María Fernanda Quinteros

Embarcación: Una madre detenida e imputada por lesionar a su hijo

En una actuación de oficio de la Fiscalía Penal de Embarcación, una mujer de 21 años fue detenida e imputada por lesionar a su hijo de cinco años de edad. Tomó intervención la Asesoría de Menores e Incapaces.

La fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó a una mujer de 21 años, como autora del delito de lesiones agravadas por el vínculo en perjuicio de su hijo de cinco años de edad.

La investigación se inició de oficio, ante la advertencia de un vecino de barrio El Tucanazo de esa localidad, quien captó cuando la mujer agredió con un elemento tipo varilla al niño, cuando lo estaba bañando.

El niño lloraba y logró escapar, pero su progenitora lo agarró con fuerza y continuó con golpeándolo.

Desde la Fiscalía se dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en protección del menor y la audiencia se realizó en forma remota en consideración de la situación sanitaria y de que la acusada se encuentra embarazada.

La fiscala solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que la mujer continúe detenida, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas.

En relación al tema, cabe recordar, que en enero de 2021, ante la proliferación de casos de violencia de hijos a padres, Souto advirtió que la violencia doméstica puede adoptar distintas formas, entre ellas, el abuso emocional o físico, el hostigamiento y las amenazas. “Las relaciones abusivas siempre conllevan un desequilibrio de poder y control y las personas abusadoras eligen palabras y comportamientos intimidatorios e hirientes hacia sus madres o padres”, antes los cuales hay que estar alertas, precisó la fiscal. Y agregó que la mayoría de los hechos abordados por la Fiscalía, se originaron en la preocupante situación sociosanitaria de aumento de adicciones al alcohol y sustancias estupefacientes.

Cachi: Cuatro condenados tras un violento ataque

En mayo de 2020, las víctimas fueron a comprar cerveza y tras mantener una discusión con el dueño del negocio por un envase no devuelto, fueron atacados por cuatro hombres que bebían en las inmediaciones. Uno de los damnificados fue herido gravemente en la zona abdominal y el otro en el rostro.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público ante la Sala VI del Tribunal de Juicio, en la audiencia de juicio abreviado contra Roger Miguel Ángel Cruz, “Loro”, como autor del delito de lesiones graves, dos hechos en concurso real y contra Fabio Alejandro Mamaní, Matías Ariel Mamaní y Timoteo Mamaní como coautores del delito de agresión con toda arma, dos hechos en concurso real en perjuicio de Miguel Ángel Albornoz y Lucas Aguirre.

El hecho juzgado ocurrió el viernes 1 de mayo de 2020 por la noche en paraje El Arenal, distante a 7 km. de Cachi, cuando los damnificados concurrieron a comprar cerveza a un negocio y se inició una discusión con el dueño del negocio por la no devolución de un envase.

Aparecieron tres hombres que bebían en las inmediaciones y se inició una pelea entre las dos partes. Como resultado de la pelea, Miguel Ángel Albornoz de 32 años, recibió una herida de arma blanca en la zona abdominal, por lo que debió ser trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo y Lucas Aguirre de 20 años, recibió una herida de arma blanca en el rostro.

La jueza Mónica Mukdsi, luego de recibir la confesión de los acusados, le impuso a Cruz una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.

A Fabio Alejandro, Matías Ariel y Timoteo Mamaní, les impuso el cumplimiento de una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.

En el mismo fallo, Mukdsi, dispuso la extracción de material genético de los condenados por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Admitió y homologó el acuerdo entre las partes, referido a la reparación del daño causado, por el cual los cuatro condenados realizarán el pago mancomunado de una suma de dinero a los damnificados.

Se celebró la primera audiencia de mediación con docentes autoconvocados

Este miércoles se llevó a cabo la primera audiencia de mediación en la que las y los mediadores del Ministerio Público, escucharon los planteos de referentes de docentes autoconvocados. Al cierre de la jornada, las y los presentes firmaron un acta. Se invitará a autoridades del Poder Ejecutivo Provincial.

