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Dos condenados y una menor penalmente responsable por vender drogas en Atocha

El fiscal penal de Ufinar, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que la jueza Mónica Faber condenó a Cristian Sebastián Robles y Andrea Elizabeth Ibarra, a la pena de cuatro años de prisión efectiva, por ser autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También declaró penalmente responsable a una menor por el mismo delito.

Tareas de vigilancia permitieron observar a la menor mientras entregaba sustancias estupefacientes a jóvenes a cambio de dinero, mientras que un allanamiento realizado en su domicilio ubicado en Atocha III, permitió el secuestro de sustancias estupefacientes acondicionadas para la venta.

Cuando el personal policial ingresó a la vivienda, observó a Cristian Sebastián Robles desplazarse rápidamente hacia la habitación del fondo, donde tiró por la ventana un objeto que luego se determinó que contenía sustancia estupefaciente.

Respecto de Andrea Ibarra, quedó comprobado que llevaba cabo la comercialización de estupefacientes en el interior del inmueble. A eso se suma que cuando se realizó el allanamiento en el domicilio, no pudo ser encontrada, aunque sí se logró el secuestro de sustancias estupefacientes. Luego el 4 de julio de 2019, se produjo su detención.

Oportunamente, el fiscal penal Santiago López Soto solicitó la responsabilidad penal de la menor y el decomiso del dinero secuestrado y la afectación del 30% para la cuenta del Ministerio Público Fiscal destinada a la lucha contra el microtráfico.

Una organización familiar y armada, imputada por venta de drogas

El fiscal penal de Ufinar, Santiago López Soto, imputó a Juan Antonio Cuéllar,  Marcela del Valle Santillán y Victoria Cuéllar, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada. Juan Antonio Cuéllar y Marcela del Valle Santillán también fueron imputados por portación de arma de fuego de uso civil, la que fue secuestrada durante el allanamiento realizado en su domicilio.

En base a los elementos obtenidos de tareas de vigilancia realizadas por personal policial, la identificación de personas que adquirieron sustancias a través de los imputados y el resultado de los allanamientos realizados el pasado 18 de junio, en los que se secuestró elementos de interés para la causa, pudo determinarse que los acusados formaban parte de una organización de más de tres personas, con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y posterior venta de drogas.

La intervención del fiscal López Soto se produjo tras una denuncia anónima radicada el 28 de mayo en la base de Operaciones del Sector 1B, en la que una persona expresó su molestia por la venta de droga que los imputados realizaban en inmediaciones del canal cercano al tanque de agua de avenida Las Costas y que recibió insultos y amenazas de parte de ellos.

Además, vecinos que no aportaron datos personales por temor a represalias, manifestaron que Cuéllar, su pareja Marcela del Valle Santillán y la hermana del primero, Victoria Cuéllar, vendían drogas y que residían a orillas del canal que separa los barrios Ampliación San Ramón y Palermo I, en la oeste de la capital salteña.

El allanamiento realizado en el domicilio de la pareja permitió sus detenciones y el secuestro de 90 envoltorios de polietileno sellado color rosado y cuatro color negro con sustancia blanquecina pulverulenta, un envoltorio de polietileno transparente con sustancia amarillenta en forma compacta, dos terrones de sustancia amarillenta en forma compacta, un envoltorio de polietileno transparente con sustancia vegetal disecada en forma compacta, dos macetas con plantines de cannabis sativa, una balanza granera, un cuchillo tipo tramontina con restos de sustancia blanquecina, 10 cartuchos de distintos calibres, un revolver calibre 32, tres teléfonos celulares y la suma de $25.500 en efectivo.

El narcotest sobre la sustancia secuestrada dio resultado positivo para cannabis por un peso de 16,3 gramos y positivo por cocaína por un peso de 11,5 gramos.

