Juicio Unidad Carcelaria: Familiares reconocieron transferencias a pedido de los internos

Parientes de detenidos declararon que realizaron envíos de dinero a distintas cuentas a solicitud de sus familiares, quienes argumentaban que era para alimentos o materiales de trabajo. También prestó declaración uno de los imputados.

En una nueva jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, prestaron testimonio tres familiares de detenidos.

El primero de ellos, primo del detenido involucrado en el delivery de las pizzas dentro de la UC1, manifestó que su primo no consumía la comida del penal porque no es muy saludable, por lo que su tía le cocinaba y él le llevaba en grandes cantidades. Señaló además que realizaba transferencias bancarias —a distintos CBU o alias— para la compra de alimentos, y que recibía envíos de dinero de su primo destinados a la adquisición de materiales, como madera, tanto para él como para algunos compañeros de celda.

Durante la audiencia, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— informó al testigo que su primo había declarado que le enviaba dinero para su libre disposición. Frente a ello, el familiar negó haberse quedado con los fondos y sostuvo que las transferencias siempre tenían un destino específico.

Luego prestó testimonio la madre de otro interno, quien también admitió haber realizado transferencias de dinero a distintos CBU. Precisó que su hijo la llamaba desde el teléfono público del penal o desde algún celular y le solicitaba el dinero para madera. Consultada sobre si su hijo era adicto a alguna sustancia, manifestó que cuando se encontraba en libertad, sí, pero que desconocía su situación adentro del penal.

También declaró la novia de un interno, hermano de uno de los imputados en la causa. Contó que su pareja le solicitaba transferencias para compra de comida.

Luego, Rubén Guaymás -imputado por el delito de exacciones ilegales agravadas (concusión) (4 hechos) y miembro de asociación ilícita- hizo uso de su derecho a declarar.

Juicio Unidad Carcelaria 1: Declararon tres testigos de las defensas

Está previsto que el lunes 8 comiencen los alegatos. Entre este miércoles y viernes declararán los imputados que solicitaron hacerlo.

En el inicio de la quinta semana del juicio seguido contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares, declararon tres personas como testigos.

La primera en hacerlo fue la hermana de uno de los guardiacárceles imputados. La mujer -también miembro del Servicio Penitenciario- relató que, al día siguiente de la detención de su hermano, fue obligada a tomar licencia y denunció haber sufrido persecuciones por parte de la cúpula de la institución, a la que denunció.

Posteriormente, declararon otras dos personas, quienes brindaron referencias personales favorables respecto de tres de los imputados.

La Unidad Fiscal -integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto- no realizó preguntas a ninguno de los testigos.

Finalmente, el Tribunal de Juicio —conformado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— informó que los alegatos están previstos para el lunes 8 de septiembre. Además, indicó que algunos de los acusados que solicitaron declarar lo harán entre miércoles y viernes de esta semana.

Tras ello, se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, martes 2, a las 8;30.

 

Juicio Unidad Carcelaria 1: Internos revelan nuevas irregularidades en el penal

Detienen a sospechoso vinculado al crimen de Cesar “Oreja” Martínez

Tras regresar a su domicilio, fue sorprendido por un operativo policial que logró su detención.

Los fiscales penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, informa que en el marco de la investigación por el homicidio calificado de César “Oreja” Martínez, ocurrido en noviembre de 2023, se concretó el allanamiento y detención de un hombre, en su domicilio de Colonia Santa Rosa.

El detenido sería el conductor de una de las motocicletas utilizadas en el ataque y que, posteriormente, fue abandonada tras ser impactada por un automóvil. El operativo llevando adelante por la Unidad Especial GAP Orán, se activó en el marco de la celebración de las fiestas patronales de esa localidad, momento en que el sospechoso, regresó a su domicilio, donde fue finalmente detenido con apoyo de Infantería de la Policía, debido a la férrea resistencia de su grupo familiar.

César Daniel “Oreja” Martínez fue asesinado de 12 disparos frente al domicilio donde cumplía prisión domiciliaria, concedida por el exjuez Claudio Parisi, a pesar de tener dos resoluciones de prisión preventiva vigentes: una por violencia de género y otra por venta de drogas. El crimen fue cometido por cuatro personas con el rostro cubierto, que se movilizaban en dos motocicletas y dispararon reiteradamente contra la víctima.

