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El Ministerio Público Fiscal y el Gobierno provincial aúnan esfuerzos contra la deforestación

La Procuración General y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, firmaron un importante convenio que establece la creación de una Mesa de Enlace y del Programa Estratégico Integral de Control Forestal.

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal, firmaron este viernes un importante convenio que establece la creación de una Mesa de Enlace y del Programa Estratégico Integral de Control Forestal.

El convenio insta a la creación de un Registro Único de Delitos, Contravenciones e Infracciones Ambientales vinculadas a la tala, explotación, aprovechamiento y comercialización de productos de bosques nativos, conforme a los criterios señalados por las leyes 26.331 y 7543.

El objetivo central del convenio radica en la aplicación de un criterio unificado para la selección, carga y administración de datos referidos al control forestal en todo el territorio provincial.

Dicha base de datos posibilitará la planificación de acciones concretas de protección y represión en favor del ambiente y de las poblaciones, tanto aborígenes como criollas. A su vez, permitirá  el desarrollo de políticas de protección, planificación y  fomento de la actividad forestal, sobre la base de datos certeros que reflejen la realidad del comercio forestal irregular.

De esta forma y bajo criterios compatibles, se registrarán en la base de datos las actuaciones que permitirán determinar la existencia de las infracciones contempladas por la normativa vigente.

Por último, y con el fin de generalizar los criterios de manejo de información ambiental, la Mesa de Enlace dará participación en forma oportuna, tanto a la Policía Federal Argentina como Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

De la firma del convenio participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; la jefa del Programa Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvina Borelli; el secretario relator en Ambiente e Intereses Difusos de la Procuración General, Sebastián Lloret y los abogados de la Procuración General, Santiago Sotelo y Marcos Rubinovich.

Entrevista al procurador general, Pedro García Castiella y al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal.

Fallo de La Corte Interamericana de DDHH a favor de las comunidades

Pese a los esfuerzos de conservación realizados por el Estado Provincial, tanto la tala indiscriminada como la comercialización ilegal de productos forestales continúa siendo uno de los problemas más acuciantes en materia ambiental, económica y social.

A principios de 2020, la República Argentina (y la Provincia de Salta dentro de ella) fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat vs Argentina”, debiendo elevarse los estándares de protección en diversas materias vinculadas al reconocimiento de la personería de los pueblos originarios, al derecho a la propiedad comunitaria, al acceso al agua y la alimentación, a las garantías judiciales y a la protección de bosques nativos, entre otros temas.

Las actividades ilícitas ponen en serio peligro al bosque nativo y a diversas especies animales y vegetales; afectan gravemente al sector productivo que desarrolla su actividad forestal de acuerdo a la normativa vigente y perjudica especialmente a las comunidades originarias y criollas cuya subsistencia depende del bosque, lo que origina múltiples problemas económicos y sociales. 

Orán: Piden la prisión preventiva para los doce imputados tras los múltiples allanamientos

La fiscala penal 3 de Orán, Mónica Viazzi, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 la prisión preventiva para seis mujeres y seis hombres imputados por la supuesta comisión de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, extorsión, coacción agravada por el uso de arma y asociación ilícita, en concurso real.

Los doce imputados fueron detenidos durante múltiples allanamientos llevados a cabo durante la mañana del jueves 27 de enero en inmuebles de Orán, Pichanal e Hipólito Yrigoyen, luego de que el Juzgado de Garantías interviniente hiciera lugar al requerimiento formulado por la fiscala penal en feria, Mariana Torres.

Los 21 allanamientos fueron requeridos en el marco de causas originadas por hechos delictivos que sufrieran comerciantes de la zona fronteriza y permitieron la detención de seis mujeres y seis hombres, todos mayores de edad.

Durante los procedimientos, también se logró el secuestro de armas de fuego y hechizas, vehículos, sustancia estupefaciente y dinero en efectivo, entre otros elementos de interés.

