En un esfuerzo conjunto, el Plan Güemes despliega 310 efectivos, vehículos y tecnología para enfrentar el crimen organizado en la frontera con un comando unificado entre fuerzas federales y provinciales.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, participó hoy en el lanzamiento del Plan Güemes, encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la Sección Aguas Blancas de Gendarmería Nacional Argentina, dependiente del Escuadrón 20 Orán.
El Procurador manifestó su enorme satisfacción por asistir a lo que consideró un hecho histórico: “Por primera vez, Nación y provincia unen esfuerzos en una lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que estos generan, incluyendo hechos de sangre. La presencia de fuerzas federales y provinciales, junto a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, la ministra Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz, refleja un compromiso contundente. Estamos todos acá, y este es un mensaje claro al crimen organizado: no habrá tregua ni respiro frente al descontrol en nuestras fronteras”.
“Desde el inicio de mi gestión en la Procuración, establecí que el crimen organizado sería uno de los principales objetivos de nuestra labor. En ese momento, enfrentábamos un aumento preocupante en la tasa de homicidios, marcado por una violencia extrema generada por organizaciones criminales rudimentarias, pero altamente violentas”, amplió.
Destacó además: “La Procuración adoptó una decisión firme, respaldada por una política criminal definida, junto con un decidido apoyo político del Gobierno Nacional, representado por la ministra Bullrich, y del gobernador Sáenz, quienes asumieron un compromiso político contundente para apoyar este proceso. Hemos avanzado significativamente, y lo que hoy se debate públicamente es el fruto de las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, con la colaboración de jueces íntegros y sin condicionamientos”.
Finalmente, García Castiella reafirmó: “Estamos convencidos de que, por el bienestar de los salteños y de las generaciones futuras, es imprescindible continuar luchando hasta el final para garantizar una provincia en paz”.
Acompañaron al Procurador la secretaria de Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF)Gabriela Buabse; la fiscal de Pichanal María Sofía Fuentes; y los fiscales de Orán, Daniela Murúa, Soledad Filtrin, Claudia Carreras, Mariana Torres y Carlos Alberto Salinas.
En las próximas semanas, se definirán acciones concretas para fortalecer el trabajo conjunto.
El Ministerio Público Fiscal, en su compromiso con el fortalecimiento de políticas inclusivas y la erradicación de la violencia de género, avanza en la consolidación de un esquema de colaboración con la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En este marco, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió a la titular de la Secretaría, Itatí Carrique, quien estuvo acompañada por las subsecretarias de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, y de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Rosaura Gareca, junto al director de Gestión de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Álvaro Vanetta.
Durante el encuentro, las autoridades de la Secretaría presentaron el proyecto del Plan Provincial para la Igualdad de Género 2024-2026, basado en la premisa de construir una Salta libre de violencias y discriminaciones. Este plan recoge y analiza información sobre las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGBTIQ+, así como las diversas manifestaciones de violencia por motivos de género y sus consecuencias. Los ejes fundamentales del Plan incluyen la prevención de la violencia y la promoción de derechos, la atención de situaciones de violencia por razones de género garantizando asesoramiento, asistencia y acceso a la Justicia, el fortalecimiento de las autonomías económicas y personales, el abordaje de formas extremas de violencia como femicidios, transfemicidios y travesticidios, y la revisión y actualización normativa.
El Procurador propuso durante el encuentro, fortalecer esquemas de interacción y colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría, generando redes de trabajo que permitan abordar estos temas de forma integral y coordinada. Este compromiso se concretará en un nuevo encuentro previsto para las próximas semanas, en el que participarán los equipos técnicos para avanzar en la implementación conjunta de estas iniciativas.
Ambos fueron imputados en una causa que involucra graves acusaciones de corrupción. Ambos enfrentarán prisión preventiva mientras avanza la investigación.
El juez Raúl López, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 1 de Orán, dispuso la prisión preventiva del juez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de una Defensoría de Violencia de Género de la ciudad de Orán, Héctor Manuel Alderete, quienes se encuentran imputados por el delito de cohecho. Asimismo, dispuso el arresto domiciliario del abogado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñó como secretario letrado de Parisi, hasta que su estado de salud permita su traslado a un establecimiento de detención, dado que padece trombosis.
