Condena por un robo millonario a un corralón

En motocicletas, interceptaron a un guardia que llevaba poco más de cinco millones para depositar en el banco. Luego del procedimiento que terminó con la detención de dos personas, se pudo restituir el dinero. 

El fiscal penal 2 del Distrito Tartagal, Rafael Medina, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio a la que llegaron dos individuos imputados por el robo a un corralón de esa ciudad ocurrido el 31 de Julio de 2023.

Los hechos ocurrieron cuando un guardia de seguridad del corralón se dirigía a depositar dinero en la sede del banco Macro. Al detenerse en la estación de servicio en calle España y 20 de febrero, fue abordado por dos motocicletas, con dos hombres cada una, quienes le sustrajeron el dinero, que ascendía a poco más de 5 millones de pesos. En un forcejeo, el empleado resultó lesionado en una pierna y los asaltantes se apoderaron de la mochila para luego huir.

La rápida acción policial permitió detener a uno de los hombres identificado como Enzo Robles en un domicilio, recuperando una pistola y la totalidad del dinero, que fue restituido al corralón.

El Tribunal de Juicio Sala 1, a cargo de la jueza Soledad Rodríguez, condenó en juicio común a Enzo Robles a la pena de seis años y ocho meses de prisión de ejecución efectiva por robo doblemente calificado, perpetrado en banda y con el uso de arma de fuego. Asimismo, absolvió al otro imputado, Luis Yapura, por el beneficio de la duda, según lo establecido en el artículo 1, inciso D, del Código Procesal Penal.

Tartagal: Dos detenidos por el millonario robo a un corralón

Rosario de la Frontera: Dos imputados por tenencia de estupefacientes y arma de fuego

Ambos despertaron sospechas por su forma de obrar. Uno de ellos habría arrojado una pistola calibre 32 a una vivienda desocupada.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó de forma provisional a un hombre de 25 años de edad, como autor de los delitos de tenencia simple de estupefacientes y tenencia de arma de uso civil; y a otro de 26 años, como autor del delito de tenencia de arma de uso civil.

El jueves 15 de febrero, en calle Gines Palazón, de barrio 200 Viviendas, de Rosario de la Frontera, ambos acusados se desplazaban de manera sospechosa y habrían arrojado un objeto en una vivienda, que luego se comprobó que se trataba de un arma de fuego, calibre 32.

La División de Seguridad Urbana de la policía local solicitó la presencia de personal de la División Drogas Peligrosas donde se encontraban los sospechosos que ya habían sido demorados.

Al momento de realizar un cacheo superficial, a uno de ellos se le encontró entre sus prendas, un envoltorio de polietileno negro que contenía una sustancia vegetal en forma compacta, que luego se comprobó que se trataba de marihuana, por un peso total de 13.9 gramos.

Los dos acusados se presentaron con defensa particular y declararán por escrito en las próximas horas. En tanto, el fiscal López Ibarra solicitó que permanezcan detenidos.

Plan de acción conjunto para agilizar investigaciones en Rosario de Lerma

Desde la Fiscalía y la policía se busca reforzar la coordinación en el Sector 5. Se procura optimizar los recursos para agilizar la resolución de las causas.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, presidió una importante reunión de trabajo en el marco de la coordinación del Sector 5, Unidad Regional 10, que abarca Rosario de Lerma, Campo Quijano, San Luis, San Antonio, La Silleta y San Antonio de los Cobres. El encuentro contó con la participación del Coordinador Sectorial, oficiales jefes, subalternos y sumariantes de cada dependencia que integra el sector, y tuvo como objetivo principal la coordinación de tareas y la discusión de temas relevantes para la labor diaria en la zona.

Durante la reunión, se estableció un plan de acción para garantizar la continuidad de las investigaciones y el funcionamiento coordinado con la Fiscalía, asegurando la celeridad y eficacia en el proceso judicial. Asimismo, se ofreció a la policía la posibilidad de brindar orientación y asesoramiento en casos específicos.

Se reforzaron los protocolos de documentación de hechos, haciendo hincapié en la importancia de las inspecciones oculares como herramienta fundamental para recabar pruebas y esclarecer los hechos investigados. Además, se analizaron las limitaciones y desafíos que enfrenta el personal policial en el desarrollo de sus funciones administrativas y procedimientos judiciales, con el objetivo de buscar soluciones y optimizar los recursos disponibles.

El fiscal Escalante realizó recomendaciones para mejorar la efectividad de las investigaciones y felicitó al personal por los casos esclarecidos, reconociendo su dedicación y profesionalismo.

