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Condenas para los 20 integrantes de una banda que vendía estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que la Sala VII del Tribunal de Juicio, condenó a 20 personas, acusadas de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, en forma organizada y por la portación de arma de fuego de uso civil.

José Mauricio Guzmán, de 29 años; Adrián Ramiro Nieto, de 25 y Elsa Padilla Márquez, de 62, fueron condenados a la pena de cuatro años de prisión efectiva y al pago de una multa, por resultar autores del delito de comercialización de estupefacientes.

Silvio Francisco Maza, de 26 años, fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y multa, como partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes.

En tanto, Franco Exequiel Parrón Baldoni, de 31, fue condenado a un año de prisión efectiva como autor del delito de confabulación. Se tuvo por cumplida la pena y se ordenó su libertad.

Por su parte, Cristian Alexis Arias, de 22 años, fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión efectiva y multa como autor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes.

Sergio Alejandro Estrada, de 36 años, recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva y multa como autor del delito de comercialización de estupefacientes.

Al imputado Emanuel Alejandro Alberto Acosta, de 34 años, se le dictó la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva y multa, como autor del delito de comercialización de estupefacientes y portación de arma de uso civil, en concurso real. Permanecerá con la modalidad de arresto domiciliario.

A los acusados Facundo Leonel Guzmán, de 27 años; Lucas Martín Tanco, de 32; José Elías Nicolás Verón Marín, de 22; Hugo Antonio Portal, de 74; Rosa Arellano, de 73; Miguel Andrés Callau, de 32; Rodrigo Exequiel Romero, de 28; Leandro Alberto Nicolás Zerda, de 31; Juan Abel Ramírez, de 28; Carlos Gustavo Díaz González, de 26 y Fernando Ariel Zambrana, de 36, fueron condenados a la pena de tres años de prisión condicional y multa por resultar partícipes secundarios del delito de comercialización de estupefacientes.

Finalmente, Eliana Lorena Fuentes San Millán, de 32 años, recibió una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional como autora del delito de encubrimiento agravado y fue inhabilitada como funcionaria pública por el término de tres años.

La investigación inició en setiembre de 2017, a partir de actuaciones propias de los efectivos policiales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y los datos aportados por vecinos y testigos a través del sistema de denuncias web. Todos los acusados fueron detenidos en agosto de 2018, en un operativo que se denominó “Pachamama”.

En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Lorena Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.

Un subcomisario golpeó a un demorado con una cachiporra y tuvieron que suturarlo

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente al subcomisario Julio Alberto Guaymás, acusado del delito de vejaciones y lesiones leves calificadas por el uso de la violencia, todo en concurso ideal y en calidad de autor.

Del decreto de imputación, surgió que el imputado, el 22 de enero de 2019, cerca de las 18:30, cometió un exceso en sus funciones mientras trasladaba al denunciante, en calidad de demorado, a quien golpeó con su cachiporra en la cabeza y le provocó lesiones.

Un examen médico practicado por el Servicio Médico Forense del Poder Judicial, constató que el denunciante presentaba “herida contusa en región occipital, excoriación en escápula derecha y cuello lado izquierdo”, mientras que otro examen realizado por el CIF, también destacó la presencia de una lesión de dos centímetros de longitud, con labios unidos por dos puntos de sutura.

En su relato, el denunciante sostuvo que caminaba por el Grupo 648 Viviendas de barrio Castañares junto a un amigo, para reunirse con otros conocidos. Al acercarse al punto de reunión, el denunciante observó a unos siete efectivos motorizados. A medida que se acercaban, pudo ver que por detrás también venían móviles de Infantería, por lo que todo el grupo huyó en distintas direcciones.

Relató que en ese momento, su amigo ingresó a una casa, mientras que él se quedó quieto en la calle. Entonces, se le acercó un policía que le dijo “contra la pared, arrodillate”. Aclaró que no le hicieron ninguna requisa en ese momento y que solo atinó a soltar su teléfono celular.

En tanto, el policía le dijo “agarrá el celular pendejo y subite a la camioneta”, mientras lo empujaba, sin esposarlo. El denunciante fue el primero en ser ubicado, sentado en el piso con las rodillas encogidas y la cabeza agachada. Sostuvo que metros después, el móvil volvió a detenerse y que subieron a tres personas más.