En su sentencia, el magistrado coincidió con la existencia de los riesgos procesales resaltados por la Unidad Fiscal interviniente, integrada por los fiscales Daniela Murua, Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniel Espilocín, consistentes en la posibilidad de que los imputados reciban una pena de ejecución efectiva, y el comportamiento de los mismos que puso en peligro los fines de la investigación.
En este contexto, se destacó que el abogado Roberto Ortega Serrano evitó que le confiscaran su teléfono celular durante un allanamiento al arrojarlo a una propiedad vecina. Por su parte, el juez Claudio Parisi, en el ejercicio de sus funciones, omitió dictar las providencias correspondientes para avanzar en las causas tramitadas en el Juzgado a su cargo.
En esta causa, el juez se encuentra acusado de recibir dinero a cambio de otorgar el arresto domiciliario a César Daniel Martínez, quien se encontraba acusado del delito de tentativa de femicidio contra su pareja. Martínez, además, es hermano del destituido intendente de la localidad de Aguas Blancas.
Esta maniobra se habría realizado con la intermediación del secretario letrado del juez, Maximiliano Correa; del abogado de César Daniel Martínez, Roberto Ortega Serrano; y de Héctor Alderete, empleado de la Defensoría de Violencia de Género, quien, según la declaración de Correa, se hacía pasar por secretario privado del juez.
Además, al juez Claudio Parisi se le imputa haber denegado un allanamiento solicitado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación por el homicidio de César Daniel Martínez, quien recibió 12 disparos en la puerta del domicilio donde cumplía el arresto domiciliario otorgado por el magistrado.
Cabe recordar que por éstas causas, el Procurador General solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia la destitución del juez Parisi. La denuncia fue admitida y se encuentra pendiente la fijación de las fechas para las audiencias.
En una fecha tan significativa para la sensibilización y toma de conciencia frente a toda forma de violencia contra la mujer, el Ministerio Público Fiscal de Salta reafirma su compromiso con la defensa constante de los derechos de las mujeres. Asimismo, renueva su firme determinación de erradicar cualquier manifestación de desigualdad, estigmatización, maltrato, abuso, acoso o acto que vulnere su integridad psicofísica.
Conscientes de la profunda preocupación que genera en la sociedad la persistente y alarmante realidad de violencia que enfrentan las mujeres, el Ministerio Público Fiscal de Salta reafirma su compromiso en esta causa. En esta fecha tan significativa, se dirige a toda la comunidad con una reseña histórica y un mensaje que proviene de las fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género N.º 1 y 2, a cargo de Verónica Simensen de Bielke y Mónica Viazzi, así como del Servicio de Asistencia a Víctimas de Violencia, bajo la dirección de Matilde Alonso.
Desde cada una de las áreas del MPFS, trabajamos incansablemente para garantizar la justicia y brindar apoyo integral a quienes sufren violencia, convencidos de que solo a través de una respuesta firme, profesional y sensible podremos contribuir a erradicar esta problemática que afecta no solo a las mujeres, sino también al tejido social en su conjunto.
Hoy más que nunca, renovamos nuestro llamado a la empatía, la solidaridad y la acción colectiva para construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia.
El 25 de noviembre de 1960, las hermanas dominicanas María Teresa, Minerva y Patria Mirabal fueron capturadas por agentes del gobierno del dictador Rafael Trujillo. Luego de ser brutalmente golpeadas y ejecutadas, trasladaron sus cuerpos en un jeep hasta un barranco donde las arrojaron, simulando que habían sufrido un accidente.
“Las Mariposas”, como se las identificaba a las hermanas dentro del movimiento secreto, derivado del nombre clandestino adoptado por una de ellas, Minerva, eran activistas políticas que luchaban contra el régimen imperante en República Dominicana.
