Trece años después, pudo denunciar los abusos de su tío

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías de Cafayate, la elevación a juicio de la causa en la que fue imputado un hombre de 34 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de su realización, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente y en calidad de autor.

La denuncia fue radicada en diciembre de 2020 por la propia víctima, en la que expresó que aproximadamente 13 años atrás, sufrió abusos por parte de su tío.

Del requerimiento surgió que el imputado atentó contra la integridad sexual de la víctima en diversas oportunidades, al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual, sin que ella pueda consentirlos debido a su corta edad.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de los abuelos de la víctima, ubicado en barrio San Agustín, de Cafayate, desde que la niña tenía 6 años y hasta que alcanzó los 9.

Así, se tiene que el imputado llamaba a la menor a la habitación de los abuelos, la desvestía, hacía que lo tocara y le apoyaba los genitales mientras se masturbaba.

De ello se desprende que el abuso no fue ocasional o circunstancial, sino que, por el contrario, adquirió características de permanencia en el tiempo, como así también características particulares en su forma de comisión, por lo que resulta gravemente ultrajante para la dignidad de la víctima.

El concepto de “sometimiento sexual gravemente ultrajante”, conlleva un mayor plus de humillación, de degradación de la víctima, tanto en el plano físico, psíquico y moral, que en el presente caso sin duda alguna se configura.

La conducta descripta se ve agravada porque la víctima era menor de edad y convivía con el denunciado, por lo que éste sacó provecho de esa situación de proximidad.

Detienen a un prófugo que abusó de su nieta

Bajo la dirección del fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, los investigadores del CIF lograron ubicar al sujeto, de 62 años, quien viajaba asiduamente a Bolivia y residía en Salta, en un barrio de la zona sudeste de la capital salteña.  

Ante el resultado del trabajo de los investigadores del CIF, el fiscal González Miralpeix solicitó al Juzgado de Garantías 1 que autorice el allanamiento y detención del acusado de abusar de su nieta, de 4 años.

La denuncia fue radicada por la madre de la menor, a fines de 2020, cuando precisó que permaneció de visita durante una semana en la casa de sus padres y que dejó ocasionalmente a su hija al cuidado de sus abuelos. El abuso fue detectado a través de un control médico.

El hombre fue detenido cuando se disponía a realizar trabajos de reparación en el frente de la vivienda en la que residía. La imputación se realizará en las próximas horas, por la comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo.

Empujó a una excompañera de colegio y la sometió en plena calle

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 21 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que el 27 de enero del corriente año, cerca de las 23:30, cuando la víctima regresaba a su domicilio ubicado en Villa Mónica de la ciudad de Salta, fue interceptada por el imputado, quien sin mediar palabras y en forma sorpresiva la empujó y la hizo caer al suelo de espaldas.

Luego, acusado se abalanzó sobre ella e introdujo su mano por debajo sus prendas, para someterla tocamientos que le produjeron a la víctima lesiones que fueron confirmadas a través del informe médico ginecológico agregado al legajo de investigación.

Tras cometer el abuso, el acusado se paró, se rió y se retiró del lugar.

La denuncia fue radicada al día siguiente por la propia víctima, quien hizo constar que no tiene ningún tipo de vínculo sentimental con el acusado y que solo lo conocía porque ambos asistían al mismo Colegio.

En sus fundamentos, el fiscal penal Federico Obeid, sostuvo que el abuso sexual adquirió características particulares en su forma de comisión, por lo que resultó gravemente ultrajante para la dignidad de la víctima.

En este sentido, el concepto de “sometimiento sexual gravemente ultrajante”, conlleva un mayor plus de humillación, de degradación de la víctima, tanto en el plano físico, psíquico y moral, que en el presente caso sin duda alguna se configura.

Revocan el fallo y condenan a prisión a un abusador que estaba libre

Tras el recurso de casación presentado por la fiscala Flores Toranzos, la Sala IV del Tribunal de Impugnación revocó en forma parcial la sentencia y modificó la calificación para un hombre condenado a tres años de prisión condicional. Ahora deberá cumplir ocho años de prisión efectiva.

La fiscala penal III de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, presentó recurso de casación para una condena de tres años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple agravado impuesta por la Sala de Juicio V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, para un hombre, en perjuicio de una menor de edad.

El Tribunal de Impugnación, Sala IV, en su resolución, decidió revocar en forma parcial la sentencia de la Sala V del Tribunal de Juicio y modificó la calificación de abuso sexual simple agravado a abuso sexual gravemente ultrajante agravado, imponiéndole una pena de ocho años de prisión efectiva al acusado, quien se encontraba en libertad.

La menor es hija de quien fuera la pareja del acusado y fue víctima de tocamientos impúdicos entre los ocho y los doce años de edad, hasta que dio a conocer la situación y su madre realizó la denuncia que inició la investigación.