En Plaza España, en la zona oeste de la ciudad de Salta, se celebró este miércoles la primera audiencia del proceso de mediación instado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, en el marco del conflicto laboral entre docentes y el Ministerio de Educación de la Provincia.

Ante el hecho de que la normativa vigente respecto de la mediación exige confidencialidad, el fiscal penal interino 1, Gabriel González, resumió sobre el encuentro y dijo que fue muy positiva, por la cordialidad y diálogo que primaron. Docentes manifestaron su voluntad de participar en el proceso de mediación, plantearon distintas situaciones referidas a su situación laboral y adelantaron que compartirán con sus colegas el resultado del primer encuentro. Anticiparon que lo harán esta tarde a través de una asamblea departamental y este jueves, en una de carácter provincial.

Al final de la reunión, que contó con referentes de docentes autoconvocados; la directora del Centro de Mediación del Ministerio Público, Nancy Valencia Donnat y dos mediadores de su equipo; el fiscal penal interino 1, Gabriel González; la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero y la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la nación, María Martínez Morales My; los docentes de distintos departamentos de la provincia firmaron un acta a través de la cual consintieron dialogar en el proceso de mediación e intercambiar contactos telefónicos con el equipo de mediación, para informar sobre las decisiones de la Asamblea.

También dejaron constancia de que fue liberado el acceso Norte del Centro Cívico Grand Bourg.

El Centro de Mediación invitará a las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo Provincial a participar del proceso de mediación, espacio generado a instancias de la Procuración General de la Provincia.

Cornejo propone cambiar paradigmas sobre menores y apoya la creación de la figura de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, participó este miércoles en una reunión con diputados provinciales, con quienes abordó el proyecto de Ley que crea en el ámbito de la provincia de Salta, la figura del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes. El funcionario propuso un debate sobre institucionalización de menores, modificar paradigmas y salir del esquema persecutorio y represivo.

El procurador Abel Cornejo intercambió conceptos con el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix; la diputada Mónica Juárez, autora de una de las iniciativas; la presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor, la presidenta de la comisión de DDHH y autora de otro de los proyectos, Jorgelina Juárez; la presidenta de la comisión de la Mujer, Emilia Figueroa; y las legisladoras Cristina Fiore, Laura Cartuccia, Azucena Salva, Emma Lanocci y diputados Baltasar Lara Gros, Matías Monteagudo, Fabio López, y Fabio Rodríguez.

Las y los legisladores participantes consultaron al Procurador sobre distintos aspectos de la iniciativa. Cornejo sostuvo que la creación de la figura vendría a reforzar el sistema de justicia y no ocasionaría una superposición con el rol del Ministerio Público Pupilar. Aun así, destacó que es necesaria la implementación plena de la Ley N° 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y recordó que la entrada de vigencia del Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, -prevista para septiembre de 2019-, fue postergada en 2020 y lo mismo sucederá este año. También enfatizó en la necesidad de poner en debate la institucionalización de menores y avanzar en cambios de paradigmas que posibiliten salir del esquema persecutorio y represivo. En cambio, -dijo Cornejo-, deben optimizarse las herramientas de los distintos poderes del Estado.

El Procurador consideró –acerca del requisito de ser abogado o abogado para convertirse en Defensor del Niño, Niña y Adolescente-, que la dinámica social y del derecho, define una necesaria multidisciplinariedad y en consecuencia, otras profesiones, tales como la psicología, la antropología y otras, vinculadas con el abordaje de la niñez, podrían encarnar las funciones de la defensa, con la debida asistencia letrada.

Consultado sobre la necesaria federalización de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, el Procurador estimó que a partir de su institución, la figura podría tener delegaciones en el interior, para de esa forma, cumplir acabadamente con la respuesta que deben dar las instituciones del Estado y especialmente cuando se trata de franjas vulnerables de la población.  

