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Piden juicio contra un policía acusado de vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo policial Daniel Martín Yapura, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

Del requerimiento surgió claramente, tras la denuncia realizada por la víctima en febrero de 2019, la existencia del mal accionar del funcionario de la Policía de la Provincia, de 32 años, luego de que se realizara el traslado del detenido y víctima al Sector 4B, ubicado en la Comisaría 9 de la Ciudad de Salta.

Allí,  el encargado del sector, Daniel Martín Yapura, mientras el detenido estaba esposado con las manos hacia atrás, le levantó los brazos y lo hizo trastabillar, por lo que la víctima cayó boca abajo con todo su peso. Tras esto, el acusado le colocó el pie en la espalda, lo que ocasionó al detenido lesiones que luego fueron constatadas por los médicos del CIF y Poder Judicial.

Surgió así que el accionar desplegado por Daniel Martín Yapura, provocó múltiples lesiones al damnificado, a quien oprimió con medidas arbitrarias. El hecho se agrava por la calidad especial que el acusado reviste en su calidad de funcionario policial.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción del acta de control de legalidad de detención de la víctima del Juzgado de Garantías 2, luego de que al detenido se le preguntara sobre el trato recibido. Aunque el detenido manifestó que no quería denunciar, fue citado a la Fiscalía de Derechos Humanos, luego de que se tomara conocimiento de la situación.

Por otra parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, también requirió el sobreseimiento de los acusados Natalia del Milagro Zuleta, Marcelo Rivas y Javier Fernando Iñigo, tras entender que no existió coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.

Condenaron al municipal que estafó en nombre del Tribunal de Faltas

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que el Juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional a Ramiro Gustavo Rivero, por el delito de estafa y falsificación del instrumento público, todo en concurso real. El magistrado también lo inhabilitó por seis meses para ejercer cargos públicos.

Surgió de la investigación que el acusado invocó tener contactos en el Tribunal de Faltas y requirió al denunciante una suma de dinero para solucionar la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado, por lo que el damnificado abonó la suma solicitada por el imputado, quien entregó un oficio para retirar el rodado del organismo municipal.

El instrumento resultó ser falso tras ser rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial a la víctima.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras en su carácter de Jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación, quien refirió que escuchó una sumariante decir “¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?” lo cual le llamó mucho la atención y la llamó inmediatamente.

Al chequear el documento se dio con que las firmas y sellos impresos en la documentación no eran los reales e hizo constar que el oficio en cuestión posee el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019 y que al corroborar en el sistema con el número de acta observó que pertenece al Juzgado de Primera Nominación y que no tiene resolución.

En tanto, el denunciante también radicó una denuncia en la que refirió que es personal del área de Infantería de la Municipalidad e indicó que el 18 de enero, en inmediaciones del Pasaje Zorrilla Y Juramento de la Ciudad de Salta, su vehículo Volkswagen Power colisionó con otro vehículo, por lo que personal de Tránsito Municipal dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.

El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó por ante el Tribunal de Faltas y le informaron que su deuda era aproximadamente de $30 mil. Fue entonces que se comunicó con el imputado que se desempeña en el CCM para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo y si tenía conocimiento de si había planes o descuentos por pago voluntario.

Fue así que el imputado le comunicó que tenía un compañero que trabaja para el tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de $5500 y que podría retirar el vehículo en dos semanas.

El dicente aceptó y pactó una reunión en una empanadería que queda frente al Centro Municipal, donde entregó el efectivo y las copias de cédula verde, licencia de conducir, título del vehículo, el formulario 08 y el comprobante de lo adeudado emitido por el ente.

Posteriormente recibió un mensaje por “whatsapp” del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó afuera de las instalaciones de Tránsito Municipal, en calle Santa Fe N° 545.

El denunciante se presentó y el imputado le entregó un oficio donde refería que su vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del diligenciamiento y fue allí que cuando consultó, se dio con la novedad que el oficio en mención no existía en la base de datos del Tribunal y que atento a lo ocurrido se presentó por ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido.