Orán: Detienen al hombre que habría abusado de una anciana en el Hogar San Vicente de Paul

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, se encontraba a la espera de los resultados de las pericias psiquiátricas. En el Hospital Ragone determinaron que el acusado no tiene “criterio de tratamiento y/o internación”, por lo que solicitó su detención.

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, solicitó al Juzgado de Garantías de Segunda Nominación la detención del hombre que habría abusado sexualmente de una mujer de 87 años, ambos internados en el hogar de ancianos San Vicente de Paul de esa ciudad.

Si bien en la historia clínica del hombre que tenía el Hogar no constaba ninguna enfermedad psiquiátrica, y ante la eventualidad de que así fuera, la jueza de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género, Adriana Maidana Vega, ordenó una evaluación psiquiátrica. La valoración médica fue realizada en el Hospital Miguel Ragone y determinó que el paciente presenta “Disminución de la agudeza auditiva y limitado lenguaje. Dificultad para comprender órdenes simples. Sin alteraciones sensoperceptivas o de patología psiquiátrica. Sin criterio de tratamiento y/o internación”.

Luego de la evaluación realizada en la capital salteña y descartada una patología mental, el hombre fue restituido al hogar de ancianos de Orán, por lo que la fiscala Filtrín Cuezzo solicitó su detención y el lunes será imputado por tentativa de abuso sexual y tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

La investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal tuvo su origen en una denuncia radicada por una de las hijas de la víctima el miércoles pasado a las 22, luego de que su hermana recibiera un llamado anónimo en el que una persona le indicó: “Haga denuncia. Su mamá fue abusada dos veces. La primera intentaron abusar. La segunda ya fue abusada”.

Ante ello, inmediatamente la fiscala Filtrín Cuezzo realizó distintas medidas para preservar a la víctima y que permitieron, a través de declaraciones testimoniales, identificar al agresor, un hombre de más de 60 años, internado en el hogar.

Investigan un abuso sexual en un hogar de ancianos de Orán

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, lleva adelante la investigación. Un hombre de 60 años, alojado en el hogar de ancianos San Vicente de Paul, sería el agresor.

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga una denuncia de abuso sexual a una interna del hogar de ancianos San Vicente de Paul, de Orán.

La denuncia fue radicada por una de las hijas de la víctima el miércoles 28 de julio a las 22, luego de que su hermana recibiera un llamado –calificado como Privado- en el que una persona le indicó que “Haga denuncia. Su mamá fue abusada dos veces. La primera intentaron abusar. La segunda ya fue abusada”.

Ante ello, inmediatamente la fiscala Filtrín Cuezzo inició una investigación a través de la cual se pudo identificar al agresor, que sería un hombre de más de 60 años, internado en el hogar.

Las pericias médicas efectuadas a la mujer no permitieron corroborar el abuso por el tiempo transcurrido, por lo que fue fundamental el testimonio de testigos de los hechos.

Como medida de protección a la víctima, que tiene 87 años y padece Alzeheimer, la jueza de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género de Orán, Adriana Maidana Vega, ordenó que el hombre fuera trasladado al hospital de Orán, con consigna policial, en donde se le practicarán pericias psiquiátricas.

El Hogar San Vicente de Paul de Orán es administrado por el Gobierno de la Provincia de Salta y, si bien en un primer momento fue habilitado para hombres, la alta demanda de camas llevó a que en el lugar también fueran institucionalizadas mujeres.

Como parte de la investigación, la fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género, solicitó que personal de Criminalística realice croquis ilustrativo, fotografías e inspección ocular; se realicen informes ambientales, psicológicos, se tomen declaraciones y se secuestre documentación del hogar.

Irá a juicio por abusar de su sobrina de 7 años

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 37 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que el imputado atentó contra la integridad sexual de la víctima, al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual en contra de su voluntad y sin que ella pudiera consentir tal accionar debido a su corta edad.

En efecto, cuando la niña tenía 7 años y durante un día de verano, mientras dormía en el domicilio de su abuela, fue que el acusado se metió a la cama, le quitó sus prendas y apoyó sus genitales.

Cuando intentó gritar, el acusado le tapó la boca y luego la agarró de las piernas para que no se fuera. Tras cometer el abuso, la amenazó con hacer lo mismo al hermano, si decía algo.

La denuncia fue radicada en abril de 2019 por la madre de la niña, de 11 años en ese momento y en contra de su propio hermano y tío de la menor, luego de que ésta le pudiera contar sobre el abuso, tras recibir los resultados de un estudio médico por una infección sexual.

En sus fundamentos, el fiscal penal Federico Obeid, sostuvo que el abuso sexual adquirió características particulares en su forma de comisión, por lo que resultó gravemente ultrajante para la dignidad de la víctima.

En este sentido, el concepto de “sometimiento sexual gravemente ultrajante”, conlleva un mayor plus de humillación, de degradación de la víctima, tanto en el plano físico, psíquico y moral, que en el presente caso sin duda alguna se configura.