Relató que eran custodiados por cuatro policías, quienes comenzaron a pegarles a todos; con golpes a mano abierta. Sin embargo, el denunciante fue luego golpeado con una cachiporra y sintió que algo le pasaba por la oreja. Al tocarse, notó que era sangre. Escuchó a uno de los policías decir “no, mirá boludo”, y luego le colocaron una gorra que era de otro de los detenidos, para cubrirle la herida.

Antes de bajarlo en el Centro de Contraventores, los policías limpiaron la herida con su propia remera, mientras que tras ser revisado, un médico pidió que lo trasladaran al hospital San Bernardo, donde le hicieron una sutura.

Al volver al Centro de Contraventores, la víctima pudo escuchar a dos efectivos decir “ese fue el boludo de Guaymás”.

Imputado por intentar matar a su concuñado

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó provisionalmente a José Orlando Campos, de 22 años, acusado del delito de tentativa de homicidio, en grado de autor. Campos asistió este lunes a la audiencia de imputación acompañado por su defensor y optó por declarar.

La intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo a partir de las actuaciones del personal policial de la Comisaría 45, iniciadas el domingo 14 de marzo.

Según consta en el legajo de investigación, ese día, cerca de las 17, el acusado y la víctima, Federico Chauri, quien es concuñado del imputado, mantuvieron una discusión tras ingerir bebidas alcohólicas en un domicilio ubicado en la esquina de la calle Los Claveles y Ruta Nacional 34, de Tartagal, hasta que el acusado sacó un cuchillo de entre sus prendas y asestó diversas estocadas a Chauri, con la intención de matarlo. Tras esto, el acusado escapó del lugar y fue posteriormente detenido por personal de la Brigada de Investigaciones.

La víctima resultó lesionada en el tórax, el brazo izquierdo y el rostro. El médico legal determinó que Chauri recibió siete heridas y le diagnosticó neumotórax izquierdo grave y herida por arma blanca gravísima, por lo que debió ser derivado al hospital San Vicente de Paúl, de la ciudad de Orán.

Tras la audiencia de imputación llevada a cabo este lunes, el fiscal Gonzalo Ariel Vega, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente el mantenimiento de la detención de Campos.

Octogenario irá a juicio por abusar de su bisnieta de 4 años

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 81 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración, agravado por el vínculo y por la guarda, en perjuicio de una menor.

La denuncia fue radicada en octubre de 2015 por la madre de la víctima, de 4 años en ese momento, y en contra del bisabuelo de la niña.

Del requerimiento surgió que el acusado, aprovechó que la niña quedaba a su cuidado en su domicilio ubicado en barrio San Isidro, de General Güemes, cuando su madre debía estudiar, para atentar contra su reserva sexual, lo que constituyó un grave ultraje y un mayor sometimiento al previsto en la figura penal básica, tanto por las circunstancias de su realización como por la reiteración de los actos.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que los hechos fueron corroborados, fundamentalmente con el testimonio de la niña, quien además de poder contarle sobre los abusos a su madre, declaró en circuito cerrado de televisión, con relatos sostenidos en el tiempo y coherentes, que avalan la verosimilitud de los sucesos narrados y que sustentan la hipótesis delictiva.

Además, el fiscal indicó que del resultado del informe del Gabinete de Psicología del CIF, se desprendió que la niña presenta indicadores compatibles de haber vivenciado escenas de violencia sexual, que dejaron inscripciones y huellas compatibles con daño psíquico.

Orán: Tres fiscalías y el Centro de Mediación, con trabajo remoto

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, resolvió el cierre preventivo de las Fiscalías Penales 1, 2 y 3 y el Centro de Mediación del Distrito Judicial Orán, en virtud de haberse confirmado un caso con resultado positivo de COVID-19 en el edificio donde funcionan las dependencias. Se mantiene el trabajo remoto y una de las fiscalas realizará todos los actos procesales presenciales impostergables.

Es que al presentarse un caso con resultado positivo de COVID-19, corresponde disponer – con carácter de urgente-, medidas restrictivas preventivas en el ámbito de esas dependencias y en resguardo de la salud pública comprometida.