En la Cámara de Diputados de Salta existen cuatro proyectos de Ley con estado parlamentario que plantean la creación de tal figura, de autoría de los diputados Mónica Juárez, Jorgelina Juárez, Santiago Godoy y Germán Rallé.

El presidente de la Cámara, Esteban Amat Lacroix informó que después de la consulta realizada, el proyecto final pasará a las comisiones correspondientes, donde obtendrá los dictámenes favorables para avanzar en su tratamiento en sesión ordinaria.

Una Fundación facilita el acceso a denuncias web por violencia de género

Se trata de la Fundación GEMA -Género y Masculinidades-, que a través de su página web, permite el acceso al link del Ministerio Público Fiscal de Salta, a través del cual se pueden radicar denuncias sobre hechos de violencia de género. El MPF implementó la herramienta informática hace más de un año, en pleno aislamiento por la situación sanitaria por Covid-19.

La Fundación GEMA trabaja con varones en la deconstrucción de las masculinidades hegemónicas, a fin de favorecer a los vínculos igualitarios entre varones y mujeres en su diversidad y en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Suma la transversalización de la perspectiva de género para avanzar en la justicia de género, los derechos humanos y la justicia social para lograr espacios con relaciones saludables, satisfactorias y vínculos equitativos.

Al ingresar al sitio www.gema.org.ar, en el margen derecho superior, se observa una mano roja, que redirigirá directamente al sitio www.denunciasweb.gob.ar, donde cualquier persona puede denunciar violencia familiar y de género de manera digital. También se pueden denunciar otros delitos realizando un trámite sencillo y seguro, sin necesidad de asistir a una comisaría.

De esta forma, la Fundación que preside Carmen Chuchuy Juárez, se suma al objetivo de facilitar un acceso inmediato al servicio de justicia para las víctimas de violencia.

Es que el Ministerio Público Fiscal habilitó la posibilidad de que, cualquier ciudadana o ciudadano, pueda denunciar violencia familiar y de género de manera digital, realizando un trámite sencillo y seguro, sin necesidad de asistir a una comisaría.  De este modo, cualquier persona podrá registrar sus denuncias ingresando al apartado el apartado “Violencia de Género” en los sitios www.denunciasweb.gob.ar o www.fiscalespenalesalta.gob.ar (Denuncias Web) y completando la carga virtual de los datos requeridos en el formulario de denuncia, y así obtener la constancia correspondiente.

Después de la recepción de las denuncias a través del sitio web, estas son distribuidas y remitidas a las fiscalías, de acuerdo a los hechos denunciados y pasibles de investigación.

La prioridad institucional del procurador general de Salta, Abel Cornejo,  es brindar una respuesta de calidad al ciudadano, a través de la mejora de los canales de acceso al servicio de Justicia y mediante instrumentos ágiles y accesibles, con especial atención a la víctima.  Por ello adoptó medidas que permitan una intervención temprana, procurando actuar con celeridad y eficacia a través de la permanente actualización de los procesos de investigación.

El 11 de agosto pasado -cuando aún regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el país- y con el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia-, el Ministerio Público Fiscal habilitó la posibilidad de efectuar denuncias para víctimas de violencia institucional y abusos policiales de manera digital. También se pueden realizar denuncias digitales por robos, venta de drogas, incidentes viales y otros delitos.

Aguas Blancas: conducía ebrio, causó un siniestro y mató a un familiar

Un hombre de 39 años, que se desempeñaba como taxista entre la ciudad de Orán y Aguas Blancas, será juzgado por causar la muerte de un familiar en un siniestro vial. Conducía con intoxicación alcohólica.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Fabián Antonio Sarmiento, acusado del delito de homicidio simple en perjuicio de Leonardo Jaimez.

El hecho ocurrió en junio de 2019, sobre ruta nacional 50, a la altura del acceso a finca Demisa, cuando el acusado, al volante de un taxi rural, circulaba de Norte a Sur por la ruta, mientras el segundo rodado, una motocicleta de 125 cilindradas, conducida por Leonardo Jaimez, lo hacía en sentido contrario.

