admin

Secuestró, amenazó y sometió sexualmente a su expareja

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías en feria extraordinaria la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 21 años, acusado de distintos delitos en perjuicio de su expareja.

El acusado fue imputado por los delitos de coacción, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de amenazas, abuso sexual con acceso carnal, lesiones agravadas por la relación de pareja y de género y coacción, todo en concurso real.

De las actuaciones investigativas se desprende que el imputado amenazó a la damnificada al expresarle que si lo dejaba, la mataría igual que al hijo de la mujer y que luego, se ahorcaría.

En una ocasión, el acusado llegó hasta el domicilio de la víctima ubicado en barrio San Jorge, para insistir en que continuaran con la relación y mediante amenazas de muerte, la llevó hasta una vía, donde la sujetó fuertemente del cuello.

En otra oportunidad, interceptó a la denunciante en la vía pública y la llevó por la fuerza hasta un inquilinato de barrio El Carmen, donde la mantuvo encerrada durante tres días, hasta que la mujer logró escapar. Previamente y en el mismo inquilinato, el imputado atentó contra la integridad sexual de la víctima, a quien obligó a mantener relaciones sexuales bajo amenazas.

El fiscal Obeid sostuvo en el requerimiento que el imputado, además de vulnerar la integridad sexual de la víctima, infundió un estado de temor y ejerció un poder estructural asimétrico y desigual, hechos que se agravan por la relación de noviazgo o pareja que mantuvieron previamente.

Insultó, golpeó y abusó de su esposa

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías en feria extraordinaria la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 51 años, acusado de los delitos de lesiones agravadas en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

Según se desprende del legajo de investigación, durante una madrugada de abril del año pasado mientras la damnificada estaba en el domicilio conyugal, el acusado subió a su habitación y comenzó a insultarla y golpearla.

Luego la bajó a la fuerza por las escaleras hasta otra habitación, mientras la mujer le decía que no quería mantener relaciones sexuales y el imputado le respondía que era su marido y que tenía derecho. Una vez que la víctima perdió sus fuerzas, el imputado la sometió sexualmente.

El fiscal penal Obeid sostuvo que el acusado afectó la incolumidad física de la damnificada al provocarle daños en el cuerpo y que su conducta se agrava por ser ejecutada por un hombre en perjuicio de una mujer, siendo cónyuges y al mediar violencia física y psíquica, lo que da cuenta del ejercicio de un poder estructural que evidencia la situación asimétrica y desigual.

Por otra parte, el imputado atentó contra la integridad sexual de la damnificada, al desplegar actos de contenido esencialmente sexuales en contra de su voluntad.
La denuncia fue radicada por la propia víctima en contra de su esposo con quien llevaba 14 años de convivencia.

Llevan a juicio a un hombre que abusó de una menor de 14 años

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 19 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor.

En el requerimiento, el fiscal Obeid sostuvo que el acusado atentó contra la integridad sexual de la víctima al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual en contra de su voluntad y valiéndose de su fuerza física.

El hecho ocurrió una tarde de junio del año pasado en El Carril, departamento Chicoana, luego de que la menor saliera del colegio en compañía de sus primas y mantuvieran una conversación con el acusado.

Una vez que víctima y victimario estuvieron solos, el imputado llevó a la niña tomada de las muñecas, detrás del arco de una cancha donde no hay casas y la sometió.

Días después, la menor de 14 años le contó lo sucedido a su madre, quien de inmediato radicó la denuncia.

Emergencia: El MPF donará equipamiento al hospital Papa Francisco

El procurador general de Salta, Abel Cornejo, resolvió que se realice una donación con cargo al hospital Papa Francisco. Se trata de equipamiento para un lavadero que podrá ser utilizado por todos los hospitales de la capital una vez superada la emergencia sanitaria actual. Los fondos para comprar el equipamiento saldrán de los incautados en causas de microtráfico. Se informará a la Auditoría General. Por qué el Procurador rechaza las colectas.

La donación con cargo, de $ 2.100.000, será destinada exclusivamente a la compra de una lavadora de ropa; una centrífuga pendular; un secador rotativo y una planchadora cubeta, para el funcionamiento de un lavadero que será de utilidad tanto para el Hospital como para el Centro de Convenciones, ambas instituciones designadas como Centros de Referencia para el tratamiento del Covid-19 en la provincia de Salta.

El cargo está sujeto a que una vez finalizado el periodo de emergencia epidemiológica, los bienes adquiridos deberán ser destinados exclusivamente para el uso de los hospitales públicos de la capital.