En consecuencia, la Resolución 1177, dispone con carácter preventivo que los y las magistrados/as, funcionarios/as y todo el personal de las Fiscalías Penales 1, 2 y 3 y el Centro de Mediación del Distrito Judicial Orán, cumplirán sus funciones desde sus hogares mediante la modalidad de trabajo remoto, hasta el 21 de marzo del corriente año.

En la misma Resolución, quedó establecido que la fiscal Penal Nº 1, Daniela Alda Murúa, realizará todos los actos procesales de carácter presencial que resulten impostergables para las dependencias.

Se recomendó a todos los agentes alcanzados por la medida preventiva de aislamiento, que permanezcan en sus domicilios a los fines de evitar la propagación de la enfermedad en el contexto de la pandemia por COVID-19, y que, ante cualquier síntoma la patología, deberán dar parte inmediatamente al Servicio Médico del Ministerio Público.

Incumplimiento, fraude y cohecho: rechazan la nulidad planteada por la defensa del Intendente de Rosario de la Frontera

El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur – Metán, resolvió no hacer lugar a la solicitud de nulidad planteada por la defensa técnica de Gustavo Solís Mónico, en la causa requerida a juicio por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke y en la que el jefe comunal de Rosario de la Frontera está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.

Del fallo se desprendió que “de manera alguna se vulneraron los derechos del imputado en torno a la intervención del Ministerio Público Fiscal” cuestionada por la defensa, ya que la garantía constitucional es de “Juez natural”, cuya competencia se encuentra expresamente consignada en el código de procedimiento, que le exige actuar en resguardo de las garantías constitucionales durante todo el trámite del proceso.

La causa fue requerida a juicio a finales de febrero por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien sostuvo en sus fundamentos que está acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado, quien fue imputado el 21 de diciembre de 2020.

Las actuaciones iniciaron tras la publicación de una noticia criminis el 26 de febrero de 2020, de la que surgió la falsificación de facturas en el municipio. A partir de allí y mediante un pedido de informe a la Auditoría General de la Provincia, se informó que el área de control realizaba en ese momento una auditoría financiera y de legalidad en el Departamento Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera, por el período 2017, del que posteriormente surgieron irregularidades.

Juzgan a una banda de 20 personas que vendía estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representará al Ministerio Público Fiscal en el juicio contra 20 personas, imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, en forma organizada y por la portación de arma de fuego de uso civil. Una de las imputadas es policía. Las audiencias se desarrollarán en la Sala VII del Tribunal de Juicio.

En abril de 2019, el fiscal penal Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio contra José Mauricio Guzmán, Facundo Leonel Guzmán, Lucas Martín Tanco, Adrián Nieto, Eliana Lorena Fuentes San Millán, Franco Exequiel Parrón, Fernando Ariel Zambrana, Alberto Nicolás Zerda, Juan Abel Ramírez, Elías Nicolás Verón, Hugo Portal, Rosa Arellano, Emanuel Alberto Acosta, Miguel Andrés Callau, Rodrigo Ezequiel Romero, Carlos Gustavo Díaz González, Elsa Padilla, Silvio Francisco Maza, Cristian Alexis Arias y Sergio Alejandro Estrada, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

La investigación inició en setiembre de 2017, a partir de actuaciones propias de los efectivos policiales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y los datos aportados por vecinos y testigos a través del sistema de denuncias web. Todos los acusados fueron detenidos en agosto de 2018, en un operativo que se denominó “Pachamama”.

En el requerimiento, el fiscal penal López Soto sostuvo que las primeras informaciones llevaron a los investigadores, conducidos por el comisario Eduardo Sánchez Rosado, a centrar las pesquisas en un domicilio de barrio Universitario, apuntado por denuncias anónimas y también por estar relacionado a un incidente con un grupo antagónico, perteneciente a un asentamiento vecino llamado Villa Lata.

El fiscal indicó que los policías lograron superar todos los cercos hasta obtener distintos datos que nos permitieron atar cabos hasta llegar a todos los detenidos que proveían de droga a varios revendedores.

López Soto resaltó el aporte de testigos y vecinos que fueron claves para seguir con las pesquisas. “Los Guzmán no solían comercializar la droga en su vivienda, sino que citaban a sus compradores en distintos lugares de los alrededores, y los encuentros se hacían dentro de vehículos”.