El Procurador General y el Ministro de Seguridad evaluaron el progreso de sistemas integrados para optimizar la gestión judicial y policial

Se trata de avances en la implementación de sistemas tecnológicos integrados para optimizar el control judicial, mejorar la labor policial y fortalecer la articulación interinstitucional.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, y el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, mantuvieron una reunión de trabajo con profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, para evaluar los avances en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión conjunta entre ambos organismos.

Durante el encuentro, se destacó el progreso en la creación y optimización del Sistema de Control de Consignas Policiales, herramienta fundamental que permite un seguimiento eficiente y actualizado de las medidas dispuestas tanto por los Juzgados de Violencia Familiar y de Género como por los fiscales, a través de los jueces de Garantías. Este sistema busca garantizar mayor trazabilidad y eficacia en la ejecución de las medidas de protección, fortaleciendo la respuesta institucional frente a situaciones de riesgo.

Asimismo, se evaluó el avance del Sistema Digital de Conectividad entre las Fiscalías y la División de Criminalística de la Policía de la Provincia, con el objetivo de agilizar la comunicación y el intercambio de información técnica y pericial en tiempo real, optimizando los tiempos de respuesta en las investigaciones penales.

Finalmente, se presentaron los avances del Sistema Provincial de Registro de Personas Demoradas y Detenidas en el fuero Penal y Contravencional, que permitirá mejorar los mecanismos de control y registro, asegurando el cumplimiento de las garantías constitucionales y la trazabilidad de los procedimientos en este fuero.

Participaron del encuentro el coordinador general de Fiscales, Pablo Rivero; la coordinadora de Informática, Patricia Aballay; el director de Informática, José Peralta; y el equipo de Desarrollo Informático del Ministerio Público Fiscal.

Juicio por jurados: El Ministerio Público Fiscal fortaleció la formación de los equipos técnicos

En el marco del último módulo de la Diplomatura en Litigación Penal Estratégica, se realizó un simulacro de audiencia de selección de jurado, como parte del proceso de preparación institucional para la implementación del juicio por jurados en Salta.

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta llevó adelante una jornada práctica en el marco del último módulo de la Diplomatura en Litigación Penal Estratégica enfocada en el juicio por jurados.

La actividad estuvo dirigida por la jueza penal Leticia Lorenzo, referente nacional en la materia, quien guió un simulacro de audiencia de voir dire (selección de jurados), con el objetivo de profundizar en las habilidades necesarias para afrontar este tipo de audiencias orales ante ciudadanos legos en derecho. La jornada permitió trabajar sobre el uso estratégico del lenguaje y la comunicación eficaz, ejes centrales en el nuevo paradigma de justicia participativa.

El simulacro representó una instancia clave de aplicación práctica, donde los participantes pusieron en juego conocimientos adquiridos a lo largo de la diplomatura.

La formación enfatizó que la tarea del Ministerio Público Fiscal no culmina con la investigación penal, sino que debe proyectarse hasta el juicio, donde la presentación clara, coherente y persuasiva de los hechos resulta fundamental.

Esta jornada se enmarca dentro de una amplia agenda institucional  impulsada por el Ministerio Público Fiscal, orientada a consolidar las capacidades técnicas y estratégicas de sus equipos frente a los desafíos que supone la implementación del juicio por jurados en la provincia.

Juicio Unidad Carcelaria 1: Internos revelan nuevas irregularidades en el penal

La Unidad Fiscal indicó que, durante sus declaraciones, algunos testigos manifestaron temor y solicitaron la continuidad de las garantías de seguridad que se encuentran vigentes.

En la decimosexta audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares; fueron convocados a declarar tres hombres que estuvieron detenidos en la Unidad Carcelaria 1.

Por pedido de los testigos, la sala fue desalojada y sus declaraciones se realizaron con la presencia de los miembros del Tribunal los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, el Ministerio Público -representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto– y los abogados defensores.