Durante el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en Bogotá, Colombia, se decidió fijar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Más tarde, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Resolución 48/104 para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En dicha resolución, se define este tipo de violencia como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Atendiendo a la decisión de emitir dicha resolución y a su relevancia, en 1999 la Asamblea General designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en apoyo a esta decisión.
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como Convención de Belem Do Pará, celebrada en Brasil, el 9 de junio de 1994, en su Artículo 7, Capítulo III, expresa que:
“Los Estados Partes convienen establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.”
Este viernes, Pedro Oscar García Castiella, presentó una ampliación de la denuncia efectuada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta, informando sobre otros hechos que constituirían mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por parte del Juez de Garantías Nº 1 de Orán.
La denuncia se basa en la reiterada conducta del juez Francisco Oyarzú, de dar la libertad anticipadamente a imputados, basándose en una interpretación irrazonable de las normas procesales, lo que utiliza para rechazar sistemáticamente los pedidos de prisión preventiva que le efectúan las Fiscalías Penales.
Según la peculiar lectura que hace el Juez denunciado, los escritos de la Fiscalía sólo pueden ser presentados hasta las 13:00 horas del día en que se vence el plazo para solicitar la prisión preventiva y no rige para esa parte la prórroga especial de las dos horas del día siguiente hábil, que el Código Procesal Penal establece en el art. 217.
El Procurador General ha identificado al menos once casos en los que Oyarzú actuó de esa manera. En cada uno de ellos, el Tribunal de Impugnación revisó sus resoluciones y le reprochó al magistrado su interpretación, explicándole en todos los supuestos cómo debía computar los plazos. Según se pudo tomar conocimiento, esa inconducta la viene teniendo el juez en cuestión desde el año 2017 y, a pesar de que el Tribunal de Impugnación le reiteró en varias oportunidades que modifique su criterio porque resultaba arbitrario y contrario a la ley, Oyarzú continuó insistiendo en liberar detenidos sin prestar atención a los mandatos del tribunal superior ni explicar porqué razones no acataba esa jurisprudencia.
Se pudo constatar que dichas liberaciones anticipadas se efectuaron en causas por homicidios agravados, abusos sexuales, robos calificados, tráfico de estupefacientes, delitos en contexto de violencia de género, entre otros. En fecha reciente, la Sala III del Tribunal de Impugnación, al resolver uno de tantos casos que llegaron a esa instancia, no sólo anuló la resolución de Oyarzú (como se hizo en varias oportunidades anteriores), sino que también ordenó su apartamiento del caso por la “manifiesta desatención” de las decisiones de ese Tribunal y por los perjuicios que su postura irroga en términos de seguridad jurídica y economía procesal, también mandó copias de las actuaciones a Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta para que se le inicie un proceso disciplinario.
García Castiella resaltó en su denuncia, que lo más grave de la situación es el reiterado entorpecimiento del correcto devenir procesal por parte de este Juez, aferrándose a una interpretación jurídica que le fue tantas veces criticada y que su insistencia sólo generó retrasos e incalculables perjuicios en el éxito de las investigaciones, además de el riesgo que en cada caso implicó liberar anticipadamente a un acusado de cometer un delito, cuando su privación de libertad se justificaba por el peligro de que pueda atentar contra la víctima o testigos del hecho, o que pueda fugarse y evadir el accionar de la justicia.
Resaltó el Procurador la lesión que produjo el juez Oyarzú al sistema de justicia pues, con su obstinada posición, no hizo más que demorar y entorpecer el curso del proceso, poner en riesgo sus fines y generar un excesivo e innecesario aumento de la carga de trabajo, no sólo del Ministerio Público Fiscal que en cada caso se vio obligado a recurrir sus arbitrariedades o a tener que plantear nuevas medidas cautelares, sino también del Tribunal de Impugnación que tuvo que resolver las mismas controversias en reiteradas oportunidades.
El encuentro está vinculado con el tratamiento de asuntos de seguridad en lo atinente a la prestación de servicios públicos en zona de frontera.