Al tomar intervención, la Policía pudo advertir que el acusado y su acompañante, éste último tío de la víctima y del conductor, evidenciaban estar alcoholizados. Se sometió a Sarmiento a una prueba de alcoholemia, la que dio un registro de 3.56 de alcohol en sangre.

El hecho quedó registrado en videos tomados por otros automovilistas, que advirtieron que el vehículo se movía en forma de zig zag por la cinta asfáltica y captaron el momento del impacto.

En la acusación, la fiscal insiste en la inusitada gravedad del hecho, ya que se trata de un conductor profesional, que se desempeñaba como taxista en la zona, por lo cual conocía que es altamente transitada por trabajadores que circulan en motocicletas y bicicletas y, que pese a esto, actuó con total indiferencia de la vida humana al conducir en estado de intoxicación alcohólica.

La audiencia, con Tribunal colegiado, iniciará este viernes 3 de setiembre y se prolongará hasta la próxima semana.

Las Lajitas: a prisión por intentar ingresar drogas en una comisaría

Un joven de 21 años cumplirá prisión efectiva por intentar ingresar sustancias estupefacientes para un detenido. Estaba oculta en un frasco de shampoo y al ser descubierto, el acusado arrojó en el piso de la cocina de la dependencia, dos envoltorios con el mismo contenido. Fue declarado reincidentes.

La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito judicial Metán, en la audiencia de juicio abreviado contra Diego Fernando Álvarez, imputado como autor del delito de suministro o facilitación de estupefacientes agravado por realizarse en un lugar de detención.

El pasado 13 de junio, el acusado se presentó en la Comisaría 51 de Las Lajitas para dejar algunos elementos para un detenido y solicitó éste que le entregue una suma de 1000 pesos por el encargo. Al revisar los elementos, los efectivos policiales detectaron en un frasco de shampoo, dos bochas que resultaron sospechosas.

El joven se encontraba nervioso y al ser demorado, arrojó en el piso de la cocina de la dependencia, dos envoltorios similares a los que había introducido en el shampoo. Pudo comprobarse que los envoltorios secuestrados contenían marihuana y fueron secuestrados.

El acusado posee numerosos antecedentes de delitos contra la propiedad y al ser sorprendido en el momento de la comisión del delito, se declaró el caso como de flagrancia.

El juez Mario Teseyra, luego de recibir la confesión del acusado y la aceptación de los hechos endilgados, le impuso el cumplimiento de una pena de un año de prisión de ejecución efectiva y lo declaró reincidente.

Condenado por causar un siniestro vial con víctima fatal

Un hombre de 54 años fue juzgado por un siniestro vial ocurrido en 2018, en la intersección de calle Caseros y pasaje Marcelino Cornejo de la ciudad de Salta. Conducía un automóvil con el que embistió a un ciclista, que falleció luego por las lesiones sufridas. Fue inhabilitado y se le impusieron reglas de conducta.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 5, en la audiencia de juicio abreviado contra Edgar Antonio López como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito en perjuicio de Cecilio Casimiro.

El hecho juzgado ocurrió en enero de 2018, cuando el acusado embistió con su automóvil a un ciclista en la intersección de calles Caseros y pasaje Marcelino Cornejo de la ciudad de Salta, provocándole lesiones que luego le causaron la muerte.

La jueza Edith Rodríguez, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso el cumplimiento de una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y quedó inhabilitado para conducir por el término de cinco años.

Entre las reglas de conducta impuestas que deberá observar por el termino de tres años para mantener la condicionalidad de la pena, se fijó que realice un curso de conducción de automóviles o seguridad vial.