Dejó constar que fue víctima de un estafa y que actuó con desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa y que por esa razón busco asesoramiento.

Un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.

Cuatro policías de la zona sudeste irán a juicio, acusados de vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los agentes William Emanuel Arce, Cristian Ríos, Cristian Salva y Diego Almeda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría 1 de la Ciudad de Salta, donde expresó que en la noche del 2 de agosto de 2018, estaba afuera del Hospital Papa Francisco y cerca de un camión donde realizaban la entrega rápida de DNI, y que en un momento se le acercó un policía que cuidaba del vehículo.

Cuando el denunciante le preguntó sobre el horario de atención, el uniformado le contestó «qué puta te importa», a lo que el denunciante le respondió «qué te pasa a vos, gil», tras lo cual, ingresó al vehículo en el que estaban su amigo y su hermano. Seguidamente, apareció un móvil policial cual que descendieron cuatro uniformados, y a los pocos minutos llegó otro móvil, al que se sumó el primer policía.

En ese momento, abrieron la puerta del vehículo y sacaron al denunciante por la fuerza, a quien tiraron al piso, esposaron y patearon. Posteriormente, lo subieron en la caja de uno de los móviles, donde uno de los uniformados le pisó la cabeza y otro, la rodilla.

El denunciante también expresó que le tiraron gas pimienta y que su hermano y su amigo fueron subidos a otro móvil. Además, relató que primero fue llevado a la Comisaría de barrio Solidaridad, donde pararon unos minutos y que luego fue trasladado a la dependencia de Democracia, donde le volvieron a pegar.

Más tarde, fue llevado al Centro de Contraventores, donde lo examinó un médico que lo derivó al Hospital San Bernardo y luego fue ingresado en la Alcaidía General de la Provincia.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, destacó que el deber del personal policial es mantener el orden público y el resguardo físico y psíquico de las personas, por lo que se evidenció una actitud totalmente contraria y también la autoría responsable del hecho endilgado, ya que con su accionar, los acusados provocaron lesiones al damnificado, a quien oprimieron con medidas arbitrarias. 

Tales conductas se agravan por la calidad especial que revisten los sujetos activos, quienes al ser funcionarios policiales, debían resguardar dicha integridad.

Por otra parte, la fiscal requirió el sobreseimiento del agente Paulo Tiziano Zenteno, luego de que no surgiera su participación en los hechos investigados.

Tartagal: condenaron al homicida de Nicolás Sánchez a 11 años de prisión

La fiscalía penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio en el que Fernando Miranda, alias “Amarillo”, fue condenado a la pena de 11 años de prisión efectiva por el delito de homicidio, en perjuicio de Nicolás Raúl Sánchez.

De la investigación surgió que en la mañana del 25 de abril de 2018, el acusado, de 26 años, se encontraba sobre calle Uruguay, entre calles Bolivia y 9 de Julio, frente a la escuela de Misión Chorote, de la ciudad de Tartagal.

En un momento dado, el acusado, quien tenía dos armas blancas, comenzó a darle puntazos a la víctima Nicolás Raúl Sánchez, quien murió por las lesiones recibidas. Tras el ataque, Miranda escapó del lugar.

Intervino el juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, Ricardo Hugo Martoccia, quien ordenó que Miranda sea alojado en la Unidad Carcelaria local.

El magistrado también ordenó que cuando se encuentre firme la sentencia, se remitan a la Oficina de Gestión de Audiencias la documentación y copias certificadas, con tres fotografías del acusado y sus fichas dactilares, para su inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra las personas.

Cachi: Va a juicio por abusar de una joven a la que antes acosó

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 41 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una mujer.

Una vez terminada la investigación, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, entendió que fue acreditada la existencia del delito endilgado y la responsabilidad penal del imputado.

Las actuaciones de la fiscalía iniciaron tras la denuncia radicada el 27 de febrero del corriente año por la víctima, quien relató que ese día, su hermana la envió a dar de comer a los perros en la casa de su padre, a dos kilómetros de su domicilio, tras lo cual, caminó hasta el río de Cachi adentro e intentó cruzarlo para acortar la distancia.

