María Fernanda Quinteros

Cornejo participó en la primera reunión del Consejo Federal de Prevención de femicidios del NOA

La primera reunión del Consejo Federal de Prevención de femicidios, travesticidios y transfemicidios de la región noroeste se realizó este martes bajo los parámetros del «Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género» y con la participación de las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y de Seguridad, Sabina Frederic y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. El procurador general de Salta participó en su calidad de presidente del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género.

El encuentro se llevó a cabo en la provincia de Tucumán, y con la participación de responsables afines de Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero y miembros de los poderes judiciales y legislativos de las provincias mencionadas.

Por instrucción del presidente Alberto Fernández, quien definió este año en la apertura de sesiones del Congreso a las políticas de género como políticas de Estado, se creó el Consejo Federal a través del Decreto 123/2021, y el 8 de marzo los gobiernos provinciales de todo el país y la Ciudad de Buenos Aires firmaron el «Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género», mediante el cual, entre otros puntos, se comprometieron a integrarlo.

En este primer encuentro con las provincias del NOA, Gómez Alcorta, Frederic y Soria buscaron «acordar los lineamientos generales para una política de prevención y abordaje integral, y definir un plan de trabajo conjunto para los próximos meses para reducir los altos índices de violencia de género que se dan en la región».

Tanto las políticas de prevención como de asistencia a las personas en situación de violencia de género, y la investigación judicial de estos casos, dependen de los sistemas de cada una de las provincias, y hasta hoy, no existían criterios rectores o lineamientos nacionales que unifiquen y fortalezcan el accionar de los estados provinciales.

En ese marco, las seis provincias adhirieron a las medidas impulsadas por el gobierno nacional desde el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género.

El MPF de Salta se sumó al Sistema Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género

Cornejo, Gómez Alcorta, Frederic y Soria

El convenio prevé la vinculación con el Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), la articulación entre las líneas 911 y 144, el uso de dispositivos duales, el uso de indicadores de riesgo, la adaptación de normativa en uso de armas, la capacitación de fuerzas provinciales en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) y en la promoción de reformas y creación de áreas especializadas en género en los poderes judiciales provinciales.

Jimena Salas: vecinos ratifican la presencia de Vargas en la zona el día del crimen

Durante la segunda jornada del juicio que se sigue tras el homicidio de la vecina de barrio San Nicolás, en Vaqueros, declararon cinco vecinos, dos efectivos policiales y un técnico de la empresa SAETA. Se pudo ubicar a uno de los imputados en la zona durante el 27 de enero e incluso una de las testigos lo vio en la puerta de la casa de la víctima minutos antes de las 12.30.

Alrededor de las 9 de este martes, se reanudó la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Cajal Gauffín en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial.

Los jueces que integran el Tribunal de la Sala VII de Juicio, recibieron el testimonio de cinco vecinos del barrio donde vivía Jimena Beatríz Salas, quienes aportaron referencias del día 27 de enero de 2017 y dos de ellos, señalaron la presencia del imputado Vargas en la zona, ofreciendo productos y preguntando por el nombre de una persona. Incluso una de las vecinas indicó haberlo visto en la puerta de la víctima.

Otro dato importante que surgió fue que una de las testigos, relató que ese día, a las 12.30 aproximadamente, tocó a su puerta Jimena Salas y le preguntó si era suyo un perrito que casi atropellan. Le pregunto además si no sabía de quién era y le informó sobre la red de vecinos y le dijo que lo publicaría allí.

Declararon dos efectivos policiales que revistaban en la subcomisaría de Vaqueros y que realizaron la primera intervención en el lugar, asegurando la escena del crimen.

La oficial a cargo explicó las primeras medidas dispuestas ante el hecho y su subalterno, describió la primera entrevista con Cajal Gauffín, a quien encontró hablando por teléfono en el jardín de la casa alrededor de las 13.50 y señaló que no se encontraban con él las menores.

Finalmente declaró un analista de sistemas que trabajaba para SAETA y que tuvo a su cargo confeccionar informes a pedido de la Fiscalía sobre el uso de tarjetas de colectivo en relación al imputado Vargas.

Cafayate: se requirió a juicio el abuso sexual de un hombre

Son siete imputados y detenidos por un hecho que se conoció a través de un video filmado por los autores del abuso y que se viralizó en redes sociales en octubre de 2020. La víctima es un hombre con restricción de capacidad jurídica.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías de Cafayate, juicio para siete hombres acusados del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el número de participantes en perjuicio de un hombre mayor de edad, con restricción de capacidad jurídica.