La reunión concluyó con un balance positivo y un firme compromiso de continuar trabajando de manera coordinada y eficiente en beneficio de la comunidad.

Tartagal: Prisión efectiva por robar a un hombre utilizando un arma

El hombre tomó por sorpresa a la víctima en la vía pública. Lo golpeó y le arrebató su teléfono celular.

El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Jorge Abel del Jesús Ibáñez Rodríguez, de 35 años, como autor del delito de robo calificado por el uso de arma.

El 2 de julio de 2023, el acusado interceptó al damnificado mientras caminaba por la Ruta Nacional 34 y San Francisco, exigiéndole que le entregara todas sus pertenencias.

El denunciante respondió que no tenía nada e intentó cruzar la calle, momento en el que el ahora condenado sacó un machete y le dio dos golpes en la espalda, para luego despojarlo de su teléfono celular.

El juez Ricardo Martoccia le impuso a Ibáñez Rodríguez la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Cheques endosados: Piden elevación a juicio de la causa contra la exsecretaria de Hacienda de Rosario de la Frontera

La fiscalía dio por concluida la etapa de la investigación por la supuesta emisión de cheques del municipio de Rosario de la Frontera para una persona registrada como proveedor y que luego fueron endosados y cobrados por un empleado municipal. La causa iniciada en 2018, tiene otros dos imputados.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera Nicolás Rodríguez López solicitó al Juzgado de Garantías 1 la elevación a juicio de la causa contra la contadora Silvia Carolina Solís Mónico, de 39 años, por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, encubrimiento agravado por la condición de funcionaria pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de instrumento privado, obstrucción a la justicia en perjuicio de la administración pública y la administración de justicia,  todo ello en concurso real. 

También contra Walter Gastón Pozzo por administración fraudulenta y falsificación de instrumento privado en concurso real en perjuicio de la administración pública, y Lorena Erica Scarano por encubrimiento de los delitos de administración fraudulenta y falsificación de instrumento privado en perjuicio de la administración de justicia.

Los hechos investigados se inician en 2018 y según la investigación, Solís Mónico, en su función de Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Rosario de la Frontera, habría llevado a cabo una serie de acciones fraudulentas en perjuicio del estado municipal. Se le atribuye haber realizado contrataciones irregulares para la adquisición de diversos bienes, como elementos de iluminación, ropa de trabajo, repuestos para vehículos, y artefactos eléctricos de uso personal, entre otros. Para esto, Solís Mónico habría emitido cheques pertenecientes a la cuenta de la Municipalidad, que luego habrían sido endosados, para finalmente ser cobrados por Walter Gastón Pozzo, quien en ese entonces se desempeñaba como empleado municipal.

Se acusa a la contadora de haber interferido en la investigación al comunicarse con el proveedor para indicarle el contenido de lo que debía declarar en una audiencia con el Fiscal de la causa.

En cuanto a Scarano, se la acusa de haber ayudado a Solís Mónico a evadir la justicia al interceder con el propietario de un local comercial para que actuara en beneficio de la contadora, eludiendo así las investigaciones en su contra. Este hecho fue corroborado mediante filmaciones aportadas por un testigo.

Finalizando la investigación penal preparatoria, el fiscal Rodriguez López consideró que se han reunido los elementos suficientes para formalizar la acusación contra los imputados como autores de los delitos de los que se los acusa.

 

Rosario de la Frontera: Declaró el denunciante en la investigación por los cheques endosados

Orán: Requieren juicio para una empleada, una gestora y el propietario de una agencia automotriz

Valiéndose de documentación falsa, los acusados concretaron una operación de compraventa de un vehículo sobre el que pesaba un pedido de secuestro. Hicieron firmar una constancia de que la damnificada estaba al tanto de la operación.

El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Salinas, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, para Darío Lucas Zabala Moreno, Tania Paola Peque Moreno y Liliana Ramón como autores de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y falsedad de instrumento público en concurso real.

La intervención de la fiscalía se produjo a partir de la denuncia radicada por la damnificada, quien manifestó que el 31 de julio de 2021 concretó la compra de una camioneta Toyota Hilux 4×2, en la agencia Alto Norte Automotores, ubicada en calle 25 de mayo, de esa ciudad.

La mujer pagó 1 millón 100 mil pesos en efectivo y entregó una camioneta Ford Ranger modelo 2015 valuada en 2 millones 500 mil pesos. A cambio, recibió la camioneta comprada, un boleto de compraventa, la factura de pago y la cédula verde del dueño anterior. También se acordó que en un plazo de 15 días se completaría la transferencia del vehículo a su nombre.