En tanto, el allanamiento realizado en la residencia de Victoria Cuellar permitió su detención y el secuestro de 15 envoltorios de polietileno color verde con sustancia blanquecina pulverulenta “pipas”, un plantín de cannabis sativa, tres teléfonos celulares, una notebook y la suma de $ 350. El narcotest sobre la sustancia secuestrada dio resultado positivo por cocaína por un total de 2,7 gramos.

Citaron a una joyera para hacer negocios y le robaron a mano armada

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó a cuatro personas acusadas del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda.

Se trata de Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, de 36 años y  José Matías Ángel, de 33, señalados como autores materiales; Braian Nicolás Liendro, de 18 años, imputado como autor intelectual y Jennifer Abigail García, también de 18, acusada de encubridora.

Las actuaciones de la fiscalía iniciaron tras la denuncia de la víctima, una comerciante de joyas, quien indicó que el 19 de mayo la citaron en una dirección de barrio Bancario para vender oro y que mientras esperaba, tres hombres armados llegaron en una moto, la agredieron violentamente y le sustrajeron un bolso con objetos personales y la suma de $ 60.000. También le arrancaron una cadena de oro del cuello y escaparon.

Diversas tareas investigativas permitieron determinar que se trataba de una banda delictiva integrada por cinco personas, tres de los cuales cumplieron una condena por delitos contra la propiedad y que recuperaron la libertad.

Tras reunir los elementos de prueba, se realizaron ocho allanamientos en domicilios ubicados en los barrios Democracia, Santa Ana, Castañares, Ampliación Parque la Vega, Juan Calchaqui y Manantial Sur, de la Ciudad de Salta, que permitieron la detención de Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, José Matías Ángel, Braian Nicolás Liendro y Jennifer Abigail García.

En los procedimientos se logró el secuestro del teléfono celular con el que contactaron a la víctima, vestimenta utilizada al momento del atraco y la cadena de oro sustraída que fue reconocida por la víctima en fiscalía y le fue devuelta.  

En tanto, continúa la investigación para dar con otra persona que estaría vinculada.

Microtráfico: Denunciados a través de la web, hoy están imputados

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Luciano Gabriel Vaca y Sebastián Matías Rodríguez, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En base a los elementos obtenidos tras las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial, la identificación de personas que adquirieron sustancias a través de los imputados y el resultado de dos allanamientos realizados el 18 de junio pasado, pudo determinarse que los acusados tenían a su disposición cocaína que destinaban a la venta.

La intervención del fiscal penal Santiago López Soto se produjo tras una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Fiscal, en la que se indicó que en un domicilio de barrio Limache, el imputado Luciano Gabriel Vaca vendía sustancias estupefacientes.

La denuncia fue constatada mediante fotos y entrevistas con vecinos que no quisieron aportar sus datos personales por temor a represalias, y que manifestaron que tanto Vaca como otra persona, identificada como Sebastián Matías Rodríguez, vendían droga cerca de sus domicilios.

Un allanamiento realizado en el domicilio de Luciano Gabriel Vaca permitió su detención y el secuestro de una billetera con $2750 y un envoltorio de polietileno con sustancia blanquecina en forma de polvo que tenía entre sus prendas.

Del inmueble se secuestró 49 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina en forma de polvo, una moto Zanella y un teléfono celular.

El narcotest dio positivo para cocaína, por un total de 3.9 gramos.

Otro allanamiento realizado el mismo día en la residencia de Sebastián Matías Rodríguez permitió su detención y el secuestro de $2550 y tres envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo que tenía entre sus prendas, mientras que del domicilio no se secuestraron elementos de interés para la causa.

El narcotest dio resultado positivo para cocaína, por un peso inferior al gramo.

Inicia el juicio contra la «banda del Botudo»

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, representará al Ministerio Público Fiscal en el juicio contra siete personas imputadas por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en banda.

Se trata de los imputados Miguel Ángel Condorí Ortíz, alias «Botudo»; Jairo Herrera; Carlos David Condorí, alias «Pety»; Rosa Estela Reyes; Clemente Gareca; Juan Carlos Quiroga, alias «Gordo Mía» y Deonel Tordoya.