Flores Toranzos, además, solicitó la detención de cuatro de los imputados, quienes habían recuperado la libertad oportunamente y mediante resolución del Tribunal de Impugnación, fueron detenidos en las últimas horas.

El hecho investigado se conoció en el mes de octubre de 2020 a través de un video que se hizo viral, donde se observa a los acusados vulnerando la integridad sexual de la víctima.

Jimena Salas: ocho testigos citados para la segunda jornada

Este martes se desarrollará en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, la segunda jornada del juicio que se sigue contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Cajal Gauffín. El Tribunal de la Sala VII de Juicio recibirá la declaración de ocho testigos citados por las partes.

En el juicio que se sigue contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia. este martes, el Tribunal de la Sala VII de Juicio, integrado por los jueces Francisco Mascarello, Martín Diez y Federico Armiñana Dohorman, recibirá el testimonio de ocho testigos citados por las partes.

Se trata de efectivos policiales que intervinieron durante la investigación y vecinos de barrio San Nicolás, en la localidad de Vaqueros.

Representan al Ministerio Público, los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio.

Finca Santa Anita: dos detenidos por atentar contra la vida de dos hermanos

En el marco de una disputa por la posesión de un terreno, dos jóvenes fueron apuñalados y debieron ser asistidos en el hospital San Bernardo. Los acusados fueron detenidos e imputados.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Leandro Flores, imputó a Daniel Abraham Benitez Balcázar y a Juan Carlos Figueroa, como coautores del delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de los hermanos Johnny Vladimiro Arnold Allue y Mayco Nasif Arnold Alue.

El pasado domingo por la madrugada, según consta en las actuaciones, los hermanos se encontraban alojados en la vivienda de su tío en barrio Finca Santa Anita de la ciudad de Salta, cuando se presentaron los dos acusados profiriendo insultos y amenazando para que abandonaran la propiedad, que se encuentra en disputa.

Uno de los hermanos salió de la casa y se inició una pelea, donde Johnny Vladimir resultó con una herida de arma blanca en el cuello y Mayco Nasif con una herida de arma blanca en la zona abdominal y en el miembro superior derecho, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Una vez identificados los agresores, fueron detenidos e imputados y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva.

Jimena Salas: declaró el imputado Cajal Gauffín

Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, se identificó a los acusados y el viudo de la mujer asesinada en enero de 2017, decidió prestar declaración y responder preguntas de las partes. Vargas manifestó que no prestará declaración por el momento. Declararon tres testigos, entre ellos la niñera de las hijas de la víctima.

En la primera jornada de la audiencia de debate que se sigue contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia; el primero se abstuvo de declarar y quien fuera la pareja de la víctima, decidió declarar ante el Tribunal de la Sala VII de Juicio y responder preguntas.

Cajal hizo un relato sobre la jornada del 27 de enero de 2017, de las horas previas al hallazgo de Jimena Salas sin vida y sobre cómo se desarrollaron los hechos con posterioridad. Al momento de responder preguntas, fue consultado por el manejo de las llaves en la vivienda, la relación con su pareja, sus relaciones extramatrimoniales y sobre algunas actitudes adoptadas en relación al hecho.

El primer testigo fue un empleado municipal de Vaqueros, quien se desempeñaba como agente de tránsito en enero de 2017 y que cuando se dirigía en forma peatonal a cumplir sus tareas, observó a Salas en la puerta de su casa, conversando con un hombre, al que no pudo ver porque estaba de espaldas y aportó datos sobre un vehículo estacionado afuera de la vivienda. Refirió haber escuchado que reían y hablaban algo relacionado a la Red de Vecinos de la localidad.

El segundo testigo fue la mujer que se desempeñaba en la casa de Jimena Salas como niñera de las dos menores. La mujer dio un detalle de las tareas que cumplía, describió a la víctima como buena y muy amable y en el relato de la jornada del 27 de enero, señaló que Salas le dijo que llevaba llaves al salir del domicilio y que luego, al regresar, debió abrirle la puerta porque creía haberlas olvidado en el auto de su marido.

Finalmente, prestó declaración un oficial de la Policía de la Provincia, que en la fecha, revistaba en la División Homicidios y tuvo a su cargo la primera intervención. Con un soporte multimedia se refirió a las primeras tareas desplegadas y a las entrevistas realizadas entre los vecinos, desde donde pudieron iniciar las líneas investigativas.