Convocan a mediación con docentes autoconvocados

A instancias de la Procuración General de la Provincia, iniciará este miércoles un proceso de mediación con representantes del sector de docentes denominados autoconvocados. Se desarrollará en Plaza España, desde las 9

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que a través del Centro de Mediación del Ministerio Público, cuya directora es Nancy Valencia Donnat y la Fiscalía Penal 1, a cargo interinamente del fiscal penal Gabriel González, se inicie un proceso de mediación para acercar y facilitar el diálogo entre las partes. También asistirá el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero.

La primera audiencia de mediación se concretará este miércoles 1 de septiembre, desde las 9 y en Plaza España, ubicada sobre avenida Entre Ríos, en la zona oeste de la capital salteña, con un máximo de 20 delegados de autoconvocados bajo cumplimiento del protocolo sanitario correspondiente. Las y los demás docentes interesados podrán hacerlo desde las gradas del anfiteatro.

La convocatoria del Procurador, se sostiene en lo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, que en el artículo 79, referido a “Solución de conflictos”, indica que “los representantes del Ministerio Público Fiscal procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible de conformidad con los principios establecidos en las leyes, dando preferencia a la solución que mejor se adecue al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.

Los docentes fueron notificados de la convocatoria esta noche por el fiscal González, en barrio Grand Bourg.

Nuevas imputaciones contra la exintendenta Rita Carreras

La fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a la exmandataria de Coronel Moldes por los delitos de peculado (dos hechos), fraude a la administración pública (dos hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), todo en concurso real. En febrero pasado ya había sido imputada por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Rita Carreras por los delitos de peculado (dos hechos), fraude a la administración pública (dos hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), todo en concurso real.

Las causas por las que fue imputada en esta oportunidad Carreras se encuentran relacionadas con el cobro de cheques destinados a la compra de un vehículo de Discapacidad que nunca fue adquirido; la venta de un tractor de la Municipalidad de Coronel Moldes a un muy bajo precio; adjudicación de lotes de manera irregular; la compra de seis casillas –para dar solución habitacional a seis familias- de manera irregular y que nunca fueron entregadas; y por transferir un inmueble de la Municipalidad de Coronel Moldes –a través de un proceso viciado- a un particular y no al fideicomiso que correspondía, tal como lo había autorizado el Concejo Deliberante

Carreras, quien había faltado a la primera audiencia de imputación y debió volver a ser citada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos bajo la advertencia de que, si no sería llevada por la fuerza pública, se abstuvo de declarar.

La exintendenta de Coronel Moldes fue denunciada en varias oportunidades por el actual mandatario, Oscar Carrasco, quien advirtió distintas irregularidades durante la gestión de Carreras.

Así, a la denuncia de venta (en octubre de 2018) de una cámara frigorífica del matadero municipal a José Muñoz sin cumplir con las formalidades previstas y sin poner en conocimiento del Concejo Deliberante, por las que Carreras está imputada –desde febrero de 2020- por los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público; ahora se sumaron las nuevas imputaciones.

Vehículo de Discapacidad no adquirido

El actual intendente Carrasco denunció que la Agencia de Discapacidad, mediante un convenio rubricado el 18/03/19, transfirió $1.379.800 al municipio de Coronel Moldes con el exclusivo objetivo de adquirir un vehículo adaptado para traslado el de personas con discapacidad, algo que nunca se concretó.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el personal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) del Ministerio Público Fiscal (MPF), Carreras libró cheques con su firma utilizando los fondos transferidos y se pudo corroborar que estos fueron cobrados por caja. “Las sumas no fueron rendidas al municipio, por lo que la sustracción de estos fondos -cuya administración y custodia se encontraban a cargo de Carreras- fue efectuada mediante el cobro por caja de cheques suscriptos por la misma”, destaca el informe de los peritos del Cuerpo de Investigadores Fiscales.

Teniendo en cuenta que esto perjudicó al patrimonio y al normal funcionamiento de la administración pública, como así también la confianza depositada en Carreras -que estaba a cargo de la administración de los recursos de la Comuna-, Salinas Odorisio la imputó por Peculado.