Prisión para un abuelo abusador

Un septuagenario fue juzgado por cometer actos de abuso sexual en perjuicio de su nieta y deberá cumplir una pena de ocho años de prisión. Los hechos se develaron en la institución escolar donde asistía la víctima. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

La fiscala penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra un septuagenario acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de su nieta menor de edad.

La denuncia se realizó a partir de la institución escolar a la que concurría la menor, donde se develó la vulneración de su integridad sexual por parte de su abuelo.

El juez Federico Diez le impuso el cumplimiento de una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Violó a una cuñada, sometió a tocamientos a otra y también a dos vecinas

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 32 años, acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una víctima y abuso sexual simple (tres hechos) en perjuicio de otras tres víctimas, todo en concurso real y en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que durante una madrugada de enero del corriente año, el acusado aprovechó que su cuñada dormía tras haber ingerido bebidas alcohólicas durante una reunión familiar y la accedió carnalmente contra su voluntad, a pesar de que la víctima intentara correrlo, sin contar con la fuerza para hacerlo.

De este modo, el acusado atentó claramente contra la libertad e integridad sexual de la víctima. El hecho fue corroborado por la propia damnificada, quien manifestó que cuando se despertó tenia la ropa interior y el pantalón abajo, situación que también fue advertida por la pareja del imputado y hermana de la víctima.

A su vez, otra cuñada del acusado, denunció que luego de que regresaran al domicilio tras una salida nocturna, se quedó dormida en una silla y despertó luego por los insultos y gritos del acusado durante una discusión, quien luego se le acercó y le acarició una de sus piernas, desde la cadera hasta la altura de sus genitales, por lo que ella se asustó, lo corrió y salió del lugar.

En esta oportunidad, el acusado atentó claramente contra la libertad e integridad sexual de la víctima; mediante hechos corroborados por los dichos de la propia víctima y de su hija, a quien le contó lo sucedido cuando regresó esa noche a su morada.

Por otra parte y en relación a la denuncia que radicara una vecina del imputado, también a fines de enero del corriente año, se tiene que este aprovechó que la denunciante se encontraba a bordo de una moto por llevar a su hija al hospital y se le acercó para pedirle un chuchillo. Luego de que la mujer le dijera que no tenía, el acusado la sometió a tocamientos por debajo de la remera, que le provocaron un fuerte dolor, por lo que ella le pegó un codazo en el estómago para defenderse y luego arrancó la moto y se retiró del lugar.

Al respecto, también se tiene que el acusado atentó claramente contra la libertad e integridad sexual de la víctima; hechos que corroborados por los dichos de la propia damnificada y de su hija que estaba con ella.

Por último y con respecto a la denuncia realizada por la última víctima, se tiene que en noviembre de 2018, en una oportunidad en la que ésta se dirigía al domicilio de su madre, vecina del imputado, éste le tocó la cola por encima de sus prendas, por lo que también atentó contra la libertad e integridad sexual de la víctima.

Rº Frontera: condenan a tres miembros de un culto evangélico

Un hombre fue condenado por estupro y sus padres como partícipes necesarios del mismo delito en perjuicio de una menor de edad. El hecho donde se vulneró la integridad sexual de la víctima, ocurrió en el contexto de la congregación religiosa durante 2019. Serán registrados en el Banco de Datos Genéticos.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Metán en la audiencia de debate contra José Luis Miranda y contra sus padres, Benjamín Miranda Abiles de 58 años y Sabina Martha Mamaní de 54 años.

La investigación se inició a partir de un oficio de la Asesoría de Menores e Incapaces, donde se ponía en conocimiento del embarazo de una menor de edad, quien habría sido víctima de un delito sexual.

De la investigación surgió que los acusados, siendo miembros de un grupo evangélico perteneciente a la Iglesia Evangélica “Ministerio Apostólico y Profético de Restauración Visión de Águila”, captaban a familias humildes, en situación de vulnerabilidad. En este contexto, José Luis Miranda como predicador vulneró la integridad sexual de la menor víctima, quien dio a luz un hijo de éste, tal como surge de los informes genéticos.

El pastor Benjamín Miranda Abiles y su esposa Sabina Martha Mamani, que tenían la guarda provisoria de la menor, fueron partícipes necesarios en la comisión del delito investigado, interfiriendo con su accionar, en el normal desarrollo del proceso de formación de la sexualidad mediante actos prematuros excesivos para una niña de 13 años de edad; teniendo la acusada conocimiento de la actitud de su hijo José Luis Miranda hacia la niña, con la cual mantenía una relación amorosa, consentía dicha relación tal como surge de la investigación, tratando en todo momento con su accionar de ocultar tal situación mientras facilitada que los hechos se continúen realizando.

La jueza Carolina Poma Salvadores dio a conocer este miércoles el veredicto, donde condenó a José Luis Miranda de 32 años, a la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva como autor del delito de estupro y a sus padres, Benjamín Miranda Abilés de 58 años y Sabina Martha Mamaní de 53 años, a la pena de tres años y seis meses de cumplimiento efectivo como partícipes necesarios del delito de estupro.

En el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético de los condenados por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.