En la presentación se refirió incluso a la presencia del imputado Vargas en el barrio durante el día del hecho, lo cual se obtiene del testimonio de una vecina y de una imagen que lo capta en un camping ubicado en las proximidades de la casa de la víctima.

Para la jornada de este martes se encuentran citados ocho testigos, entre los que se cuenta a vecinos del barrio San Nicolás, donde vivía Jimena Beatríz Salas.

El MPF e INADI reforzarán acciones contra la discriminación

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este lunes al coordinador de Delegaciones y Redes de la Sociedad Civil del INADI, Marcelo Maqueda; al director de la Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina de INADI, Federico Pita y el delegado local de INADI, Gustavo Farquharson.

El encuentro sirvió para actualizar el intercambio iniciado en abril de 2020 con el organismo nacional, cuando Cornejo firmó un convenio de cooperación con el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que entre otras acciones prevé las de erradicar actos de discriminación y la afectación de un abogado del Ministerio Público Fiscal al organismo nacional.

Este lunes, los funcionarios nacionales informaron sobre la marcha de la Comisión Nacional para el reconocimiento histórico de la Comunidad Afroargentina, impulsada por el INADI, a casi 20 años de los compromisos asumidos por el Estado durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. También dialogaron sobre la necesidad de capacitar a la ciudadanía -y especialmente a los efectores del servicio de justicia-, sobre legislación vigente y racismo, y acerca del anteproyecto de Ley Provincial contra la Discriminación, que impulsan el INADI local y la Procuración.

Farquharson, Cornejo y Maqueda

Justamente, Maqueda confirmo que también se trabaja en una actualización de la Ley Nacional Antidiscriminatoria y destacó la necesidad de avanzar en todos los ámbitos en la sensibilización sobre los elementos que componen el acto discriminatorio, las prácticas sociales discriminatorias y el rol de los medios de comunicación, entre otros ejes de trabajo.

“La comunidad afroargentina ha sido históricamente invisibilizada, negada y extranjerizada”, dice la resolución que crea un ámbito para el “reconocimiento histórico” y que está integrada “por más de 2 millones de personas que descienden de africanos traídos como mano de obra esclava”. En ese sentido, Pita ratificó el contenido de la resolución, porque se trata de una población que fue invisibilizada “producto del racismo estructural que opera en nuestro país”.

Pita, Farquharson y Cornejo

En ese sentido, advirtió que “el racismo en su dimensión estructural es el conjunto de procesos, prácticas y estructuras que reproducen la inequidad racial”, porque el racismo estructural “se sustenta en la ideología de la supremacía racial blanca / inferioridad racial negra, conocida originalmente como racismo científico o biologicista que dividía a la raza humana en subrazas y a la vez las jerarquizaba, cuando se sabe que la raza humana es una sola. Es estructural porque se encuentra naturalizado y profundamente arraigado en prácticas sociales e institucionales”, agregó.

Por su parte, Cornejo destacó que los hechos discriminatorios no pueden separarse del ejercicio de la violencia, porque ocurren en relaciones en las que la desigualdad de poder, es el factor determinante. Citó ejemplos de discriminación por razones de género, laboral, institucional y de otros ámbitos, al tiempo que ratificó la necesidad de capacitar en la materia a fuerzas de seguridad y efectores del servicio de justicia.    

Durante el encuentro, participaron también el abogado del MPF afectado al organismo nacional, Edgardo Torrrejón y las funcionarias de INADI, Bernardina Rosini y Sofía Müller.

De la alarma apagada a la hipótesis del perro, adelantada por el viudo: hoy se leerá el requerimiento a juicio

Durante la primera jornada de la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Federico Cajal Gauffin, será leído el requerimiento a juicio fiscal, elevado en marzo de 2020 por los fiscales intervinientes.

Vargas está imputado como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y Nicolás Federico Cajal Gauffin, está imputado como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia.

Losfiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio,representarán desde hoy al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate.

Como se sabe, los fiscales requirieron juicio oral y público en contra de Sergio Horacio Vargas, en calidad de partícipe secundario, del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria y en perjuicio de Jimena Salas; y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin, como autor responsable del delito de encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración de justicia.

En el requerimiento, los fiscales relataron los hechos ocurridos desde el 27 de enero de 2017, cuando Cajal Gauffin halló el cuerpo de Jimena Salas, las medidas ordenadas y todo lo sucedido hasta llegar al pedido de elevación a juicio.