Las audiencias se llevarán a cabo en la Ciudad Judicial de Tartagal desde este lunes 22 de junio a las 9 y está previsto que se extiendan hasta el jueves 25.

El Tribunal de Juicio estará integrado por los magistrados Ricardo Martocchia, Anastasio Vásquez Sgardelis y Soledad Rodríguez.

El fiscal penal Armando Cazón, tomó intervención en la causa tras la denuncia penal radicada por Milton Alejandro Villa, tras sufrir el robo de su camioneta en la noche del 17 de agosto de 2018, en la intersección de la calle Salta y el pasaje Jujuy del centro de Salvador Mazza.

El denunciante reconoció a los imputados Miguel Ángel Condorí Ortíz, Jairo Herrera, Carlos David Condorí y Rosa Estela Reyes.

De un informe de la Brigada de Investigaciones 4 se desprende que los mencionados operaban con personas de Bolivia en distintos ilícitos cometidos.

Tras descentralizar las causas para clarificar la situación de cada acusado, surgen como coautores los imputados Miguel Ángel Condorí Ortíz, Jairo Herrera, Carlos David Condorí y Deonel Tordoya.

En tanto, Rosa Estela Reyes, Juan Carlos Quiroga y Clemente Gareca surgen como cómplices primarios.

Van a juicio por abusar de una menor de 14 años

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres hombres, acusados del delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por tres personas, en perjuicio de una menor de 14 años.

Del requerimiento surge que los acusados atentaron contra la integridad sexual de la damnificada al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual en contra de la voluntad de la víctima.

El hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2019, cuando la víctima salió de su domicilio ubicado en barrio Castañares, mientras los acusados se acercaron a buscar al tío de la menor. Allí, la arrinconaron y uno de ellos la sometió a tocamientos.

El fiscal penal Obeid entendió que la conducta de los acusados demostró un acuerdo previo o coetáneo entre ellos y que en todo momento tuvieron el dominio funcional del hecho. También aprovecharon del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la damnificada, quien es una niña de 14 años que se vio sorprendida ante la conducta de los acusados.

La denuncia fue radicada al día siguiente por el padre de la menor, quien pudo escuchar los gritos alarmantes de su hija y que al salir a la calle pudo ver a los imputados.

Dos ellos estaban parados frente a su casa con una botella de cerveza y una caja de vino, mientras que el tercer hombre estaba sentado en la vereda. Al preguntarles qué pasó, uno de los acusados le respondió «no pasa nada, qué va pasar» y de manera sorpresiva recibió un golpe de puño en la boca.

El denunciante inmediatamente ingresó a su domicilio y sacó un cuchillo.
Al ver esto, los acusados escaparon tras amenazarlo con que volverían “a cagar a tiros la casa».

San Lorenzo: Imputaron al exintendente, un exsecretario y un exconcejal

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, al exsecretario de Hacienda del mismo municipio, Rogelio Higinio Guaymás y al exconcejal y hermano del exintendente, Aldo Dalmiro Gonza, acusados de distintos delitos en perjuicio de la administración pública. Ninguno de los imputados declaró durante la audiencia y deberán presentar un escrito.

El exintendente Ernesto Fernando Gonza, fue imputado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real.

Del decreto de imputación surge que el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión, en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal.

La falta de cumplimiento a los regímenes normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos públicos, sumado a la falta de rendición de cuentas al finalizar su mandato.

También se tiene acreditado que Gonza realizó en su carácter de máxima autoridad del municipio un contrato de cesión por el plazo de 99 años en beneficio personal, para gozar de una parcela en el cementerio parque San Lorenzo a cambio de una suma de dinero que a todas luces resulta irrisoria e incompatible con la función ejercida.

Rogelio Higinio Guaymás, fue imputado por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso real.

En su carácter de Secretario de Hacienda, Guaymás incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo en consecuencia un grave perjuicio al erario municipal.

