El fiscal penal 1 interino, Gabriel Alejandro González, imputó este martes a P.A.T., de 44 años, la comisión del delito de lesiones leves, en calidad de autor y en perjuicio de una mujer que se manifestaba en la vía pública. El acusado fue asistido por su defensa particular y se abstuvo de declarar.
La intervención de la Fiscalía Penal 1 se produjo a partir de la denuncia realizada por la víctima, en contra del acusado. Se avanzó en la imputación a partir de distintos elementos colectados -sumados a la denuncia de la mujer-, tales como las declaraciones de testigos, las imágenes incorporadas a partir de las cámaras en el lugar del hecho y el informe policial.
Todos esos elementos confirmaron que el imputado propinó golpes de puño -sin mediar palabra alguna-, dirigidos a la cara de la víctima. La mujer los esquivó, pero el hombre logró golpear el brazo derecho de la denunciante y la lesionó.
Según consta en las actuaciones, la denunciante se desempeña como docente y el miércoles 18 del corriente, a las 14:40, se encontraba junto a sus compañeras, con quienes realizaban cortes de tránsito intermitentes de 5 minutos cada uno, sobre avenida Juan Domingo Perón y a la altura de la rotonda del Colegio San Pablo, en el marco de una manifestación.
Cuando la denunciante realizaba uno de los cortes, se aproximó una camioneta marca Kangoo blanca, conducida por el imputado. Disminuyó la velocidad, pero no detuvo la marcha de su automóvil y “tiró” el vehículo encima a los presentes.
Luego, se bajó y se dirigió a la denunciante, que filmaba lo ocurrido con su teléfono celular y le gritó “no me importa, voy a pasar igual con mi auto, voy a hacerles una denuncia penal, no dejaron pasar la ambulancia». Luego, intentó golpear con el puño en la cara a la mujer, quien lo esquivó y recibió el golpe en el hombro derecho. Entonces, el hombre subió a su rodado y se retiró del lugar.
El contenido de la denuncia fue ratificado por las declaraciones testimoniales, que sumaron que el hombre amenazó a los presentes con pasarles “por encima a todos” y que al volver a vehículo, comenzó a acelerarlo. Otro testimonio indicó que el acusado insultó a docentes y los efectivos policiales presentes y que a la docente que golpeó, le dijo “no me importa tu tiempo, hija de p…”.
El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Norte-Orán, rechazó la oposición y el cambio de calificación instada por la defensa de los acusados y ordenó la remisión a juicio de la causa en la que once efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, fueron imputados por la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves y falsificación de documentos públicos. Interviene el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González.
De las tareas investigativas, surgió que los imputados citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán. Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.
Con los elementos reunidos durante la investigación llevada adelante por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, fueron imputados el oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo Páez alias “Caimán” y Carlos David Morales, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal.
El oficial Enzo Anagua también fue imputado por el delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al Supermercado Comodín a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que incriminara.
Tras las detenciones producidas el 29 de abril, fueron posteriormente imputados el sargento Pedro Daniel Smiter y el suboficial principal Héctor Gustavo Calleja, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal, ya que los mencionados, en ejercicio de un acto de servicio, citaron a la víctima para que prestara declaración testimonial por el robo y una vez allí, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante.
El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.
Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.
Por último, fueron imputados el oficial auxiliar Pablo Ferrufino, quien se encontraba en el momento del hecho a cargo de la dependencia; el oficial Jesús Tárraga, quien se encontraba como oficial de servicio; el sargento ayudante Raúl Luna y el oficial César Pineda, quienes se desempeñaban como jefes de Guardia; y los sargentos Rodolfo Guerrero y Fredy Martínez, quienes se desempeñaban como cabos de guardia; por el delito de omisión de evitar el delito de tortura, ya que surgió del registro del libro de guardia y novedades de la dependencia policial, que estuvieron al momento en que sucedieron los hechos, sin que pudieran desconocer lo que estaba ocurriendo, porque los detenidos que se encontraban alojados en la Brigada 2, manifestaron que vieron a Páez, Calleja, Smiter y Anagua llevar a un hombre hacia la habitación de atrás que está en el patio interno de la dependencia, luego de lo cual escucharon música a alto volumen y después de ello los gritos de dolor de dicha persona.
En su condición de funcionarios públicos tenían la obligación de evitar la comisión del delito de tortura que se les endilga a los otros efectivos policiales, pero no lo hicieron.
El oficial César Pineda y el sargento Fredy Martínez, también fueron imputados por el delito de falsedad ideológica en calidad de partícipes necesarios, que concurre en forma real con el otro delito endilgado, ya que en su calidad de funcionarios públicos firmaron el acta de declaración como testigos.
A raíz de los pedidos de colaboración, la Unidad de Investigaciones del CIF llevó a cabo una serie de diligencias que permitieron identificar a los acusados y recopilar valiosa información para lograr esclarecer los hechos. Durante los procedimientos del pasado 29 de abril, fueron secuestrados el libro de guardia y un automóvil Ford K color gris, que se encontraba incautado previamente en una causa federal, entre otros elementos de interés para la causa.