El primer testigo es una persona privada de su libertad, quien estuvo alojada en la UC 1 en el período investigado. Antes de iniciar su testimonio y tras prestar juramento de decir la verdad, el declarante solicitó garantías pues dijo tener razones fundadas para temer por su vida. Precisó que actualmente se encuentra alojado en otra unidad carcelaria pero que solicitaba continuar su detención en cualquier lugar que no esté a cargo del Servicio Penitenciario de Salta.

El testigo relató que, al ingresar en noviembre de 2022 a la UC1, fue alojado en el pabellón I, destinado a ingresantes. Contó que un excompañero de celda de la Alcaidía le indicó que, si deseaba ser trasladado a un pabellón en donde no se lo golpeara ni abusara, debía “arreglar” con el jefe Bisceglia, de quien obtuvo el contacto. Precisó que su hermano se comunicó telefónicamente con dicho funcionario y posteriormente mantuvo una reunión con él en una confitería de El Tipal, ocasión en la que le entregó la suma de $50.000. Señaló que, para las fiestas de Navidad, ya había sido trasladado al pabellón E. Aclaró que, recién en el pabellón conoció a Bisceglia, quien se desempeñaba como jefe del pabellón.

Añadió que también efectuó otro pago por beneficios y que, además, le entregó a este funcionario órdenes para que personal penitenciario retirara madera de su maderera.

En otro tramo de su declaración, contó que mantuvo un encuentro con un abogado y una exautoridad del penal, quienes le ofrecieron, a cambio de USD 10.000 la semilibertad en dos semanas, la domiciliaria a los dos meses y cuando me toque la libertad, me la daban en tiempo y forma.  Señaló que consultó cómo sería posible tal ofrecimiento, dado que ya le habían informado que su puntaje no le alcanzaba para obtener dicho beneficio. Indicó que en esa oportunidad le respondieron que no debía preocuparse, ya que trabajaban con un magistrado que manejaba el Correccional.

Explicó que su negativa a pagar ocasionó que fuera amenazado en distintas oportunidades y llegó a tener un ACV y un cuadro de herpes, producto de los nervios. También contó que acudió al psiquiatra del Poder Judicial, una psicóloga del penal y al exdirector Gutiérrez de la UC1 en búsqueda de ayuda. Expresó que les contó sobre los pedidos de dinero y las amenazas, pero que no le creyeron. También contó que había solicitado en distintas oportunidades salir del penal para radicar denuncia y que hasta el que era su abogado le aconsejó que no denunciara a nadie porque “el juez era pesado y tenía vínculos con la hinchada de un club y se iba a hacer matar afuera”.

Precisó que sabía por un encargado de pabellón que “Muñeco”, “Oveja”y Ángel (funcionarios jerárquicos del penal) se hacían llamar los “Danger Boys”y que se juntaban una vez al mes en un catamarán y allí decidían a quiénes le otorgarían los beneficios.

En relación con el ingreso de elementos prohibidos al penal, afirmó haber visto cuando un celador entregaba un paquete —que contenía un teléfono celular— a un interno a través de las rejas. Aclaró que esto fue previo a la instalación de la cámara domo. También dijo que, si bien nunca vio que entregaran drogas, todos sabían que un celador, a quien identificó como Mielcita, era “transa”.

El testigo continuó relatando que otro interno se jactaba de pedir deliverys: pizzas, sandwichs y licor y que le había manifestado que dentro de las cajas de pizzas había marihuana y hojas de coca. Precisó que, según el otro interno, esto no sucedió una sola vez.

Al finalizar la declaración, el Tribunal dispuso que el interno fuera trasladado a un lugar seguro bajo custodia. Asimismo, considerando que sus dichos podrían involucrar la comisión de delitos de acción pública, ordenó extraer copia de la declaración y remitirla a la Fiscalía de turno para que evalúe si corresponde iniciar una investigación.

Luego prestó testimonio un interno de la UC1, quien aparece en una filmación aportada por la Fiscalía, en la que se observa el ingreso de cajas de pizza a través del área de Atención al Ciudadano, las que son trasladadas por un agente penitenciario a lo largo del penal hasta la oficina de Jefatura. Allí se advierte al interno ingresar y, al cabo de unos minutos, retirarse portando una bolsa.