A partir de los elementos, los sostuvieron que la conducta desplegada por el imputado Cajal derivó en una manifiesta obstrucción de la justicia, perpetrada en orden a evitar dar cuenta acerca del origen o naturaleza de bienes espurios que estaban en su poder y que fueran sustraídos por los autores del homicidio en ocasión de ejecutar el hecho principal.

Sobre Vargas

Dijeron que como consecuencia de las medidas llevadas a cabo en la investigación se pudo establecer que los autores materiales contaron con la activa colaboración del imputado Sergio Vargas para la perpetración del hecho, lo que se logró probar con grado de probabilidad suficiente. Mientras que, por otra parte se pudo establecer que el coimputado Nicolás Cajal Gauffin, pese a ser pareja de la damnificada, habría desplegado conducta criminalmente punible, al ocultar información trascendental para la investigación de los hechos, direccionándola y condicionando el resultado; todo ello en función de intereses personales, lo que sumado al transcurso del tiempo ha impedido (hasta el momento) la determinación de los autores materiales, sobre los que la investigación debe continuar y continúa de manera constante e intensa.

Al pedido sumaron todos los elementos probatorios recabados durante la investigación; entre ellos, las numerosas declaraciones testimoniales, entre las cuales varias coincidieron en señalar a un hombre que consultó por una “señora que tenía unas hijitas en la entrada, al principio de calle Las Virginias (domicilio de Salas) y que esta señora le había encargado que le iba a comprar”. Otros testimonios describieron a un hombre con un perro en las manos, y otros describieron a Salas hablando con uno de esos sujetos.

La base probatoria también se sustenta en informes policiales, de telefonía (que confirmaron que Vargas utilizó líneas telefónicas registradas a su nombre y prepagas con una “actividad inusual, intercambiando tarjetas SIM de diversas compañías de manera permanente y llamativa”), con impacto en la zona donde residía Salas, a principios de enero.

“Se pudo determinar fehacientemente la utilización de telefonía celular de manera llamativamente sospechosa en general y en particular por haberse comprobado que el día 4 de enero estuvo en la zona con un equipo telefónico que no se corresponde a los numerosos elementos secuestrados en la causa”, dicen los informes. Otro dato llamativo es que el día posterior al hecho consultó la web del diario El Tribuno cuando según se puede comprobar jamás había ingresado a un portal de noticias”. Según el Gabinete de Informática Forense – Depto. de Criminalística del CIF del Ministerio Público Fiscal, tuvo “una conducta atípica en los motores de búsqueda utilizados”, ya que sobre un total de 2672 (dos mil seiscientos setenta y dos) cookies recopiladas en el dispositivo, constan seis registros de visitas a la página web el diario El Tribuno el día 28 de enero de 2017, un día después del crimen.

Sobre Cajal Gauffin

Sobre el imputado Nicolás Federico Cajal Gauffin, se sumaron testimonios, informes médicos y policiales, pericias informáticas y telefónicas, entre otras. Se dio cuenta de que cuando llegó la policía, “su estado era sereno, predispuesto y atento a los detalles solicitados, haciendo siempre hincapié en que su concubina (víctima) habría sido atacada por un ladrón”. El imputado dijo que “los policías le dijeron que lleve a las menores (sus dos hijas, halladas en el baño), al auto para preservar la escena y a él, también le pidieron que se retire de la casa”. No fue detenido.

La alarma

También se suma el informe de la empresa proveedora del servicio de alarmas, que confirman que fue apagada el 26 de enero y restablecida el 30 del mismo mes, sin intervención de los técnicos.

Indica que “no existen constancias que funden la falla de comunicación del sistema GPRS en la alarma instalada en el domicilio de la víctima por sabotaje, ni corte de alimentación y no fue posible la falla por equipos de inhibidores de señal en razón que tanto la víctima como la niñera utilizaron sus equipos de telefónica celular encontrándose en el inmueble…por lo que resulta concluyente que la falla de comunicación registrada en fecha 26 de enero de 2017, víspera del homicidio aconteció al desconectar la antena de la misma; que momentos previos al evento de “falla en comunicación”, Nicolás Cajal se encontraba en el inmueble solo.