Violencia Institucional
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, sostuvo que de lo recolectado durante la investigación penal preparatoria, se advierte el despliegue de una práctica de violencia institucional que corresponde erradicar mediante su sanción del sistema policial de nuestra provincia y país, tal compromiso no solo surge de la Constitución Nacional, sino de los tratados específicos de Derechos Humanos, como la Convención contra la Tortura, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con jerarquía Constitucional, mediante su incorporación en el art. 75 inc. 22, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ley 23652).
La Violencia Institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.
Por ello, se advierte que a fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que nos permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas, máxime cuando ellas son llevadas adelantes por aquellos titulares de la función de seguridad.
Estas prácticas violentas y en estos ámbitos, han sido históricamente toleradas, por lo que se debe tener presente que en los entornos en la que se produce se advierte un aprovechamiento de una posición ventajosa, que permite una dependencia absoluta o relativa de la autoridad de las personas, que da la condición de posibilidad para el despliegue de las mismas.
Téngase en cuenta que la violencia institucional referida, conlleva un plus de reproche por cuanto son cometidas por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y deberes, se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional, y cuya práctica contraria se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros del Estado y que como ya se dijo se advierte en la presente causa.
Y es pertinente traer a colación un párrafo del Considerando en la Sentencia “Bulacio Vs. Argentina” en sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “De ahí la importancia de la realización de la justicia. Contra los actos de violencia violatorios de los derechos humanos se erige el orden jurídico (nacional e internacional), para asegurar la prevalencia de la justicia y, de ese modo, extender satisfacción a las víctimas (directas e indirectas)”.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 22 años, acusado del delito de tentativa de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor.
Del requerimiento surgió que en la madrugada del 22 de noviembre de 2020, cuando la denunciante dormía en la casa de una amiga ubicada en barrio La Lonja y tras una reunión, despertó al sentir que le besaban el cuello y la sometían a tocamientos, al igual que notó que le habían bajado la ropa interior.
Al darse cuenta de la situación, corrió al acusado y le preguntó “qué haces”, por lo que este se subió sus prendas, le respondió “yo pensé que vos también querías” y se retiró presuroso del lugar.
En sus fundamentos, el fiscal penal Federico Obeid, sostuvo que resulta claro que el causante atentó contra la integridad sexual de la víctima al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual sin consentimiento y sin llegar a accederla carnalmente por causas ajenas a su voluntad.
La denuncia fue radicada al día siguiente por la denunciante, en contra del acusado, excompañero de colegio de su amiga.
Así lo consideró el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, en el marco del acuerdo alcanzado entre la Escuela del Ministerio Público de Salta -de la cual es director-, con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El convenio -que será suscripto formalmente por autoridades de la UBA-, permitirá al MPF acceder a becas que contribuirán a mitigar la nueva brecha de automatización o inteligencia artificial, como sucedió con internet y otras tecnologías.
“La dinámica de las ciencias es la que otorga mayor relevancia a la multidisciplinariedad en el derecho, porque su ejercicio, -especialmente en la investigación penal y sanción de los delitos-, debería ir de la mano del desarrollo técnico-científico”, afirmó Cornejo, al tiempo que destacó que esa dinámica es la que hizo que la necesidad de integrar especializaciones y generar conocimientos, sea cada vez mayor.
Cornejo, Ruiz y Aballay, con Corvalán
El convenio marco de cooperación con la Escuela del Ministerio sobre el que avanzaron Cornejo y el Co-Director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, Juan Gustavo Corvalán, permitirá capacitar a integrantes del Ministerio Público Fiscal de Salta a través del Programa de Formación Multidisciplinario de Inteligencia Artificial, que tiene como finalidad formar tres tipos de perfiles: gobernanza de datos; programación clásica y de Inteligencia Artificial; y dirección de proyectos asociados a la automatización y a la aplicación de sistemas inteligentes.
Precisamente, el convenio establece que las personas que resulten becadas, ingresarán a una formación basada en una vocación social, centrados en la transparencia, interpretabilidad, trazabilidad y seguridad de datos.
Becas y contenidos
Las Becas 100 % para agentes del Ministerio Público, del IALAB
de la UBA y con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de
la cátedra UNESCO, a través del programa UniTwin, impulsa la formación de
talento en datos y sistemas inteligentes. También se contemplan las Becas con
descuento del 30 %, que posibilitará a profesionales del MP, cursar Programas
de Posgrado de 30 horas sobre Inteligencia Artificial, Consumo, Daños y
Seguros, Inteligencia Artificial e investigaciones digitales y algorítmicas,
Inteligencia Artificial, Redes Sociales y Perfiles Digitales Humanos e Inteligencia
Artificial y Violencia de Género. También se abordará un enfoque
multidisciplinario, Transformación Digital e Inteligencia Artificial en la
Administración Pública e Inteligencia Artificial en la Justicia.
Durante el encuentro virtual con Corvalán, participaron la secretaria letrada de la Procuración, Fátima Ruiz y la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia desarrollada en la Sala III del Tribunal de Juicio, donde Pedro Nicolás Quinteros, fue condenado a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Las actuaciones de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, iniciaron con un informe policial que precisó que el 7 de julio de 2020, cerca de las 19 y en inmediaciones del pasaje Los Cóndores de barrio Cabildo, personal de Drogas Peligrosas interceptó a tres jóvenes.