En la Resolución 967, Cornejo también instruyó a la Dirección de Administración a transferir los fondos a la cuenta que brinde la entidad beneficiaria e instruyó al fiscal penal a cargo de la UFINAR, a fin de que solicite a los juzgados de feria, con carácter de urgente, los libramientos de los fondos dispuestos por Resolución 966. (Ver más). La donación será informada a la Auditoría General de la Provincia.

Por qué equipamiento para hospitales y no donaciones en efectivo

La defensa de los intereses generales de la sociedad constituye una de las misiones más trascendentales del Ministerio Público Fiscal, según lo establece la Constitucional de la Provincia de Salta; y la salud y seguridad de la comunidad salteña resultan hoy ser bienes jurídicos de prioritario resguardo constitucional. Por ello, el Ministerio Público Fiscal de Salta, en su condición de representante del interés social, puede movilizar los recursos humanos y materiales que sean necesarios para responder a situaciones de contingencia.

A partir de la Resolución 966, el fiscal Santiago López Soto ya informó al Procurador el listado de causas con dinero secuestrado.

Vale mencionar que en 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo sobre el destino de bienes decomisados del narcotráfico “que resulta imprescindible establecer como política de Estado consistente, efectiva y coordinada, que todos aquellos bienes provenientes del delito, sean empleados para una finalidad de utilidad pública como lo es la seguridad de la población” y justamente, la seguridad y salubridad de la sociedad salteña hoy requieren medidas extraordinarias.

Transparencia y solidaridad, sin posturas ampulosas ni dadivosas

Afirmó el Procurador que “esta situación de inusitada excepcionalidad obliga a extremar esfuerzos y ponderar la administración de los recursos de una manera equilibrada conforme a la gravedad que la hora exige” y precisamente, por ello, “la transparencia y la solidaridad, aún siendo presupuestos habituales en el desempeño de la función pública, demandan mayores recaudos y como tal conductas apropiadas al uso y destino de fondos que nada tienen que ver con posturas ampulosas o dadivosas, sino con una eficaz ayuda para los organismos de la salud pública que demandan equipamiento con carácter de urgente”.

Cornejo también afirmó que “no se trata de recolectar o formar colectas, sino de atender con premura y responsabilidad a los centros sanitarios que ante una voraz y creciente enfermedad pandémica necesitan aguzar el ingenio y que se los dote de lo mínimo indispensable dentro de un contexto económico paupérrimo”.

Y entendió que para el Ministerio Público Fiscal “las donaciones de sumas de dinero o la incautación de un porcentaje del salario que perciben los trabajadores, lejos de paliar una cuestión apremiante, posibilitan que se generen confusiones o destinos inciertos, cuando el control republicano exige que cualquier destino del erario debe ser debidamente auditado y cotejado con las cuentas para los cuales se los asignó”.

De allí que realizar una compra directa de material para la asepsia de un hospital, es mucho más provechosa y diáfana; máxime si los fondos pertenecen a secuestros de remesas procedentes de causas de microtráfico que no le cuestan al Estado ni un céntimo de su patrimonio, más allá de que de la compra del equipamiento se le dará debida intervención a la Auditoría General de la Provincia, a los efectos que ejercite su competencia.

Otras acciones del MPF para acompañar la Emergencia

Desde que se dictó la Emergencia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Procurador dictó instrucciones dirigidas a acompañar las medidas emanadas de la autoridad sanitaria Nacional y Provincial.

Hoy destacó el compromiso individual y colectivo de todo el personal: de cada uno de los sumariantes, equipos técnicos y operativos informáticos, de investigaciones, de seguridad, empleados, funcionarios y fiscales, afectados a la feria extraordinaria y al sistema de guardias rotativas, para garantizar la prestación efectiva del servicio de justicia.

También resaltó que el Ministerio Público Fiscal adhirió al congelamiento de sueldos desde febrero pasado, y que en marzo último, el Centro de Investigaciones Fiscales (CIF), donó al hospital Señor del Milagro 20 equipos de protección personal (indumentaria de alta protección).

UFINAR requerirá fondos y bienes secuestrados del narcotráfico

El procurador general de Salta, Abel Cornejo, instruyó al fiscal penal a cargo de la UFINAR para que requiera a los jueces intervinientes que los automotores, motocicletas, aeronaves, embarcaciones, máquinas y equipos industriales o agrícolas y el dinero en pesos y divisas extranjeras (secuestradas o decomisadas), sean destinados al Ministerio Público Fiscal. Le corresponde el 30% del total de lo secuestrado, que debe destinarse a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y gastos que demandan las investigaciones.