Venta de un tractor

El 23 de octubre de 2018, Rita Carreras vendió un tractor marca John Deere 6300, supuestamente en pésimas condiciones, de propiedad del Estado municipal por 200 mil pesos, hecho que fue denunciado por el actual intendente.

Las investigaciones realizadas permitieron comparar que, tractores similares y en el mismo estado, se vendían en ese momento por 28.000 dólares. Además, el informe presentado por el CIF da cuenta de que, “luego de unas reparaciones efectuadas por el comprador, el tractor se encontraba funcionando en regular estado de conservación”.

“Con la conducta descripta, la Sra. Carreras, en su carácter de intendente de Coronel Moles, causó un daño al patrimonio y perjudicó el normal funcionamiento de la Administración Pública de Coronel Moldes, como así también la confianza depositada en ella ya que, como intendente, tenía a su cargo la administración de los recursos Municipales”, concluyo la fiscala Salinas Odorisio antes de imputarla por fraude a la administración pública.

Adjudicación de lotes

La exintendenta Rita Carreras también fue imputada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público pues, a través de la sanción de la Resolución DEM 69/19, adjudicó lotes en forma directa, omitiendo efectuar en forma arbitraria los procedimientos establecidos y exigidos por la Ley 2616 sobre Enajenación de terrenos fiscales, y por la Ley 8126 sobre el Régimen de las Municipalidades; normativa vigente al momento del hecho y que la imputada efectivamente conocía, afectando con su accionar el correcto funcionamiento de la administración pública.

Compra de seis casillas como solución habitacional

En 2019, el Concejo Deliberante de Coronel Moldes sancionó la Ordenanza 32/19, mediante la cual se compelía a la denunciada a dar soluciones urgentes que garanticen el acceso a una vivienda digna, otorgando casillas prefabricadas y lotes a seis personas.

De acuerdo a lo denunciado por Omar Carrasco, el Ejecutivo municipal llevó a cabo un viciado proceso de contratación destinado a adquirir seis casillas prefabricadas. Mediante factura nro. 0001-00000175 del 21/06/2019, se instrumentó el pago de las seis casillas prefabricadas por 310.500 pesos cada una, dejándose constancia en ese mismo instrumento que las casillas fueron pagadas y entregadas.

Las investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales pudieron determinar que “la adquisición de las viviendas ha sido llevada incumpliéndose normas básicas e indispensables contempladas en la Ley de Contrataciones nro. 8072, de aplicación obligatoria en el ámbito del sector publico provincial y municipal sin excepción. La compra y adjudicación de las viviendas se llevó a cabo en forma directa debiéndose haber seguido el trámite de adjudicación simple previsto por la normativa vigente. Nunca se requirió ningún tipo de garantías a los fines de asegurar el cumplimiento y ejecución de los contratos, habiéndose operado el pago íntegro del precio acordado. Tampoco se solicitó la documentación básica que requiere una contratación y nunca se dio cumplimiento a las normas de publicidad. Tampoco se dio publicidad a las adjudicaciones”.

Las viviendas, a pesar de haber sido abonadas, nunca fueron entregadas ni al Municipio de Coronel Moldes ni a ninguno de los supuestos beneficiarios nombrados en la Ordenanza nro. 32/19, perjudicándose de ese modo las arcas municipales.

Por ello, la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos también la imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculadoprevistos en los art. 248 y 261 del Código Penal-, todo ello en concurso real.

Venta irregular del Loteo La Esperanza

El 11 de junio de 2019, Ginés Federico Ballesteros Ramos presentó una denuncia contra la exintendenta Rita Carreras por transferir un inmueble de la Municipalidad de Coronel Moldes –a través de un proceso viciado- a Jerónimo Atrio y no al fideicomiso que correspondía conforme lo autorizado por el Concejo Deliberante.