El testigo reconoció ser él el del video y que recordaba que eso sucedió un viernes, que se llevó las pizzas a su celda y que dejó una a los “fajineros” (guardiacárceles) para que coman. También dijo que el permiso para el delivery lo obtuvo del encargado de pabellón y por ello le solicitó a su madre el envío. A lo largo de su declaración, el Tribunal debió advertirle en dos oportunidades por respuestas evasivas, recordándole que se encontraba bajo juramento.

Negó que en el interior de las cajas hubiera drogas y dijo que en la bolsa había ropa que le había llevado su familia. Precisó también que recordaba que el jefe de pabellón sí estaba dentro de la oficina pero no quiso comer porque no tenían queso.

Consultado sobre los envíos delivery, expresó que sabía que no se podía pero que él había encontrado la forma, que se solía hacer los viernes y que desconocía si otros internos ingresaban comida.

Por último, se llamó a declarar al exinterno del penal que en la jornada anterior había quedado demorado por no responder a las preguntas que se le hacían. El juez Federico Diez le recordó que se encontraba bajo juramento y dispuso que se lo interrogara. No obstante, el testigo guardó absoluto silencio frente a cada una de las preguntas. Ante esta situación, la Fiscalía solicitó que se ordenara su detención y que las actuaciones fueran remitidas a la fiscalía de turno, a fin de que se lo impute por falso testimonio en el marco de una audiencia de debate.

Juicio Unidad Carcelaria 1: Continúa la ronda de testimonios

Juicio Unidad Carcelaria 1: Continúa la ronda de testimonios

El Tribunal ordenó la demora de un testigo, quien se mostró reticente a responder preguntas y cayó en contradicciones. También declararon cuatro funcionarios del Servicio Penitenciario y otro interno del penal, quien dijo no conocer a nadie y desconocer la causa.
En una nueva jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, declararon cuatro funcionarios de la Unidad Carcelaria 1, un interno y un exinterno.
En primer término, declaró una funcionaria penitenciaria que en 2022 y 2023 se desempeñaba como jefa del sector de requisas. Explicó que al ingresar al penal el personal era requisado mediante palpación y que sus pertenencias pasaban por un scanner. Consultada sobre requisas sorpresivas al personal, señaló que estaban previstas, aunque aclaró que durante su gestión no se llevaron a cabo.
También compareció un encargado de pabellón que cumplió funciones entre 2022 y 2024. Describió el procedimiento interno ante faltas disciplinarias y los pedidos de beneficios de los internos, explicando que son los jefes de pabellón quienes los presentan ante el Consejo Correccional. Precisó que dichos jefes poseen el registro de la conducta y concepto de cada detenido, mientras que los encargados de sector no acceden a documentación personal.
Posteriormente, declaró un exinterno del penal, cuya madre y hermanas ya habían brindado testimonio en relación a transferencias de dinero a uno de los acusados. La sala fue desalojada a su pedido. El testigo manifestó que él había solicitado a sus familiares las transferencias, explicando que dentro del penal debía pagar por el alquiler de un teléfono y conectividad. Señaló que otro interno le entregaba un papel con la CBU y nombre del titular de la cuenta, y que el monto variaba según el tiempo de uso.
Durante su exposición, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— le formuló preguntas en base a su declaración previa. Sin embargo, el testigo se mostró reticente y cayó en contradicciones respecto de lo que había manifestado con anterioridad.
En dos oportunidades, el Tribunal le recordó que se encontraba bajo juramento y debía responder. A pedido de la Fiscalía, se le dio lectura a pasajes de su declaración anterior para que los ratifique o rectifique. Se le solicitó, por ejemplo, que explicara por qué había calificado al Servicio Penitenciario de “feroz, corrupto y perverso”, y que precisara su afirmación de que uno de los acusados era el cabecilla, encargado de ingresar teléfonos y drogas durante la ventana de tiempo que se produce con el cambio de guardia.
El testigo continuó mostrándose reticente a responder por lo que el Tribunal le señaló que era evidente su miedo a declarar y le volvió a recordar su juramento, pero al mantener la misma postura, decidió que permanezca demorado -con consigna para su seguridad, hasta la audiencia de mañana, en que volverá a ser convocado.
Luego prestó testimonio un interno de la Unidad Carcelaria 1, convocado por una de las defensas. Este último manifestó no recordar ni poseer conocimiento alguno sobre los hechos investigados.