Conforme a lo dispuesto por el Procurador General, Pedro García Castiella, y en el marco de las acciones conjuntas implementadas desde 2023 para abordar el robo de transformadores en el Distrito Judicial del Norte, y que se replicaron para combatir el robo de medidores de agua en la ciudad de Salta, se llevó a cabo la tercera reunión orientada a garantizar la seguridad en la prestación de los servicios públicos. En esta ocasión, el enfoque estuvo puesto en fortalecer la protección de las líneas de alta tensión en la zona de frontera.
El encuentro se concretó este viernes, con la apertura del acto a cargo del secretario letrado de la Procuración General, Santiago Sotelo, quien explicó los motivos de la convocatoria.
Posteriormente, la Empresa de Distribución Eléctrica de Salta (EDESA) presentó su exposición, en la que repasó el abordaje del problema del robo de transformadores ocurrido durante el período 2020-2023. Durante su intervención, la empresa destacó los resultados positivos alcanzados gracias al trabajo articulado y conjunto con la Procuración General, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía Federal.
Además, EDESA abordó una problemática actual relacionada con el robo de perfiles en las torres de líneas de alta tensión, que afecta a la empresa ETASA. Estas torres son fundamentales para el suministro de energía eléctrica al norte de la provincia de Salta, mediante la interconexión internacional Nodo Frontera (Salvador Mazza) con la ciudad de Tartagal. En este contexto, los representantes de la compañía de electricidad subrayaron la importancia de garantizar la integridad de esa línea, especialmente ante las restricciones por cortes de verano anunciados por la Secretaría de Energía de la Nación.
A su turno, la empresa Aguas del Norte detalló las acciones implementadas desde abril de este año y presentó nuevas problemáticas relacionadas con la necesidad de prevenir actos de vandalismo en más de 600 puntos estratégicos distribuidos en todo el territorio provincial.
También participaron en la exposición los directores generales de Investigaciones y Seguridad de la Policía de Salta, junto con la Coordinadora del Ministerio de Justicia, Nelly Alejandra Giménez, quienes aportaron perspectivas clave para abordar la problemática.
Finalmente, con el compromiso y la colaboración de todos los convocados, se procedió a la conformación de los grupos operativos encargados de diseñar las acciones necesarias para abordar las problemáticas planteadas por las prestatarias. Asimismo, se establecieron las pautas de trabajo, dando inicio a la tercera etapa de acción conjunta orientada a garantizar la seguridad en la prestación de los servicios públicos.
La actividad contó con la presencia de Gendarmería Nacional; Policía Federal; Defensoría General de Salta; Fiscalía Federal Distrito Salta; la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Salta; el Ente Regulador de Servicios Públicos; la Empresa de Distribución Eléctrica de Salta (EDESA); la empresa Aguas del Norte y los Directores Generales de Investigaciones y de Seguridad de la Policía de Salta y la empresa ENDE (Transmisión Argentina S.A.).
Se busca agilizar la actuación de las fuerzas federales en el norte de la provincia. El Plan Güemes busca optimizar las estrategias de seguridad y control mediante un trabajo conjunto e integrado.
El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, y el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal, Gaspar Solá, mantuvieron una reunión con Virginia Cornejo, Directora Nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Este encuentro tuvo lugar en el marco del “Plan Güemes”, y su inmimente implementación, avanzando en la colaboración entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de Salta, con el fin de fortalecery optimizar las estrategias de control y vigilancia en el norte de la provincia.
Durante la reunión, las autoridades destacaron la importancia de garantizar una coordinación efectiva entre las fuerzas federales y los fiscales provinciales para agilizar las respuestas ante situaciones puntuales y que requieran una rápida intervención. “Es fundamental que las fuerzas federales puedan actuar de manera rápida y eficiente, con consultas claras y precisas que permitan resolver los problemas en tiempo real”, señaló García Castiella.
Uno de los principales acuerdos fue avanzar en mecanismos que permitan a los fiscales provinciales y federales trabajar de forma coordinada. En este sentido, se subrayó la necesidad de implementar procedimientos que faciliten la primera intervención de las fuerzas federales, evitando dilaciones derivadas de cuestiones de competencia operativa.