En sus fundamentos, la fiscala penal Mónica Viazzi advirtió un probable entorpecimiento en la investigación y un peligro de fuga de los acusados ante la gravedad de los delitos por los que fueron acusados.

Imputan al Intendente y a tres concejales de La Merced

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al titular del Ejecutivo de La Merced por retención indebida, incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, imputó a tres ediles como partícipes necesarios del delito de peculado.

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al Intendente de La Merced por los delitos de retención indebida, incumplimiento a los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, imputó a tres concejales como partícipes necesarios del delito de peculado.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, denunciara al jefe comunal en la Fiscalía Penal de Cerrillos.

Las causas fueron derivadas a la UDEC, en donde se realizó una investigación y, luego de reunir las pruebas necesarias, la fiscala Salinas Odorisio tomó la determinación de imputar al Intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público pues habría presuntas irregularidades en las transferencias al Concejo Deliberante correspondientes a los meses de diciembre 2019, enero a julio 2020 y septiembre del 2020, y habría omitido aplicar la nueva alícuota de 6,92% establecida por el art. 21 de la Ordenanza 33/18.

En cuanto a la imputación de retención indebida, según surge de la investigación, el Intendente habría efectuado transferencias presupuestarias correspondientes a diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020 y septiembre 2020 a favor del Concejo Deliberante, aplicando una alícuota del 4,5%, omitiendo aplicar la que correspondía según lo establecido por el artículo 21 de la Ordenanza 33/18 (modificado por la Ordenanza 02/2019), que era del 6,92%. De esta forma habría afectado nuevamente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, en particular el del Concejo Deliberante de La Merced.

Respecto al delito de peculado, de la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, surgió que desde cuentas bancarias de la Municipalidad de La Merced se efectuaron, en septiembre de 2020, tres transferencias de $57.081 cada una a las cuentas de tres concejales.

Por último, Salinas Odorisio imputó al Intendente por incumplimiento a los deberes de funcionario público ya que suscribió la Resolución 535/21, que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso “Cristo de la Hermandad” habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario n° 1319/18.

Durante la audiencia, los imputados se presentaron con abogados particulares y se abstuvieron de declarar, aunque anticiparon que presentarán su descargo por escrito.

Embarcación: Imputado por intentar robar un vehículo y amenazar armado a la propietaria

La fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó provisionalmente a un hombre de 22 años por la supuesta comisión del delito de tentativa de robo y amenazas con arma. Durante la audiencia de imputación, el acusado, asistido por un defensor oficial, se abstuvo de declarar.

La intervención de la fiscala penal Gabriela Souto, se produjo tras las actuaciones de la Comisaría 43 de Embarcación, en las que consta que el 5 de febrero, cerca de las 0:20, el acusado llegó al domicilio de la víctima ubicado en Barrio 2 de Abril, donde habría roto una ventana del vehículo de la denunciante con intenciones de sustraer elementos.

Al activarse la alarma del vehículo y salir la damnificada junto a un grupo de vecinos, el acusado escapó del lugar.

De las actuaciones, surgió que la denunciante se dirigió luego al domicilio del imputado para hablar con su madre, pero encontró al acusado, quien de manera agresiva negó haber cometido del hecho.

Al retirarse la denunciante a su domicilio, nuevamente se habría presentado el imputado, quien portando un cuchillo la amenazó.

Temiendo ser lesionada, la mujer ingresó rápidamente a su domicilio junto a su hija de cinco años para dar aviso al personal policial, que logró la detención del acusado.

Fiscales del Distrito Judicial Sur juraron la Constitución Provincial reformada

El acto de jura del nuevo texto de la Carta Magna de la Provincia, fue llevado adelante en la mañana de este viernes en el Salón Auditorium del Poder Judicial y Ministerio Público de Metán.

La presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público y asesora general, Mirta Lapad; el defensor general, Gabriel Chibán y el procurador general, Pedro García Castiella, encabezaron el acto en el que magistrados del Distrito Judicial Sur, juraron el nuevo texto constitucional con las reformas aprobadas por la Convención Constituyente reunida en 2021.