La Municipalidad de Coronel Moldes es propietaria de un inmueble conocido como predio municipal La Esperanza o Loteo La Esperanza (Catastro N° 2325 – Departamento La Viña), que se encuentra ubicado en una zona privilegiada de Coronel Moldes. Desde el 2010 y hasta 2019, la comuna realizó diversas inversiones en obras, trabajos y gestiones (servicio de agua potable, cloacas, luz y apertura de calles) -en algunos con recursos propios y en otros asumiendo compromisos mediante aportes reembolsables de fondos públicos de origen provincial y nacional-; tendientes a una eventual venta en lotes del inmueble.

Los estudios de costos y los análisis financieros de una eventual venta del inmueble, mediante la ejecución del loteo, suponían una ganancia aproximada para el municipio superior a los sesenta millones de pesos (lo que representaba dos veces el presupuesto de la comuna en 2019) y una eventual subdivisión del inmueble en aproximadamente 130 lotes de una extensión promedio de 300 metros cuadrados cada uno.

Mediante la Ordenanza 10/19, el Concejo Deliberante de Coronel Moldes aprobó la constitución de un fideicomiso de administración inmobiliaria, ordenando llevar a cabo un proceso de licitación pública. En la misma Ordenanza, el Concejo resolvió «derogar toda Ordenanza anterior», desbaratando así derechos adquiridos por terceros en base a anteriores Ordenanzas sancionadas, cumplidas y ejecutadas.

El 9 de mayo de 2019, Rita Carreras suscribió -en su carácter de Intendenta- la escritura traslativa de dominio del inmueble a favor de Mefor SRL, de Aníbal Jerónimo Atrio y Sara Verónica Verges.

De acuerdo a lo denunciado por Ballesteros, el proceso de adquisición del loteo se hizo incumpliendo normativas del llamado a licitación pública, omitiéndose citar a las cámaras que nuclean al sector de las entidades inmobiliarias y del sector de la construcción, privándose injustamente de un mayor número de oferentes y se omitió la publicación de la licitación en diarios provinciales. La apertura de sobres se habría llevado a cabo sin la intervención de un escribano ni juez de paz que de fe de dicho acto administrativo.

Además, señaló que la empresa beneficiaria fue la única que compró los pliegos, aunque luego Carreras manifestó en los medios de comunicación que existían otras dos empresas interesadas en participar de la licitación: la firma JVL SRL (propiedad también de los mismos socios de Mefor SRL, Aníbal Jerónimo Atrio y Sara Verónica Verges) y Santa Ana SRL, que no aparece constituida como tal en el Registro Público de Comercio.

Durante la investigación, desde el CIF pudieron determinar, además, que la empresa oferente encargada de comercializar los lotes, no aparece vinculada a la actividad del corretaje inmobiliario y según declaraciones del Presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (CUCIS), no registra ningún corredor inscripto vinculado a dicha sociedad, lo que supondría avalar el ejercicio ilegal de dicha actividad. Asimismo, se habría asegurado al supuesto intermediario una comisión del cuarenta por ciento, cuando en el mercado, las comisiones tienen un límite del tres por ciento a cargo del comprador y tres por ciento a cargo del vendedor.

Al día siguiente de la venta, el Club La Esperanza –que funciona en el loteo como club social desde hace años- y otros ocupantes de algunos sectores del loteo iniciaron un interdicto judicial, lo que derivó en el bloqueo del catastro en la Dirección General de Inmuebles.

Por todo ello, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio imputó a Carreras por incumplimiento a los deberes de funcionario público por realizar la licitación pública 01/19, incumpliendo, en forma arbitraria, reglas establecidas y exigidas por la ley 6.838, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia.

Por esta causa también fue imputada por fraude a la administración pública ya que, como Intendenta de Coronel Moldes, suscribió, mediante escritura N° 201, un contrato de fideicomiso con cláusulas perjudiciales para la Municipalidad (ausencia de precio mínimo de venta; utilidad del 60% sobre el producto de venta; retribución al fiduciario del 12%) y procedió a transferir un bien del estado municipal Jerónimo Atrio y no al fideicomiso que correspondía conforme lo autorizado por el Concejo Deliberante.