Precisa el pedido de elevación a juicio que “Cajal no mencionó ni la existencia de la alarma ni la extraña falla que en la víspera se había registrado, conociendo él la falla producida y su falla en el funcionamiento cuando ocurrieron los sucesos, ya que constan grabaciones registradas por la empresa en las que le comunican que la misma NO estaba funcionando”. Destacan que el servicio fue restablecido el 30 de enero, sin la intervención de equipos técnicos de la empresa

Testigos también señalaron que Cajal Gauffin utilizaba distintos números de teléfono, que no declaró.

Cajal anticipó la hipótesis del “perro”

Otro dato es que un compañero de trabajo del imputado declaró que cuando llegó a Vaqueros, el 27 de enero de 2017, Cajal le dijo “la mataron a mi mujer… por culpa de ese perro de mierda la mataron a mi mujer…”. Es decir, Cajal “señaló al testigo, una circunstancia fáctica vinculada al modo de comisión del hecho, la que no fue conocida sino tiempo después y merced a diferentes tareas investigativas, lo que da cuenta que conocía de antemano información de la mecánica del luctuoso suceso”. La hipótesis de los dos sujetos que aparecieron con un perro, fue elaborada en octubre de 2019.

Los homicidas buscaban un maletín

Otro informe policial pone de relieve que pese a existir una caja fuerte, los causantes se dirigieron directamente hasta un maletín y que por el nivel de preparación, el recorrido interno efectuado, y la metodología registrada, podría haberse tratado de un domicilio “entregado”.

En noviembre pasado, se realizó sobre dicho maletín, la prueba denominada “ejercicio punto a punto”, en la que el trabajo de perros certificados en la búsqueda de divisas, moneda de curso nacional y sustancias estupefacientes, dio positivo para sustancias narcóticas y/o divisas en su interior. La caja fuerte que estaba en el mismo placard, “no fue ni siquiera tocada…y a pesar de su fácil acceso y visibilidad, no fue violentada”.

Se documentó “la ausencia de desorden… y que las evidencias indican claramente que los autores materiales conocían la tenencia de estupefacientes, divisas o moneda de curso nacional en cantidades considerables para los victimarios”.

Los investigadores concluyeron que “el imputado intentó instalar desde los primeros minutos del abordaje policial la teoría de un robo frustrado al azar, omitiendo la sustracción ahora probada en el ejercicio punto a punto”.

Además, consta que Cajal recibió en julio de 2017, un llamado en el que “se hizo referencia expresa a maniobras propias de actividades ilícitas, con terminología utilizada en la jerga del comercio de estupefacientes, donde se asocia el resultado muerte del suceso a vinculaciones con el tráfico de drogas, lo que permite corroborar el contenido del maletín periciado”. Y se señala que “el imputado, nuevamente omitió dar a conocer al personal policial interviniente” esa comunicación.

Contradicción sobre las llaves de Salas

Los fiscales también encontraron una contradicción en la declaración de Cajal Gauffin, cuando dijo que el 27 de enero de 2017, encontró la llave de Jimena en la puerta; cuando la niñera declaró que la mujer la esperó afuera varios minutos porque no tenía la llave de su casa. Y en la presunción de la modificación de elementos del lugar del hecho, dijeron los fiscales que “cuando llegó Cajal, observó el llavero colgado en el alambre al lado de la puerta de ingreso; le sorprendió ver la puerta sin seguridad y el llavero de Jimena en el alambre”.

Según el registro fotográfico, “la llave que se observa colgada en el rombo del alambre tejido no sería el utilizado por Jimena…y el llavero que se encuentra colgado en el alambre, tiene llaves de un vehículo, lo que permite inferir que las llaves pertenecían a Cajal”. También se confirmó la presencia de un tercer llavero.

Los fundamentos de la acusación

Se ubica activamente la presencia e intervención de Sergio Vargas en la etapa previa del homicidio y se advierten actividades en torno a la ubicación del domicilio de la víctima y el ofrecimiento de dos sandalias para niñas, para lograr la precisa localización del domicilio donde residía Salas. Salinas Odorisio y Torres Rubelt, entendieron que la conducta de Vargas consistió en colaborar con los autores materiales del hecho, actuando como identificador o “marcador” del inmueble, y luego de alertante, a los fines de brindar mayor seguridad a los autores del crimen para la perpetración del hecho.

Se verifica luego el empleo de un supuesto perro “extraviado”, ardid a través del cual dos personas, aún no identificadas, ingresan al inmueble, atacan mortalmente a la víctima, resguardan a las menores, y luego, de simular la búsqueda de elementos de valor arrojando un joyero sobre la cama, toman el contenido de un maletín que se encontraba en el interior del domicilio.

