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Incumplimiento y peculado: no declaró el exintendente de Quijano

El exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, se encuentra imputado por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Interviene la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke.

El exjefe comunal de Campo Quijano, Manuel Cornejo, fue imputado tras la investigación iniciada por irregularidades detectadas en el registro de gastos que no contaban con la documentación para el control de legalidad de la erogación.

Cornejo asistió a la audiencia de imputación asistido por su defensa y se abstuvo de declarar. Deberá presentar un escrito en las próximas 48 horas.

A Cornejo también se le atribuyó la adquisición de una camioneta Chevrolet que no fue registrada a nombre del Municipio, aunque fue obtenida con fondos públicos mediante el pago con cheques. El vehículo fue reintegrado por la fiscal a la Municipalidad quijaneña, del departamento Rosario de Lerma.

La investigación de la fiscalía incluyó el cotejo de numerosa documentación contable, con libros de bancos del Municipio, resúmenes de cuenta de distintas entidades bancarias, pedidos de informes a distintos organismos recaudadores y registrales, y de empresas privadas.

La fiscal penal Simesen de Bielke ordenó una serie de medidas tendientes al esclarecimiento de la causa, entre ellas, numerosas pericias contables que permitirán avanzar en la investigación.

El femicidio de Rosa Sulca era evitable: ampliaron las imputaciones contra otros policías y operarios del 911

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, de Unidad Fiscal Especial, imputaron preventivamente a distintos funcionarios, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. Las audiencias de imputación ocurrieron entre este jueves y viernes.

Las imputaciones recayeron sobre el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.

En todos los casos, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

El operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez, de 30 años, fue quien atendió el llamado de auxilio de Rosa Sulca, cuando ella advirtió que su vida corría peligro. Fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, toda vez que en su calidad de agente integrante del Sistema de Emergencias 911 y dentro de las previsiones del artículo 77 del Código Penal, omitió dar la importancia que revestía la llamada de clara de emergencia, y que con una conducta omisiva, puso en peligro concreto la vida de una persona al no desplegar una conducta activa que pudo evitar el resultado lesivo.

El supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, de 34 años, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, toda vez que, encontrándose a su cargo el contralor de las actividades llevadas a cabo por el operador, incumplió deliberadamente las obligaciones a su cargo al retirarse de su puesto de trabajo por un lapso de 30 minutos sin que otra persona supervisara las actividades, lo que conllevó al peligro concreto hacia la vida de extinta.

El despachante policial, Héctor Roberto Herrera, de 45 años, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, por incumplir deliberadamente las obligaciones a su cargo consistentes en informar al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio, lo que conllevó ello al resultado fatal de la muerte de Rosa Sulca, ya que al ser la persona que tuvo contacto directo con los recursos de calle, no dio cumplimiento a las previsiones legales.

El jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, de 41 años, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, por omitir dar cumplimiento a sus funciones al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, contando con la posibilidad cierta de escuchar el audio para tomar una decisión en orden a la asignación correcta.

El supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera, de 42 años, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, quien pese a haber consignado una situación de “pedido de auxilio”, omitió cumplir con lo que dispuesto por el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativa al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, teniendo en todo momento a su disposición el audio de la llamada de auxilio.

Imputaciones previas

El 30 de abril, La Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

En tanto, el 4 de mayo, los fiscales imputaron al comisario mayor, Fabián Tolaba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.

Violó la cuarentena y amenazó con arma a sus vecinos

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics, imputó a Marcelo Augusto Dal Santo, acusado de los delitos de amenazas con arma y violación a las medidas dispuestas por la autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia en concurso real. Permanece detenido. El fiscal solicitó al juzgado de Garantías interviniente realización de una junta médica psiquiátrica para evaluar su situación.

Del decreto de imputación se desprende que el domingo 10 de mayo a las 15:50, en Villa Rebeca, (San Luis) el acusado amenazó con un arma blanca a sus vecinos y denunciantes. Los acusó de vender drogas, bebidas alcohólicas y los amenazó de muerte. También aseguró que “es amigo del poder” por conocer a la Intendenta y el Vicegobernador.

El fiscal penal Jovanovics entendió que el imputado, de 42 años, cometió la producción de un mal grave, futuro, serio e injusto, lo que causó la alarma entre sus víctimas al infundirles temor mediante el uso de un arma blanca, en el barrio mencionado de la capital salteña.

A su vez, el imputado también violó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por presentarse frente a los denunciantes e infringió las normas impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante los DNU N° 260/20 y 297/20.

Tres imputados por vender drogas en barrio Autódromo

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a Talía Alejandra Brites, Miguel Omar Brites y Ramón Domingo Figueroa, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres personas en forma organizada y por cometer el hecho en perjuicio de menores de edad.

El allanamiento al domicilio de uno de los imputados realizado el 13 de mayo permitió dar con los acusados mientras fraccionaban sustancias. Ese día se secuestraron 12 envoltorios de plástico color negro que contenían una sustancia blanquecina en forma de ralladura, tres envoltorios de plástico color negro con sustancia blanquecina en forma aterronada, una hoja A4 con sustancia blanquecina rallada suelta, una tarjeta de plástico con restos de sustancia, una tijera, un cepillo de dientes, un cuchillo, distintos frascos y un total de $43.280 en efectivo.