Transcurridos cuatro meses, la denunciante nunca recibió noticias sobre la documentación necesaria para transferir la titularidad, a pesar de haberse presentado varias veces en la concesionaria. En cada visita, la acusada Peque Moreno le daba diferentes excusas que dilataban la transacción.

El 5 de noviembre fue citada a la agencia, donde Peque Moreno le comunicó que la camioneta que había adquirido tenía pedido de secuestro y que debía dejarla, a lo cual no accedió. La mujer, junto a uno de sus hijos, se dirigió al Registro Automotor donde le informaron que no existía orden de secuestro alguna, ni multa sobre el vehículo.

Al regresar a la concesionaria con esa información, le explicaron que habían obtenido los datos de Gendarmería Nacional. Ante la insistencia de la compradora, le entregaron un formulario 08 firmado por una escribana de Jujuy, y le solicitaron que firmara una constancia en la que reconocía que el vehículo adquirido estaba siendo investigado judicialmente.

Esto último, constituye un acto doloso que puso en evidencia el accionar de los acusados, tendiente no sólo a deslindar responsabilidades, sino también a frustrar la concreción del derecho adquirido.

Inmediatamente, la denunciante se dirigió a un gestor del automotor, quien, luego de analizar la documentación entregada por la agencia, le informó que era apócrifa.

En el requerimiento, el fiscal Salinas señala que los acusados llevaron a cabo acciones tendientes a desbaratar el derecho adquirido por la damnificada, desde el momento en que el vehículo se encontraba con pedido de secuestro, verificándose la existencia de fraude, inducción a error y una disposición patrimonial disvaliosa.

Además, los acusados confeccionaron ilícitamente documentación con características semejantes a las de un documento verdadero, en pos de que fueran aceptados por la damnificada, quien los presentó ante su gestor para que iniciara la tramitación de titularidad del bien, lo que nunca pudo llevarse a cabo, dado que los mismos eran apócrifos.

Le roban el celular tras preguntarle por una calle y amenazarla con una barra de hierro

Mediante engaño, la damnificada fue abordada por una pareja. Los acusados fueron detenidos en medio del río, tras una persecución policial.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó provisionalmente a un hombre de 29 años y a una mujer de 32 años por el presunto delito de robo agravado por el uso de arma, en relación con un incidente ocurrido el 14 de febrero en la localidad de San Luis.

La investigación de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma se inició a raíz de la denuncia de una mujer que fue víctima de un robo mientras esperaba a una compañera de la universidad cerca de la iglesia San Luis. Según el relato de la denunciante, una camioneta tipo 4X4 de color gris con barandas traseras negras y sin patente visible se detuvo frente a ella. Una mujer descendió del vehículo y le preguntó por el nombre de la calle. Ante la respuesta negativa de la denunciante, la mujer le dijo: «Disculpa, pero voy a tener que quitarte tu celular», y sacó una barra de hierro de aproximadamente 30 cm, intentando agredirla. 

Durante el forcejeo, la denunciante cayó al suelo y la acusada logró llevarse el teléfono celular. El hombre que estaba en el interior de la camioneta instó a la acusada a marcharse, y ambos huyeron en el vehículo con el objeto robado.

Tras recibir el alerta, personal policial localizó el vehículo robado e inició una persecución que recorrió varios puntos de la zona. A pesar de la voz de alto, los sospechosos abandonaron el vehículo y huyeron a pie, ignorando las órdenes del personal de investigaciones que se encontraba en el lugar. Finalmente, a unos 100 metros de distancia, en medio del cauce del río, se logró la detención de ambas personas.

En la investigación se determinó que la camioneta había sido robada, por lo que se dio intervención a la Fiscalía Penal 1. En tanto el fiscal Escalante solicitó al Juzgado de Garantías que se mantenga la prisión preventiva de los imputados, quienes ya tienen antecedentes condenatorios por delitos relacionados con estupefacientes.

Vecinos de Solidaridad implicados en robo de motocicleta en Payogasta

Se trata de una pareja que fue detenida por el hecho. Ambos tienen antecedentes penales por delitos contra la propiedad y lesiones graves.

En una audiencia multipropósito, a solicitud del fiscal penal de Cachi, Daniel Escalante, el Juez de Garantías 3 ordenó a prisión preventiva para un individuo acusado del robo de una motocicleta en Payogasta, considerando sus antecedentes y falta de colaboración con la justicia.