La falta de cumplimiento a los regímenes normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos públicos, al percibir durante los períodos 2017-2019, la suma de $ 3.701.724. Sin su participación conjunta con Gonza, los hechos endilgados no podrían haberse llevado a cabo.

La fiscal Simesen de Bielke también entendió que las maniobras de fraude a la administración municipal no pudieron concretarse sin la participación necesaria de Aldo Dalmiro Gonza, quien a sabiendas que no formaba parte esa administración, retiró fondos por la suma de $ 539.215 entre 2017 y 2019, mediante la firma de vales sin la constancia de la efectiva devolución de los montos, por lo que fue imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipe necesario.

Auditoría externa

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por el actual intendente de San Lorenzo, José Manuel Arias Saravia, en la que precisó que dispuso la realización de una auditoría externa de la gestión llevada adelante por Gonza.

El informe final de auditoría del 9 de marzo de 2020, comprendió los ejercicios presupuestarios de los períodos 2018-2019 y se pudo determinar diversas observaciones, como la inexistencia de un sistema de control interno; de indicadores de gestión en orden a la evolución de los recursos, su seguimiento y control, y el incumplimiento de las normas vigentes en materia de compra de bienes y contratación de servicios.

A su vez, evidenció una falta de control sobre los bienes adquiridos y servicios contratados y el incumplimiento de normas contables, financieras y presupuestarias, entre otras.

Al efectuarse la observación general por rubros, también hubo inconsistencias determinadas en gastos de combustibles, reparación de vehículos, compras de repuestos y alquiler de bienes.

Se identificaron retiros de dinero en efectivo que eran autorizados por el Intendente y el Secretario de Hacienda y surge que ante un requerimiento del Banco Macro y conforme lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera, se debía informar el destino de los fondos durante el trimestre abril, mayo y junio de 2019, por la suma de $11.514.135. Al realizar el relevamiento de dichos fondos, las extracciones referidas no se registraron en el sistema informático.

En cuanto a los ingresos tributarios, se detectó un supuesto en el que la tasa de construcción estaba impaga por falta de ingreso efectivo del dinero, pero con situación regularizada en el sistema tributario municipal.

Particularmente se pudo establecer que el 31 de agosto de 2018 ingresó en concepto de derecho de construcción un importe de $2.252.860 que fue abonado con cheques de pago diferido y que al momento de su depósito, eran retirados por las personas autorizadas por el Intendente y luego se entregaba el comprobante. Sin embargo, surge que solo se depositó un cheque el 31 de octubre de 2018 que fue rechazado por falta de fondos y que figura pagado en el sistema.

Así también se determinó la existencia de programas nacionales de asistencia social, con recepción de fondos en una cuenta del Banco Nación, de los cuales no existe uniformidad e integralidad en la información y documentación obrante en las oficinas administrativas de la Municipalidad con los extractos bancarios de dicha cuenta, tales como el “Programa de integración socio comunitaria”, “Acciones para la provisión de tierras para el hábitat social” y “Convenios de cooperación”, en los que no se efectuaron las ejecuciones correspondientes.

Por último, se pudo establecer la existencia de un sistema paralelo al formal con montos de entregas en efectivo para los periodos auditados que ascienden a la suma de $828.950 para el período 2018 y de $3.328.139 para el 2019. Sin embargo, se pudo establecer que de esos montos, la suma de $3.701.724, fue retirada por Rogelio Guaymás, en su carácter de Secretario de Hacienda entre 2017 y 2019 y de $539.215, retirados por Aldo Gonza, en su carácter de Concejal y hermano del Intendente.

Falta de rendición de cuentas

Del decreto de imputación también surge que Juan Carlos Dávalos, mientras se desempeñó como presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, solicitó la intervención de la fiscalía y afirmó que el intendente Ernesto Fernando Gonza fue requerido en diversas oportunidades para que presentara informes al cuerpo deliberante, sin haber cumplido con sus obligaciones, establecidas por la Carta Orgánica Municipal.