Por el Ministerio Público Fiscal, juraron los fiscales penales de Metán, Susana Redondo Torino y Sergio Castellanos; y los fiscales penales de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra y Nicolás Rodríguez López.

El acto se llevó en la mañana de este viernes en el Salón Auditorium del Poder Judicial y Ministerio Público de Metán, donde los fiscales realizaron el juramento y posteriormente firmaron el libro de actas.

Imputado por robar vehículos particulares

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó provisionalmente a un hombre de 46 años por la supuesta comisión de los delitos de tentativa de robo agravado por el uso de arma, en calidad de coautor y robo simple en calidad de autor (dos hechos), todo en concurso real.

El primer hecho investigado ocurrió el pasado 31 de diciembre en calle Esteco de la ciudad de Salta, donde el imputado habría violentado la cerradura de un vehículo para sustraer un estéreo marca Sony.

Tras ser sorprendido por el propietario del vehículo, quien le solicitó al acusado que le entregase el estéreo, éste habría sacado un destornillador para atacarlo sin llegar a lesionarlo, para luego escapar junto con otro hombre.

Antes y después de este hecho, el imputado habría sustraído otro estéreo de un vehículo y tres camperas del baúl de otro, según las denuncias radicadas por otros dos damnificados.

Personal policial logró detener al sospechoso, a quien le secuestraron varios elementos de interés para la causa, entre ellos, un destornillador, una navaja, un cuchillo y un estéreo.

Reunidos los elementos probatorios, la Fiscalía Penal 5 abrió decreto de imputación contra el hombre de 46 años por los delitos de tentativa de robo agravado por el uso de arma en calidad de coautor y robo simple (dos hechos), en calidad de autor material, todo en concurso real.

Piden el juicio contra dos policías por lesionar gravemente a un hombre y denunciar falsedades

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa en la que dos efectivos policiales con revista en la División de Seguridad Urbana fueron imputados por un hecho ocurrido en mayo de 2019 en un domicilio de barrio Primera Junta de la ciudad de Salta.

El sargento ayudante Mario Balanza Chauque fue acusado de los delitos de vejaciones calificadas agravadas por el grave daño a la salud de la víctima, falsedad ideológica y falsa denuncia en concurso ideal, todo en concurso real.

Por su parte, el cabo Hugo Ángel Alanís Morales, fue acusado de los delitos de falsedad ideológica y falsa denuncia en concurso ideal.

Del requerimiento, surgió que el 5 de mayo de 2019, cerca de las 20, el acusado Mario Milton Balanza Chauque, a bordo del móvil 1728, llegó a un domicilio de barrio Primera Junta de la ciudad de Salta y con exceso de sus funciones, habría acometido en contra de la integridad física de la víctima, quien sufrió múltiples lesiones.

La lesión más grave fue constatada en el ojo derecho, por la cual la víctima sufrió un debilitamiento permanente del sentido de la vista. Las lesiones serían producto de impactos de proyectiles.

En tanto, Balanza Chauque también habría denunciado hechos falsos, al expresar que la víctima tenía dos cuchillos, lo que no concuerda con la versión de los testigos presenciales, por lo que habría insertado en un documento público declaraciones falsas para desfigurar la verdad.

Por su parte, el fiscal Gabriel Alejandro González indicó que también resulta atribuible la comisión de los delitos de falsedad ideológica y falsa denuncia en concurso real al cabo Hugo Ángel Alanís Morales, quien habría realizado falsas imputaciones no corroboradas en ningún extremo de la investigación para justificar el procedimiento policial realizado, en el que se advirtieron irregularidades la ingreso al domicilio de la víctima al no existir un supuesto de flagrancia que lo habilitara.

Condenados por el homicidio de Roberto Carlos Tolaba y su encubrimiento

La fiscala penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado desarrollada en la Sala III del Tribunal de Juicio, que condenó a Eduardo José Luis Sarapura a la pena de 15 años de prisión efectiva por el delito de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de Roberto Carlos Tolaba y a Federico Javier Quevedo a la pena de ocho meses de prisión condicional por el delito de encubrimiento.