El procurador Abel Cornejo y la coordinadora general, Ana Cecilia Carraro, firmaron la Resolución 966, que instruye al fiscal de UFINAR a requerir a los magistrados los bienes y dinero provenientes de secuestros o decomisados, para destinarlos a los fines establecidos en la ley.

La Resolución precisa que la Ley de Presupuesto prorrogada, autoriza al Ministerio Público de la Provincia de Salta a reinvertir los fondos provenientes de “la venta de productos elaborados, bienes en desuso u otros ingresos”, de acuerdo a los procedimientos y metodologías establecidos por la Ley de Contrataciones. También la ley nacional 23737, establece que “El juez… procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito”. Y en Salta, la Ley 7838, dispone que “El Juez de Garantías, a pedido del Fiscal o de parte interesada, dispondrá la entrega en depósito de los bienes secuestrados…”.

Con mayor especificidad para el supuesto de dinero secuestrado, la Ley 7838, modificada por Ley Nº 8.145, prevé que “El Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el treinta por ciento (30 %) del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad para solventar gastos vinculados a las investigaciones llevadas a cabo contra los delitos de su competencia”.

Vale recordar que la Ley 7782, modificada por la Ley 8145 establece que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y/o el producto de su venta se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, y para solventar gastos vinculados a las investigaciones de los delitos previstos por la Ley Nacional 23737.

Para tal fin, se dispuso la apertura de una cuenta bancaria en moneda nacional y otra en dólares estadounidenses, ambas con titularidad del Ministerio Público de la Provincia de Salta, denominada “UFINAR”.
La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) fue creada en 2017, pero nunca dispuso de los fondos o bienes establecidos por el marco jurídico vigente.

Piden preventiva para dos hombres que amenazaron, intentaron robar y violaron la cuarentena

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke requirió ante el juzgado de Garantías en feria extraordinaria la prisión preventiva de los imputados Ángel Federico Arias y Carlos Alberto Arias, acusados de distintos delitos, en varios hechos.

Los imputados están acusados de los delitos de violación de medidas sanitarias (siete hechos), en concurso real con amenazas con armas (siete hechos), tentativa de robo, violación de domicilio (dos hechos) y resistencia a la autoridad por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del coronavirus.

Según consta en las actuaciones, el sábado 28 de marzo, los imputados estuvieron en la vía pública en distintas horas del día y contravinieron las disposiciones del DNU que establece como medida de prevención del COVID- 19, la obligación de permanecer en sus residencias habituales, sin poder desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y contagio del virus.

La imputación precisó que Ángel Federico Arias y Carlos Alberto se presentaron en los domicilios de seis denunciantes y los amenazaron, con machete en mano. Se trata de seis personas que habían apoyado a otro vecino que denunció a los Arias por un intento de robo.

Por los distintos hechos denunciados, el Juzgado ordenó inicialmente la detención de los imputados y durante el procedimiento para dar cumplimiento a lo dispuesto, los acusados también amenazaron a los efectivos policiales.

Imputado por cortar la ruta y violar la cuarentena

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó provisionalmente a Julio César Palavecino, por la comisión de los delitos de entorpecimiento de los medios de transporte y violación al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por Nación con motivo del coronavirus.

Del decreto de imputación se desprende que en la mañana del 30 de marzo, el acusado, en compañía de otras personas obstruyó la circulación en señal de protesta sobre la ruta provincial 54, kilómetro 7, a la altura de Campo Durán.

Dos días antes, el acusado fue intimado al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, tras ser encontrado junto con un grupo en el ingreso al predio de la empresa Refinor.

El fiscal penal Cazón sostuvo que el imputado de cometió una clara violación a al DNU 297/20 y 260/20 de Nación y la Resolución de la Procuración General de la Provincia de Salta 962/20, correspondiente al estado de aislamiento social y obligatorio con motivo del coronavirus.

Incumplir las medidas adoptadas por las autoridades tendientes a impedir la propagación del coronavirus, constituye un delito contra la seguridad pública.

Investigan el accionar policial en un merendero

El fiscal penal interino de Derechos Humanos, Santiago López Soto, informó que fue abierta una investigación por los hechos que tomaron estado público sobre el accionar de efectivos de la Policía de la Provincia en el merendero “Carita Feliz”, de barrio 26 de Marzo de la capital salteña. No hay denuncia radicada.