Cornejo destacó que “el Plan Güemes representa un cambio significativo en la manera de abordar la seguridad en la región. Nuestra meta es que las fuerzas de seguridad dispongan de las herramientas necesarias para intervenir de manera inmediata”.
Además, se acordó fortalecer los canales de comunicación entre la Procuración y el MInisterio de Seguridad para garantizar una intervención efectiva en casos que requieran la actuación conjunta .
Fue acusado en el marco de la investigación por las visitas irregulares en la Unidad Carcelaria de Orán a partir de elementos surgidos durante la audiencia de debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges. En la causa ya se encuentra requerido a juicio Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta.
La Unidad Fiscal conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, para Benjamín Andrés Cruz como autor del delito de tráfico de influencias y subsidiariamente a éste delito, se califica el hecho como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La acusación procede, según señalan los Fiscales, a partir de nuevos elementos obtenidos del debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges, de donde surge que el exfuncionario habría facilitado el ingreso del fallecido a la Unidad Carcelaria de Orán, diciendo ser asesor del Ministerio de Seguridad, para entrevistarse con el entonces el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz.
Cabe recordar que en la presente causa, también se encuentra imputado Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública, y que ya fue requerido a juicio durante 2023.
El hecho investigado ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Darío Esteban Monges se hizo presente en la unidad penitenciara de la ciudad de Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad e invocando al entonces Secretario de Seguridad, solicitando entrevistarse con el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz, lo cual se sospecha que se concretó con la autorización del Director General de Políticas Penales pudiendo exceder con tal decisión, el ámbito de su competencia funcional.
El Ministerio Público Fiscal de Salta y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) concluyeron exitosamente el “Taller sobre persecución penal de la narcocriminalidad, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas.” Esta actividad, tuvo como finalidad el fortalecimiento de los conocimientosrespecto al combate contra el narcotráfico, con foco en el tráfico de drogas sintéticas y la proliferación de nuevas sustancias psicoactivas.
Durante las jornadas de formación, los participantes analizaron la situación actual del narcotráfico y sus nuevas tendencias, así como los desafíos para combatirlo eficazmente. Se abordaron también estrategias para mejorar la identificación, investigación y persecución penal de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, incluyendo el mercado minorista.
Al cierre de la actividad, el coordinador del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos de la UNODC, Luis Ignacio García Sigman, expresó un especial agradecimiento al procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y a todo el Ministerio Público Fiscal de Salta por la destacada organización del evento. En un emotivo gesto de reconocimiento, le fue entregada al Procurador una distinción por su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, destacando el rol fundamental que García Castiella ha desempeñado en el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y en el impulso de políticas públicas orientadas a combatir el crimen organizado de manera integral y efectiva.
Asimismo, García Sigman destacó el esfuerzo conjunto para llevar adelante esta capacitación realizado con el secretario de Políticas Criminales del M.P.F.S., Gaspar Solá, en coordinación con Adrián Salcedo, jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, y Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración General de Buenos Aires. También expresó su gratitud por la participación de la fiscal Cecilia Amil Martín, de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Complejos de Buenos Aires; del químico especialista en drogas ilícitas Patricio Navarro, del programa DROSINSUR de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur; de Daniel Salas, experto químico del programa DROSINAR de la UNODC en Argentina; de Patricio Rivero Contreras del Ministerio Público Fiscal de Chile; de Cándido Macario Velázquez, director de Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación; y de los fiscales Santiago López Soto, de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, y Ramiro Ramos Ossorio, de la Fiscalía Penal N.º 2 del Ministerio Público Fiscal de Salta.
García Sigman concluyó su mensaje subrayando la importancia de la cooperación internacional como “un esfuerzo tangible, personalizado y de calidad” que refleja los pilares estratégicos de la UNODC en la lucha contra el crimen organizado.