De otras habitaciones del mismo domicilio, se secuestraron una hoja en blanco con sustancia, un envoltorio de plástico transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura, tres teléfonos celulares y 10 proyectiles de distintos calibres.

El narcotest realizado sobre la sustancia dio positivo para cocaína y sus derivados por un total de 33.7 gramos.

En tanto, el allanamiento al domicilio de otro de los imputados, permitió el secuestro de distintos envoltorios con sustancia vegetal, cuatro plantines de marihuana y dos celulares.

El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio positivo para cannabis sativa.

En base a los elementos obtenidos y mediante las tareas de vigilancia realizadas por personal policial, se pudo determinar que las tres formaban parte de una organización con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y posterior venta de sustancia estupefacientes. También fue documentada una venta que realizaron a un menor de edad.

Tentativa de femicidio: estuvo detenido por violento y ahora intentó matarla

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, imputó a Alberto Rafael Velázquez por el delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género. En la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar.

El fiscal penal Torres Rubelt entendió que el imputado, de 34 años, habría ahorcado a la víctima con una goma y mientras la sostenía del cuello, le tapaba la nariz, con una clara intención homicida, siendo una zona vital y sin lograr su cometido por causas ajenas a su voluntad, ya que la víctima logró escapar.

Las actuaciones iniciaron por la denuncia de la víctima, de 37 años, quien expresó que mantuvo una relación sentimental con el acusado durante dos años y cinco meses y que terminó en diciembre de 2019, cuando el imputado la agredió.

En esa oportunidad, la víctima denunció los hechos de violencia y el acusado fue detenido. Sin embargo, tres meses después, Velázquez reapareció y entró al domicilio de la víctima sin autorización y continuó las agresiones.

Según consta en el decreto de imputación, el 5 de mayo Velázquez ingresó a la casa de la víctima en estado de ebriedad e intentó agredirla con un machete, mientras la perseguía, gritaba y amenazaba. Luego de agredirla, el imputado escapó.

En tanto, el 10 de mayo, el imputado entró a la casa nuevamente y se instaló allí. La denunciante afirmó que en el transcurso de los días, ejerció violencia sobre su persona, tanto psicológica como física y que llegó al punto de agredirla con golpes de puño si ella probaba bocado antes que él o si iba al baño sin permiso.

El 12 de mayo, el acusado, nuevamente en estado de ebriedad, volvió a agredir verbal y físicamente a la mujer. La denunciante expresó que logró escapar de la casa junto a sus hijos tras llegar hasta una ruta y refugiarse en los matorrales, donde el acusado la encontró y continuó las agresiones.

Por último, la víctima expresó que teme por las amenazas que la madre y hermanas del acusado profirieron en perjuicio de sus hijos, ya que le advirtieron que sí lo denunciaba, los matarían.

Estafas: detuvieron a dos falsas gestoras de ANSES

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó preventivamente a Silvia Manuela Flores y Romina Anahí Figueroa, por los delitos de tentativa de estafas (dos hechos) y violación a las medidas adoptadas para evitar la propagación de una pandemia, en concurso real.

Del decreto se desprende que ambas detenidas simulaban pertenecer a ANSES y se ofrecían a realizar trámites de jubilación a cambio de datos personales y números de cuenta, con la intención de estafar a sus víctimas.
Las imputadas no pudieron cumplir con su cometido debido a las denuncias de las personas que advirtieron las maniobras desplegadas.

Ambas fueron detenidas el pasado 12 de mayo en la vía pública, mientras infringían el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por DNU 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, sin portar ni acreditar el permiso de circulación conforme lo establece la autoridad provincial.

La fiscal Simesen de Bielke reiteró las recomendaciones para evitar estafas con beneficios sociales y de otro tipo.

Rigen controles sanitarios en el acceso a la Procuración General de la Provincia

La entrada principal del edificio Anexo Norte de Ciudad Judicial también cuenta con controles estrictos para quienes ingresen. Desde la limpieza del calzado, hasta la medición de temperatura del ingresante, se aplican distintas medidas para garantizar que el personal del MPF y quienes requieren el servicio de justicia, cumplan con los protocolos de seguridad y salubridad.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la incorporación al “Esquema de Control de Accesos del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de Salta” del Anexo Norte, como entrada principal a la Procuración General. Lo hizo en el marco del DNU 459/20 del Poder Ejecutivo Nacional que prorroga el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio con motivo del Coronavirus.

Como se sabe, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y en consonancia con los restantes miembros del Colegio de Gobierno, fueron aprobados los protocolos de trabajo en virtud de los cuales el personal reducido en las dependencias debe reintegrarse al trabajo presencial, con los cuidados sanitarios correspondientes.

Al advertir que el Anexo Norte representa el ingreso principal a la Procuración General y que no fue originalmente contemplado en el Esquema de Control de Accesos, el Procurador dispuso su incorporación en base al número de empleados que ingresan por el área, para dar conformidad a los protocolos de seguridad y salubridad dispuestos.