Juicio Unidad Carcelaria 1: Continúa la ronda de testigos de las defensas

 

Juicio Unidad Carcelaria 1: Continúa la ronda de testigos de las defensas

En la decimocuarta jornada prestaron testimonio un jefe del penal, un farmacéutico y  una amiga de la esposa de uno de los imputados. Mañana martes, a las 8:30, reanudará la audiencia de debate.

En el inicio de la cuarta semana de la audiencia de debate seguida en contra de funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, prestaron testimonios tres testigos ofrecidos por las defensas.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio lo conforman los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

En primer término declaró un funcionario del Servicio Penitenciario que, durante el período investigado, ocupó los cargos de subjefe y jefe del penal. Señaló tener buen concepto de los imputados Bisceglia, Bucetich, Castaño y Guaymás, mientras que de Carina Torres —exdirectora general del organismo— manifestó una opinión laboral negativa.

Describió la organización de los pabellones y que “se va clasificando y determinando en dónde se alojará a la persona privada de la libertad”. En este sentido, precisó que se tiene en cuenta el lugar de procedencia del detenido al momento de asignarle un pabellón ya que “no es lo mismo un detenido por un hecho simple proveniente de barrio Tres Cerritos que una persona de barrios periféricos, como Solidaridad, detenida por robo”. La fiscalía le consultó si ese criterio por barrios se encontraba especificado en algún memorándum o reglamento, a lo que el testigo respondió que no.

Respecto al ingreso de drogas, indicó que se da principalmente a través de las visitas y mediante el “voleo”, aunque reconoció que podría concretarse “a través de cualquier persona”. Añadió que los scanners del Servicio Penitenciario no funcionan. Finalmente, informó que en las requisas suelen encontrarse pequeñas dosis de marihuana y pasta base, aunque también recordó un procedimiento en el que se secuestraron 200 gramos de estupefacientes, cantidad que consideró destinada a la comercialización.

Luego prestaron declaración un farmacéutico del Servicio Penitenciario y una amiga de la esposa de Magno, quienes fueron interrogados sobre transferencias recibidas.

Juicio Unidad Carcelaria 1: Tres testigos brindaron su testimonio

Juicio Unidad Carcelaria 1: Tres testigos brindaron su testimonio

El Tribunal de Juicio y las partes realizaron una inspección ocular en la Unidad Carcelaria 1.

Esta mañana se desarrolló una nueva jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares. El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio lo conforman los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

El primer testigo del día fue un abogado de la matrícula, quien había sido mencionado en una audiencia anterior cuando un oficial de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, presentó el análisis de un celular Samsung, confirmado como perteneciente a uno de los funcionarios del Servicio Penitenciario imputados. La Fiscalía lo interrogó sobre los mensajes que intercambió con el guardiacárcel.

Luego, prestó testimonio un oficial que en 2021 se desempeñaba en el Departamento de Sanidad de la UC1 y que tenía buen concepto del oficial Magno, quien colaboraba con la División Sanidad. La Fiscalía le consultó si el funcionario ingresaba al penal para entregar medicamentos a los internos. Manifestó que sí y que ingresaba con el personal de turno y que podía suceder que uno fuera para un lateral y otro para el otro lado, para agilizar.

Por último, declaró un oficial que actualmente se desempeña en el área de Monitoreo de la Unidad Carcelaria 1 y que, entre marzo y diciembre de 2023, estuvo a cargo de la Jefatura de los pabellones A1, YJ y B1. Explicó que conoce el término “voleo” y señaló que, mientras antes se registraban principalmente en los días de visita, en la actualidad ocurren cualquier día de la semana. Indicó como sectores más frecuentes el campo de deportes y los muros colindantes con la vía pública.

En relación con su experiencia en el pabellón A1, relató que se secuestraba un celular por semana. En cuanto a drogas, dijo que durante el mes y medio que estuvo a cargo se realizaron incautaciones, aunque no recordó ni la cantidad ni los internos involucrados.