Foto: Página 12

Del informe presentado por el personal de la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, se desprende que personal de Motoristas del Sistema de Emergencias 911-Grupo GEDAM participaron en el hecho ocurrido el 30 de marzo, a las 17:45 en relación al Decreto Nacional 297/20 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El informe indica que tras finalizar con la entrega de alimentos y mientras preparaban el cierre del merendero, se presentó el personal policial en motocicletas, quienes se dirigieron hacia un auto de color blanco estacionado frente al merendero, donde dos hombres escuchaban música.
Mientras los efectivos policiales registraban a ambos, apareció la hermana de uno de ellos, quien al observar la situación sufrió una descompensación por epilepsia.

Una vez que la mujer fue restablecida, los policías notificaron a los presentes sobre las medidas por la cuarentena.
El informe del CIF concluye que en el lugar no hubo personas lesionadas ni demoradas y que tampoco fue realizada ninguna denuncia por los hechos.

Santa Victoria Este: Declaró el imputado por vender bidones con herbicida

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó provisionalmente a Marcial Alejandro Flores Mamaní, de nacionalidad boliviana, por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad pública y la salud de la población. El acusado concurrió a la audiencia de imputación asistido por un defensor particular y ejerció su derecho a declarar.

El pasado 30 de marzo en el local comercial del acusado, ubicado en la avenida San Martín de Santa Victoria Este, personal del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), incautó 300 bidones de 20 litros cada uno, que estaban vacíos y en venta.

Foto: Diario El Tribuno

El fiscal Cazón sostuvo que dichos bidones, que contienen residuos de contenidos químicos utilizados para el agro, representan un serio problema de salud para las personas y principalmente para las comunidades aborígenes del Chaco salteño.

En el decreto de imputación consta la supuesta comisión del delito de violación a las leyes nacionales 27.270; 27.233 y 24.051 y a la Ley provincial de Medio Ambiente 7070 y 7812, en grado de autor.

Además, el fiscal indicó que el imputado, de 47 años, también cometió una clara violación al DNU 297/20 y 260/20 de Nación y la Resolución de la Procuración General de la Provincia de Salta 962/20, correspondiente al estado de aislamiento social y obligatorio con motivo del coronavirus.

Sur provincial: Una pareja intimada y un detenido por amenazar con armas al vecino

La Fiscalía Penal 2 de Metán intervino tras la consulta policial por amenaza contra un vecino, desobediencia judicial y por violación del aislamiento preventivo, social y obligatorio. El fiscal Gonzalo Gómez Amado, que está a cargo de la fiscalía de Rosario de la Frontera interinamente, también imputó a un hombre por la violación a las disposiciones sanitarias por el COVID-19.

El primer caso se inició tras los controles realizados por personal de la subcomisaría El Mirador sobre cumplimiento del DNU del Poder Ejecutivo Nacional, que establece como medida de prevención para la propagación del COVID- 19, el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Una pareja de jóvenes fue demorada cuando se encontraban en la plaza del barrio Ramón Abdala, de Rosario de la Frontera. El tiene 19 años y ella es menor de edad. El fiscal, Gonzalo Gómez Amado imputó al mayor por la violación del aislamiento preventivo, social y obligatorio, mientras que la menor quedó a disposición del Juzgado de Menores de turno.

Por otro lado, el segundo caso inició tras la denuncia de un vecino de Lumbreras, quien denunció haber sido amenazado por un vecino. El juez interviniente ordenó una medida cautelar solicitada por el fiscal y al acusado, identificado como Humberto Ernesto Mendoza, se le prohibió acercarse al domicilio del damnificado, ejercer actos de violencia, proferir amenazas e ingerir bebidas alcohólicas.

A pesar de haber sido notificado de las medidas, vecinos de la cuadra alertaron a la policía que Mendoza nuevamente se encontraba afuera y vociferando frente a la casa del denunciante. Personal policial del destacamento Río Piedras llegó al lugar y pidió al acusado volver a su domicilio. El hombre desoyó el pedido e incluso amenazó al efectivo al decirle que “tenía marcado a dos policías” y que “los abriría de punta a punta”. El informe policial menciona que Mendoza se encontraba con aliento etílico. Se le secuestraron un machete y un cuchillo tipo carnicero cuando fue detenido.

Con estos elementos, el fiscal imputó a Mendoza por los delitos de amenaza en perjuicio de su vecino, desobediencia judicial y la violación a las disposiciones sanitarias por el COVID-19.