En forma sorpresiva, el acusado apareció por detrás y la tomó de los brazos con la intención de tirarla al suelo. Durante el forcejeo, el imputado le dijo “vos me andás gorreando”; aunque la víctima no mantenía ningún tipo de relación con el acusado, quien en distintas oportunidades previas la acosó.

Una vez que logró zafarse, la víctima intentó cruzar un brazo del río, pero el acusado volvió a tomarla, la llevó hasta un corral y cometió el abuso.

La conducta atribuida al acusado fue establecida conforme lo declarado por la víctima en su denuncia y luego, en su declaración testimonial en la sede fiscal.

Además, el examen médico al que se sometió la mujer, dio cuenta de las lesiones sufridas, tanto en la superficie corporal como en la zona genital.

Por último, el Servicio de Biología Molecular Forense del CIF logró identificar células epiteliales y fluido seminal coincidentes con el perfil genético del acusado.

Condenado a seis años de prisión efectiva por vender drogas en un barrio de la zona sur

El fiscal penal de UFINAR en feria, Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que el juez de Sala IV del Tribunal de Juicio, Maximiliano Troyano, condenó a la pena de cuatro años de prisión efectiva a Carlos Martín Clemente, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El magistrado unificó la pena con una condena anterior y la llevó a seis años de prisión efectiva.

Además de la condena, fue decomisado el dinero secuestrado, del cual el 30 por ciento quedó afectado al Ministerio Público Fiscal, al igual que un vehículo Fiat Spazio, utilizado por el condenado para la venta de la droga.

Tras un allanamiento realizado por personal de la Dirección de Drogas el jueves 20 de febrero pasado, en el domicilio del imputado situado en barrio Pablo Saravia, de la zona sur de la capital salteña, fue detenido Clemente, de 38 años, y se secuestraron siete gramos de sustancia blanquecina, que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína y sus derivados. Estaba acondicionada en 60 envoltorios de polietileno.

También se secuestraron 10 gramos de sustancia vegetal disecada, que según la prueba de narcotest era cannabis sativa y estaba acondicionada en envoltorios.

Por otra parte, fueros secuestrados un teléfono celular, la suma de $11.425 en efectivo y distintos elementos para acondicionar los estupefacientes, entre ellos, un colador metálico, una cinta de embalar transparente y varios recortes de envoltorios de polietileno.

La cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal, mientras que de las tareas de vigilancias realizadas por los investigadores, se pudo advertir que el imputado entregó estupefacientes a diferentes consumidores y a cambio de dinero.

Vejaciones: piden juicio contra funcionarios penitenciarios de Metán

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Claudio Rubén Sosa y Manuel Teodoro Chocobar, acusados del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia.

De la investigación surgió que en la madrugada del 8 de julio de 2017, mientras el denunciante estaba alojado en el “disciplinario”, sólo con ropa interior y mientras pedía que se le diera abrigo, ingresaron tres personas, entre las que pudo reconocer al imputado Manuel Teodoro Chocobar, de 43 años.

Lo hicieron caer al piso y le propinaron una golpiza, que fue acreditada con el certificado médico que dio cuenta de lesiones en el cuerpo de la víctima.

También surgió la responsabilidad del acusado y celador Claudio Rubén Sosa, de 41 años, a quien se lo vio ingresar en el lugar donde el interno cumplía la sanción disciplinaria y participar de la golpiza, conforme lo sostuvo un testigo.

La fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que la figura endilgada a los imputados, pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo detenido en virtud de ser sujeto de derecho y que atañe directamente a su dignidad como persona.

Ese derecho, como atributo de la personalidad, está asociado a las pautas que imponen ciertos estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional junto con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en relación a la forma en que debe llevarse a cabo toda medida de encierro.

La fiscal destacó que cuando esa medida de encierro, se ve agravada por la golpiza llevada a cabo por los acusados, merece sin dudas el reproche penal atribuido, pues la libertad individual que se intenta resguardar mediante la disposición, se ve conmovida a raíz de los procedimientos que se caracterizan por su carácter mortificante.