El hecho juzgado ocurrió el 26 de abril de 2021 en zona sudeste de la ciudad de Salta, cuando Roberto Carlos Tolaba fue atacado mortalmente por Eduardo José Luis Sarapura para robarle la bicicleta en la que circulaba. En tanto, Federico Javier Quevedo recibió el bien robado, quien sabiendo su origen lo vendió.

El juicio fue requerido ante el Juzgado de Garantías 3 en noviembre pasado por la fiscala penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, contra los ahora penados.

En el extenso requerimiento, Simesen de Bielke sostuvo que el 26 de abril de 2021, en inmediaciones de la calle Fortín Las Juntas intersección Martín Fierro, segunda etapa de Barrio Solidaridad, Eduardo José Luis Sarapura atacó de muerte y con arma blanca a la víctima, Roberto Carlos Tolaba, para asegurarse el apoderamiento de la bicicleta en la que circulaba, ocasionándole lesiones en zonas vitales.

La autopsia realizada por un médico forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, indicó que el deceso del Tolaba se produjo por shock hipovolémico por lesión cardíaca grave por arma blanca.

Numerosas tareas investigativas desplegadas permitieron determinar que Federico Javier Quevedo, luego de que Sarapura lesionara mortalmente a Tolaba, recibió la bicicleta robada y se encargó de venderla.

Imputada por un hurto millonario

La fiscala penal de UNICROH, María Eugenia Guzmán, imputó provisionalmente a una mujer de 40 años por la supuesta comisión del delito de hurto calificado. La acusada permanece con arresto domiciliario.

Las actuaciones de la fiscala penal María Eugenia Guzmán, iniciaron tras la denuncia radicada por la víctima el pasado 22 de enero, quien expresó que al regresar a su domicilio, encontró la puerta de ingreso abierta y notó luego la ausencia de todos sus ahorros.

Del decreto de imputación, surgió que en la noche de la mencionada fecha, la imputada habría ingresado sin ejercer violencia a un departamento ubicado en el macrocentro de la ciudad de Salta con el uso de laguna llave o instrumento similar, para apoderarse ilegítimamente de la suma de USD 6500 y $1.080.000 (seis mil quinientos dólares y un millón ochenta mil pesos) y una computadora.

Distintas tareas investigativas desarrolladas en forma conjunta con el Grupo Investigativo del Sector 2, permitieron identificar a la sospechosa y una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, fue requerida al Juzgado de Garantías interviniente una orden de allanamiento para el domicilio de la mujer ubicado en zona sureste, donde fue concretada la detención.

Durante el procedimiento, se logró el secuestro de $509.300 y USD 8868 (quinientos nueve mil trescientos pesos y ocho mil ochocientos 68 dólares), prendas de vestir y dos teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la causa, mientras que la computadora fue encontrada dañada en el canal San Cayetano.

Orán: Doce imputados tras los múltiples allanamientos

La fiscala penal de Orán en feria, Mariana Torres, imputó provisionalmente a seis mujeres y seis hombres por la supuesta comisión de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, extorsión, coacción agravada por el uso de arma y asociación ilícita, en concurso real.

Los doce imputados fueron detenidos durante múltiples allanamientos llevados a cabo durante la mañana del pasado jueves en inmuebles de Orán, Pichanal e Hipólito Yrigoyen, luego de que el Juzgado de Garantías 1 en feria de Orán hiciera lugar al requerimiento formulado por la fiscala penal Mariana Torres.

Los 21 allanamientos fueron requeridos en el marco de causas originadas por  hechos delictivos que sufrieran comerciantes de la zona fronteriza y permitieron la detención de seis mujeres y seis hombres, todos mayores de edad.

Durante los procedimientos, también se logró el secuestro de armas de fuego y hechizas, vehículos, sustancia estupefaciente y dinero en efectivo, entre otros elementos de interés.