Por su parte, el Procurador General destacó la importancia del taller realizado en Salta, resaltando el valor de los conocimientos compartidos sobre precursores químicos y las experiencias internacionales en la lucha contra el narcotráfico.Subrayó el rol del Ministerio Público en anticiparse a los peligros que acechan a la sociedad, señalando que la responsabilidad de mantener el orden y la paz social recae en quienes tienen el deber de impulsar la acción penal.
También mencionó la necesidad de fortalecer la prevención y la cooperación entre jurisdicciones y resaltó la relevancia de contar con equipos de investigación especializados y capacitados, alineados con las demandas actuales del sistema acusatorio. Enfatizó que este tipo de espacios de intercambio permite mejorar las herramientas y establecer vínculos esenciales para enfrentar los desafíos futuros en la lucha contra el crimen organizado.
La actividad está organizada por el Ministerio Público Fiscal de Salta y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y tiene como objetivo potenciar las capacidades, con el objetivo de diseñar estrategias y acciones efectivas para enfrentar el tráfico de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Asimismo, se abordan temas sobre la situación actual, tendencias y desafíos en la lucha contra el narcotráfico, facilitando la identificación, investigación, persecución penal y desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, incluyendo los grupos involucrados en la comercialización minorista de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella, la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero yel coordinador del Programa contra las drogas sintéticas y el desvío de precursores químicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Luis Ignacio García Sigman, abrieron este miércoles el «Taller sobre persecución penal de la narcocriminalidad, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas”, dirigido a fiscales/as, jueces/as y funcionarios/as y personal de las distintas Unidades de Investigación.
El Procurador Generalexpresó su agradecimiento a los asistentes y al equipo de la UNDOC, destacando la importancia de este espacio para compartir experiencias y fortalecer la colaboración contra la narcocriminalidad. Recordó el proceso iniciado en Salta desde 2014 con la desfederalización en la lucha contra el narcotráfico, lo cual ha permitido enfrentar directamente el problema resaltando la interacción constante entre Ministerios Públicos y fuerzas de Seguridad provinciales y federales.
Subrayó el rol de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, y el papel de laboratorios especializados, que fortalecen la capacidad técnica de investigación. Finalmente, expresó su deseo de continuar mejorando las capacidades de investigación y capacitación, destacando el valor del intercambio de conocimientos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y contribuir a una comunidad en paz.
Durante la primera jornada se abordaron temas fundamentales como el sistema de fiscalización internacional, las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas (NSP), incluyendo sus implicancias toxicológicas y los desafíos del policonsumo. Esta presentación estuvo a cargo de Patricio Navarro, químico especialista en drogas ilícitas del programa DROSINSUR de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.
Además, se trataron medidas y procedimientos básicos de bioseguridad frente a las drogas sintéticas y NSP, incluyendo opioides sintéticos, en una exposición a cargo de Daniel Salas, experto químico del programa DROSINAR de la UNODC en Argentina.
Por otro lado, Cándido Macario Velázquez, Director de Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, abordó el tema de precursores químicos y sustancias esenciales, explicando la regulación, métodos de desvío y estrategias de persecución penal.
En horas de la tarde, las actividades continuarán con un foro sobre la situación actual del tráfico ilícito de drogas, con énfasis en la comercialización minorista de estupefacientes en Salta. Este foro será liderado por Santiago López Soto, de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, y Ramiro Ramos Ossorio, de la Fiscalía Penal N.º 2 del Ministerio Público Fiscal de Salta.
El taller continuará este jueves iniciándose la jornada con el tema mercados ilegales de opioides sintéticos desde el análisis criminal, analizando la situación en América del Norte y las diferencias con el sur del continente, a cargo de Luis Ignacio García Sigman, coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.
También se tratarán los desafíos de los centros de procesamiento ilícito de drogas de síntesis en una exposición multidisciplinaria liderada por Patricio Navarro, y el modelo de trabajo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba, a cargo de Adrián Salcedo, jefe de la FPA del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
Por la tarde, se abordará el modelo de trabajo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la experiencia de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martín. Finalmente, Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración General de Buenos Aires, expondrá sobre la experiencia de la provincia de Buenos Aires en el proceso de desfederalización.