Además, como complemento típico legal, se requiere que el agente desempeñe un acto de servicio al momento de la ejecución ilícita; un acto propio de su actividad y tal como surgió de las constancias del legajo de investigación, tanto Chocobar como Sosa se desempeñaban como funcionarios penitenciarios en el Unidad Carcelaria N° 2, donde ocurrieron los hechos denunciados por el interno agredido.

En el mismo requerimiento, la fiscal solicitó el sobreseimiento de Gustavo Leonel Antonio Balderrama, de 29 años, pues tras la investigación no surgieron datos certeros sobre su participación en los hechos endilgados.

Una Unidad Fiscal investigará posibles irregularidades en el otorgamiento de beneficios a Terrón Villagrán y Leiseca

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, creó la Unidad Fiscal para la Investigación de la Averiguación Preliminar sobre noticia criminis, referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos a los condenados Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leiseca, por parte del Juzgado de Ejecución N° 1. La Ley 7.138 establece la posibilidad de remoción de magistrados por mal desempeño.

Para adoptar tal decisión, el Procurador consideró necesario abrir una investigación, atento a la noticia criminis referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos al Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leiseca, y que podrían constituir anomalías o irregularidades en su otorgamiento por parte del Juzgado de Ejecución N° 1 del Distrito Judicial del Centro.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los arts. 81 y 82 del Código Procesal Penal de la Provincia y para asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal, Cornejo adoptó las medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar. Y destacó que resulta menester disponer la creación de la Unidad Fiscal mediante la cual los fiscales penales Rodrigo González Miralpeix y Ramiro Ramos Ossorio, asumirán el trámite de la causa.

Vale recordar que la normativa vigente, a través de la Ley 7.138, de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público, en la sección referida a la Acusación y el procedimiento de remoción, establece que “los Jueces y Funcionarios del Ministerio Público pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por cualquiera del pueblo o por el Ministerio Público, por: Delito común, Mala conducta, Retardo de Justicia, Mal desempeño o Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.

A juicio, por abusar de dos nenas de 12 años

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 4 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 26 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia en perjuicio de dos menores de 12 años.

De la investigación surgió que el imputado, de nacionalidad boliviana y quien se desempeñaba como peón rural, condujo a las menores un lugar apartado de la residencia para abusar sexualmente de ellas.

El imputado también aprovechó la vulnerabilidad de las víctimas por la ingesta de alcohol y su corta edad.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia radicada por la madre de una de las menores en febrero del corriente año en el destacamento policial de La Silleta, quien manifestó que durante la medianoche tomó conocimiento que su hija no se encontraba en su dormitorio y tampoco su amiga.

Tras una búsqueda por las inmediaciones de la casa, al poco tiempo aparecieron las menores, quienes relataron lo sucedido.

Apolinario Saravia: Declaró el policía acusado de graves delitos por venganza

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, realizó este martes la audiencia de imputación contra el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quien fue imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza. El acusado se presentó en la fiscalía ubicada en Ciudad Judicial, donde fue asistido por su defensa y optó por declarar.

En tanto, el lunes declararon en la fiscalía penal de Joaquín V. González el resto de los efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia, acusados de los mismos delitos.  Se trata de la sargento Julia Díaz, el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez.

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní , quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

En consecuencia, insertó declaraciones falsas en un documento público y desfiguró la verdad objetiva, ya que lo denunciado por el comisario Mamaní y avalado por las declaraciones testimoniales de Díaz, Giménez y Argañaraz, quienes presenciaron el momento de los disparos y la posterior detención ilegal de Diez, no se condice con el relato del denunciante y tampoco con la filmación de la cámara situada en el parque, que captó tanto el desplazamiento del denunciante en su vehículo previo a los disparos y luego la conducta del personal policial.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

En su denuncia, el damnificado expresó que toda esta situación pudo obedecer a un conflicto entre Mamaní y su madre quien es dueña de un sistema de cable local.