General Güemes: Seis imputados por el abuso de cuatro niños

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la integridad sexual, Rodrigo González Miralpeix, imputó preventivamente a seis personas, entre ellas cuatro menores de edad, en la causa que investiga los hechos que tomaron estado público ocurridos en barrio Nueva Esperanza de General Güemes.

En ese lugar, los vecinos realizaron numerosas denuncias que alertaron sobre la posible explotación sexual a la que eran sometidos los niños durante juegos de cartas en los que participaba su madre.
La mujer y madre de los niños, de 29 años, fue detenida junto a cuatro adolescentes y un mayor de 33 años.

Luego de la que fiscalía investigara los hechos y recibiera la declaración de diversos testigos, la mujer y madre de los niños, de 29 años, fue imputada por los delitos de facilitación a la corrupción de menores agravada en concurso real con facilitación a la prostitución (cuatro hechos).
En tanto, el hombre de 33 años y los cuatro menores, de entre 13 y 15 años, fueron imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Por otra parte, la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, dispuso una seria de medidas tendientes al esclarecimiento de la causa y la prisión preventiva de los dos mayores acusados, mientras que los adolescentes quedaron a disposición del Juzgado de Menores.

Intentó matar a su pareja delante de uno de sus hijos

Un hombre fue imputado por la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, por el delito de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género, en perjuicio de su pareja. El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes, en su domicilio de barrio 9 de Julio, de Tartagal, donde atacó a su pareja con un arma blanca. El sujeto se fue cuando intervino su hijo.

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó a Daniel Delgado, de 36 años, por el delito de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género, en perjuicio de Alejandra Yanina Mercado, de 33, a quien apuñaló en el tórax y abdomen. La víctima sobrevivió y se encuentra internada en terapia intensiva del hospital de Tartagal, Juan Domingo Perdón.

Según consta en las actuaciones, uno de los hijos de ambos, de 17 años, fue testigo del ataque en la casa que compartían e intervino cuando vio la agresión del padre a la madre. En un primer momento, el acusado escapó, pero fue detenido luego en un terreno de propiedad de su familia y con el cuchillo en su poder. Continúa detenido.

Aumentó la ayuda social y también las estafas: recomiendan no brindar datos

Ante el incremento incesante de denuncias, los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos Complejos y la División de Delitos Económicos, elaboraron una serie de recomendaciones y advertencias a tener en cuenta para evitar ser víctimas de estafas telefónicas. El aumento de beneficiarios de ayudas sociales excepcionales otorgadas por la emergencia generada por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, generó más denuncias por estafas.

Las modalidades más frecuentes son las siguientes:

1- Llamadas telefónicas a líneas fijas o celular, en las que la persona que llama refiere ser de alguna entidad bancaria y mediante el ardid de que se deben corroborar las cuentas para operar con home banking o actualizar los datos, debido al período de cuarentena. Solicitan datos de la clave y número de cuenta, para luego operar en ella y realizar transferencia de dinero; lo que es falso. No se debe aportar ningún tipo de información. En menor cuantía se han detectado llamados por estafas telefónicas recibidas por ser beneficiario de un premio o reparación de Anses, lo que resulta en acciones defraudatorias, por lo que se recomienda no aportar información personal ni realizar depósitos ni transferencias de dinero.

2- Un desconocido llama por teléfono particular de un adulto mayor y refiere ser un hijo o nieto, imposta la voz y manifiesta que sufrió un accidente de tránsito y que no puede hablar. Seguidamente, otra persona aborda la comunicación y simula ser un médico. Éste expresa que se debe operar de urgencia a la supuesta y solicita dinero en efectivo para el pago de la intervención, advirtiendo que para ello enviarían a una persona o móvil policial a retirarlo. Quien llama se asegura de que la comunicación no se corte hasta la llegada de quien retira el dinero y obtener información acerca del monto. Inclusive sugiere dónde colocarlo para la entrega y garantizar que la víctima no pueda comunicarse con alguien más que la advierta la maniobra.
Inmediatamente, aparece en el domicilio una persona que se presenta como encargada de llevar el dinero al hospital, quien lo toma y escapa.

3- Un desconocido llama a un número de línea fija, generalmente dirigida a un adulto mayor y le advierte que un familiar fue secuestrado. Exige dinero para la liberación en efectivo o por transferencia bancaria, para lo que aporta un número de cuenta; o en su defecto el aporte de datos de tarjetas de crédito y débito. En algunos casos la voz suele parecerse a un tono de origen extranjero latino.

La modalidad delictiva conocida como “Cuento del Tío” configura el delito de estafa, por lo que se recomienda atención ante este tipo de llamadas y desconfiar de su veracidad. Debe advertirse que los estafadores piden la entrega de dinero a un desconocido y que la situación no puede resultar de ninguna manera regular, por lo que se recomienda no realizar ninguna disposición sin las averiguaciones pertinentes.
Las víctimas de estas estafas deben dar conocimiento inmediato al sistema de Emergencia 911.