Por la tarde, el Tribunal y las partes realizaron una inspección ocular en la Unidad Carcelaria 1.

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Continuó la ronda de testigos ofrecidos por las defensas

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Continuó la ronda de testigos ofrecidos por las defensas

Una investigadora relató que vio a un funcionario penitenciario ingresar a la casa de la madre de un interno con una mochila y retirarse con la mochila y una bolsa blanca.

Cinco testigos prestaron declaración en la duodécima jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares. El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio lo conforman los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

La primera testigo declaró no conocer a ninguno de los acusados y que lo único que sabía de la causa es que había sido citada porque su hermana había usado su billetera virtual para transferir dinero a Raúl Arjona (uno de los imputados) para que le llevaran una vianda a su cuñado, interno del penal alojado en el Pabellón A1 y A2. Dado que la declarante había manifestado que hasta 2019 tuvo un hermano alojado en el penal y ahora se encontraba el marido de su hermana, la Fiscalía le consultó si a los detenidos no les daban de comer en la Unidad Carcelaria. Lo que sé es que sí les dan de comer, pero mi hermana pagaba para que le lleven la vianda”, respondió.

La siguiente deponente fue justamente la hermana, quien precisó que en al menos diez oportunidades había transferido dinero a María Inés Méndez. Al ser consultada por los fiscales sobre el motivo, manifestó que su marido así se lo había solicitado pues le iban a dar comida.

La mujer dijo que su marido tenía problemas de adicción al ser detenido y que, en la actualidad, desconocía qué es lo que hacía en el penal y si su adicción continuaba.

En tercer término declaró una oficial de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, quien había participado en tareas de vigilancia frente al domicilio de la imputada Méndez. Relató que, en la tarde del 1 de diciembre, mientras permanecía en un automóvil frente a la vivienda, observó la llegada de un vehículo blanco. Su ocupante, que llevaba una mochila negra, fue recibido por Méndez, quien lo saludó e invitó a ingresar.

La investigadora informó de inmediato lo ocurrido a su superior y, al cotejar la patente, se le comunicó que el vehículo estaba registrado a nombre de Luis Castaño, funcionario del Servicio Penitenciario. Añadió que, al retirarse, Castaño portaba la mochila y una bolsa de tela blanca con vivos rojos. Finalmente, fue seguido hasta un inmueble que luego se confirmó como su residencia.

Luego prestó declaración una mujer, quien dijo ser amiga del oficial Castaño desde que eran chicos y que en los primeros días de diciembre de 2023 fue a su casa a tomar algo y que se quedaron charlando. Precisó que se trataba de un hombre que quería mejorar, que vivía en la casa de su madre y que allí colaboraba con el pago de servicios, comida y que daba plata a su hija. Precisó que su salario del Servicio Penitenciario era, por lo menos, $200.000 menor que el de ella.

Ante la pregunta de la defensa sobre el conocimiento que Castaño tenía de la tecnología, la testigo aseguró que eran limitados y que él usaba la aplicación del banco para saber si le habían depositado el sueldo y luego retiraba el efectivo del dinero. Como ejemplo, mencionó que al intentar constituir su primer plazo fijo quiso hacerlo por 800 mil pesos, pero lo realizó por 800 pesos, y debió acudir al banco para que le explicaran el procedimiento. Luego la defensa le consultó si sabía con qué dinero constituyó los plazos fijos. La mujer afirmó que con lo que le iba quedando de su sueldo.

Por último, declaró un tío de Castaño, quien también es vecino de “toda la vida” de María Inés Méndez. Contó que conocía a toda la familia y que el hermano de la imputada era su amigo íntimo. Relató que, como el padre de Castaño le comentó que su hijo tenía problemas con el título secundario, él le sugirió que consultara a Méndez, ya que trabajaba en el Ministerio de Educación. Dijo desconocer si finalmente llegó a hacerlo.

Con esta declaración, se dio por concluida la jornada. Mañana se espera el testimonio de otras seis personas y, por la tarde, el Tribunal y las partes realizarán una inspección ocular en la Unidad Carcelaria 1.

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Testigos declararon sobre inconsistencias en actas y concesión de beneficios a internos