Por último, la Auditoría General de la Provincia presentó el 13 de enero del corriente una denuncia luego de que el auditor Abdo Omar Esper solicitara al exintendente Ernesto Gonza la remisión de la documentación para la auditoría respectiva y que éste no cumpliera al estar debidamente notificado.

Por lo expuesto y con la documentación aportada por los denunciantes y hecha una valoración y análisis, la fiscal Simesen de Bielke entendió que surgen elementos de convicción suficientes para formular las imputaciones.

Fraude y falsificación en la Municipalidad: Detienen a dos mujeres y secuestran documentación

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a Andrea Cecilia Palacios y Azucena del Valle Ruiz, por la comisión de los delitos de fraude a la administración pública y falsificación de instrumento público, todo en concurso real. Ambas permanecen detenidas.

Un allanamiento realizado este martes 16 en oficinas del Centro Cívico Municipal de Salta, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa y la detención de ambas mujeres.

Del decreto de imputación surge que las acusadas otorgaron un permiso transitorio de habilitación comercial en favor de un hombre para un local comercial ubicado en calle Leguizamón al 1700 de la Ciudad de Salta.

El instrumento resultó ser falso al advertir la titular de la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta que los sellos y firma no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial al Municipio porque no fue abonado el importe correspondiente por dicha habilitación.

Es que la intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo el pasado 11 de junio tras la denuncia radicada por Lucia Inés Zapata Usandivaras, en su carácter de Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta, quien expuso que tomó conocimiento que falsificaron su firma en un permiso transitorio de habilitación extendido el 2 de junio.

La denunciante mencionó que el documento fue falsificado, no solo por la firma y sello apócrifos, sino también por el número de legajo que según la información de sistema “DIC” corresponde a un número de permiso transitorio emitido el 30 de diciembre de 2018 tramitado por el sistema “Salta Activa” y que se encuentra inactivo por falta de respuesta.

También adjuntó la constancia del detalle de sellado por contribuyente de la agencia de recaudaciones de la Municipalidad, en el que no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.

Se aclaró que para la extensión del Permiso Transitorio, el ciudadano que lo solicita y cuyo legajo se encuentre en condiciones debe abonar un sellado, cuyo valor se determina sobre unidades tributarias y que varía según la cantidad de días, de vigencia por el que se extienda, en este caso si se hubiere abonado el sellado, el mondo del sellado debía haber sido de aproximadamente, $3000 (Tres mil pesos). 

También aclaró con respecto al Sistema “DIC” se tramitan todos los legajos que iniciaron tramites de habilitación con anterioridad a septiembre del año 2018 y que tramitan por expediente papel y, que partir de esa fecha se implementó el sistema de “Salta Activa” de digitalización o trámite virtual de todas las habilitaciones que se iniciaron a partir de esa fecha o que se renuevan.

Villa Primavera: Matrimonio fue condenado por vender cocaína

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en un juicio abreviado en el que el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, condenó a Ricardo Ramón Abán, a la pena de cuatro años de prisión efectiva y el pago mínimo de la multa prevista por ley, y a Silvina Rivaineira, a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional.

Ricardo Ramón Abán fue imputado por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación a las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia, y al ser condenado, el juez le revocó la pena de un año de prisión condicional impuesta en una causa anterior y unificó la pena única de cinco años de prisión efectiva.

En tanto, Silvina Rivaineira fue imputada por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en carácter de partícipe secundaria y violación a las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia.

A su vez, se decomisaron los elementos secuestrados y se afectó el 30% del dinero a la cuenta del Ministerio Público Fiscal para el financiamiento de la lucha contra el microtráfico.

Según consta en el legajo, los imputados fueron detenidos tras un procedimiento realizado el pasado 14 de mayo, cuando personal policial pudo observar a la pareja que realizaba el intercambio de dinero por sustancia estupefaciente a bordo de un Volkswagen Gol azul.