A partir del seguimiento e investigación en torno a los hermanos Guzmán, la fiscalía pudo llegar a otros revendedores, quienes se proveían de los principales imputados, los que a su vez comercializaban los estupefacientes en forma directa.

La organización, encabezada por los hermanos Guzmán, se proveía de droga que era entregada por Sergio Estrada, apodado “Negro Ale”.

“Este sujeto junto a otros dos cómplices, Arias y Maza, eran los que proveían la droga”, declaró. Para dar con los mismos, los investigadores centraron una serie de pesquisas en hospedajes de la zona de la terminal de ómnibus y del hospital San Bernardo.

Desde allí, Estrada hacía los contactos para vender la mercadería a bandas organizadas, como el caso de la organización que lideraba Guzmán. “El primer procedimiento se realizó a fines de julio de 2018, oportunidad en la que se detuvo a Estrada, Arias y Maza con una importante cantidad de la droga”, indicó.

En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.

Piden juicio para un hombre que abusó sexualmente de sus tres hijas

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 56 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y las circunstancias de su realización, agravado por el vínculo y la convivencia preexistente, en perjuicio de tres menores.

Del requerimiento surgió que el acusado, padre de las tres víctimas, aprovechó la convivencia en diversos domicilios ubicados en la Ciudad de Salta, para atentar contra la reserva sexual de las menores, una de ellas con parálisis cerebral, al desplegar actos que vulneraron su integridad sexual, lo que implicó un grave ultraje y un mayor sometimiento al previsto en la figura penal básica.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que los hechos fueron corroborados, fundamentalmente, con la denuncia de una de las víctimas en fiscalía y las declaraciones testimoniales de dos de las menores en circuito cerrado de televisión, donde pudieron relatar los aberrantes actos a los que fueron sometidas por su propio padre, lo que resultó coincidente con lo que le relataron a su madre y tías.

Los relatos fueron coherentes y sostenidos en el tiempo, por lo que avalaron la verosimilitud de los sucesos y sustentaron la hipótesis delictiva sobre otra de las menores, que en virtud de su discapacidad, no pudo poner en palabras lo vivido.

Misión Chaqueña: Condenado a 8 años de prisión por abusar de su hijastra

La fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, María Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que el Tribunal de Juicio, Sala II, del Distrito Judicial de Tartagal, condenó a un hombre de 42 años, a la pena de 8 años de presión efectiva, por considerarlo autor material y responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia preexistente y la minoría de edad de la víctima y abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente y la minoría de edad de la víctima, en concurso real.

De la investigación encabezada por la fiscal penal María Lorena Martínez e iniciada de oficio, ya que la madre de la menor no quiso radicar la denuncia formal, surgió que el acusado era padrastro de la menor, quien convivió en la misma vivienda ubicada en Misión Chaqueña de Embarcación, durante aproximadamente 10 años. Los hechos ocurrieron en fecha imprecisa, entre los años 2018 y 2019.

El mismo fallo ordenó que el condenado sea trasladado a la Alcaidía N° 2 y luego a la Unidad Carcelaria N° 5, una vez quede firme la sentencia.

Por último, fue ordenada la realización de un examen genético al condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

Abuso sexual: Piden la prisión preventiva de Pablo Rangeón

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la prisión preventiva de Pablo Marcelo Rangeón, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, en perjuicio de una mujer y en calidad de autor.

Durante la audiencia de imputación celebrada este lunes, Pablo Marcelo Rangeón, asistido por su defensa, optó por declarar.

La intervención de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, se produjo tras la denuncia radicada por la víctima el pasado 1 de marzo, quien sostuvo que trabajó durante 7 años como encargada de la escuela de modelaje del imputado.

En su relato, la denunciante dijo que durante el período comprendido entre 2010 y 2017, el acusado la sometió sexual y psicológicamente y que en algunas oportunidades, lo hizo a través de agresiones físicas.

La mujer denunció también que tras hacer públicos los hechos a través de una cuenta de la red social Facebook, empezó a sufrir amenazas a través de cuentas falsas.

Tras recepcionar los testimonios de la víctima y del acusado, y a la espera del resultado de pericias ordenadas en la causa, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, requirió al Juzgado de Garantías 8 la prisión preventiva del imputado.