En una instancia posterior, signada por la dificultad investigativa para esclarecer el suceso, y para individualizar a los dos sujetos que habrían matado a Salas, se destaca la actitud remisa de Nicolás Cajal. Dicen los fiscales que el imputado “deliberadamente omite brindar información, tergiversa datos, e impide una tarea investigativa eficiente, actitud que supera una mera renuencia y que, a la luz de las circunstancias, ostenta contenido criminal, por aparejar una efectiva obstaculización al proceso investigativo”.

Sobre Nicolás Federico Cajal Gauffin, afirmaron también que “en numerosas oportunidades y desde el comienzo de la investigación el imputado ha manifestado que no se sustrajo elemento alguno de su domicilio, negando la presencia de elementos de valor o susceptibles de ser objeto de robo, lo que determinó que el curso de la investigación siempre se abordara con presunción de un robo frustrado al azar y consecuentemente a una multiplicidad de hipótesis”.

El imputado habría ocultado deliberadamente por motivos a determinar, la existencia de dinero, divisas y/o sustancias estupefacientes, que ahora se sabe que contenía el maletín que estaba el armario de la habitación principal del domicilio. Se comprobó que los autores materiales de quitar la vida a la víctima de manera violenta, ya lastimados, se dirigieron directamente al armario, lo cual fue probado por los rastros biológicos hallados en el maletín.

Agregaron que Cajal Gauffin, tuvo la “decisión de omitir información a la Fiscalía para instalar el supuesto de un robo frustrado”.

Los fiscales entendieron que la omisión de dar a conocer que en el maletín secuestrado de su habitación y que se encontraba semiabierto, contenía dinero tanto nacional como extranjero y sustancia prohibida, es determinante y permite presumir que el imputado no quiso hacer referencia a esta situación porque ello daría paso a que los investigadores lleguen a indagar la procedencia de esos elementos… y con su accionar futuro, al intentar por diversos medios cobrar la póliza de seguro por la muerte de su pareja, Jimena Salas.

Lo cierto es que con esa omisión, logró la acción de ocultar un posible móvil del crimen, una prueba fundamental en la investigación que surgió luego de casi tres años y que pudo y puede cambiar el rumbo de la investigación con las dificultades que implica el paso del tiempo.

Según la autopsia practicada al cuerpo de la víctima, registraba unas 40 puñaladas aproximadamente, registraba signos de defensa y se utilizaron al menos dos armas blancas. Salas falleció por shock hipovolémico por lesiones múltiples por arma blanca. El cuerpo fue retirado por su madre al día siguiente del crimen y cremado el 29 de enero.

Pichanal: golpeó a su expareja y le sustrajo importante documentación

Un hombre de 28 años fue detenido e imputado por lesionar a su expareja, sustraerle una carpeta con documentación médica de una menor de edad y por incumplir las medidas de restricción impuestas por hechos anteriores de violencia.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Marcelo Ezequiel Juárez como autor de los delitos de lesiones doblemente agravadas por ser cometidas a una persona con quien mantuvo una relación de pareja y por un hombre a una mujer mediando violencia de género, desobediencia judicial y hurto en concurso real.

Según denuncia la víctima, mantuvo una relación de pareja sin hijos en común con el acusado hasta hace dos años y por hechos de violencia, se separaron y éste fue detenido.

Al recuperar su libertad, intentó varias veces retomar la relación y el pasado 25 de abril, pese a las medidas de restricción impuestas, irrumpió en la casa de la víctima, la golpeó provocándole lesiones y al retirarse, se llevó una carpeta con documentación médica perteneciente a una hija menor de edad de la mujer.

La fiscal Fuentes solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga la detención del acusado mientras se cumplen diversas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento del hecho.

Tartagal: ladrón condenado a prisión

El acusado cometió un violento robo en marzo de 2020 en barrio TGN. Junto a otras personas, maniataron a los damnificados y portando armas de fuego, le sustrajeron diversos bienes.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Maximiliano Emanuel Juarez como autor del delito de robo doblemente calificado con armas y en poblado y en banda.

El hecho juzgado ocurrió el 27 de marzo de 2020, cuando el acusado, junto a otras personas, irrumpieron en una vivienda de barrio TGN de esa ciudad portando armas de fuego, golpearon y maniataron a los damnificados y se llevaron diversos bienes de valor.

En su veredicto, la jueza Sandra Sánchez le impuso al acusado una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.