La pareja fue interceptada en avenida Asunción, antes de llegar a la rotonda de Los Gauchos, donde se les secuestró la sustancia que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína, fraccionada en 27 envoltorios de polietileno con un peso de 4,4 gramos en total.

Además, un allanamiento realizado en el domicilio del matrimonio situado en Villa Primavera, permitió el secuestro de más cantidad de sustancia blanquecina, que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína y de elementos para acondicionar el estupefaciente; entre ellos, una cucharilla de metal con cabo de plástico color naranja, dos tijeras, dos cuchillos con la hoja de metal tipo sierrita con cabo de madera con resto de sustancia blanquecina, recortes de bolsas de polietileno color negro y una vela de cera color blanca a medio consumir.

También fue secuestrada una motocicleta Motomel, un teléfono celular y la suma de $73.850 y USD 20.

El fiscal penal López Soto entendió que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal, mientras que los imputados tampoco pudieron justificar los montos del dinero en efectivo secuestrado.

Con respecto a la violación de las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia, el fiscal destacó que quedó acreditado mediante las tareas de vigilancias realizadas por personal policial, que los imputados circularon por la vía pública en distintas oportunidades y sin la autorización correspondiente, mientras realizaban el intercambio de estupefacientes por dinero, por lo que violaron las medidas dispuestas por la autoridad competente (DECNU 260/2020) para impedir la propagación del coronavirus.

Un municipal detenido por estafar en nombre del Tribunal de Faltas

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a Ramiro Gustavo Rivero, acusado del delito de estafa y falsificación del instrumento público, todo en concurso real. Permanece detenido.

Un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.

Surge del decreto de imputación que el acusado invocó tener contactos en el Tribunal de Faltas y requirió al denunciante una suma de dinero para solucionar la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado, por lo que el damnificado abonó la suma solicitada por el imputado, quien entregó un oficio para retirar el rodado del organismo municipal.

El instrumento resultó ser falso tras ser rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial a la víctima.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras en su carácter de Jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación, quien refirió que escuchó una sumariante decir «¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?» lo cual le llamó mucho la atención y la llamó inmediatamente.

Al chequear el documento se dio con que las firmas y sellos impresos en la documentación no eran los reales e hizo constar que el oficio en cuestión posee el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019 y que al corroborar en el sistema con el número de acta observó que pertenece al Juzgado de Primera Nominación y que no tiene resolución.

En tanto, el denunciante también radicó una denuncia en la que refirió que es personal del área de Infantería de la Municipalidad e indicó que el 18 de enero, en inmediaciones del Pasaje Zorrilla Y Juramento de la Ciudad de Salta, su vehículo Volkswagen Power colisionó con otro vehículo, por lo que personal de Tránsito Municipal dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.

El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó por ante el Tribunal de Faltas y le informaron que su deuda era aproximadamente de $30 mil. Fue entonces que se comunicó con el imputado que se desempeña en el CCM  para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo y si tenía conocimiento de si había planes o descuentos por pago voluntario.

Fue así que el imputado le comunicó que tenía un compañero que trabaja para el tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de $5500 y que podría retirar el vehículo en dos semanas.

El dicente aceptó y pactó una reunión en una empanadería que queda frente al Centro Municipal, donde entregó el efectivo y las copias de cédula verde, licencia de conducir, título del vehículo, el formulario 08 y el comprobante de lo adeudado emitido por el ente.

Posteriormente recibió un mensaje por “whatsapp” del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó afuera de las instalaciones de Tránsito Municipal, en calle Santa Fe N° 545.

El denunciante se presentó y el imputado le entregó un oficio donde refería que su vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del diligenciamiento y fue allí que cuando consultó, se dio con la novedad que el oficio en mención no existía en la base de datos del Tribunal y que atento a lo ocurrido se presentó por ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido. Dejó constar que fue víctima de un estafa y que actuó con  desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa y que por esa razón busco asesoramiento.