El dia 13 de enero una mujer denunció el robo de una motocicleta  sin dominio, la cual había sido dejada estacionada en el lugar donde se celebraba un baile en la localidad de Payogasta. Relató la damnificada que al regresar al lugar, la motocicleta ya no estaba.

El personal policial, alertado por la denuncia, procedió a la búsqueda y logró interceptar al hombre que empujaba la motocicleta, acompañado de una mujer. Ambos fueron detenidos y se determinó que tienen antecedentes penales por delitos contra la propiedad y lesiones graves, siendo residentes del barrio Solidaridad de la ciudad de Salta.

Durante la audiencia, el Fiscal ratificó un acuerdo de juicio abreviado para el acusado, proponiendo una pena de un año de prisión efectiva, considerando una condena previa del año 2021, y el sobreseimiento de la mujer imputada, por falta de participación en el hecho delictivo, acuerdo que fue aceptado por la defensa. Sin embargo, durante el interrogatorio, el imputado expresó que no reconocía el acuerdo propuesto.

Ante esta situación, el fiscal solicitó la prisión preventiva para el acusado, argumentando sus antecedentes condenatorios, incluyendo violencia de género, y el hecho de haber sido visto empujando la moto sustraída. Además, se mencionó la presunción de delito de exacciones ilegales agravadas, concusión. Se ordenó su alojamiento en la Alcaidía General N° 1.

Finca Las Leoneras: imputados por robo de agroquímicos

Luego de maniatar a dos trabajadores de la finca, los acusados habrían sustraído una importante cantidad de productos. Se solicitó mantenimiento de detención.

La fiscal penal Lorena Martínez, interina en Fiscalía Penal de Embarcación, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de robo en despoblado y en banda, a dos hombres de 38 y 43 años, como coautores.

Pasada la medianoche del 13 de febrero, los acusados ingresaron a la finca Las Leoneras, ubicada sobre Ruta Nacional N° 81, Km. 1816, cercana a Hickman.

Una vez en la propiedad, habrían accedido a una habitación donde descansaba el encargado de la finca y un puestero, a los que habrían atado con cordones de zapatillas y una piola, para luego dirigirse al galpón, de donde habrían sustraído una cantidad considerable de elementos.

Entre los objetos que habrían sido sustraídos se encuentran 47 cajas de 15 kilos de glifosato, 9 bidones de 20 litros de agroquímicos, 7 bidones de 10 litros de herbicida, así como dinero en efectivo, 3 teléfonos celulares, una tarjeta de débito, un DNI y un carnet de conducir. Luego de perpetrado el hecho, los acusados se dieron a la fuga.

De las tareas investigativas realizadas por personal policial, se logró encontrar productos agroquímicos entre las malezas en inmediaciones de otra finca, los cuales coinciden con las características de lo sustraído, por lo que se procedió a su secuestro.

Personal policial procedió a la detención de los sospechosos, que se desplazaban en una camioneta Amarok, en la que se encontraron una pistola BERSA 9 mm, 2 cargadores, dinero en efectivo en pesos y en dólares, 2 teléfonos celulares y una motocicleta sujeta con cuerdas.

Durante la audiencia de imputación, ambos acusados se abstuvieron de declarar. La fiscal Martínez, por su parte, solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, el mantenimiento de detención.

Imputado por desobediencia judicial en contexto de violencia de género

Una consigna policial lo encontró dentro de la vivienda de la que había sido excluido. La damnificada fue notificada sobre sus derechos. 

El fiscal penal de Cachi Daniel Escalante imputó a un hombre de 19 años por la comisión del delito de desobediencia judicial a disposiciones emitidas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Genero N°1.

Los hechos ocurrieron el día 12 de febrero, cuando el acusado fue encontrado por personal policial que realizaba control de consigna, dentro del domicilio de una mujer de 36 años, ubicado en el barrio Lujan de la zona Alta de Cachi. El hombre estaba notificado de medidas cautelares emitidas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N°1, que incluían la exclusión del hogar, prohibición de ejercer actos de violencia y prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 300 metros.

La conducta del imputado violó los términos legales establecidos, ya que se encontraba dentro de un domicilio del cual estaba excluido y notificado de la prohibición de acercamiento. Ante estas circunstancias, se solicitó también el mantenimiento de detención del imputado.

El fiscal Escalante ordenó también notificar a la parte damnificada sobre la medida dispuesta, instruyendo se le recuerde sus derechos como víctima, conforme al Artículo 99 del Código Procesal Penal, incluyendo el derecho a recibir un trato digno y respetuoso, protección de la integridad física y moral, ser informada sobre el estado del proceso, e intervenir en el proceso, entre otros.