recabado, la Policía retiró del la finca a la mujer junto a los menores.

El fiscal penal López Ibarra, sostuvo en su presentación, que puede verificarse que la conducta típica de la causa es la del delito de trata de personas con finalidad de explotación laboral, ya que están presentes los elementos típicos: acciones (captar, reclutar, transportar o trasladar, recibir o acoger), medios (engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima) y fines (finalidad de explotación).

A esto se suma la situación particular de la hermana del denunciante, por cuestión de género, lo que suele traducirse también en un factor más de vulnerabilidad y desigualdad en la actividad laboral.

Por lo expuesto, el fiscal requirió la incompetencia para conocer el hecho investigado, que resulta ser de la Fiscalía Federal en turno y que deberá continuar con la investigación que excede el marco de competencia material de la Fiscalía actuante.

A juicio, una comisaria que golpeó a una mujer y cuatro suboficiales que la avalaron

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene a una efectiva policial acusada de los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y lesiones leves; y a otros cuatro efectivos policiales acusados del delito de omisión de los deberes de funcionario público.

La comisaria Evangelina Delgado fue imputada por los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de autora.

En tanto, los suboficiales principales Mario Leonardo Maidana y Pedro Damián Vásquez, la sargento ayudante Yenina Laurena Vázquez y el cabo Marcelo Emanuel Rojas, fueron imputados por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, en calidad de autores.

Del requerimiento, surgió que el 29 de diciembre de 2018, cerca de las 5, en barrio Cooperativa de Chicoana, la víctima estaba por llegar a su casa cuando fue interceptada en la vía pública por los acusados, a bordo del móvil 1662. Del vehículo bajaron ambas policías imputadas e inmediatamente, la comisaria Delgado increpó a la denunciante y la tomó del brazo derecho para subirla al móvil.

La víctima intentó zafarse, pero cayó al suelo y fue arrastrada por Delgado, quien una vez que la denunciante se puso de pie, la empujó e hizo que golpeara su cabeza, lo que le produjo lesiones que fueron constatadas mediante el certificado médico incorporado al legajo de investigación.

El resto de los acusados, quienes observaron la situación, no tomaron ninguna medida para frenar la agresión.

En sus fundamentos, el fiscal penal Gabriel González, sostuvo que la comisaria Delgado, como funcionaria pública llamada a custodiar el orden, decidió actuar con exceso de sus funciones y agredió físicamente a la denunciante, a quien dejó con marcas lesivas en distintas zonas del cuerpo.

El maltrato sucedió con el resguardo del resto de los imputados, quienes garantizaron el procedimiento ilegal y absolutamente asimétrico en perjuicio de la víctima.

Imputaron a un hombre por vender marihuana en el Dique Cabra Corral

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a Juan Manuel Rodríguez Pontussi, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, se produjo luego de que el pasado 30 de julio, cerca de las 21:30, personal de la División Lacustre y Fluvial Cabra Corral detuviera al acusado, a quien le secuestraron estupefacientes.

El procedimiento ocurrió en el camping El Préstamo, donde los efectivos asistieron para verificar un posible desorden.

Allí, un hombre sostuvo que discutió con el acusado, quien de forma insistente pretendía venderle drogas y que, ante su negativa, se ofuscó.

Tras realizar un breve recorrido por el predio, lograron interceptar al imputado y le secuestraron de un bolso gris, una media de tela envuelta que contenía una bolsa de plástico blanca con cuatro trozos de sustancia vegetal disecada amarronada en forma compacta y una botella de plástico descartable con sustancia vegetal disecada amarronada en forma de flores.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial de Coronel Moldes, donde se realizó el pesaje de la sustancia, cuyo resultado para las flores (cogollos de marihuana) dio un peso neto de 173,2 gramos, mientras que para la sustancia en forma compacta dio un peso neto dio 66,8 gramos, con resultado positivo para cannabis sativa en la prueba de narcotest.