Les secuestraron cuatro envoltorios con sustancia vegetal disecada, un cigarrillo armado con la misma sustancia y cinco semillas de cannabis sativa. Uno de los demorados sostuvo que conseguía la sustancia en un domicilio de calle Zuviría, de Villa Floresta. Vecinos señalaron a Quinteros como vendedor de drogas y sobre todo los fines de semana.
Además, efectivos policiales documentaron el permanente arribo de personas, la mayoría jóvenes, quienes adquirían las sustancias y las consumían en el lugar o cerca de él. Varios compradores fueron interceptados por la policía.
En base a los elementos obtenidos, pudo confirmarse que el investigado llevaba a cabo actividades ilícitas de fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes, por lo que se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la autorización para su allanamiento.
El procedimiento se produjo el 11 de diciembre de 2020 y una vez terminada la identificación de los residentes, el imputado entregó un envoltorio verde con sustancia vegetal. De la requisa personal al imputado, se secuestró la suma de $8800. Y de su habitación, con la intervención de un perro antinarcóticos, se incautó un envoltorio rectangular con cinta de embalar, con sustancia vegetal disecada; un teléfono celular; $44.900 escondidos en un ropero y $10.910 de un chiffonnier.
De la habitación del hijo del imputado, se secuestró la suma de $ 21.000, seis cartuchos anti tumulto calibre 12 y cinco postas de guerra calibre 16. De la que utiliza la hija del imputado, se secuestró la suma de $ 21.100, un cigarrillo con sustancia vegetal disecada en forma de picadura y un teléfono celular.
En la cocina fue encontrada una balanza gramera gris, tres cajas de papel para armar cigarrillos, un picador con restos de sustancias, ocho semillas de cannabis sativa y $220.
Por último, de una habitación que funcionaba como almacén, se secuestraron envoltorios de plástico blanco con sustancia vegetal disecada de forma compactada, 69 cigarrillos armados con sustancia vegetal disecada en forma de picadura y la suma de $10.330. Del patio, se secuestraron tres plantas de cannabis.
El narcotest sobre la sustancia secuestrada dio positivo para cannabis sativa, con un pesaje total de 453 gramos.
El 30% del dinero secuestrado durante el procedimiento, por un total de $117.260, fue afectado al Ministerio Público Fiscal para la lucha contra el microtráfico.
Bajo la dirección del fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, investigadores del CIF lograron identificar a un hombre, quien en su domicilio ubicado en barrio Santa Victoria de la ciudad de Salta y a través de la red social Facebook, se dedicaba a difundir material pornográfico.
Los investigadores realizaron distintas tareas que permitieron identificar y localizar al causante, por lo que fue solicitada al Juzgado de Garantías 3, la orden del allanamiento que fue realizado durante esta mañana y que permitió el secuestro de aparatos celulares y elementos informáticos de almacenamiento.
Las actuaciones iniciaron tras la recepción de un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, dependiente de la Fiscalía General de CABA, en virtud de una denuncia remitida por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
En la mencionada denuncia, se puso de manifiesto que mediante la utilización de la red social Facebook, un perfil falso con asiento en ciudad de Salta Capital, habría divulgado y difundido material relacionado directamente con pornografía infantil.
Bajo la dirección de la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio, los investigadores del CIF lograron establecer la participación de una tercera persona, quien tenía el rol de captar a familias, en evidente vinculación con los autores de las estafas, mediante la utilización de medios informáticos. El detenido será imputado en las próximas horas.
Se trata de un hombre de 39 años, quien fue detenido luego del nuevo allanamiento que fuera autorizado por el Juzgado de Garantías 2, en el que se logró el secuestro de diversos elementos probatorios.
La nueva detención se produjo en el marco de la causa en la que se investiga el delito de estafa por parte de “Viviendas Edén”, con un perjuicio de 12 millones de pesos confirmado en ocho hechos, a diversas familias y que ya cuenta con dos detenidos.
Es que a comienzos de agosto, los investigadores lograron identificar y ubicar a la banda que estafó en forma reiterada a ciudadanos de la capital salteña y alrededores.
Los investigadores del CIF lograron establecer que la banda, integrada en su mayoría por miembros de una misma familia, utilizaba redes sociales y el nombre ficticio de la empresa “Viviendas Edén” y de esa forma, captaron a usuarios con la promesa de construirles una vivienda familiar, cabañas y ampliaciones, en cómodas cuotas.
A través de ese ardid, convencieron a las víctimas de realizar aportes de cuotas que iban desde los $ 20.000 (veinte mil pesos) a $ 1.000.000 (un millón de pesos) que mes a mes renovaban, con la falsa promesa de que pronto se daría curso a la construcción.
Luego de apropiarse del dinero, los sujetos cortaban comunicación con los damnificados y nunca cumplieron con lo pactado.
El fiscal penal 1, Ezequiel Molinati, imputó provisionalmente a Daniel Alberto Argañaraz, por el delito de daño calificado. El acusado, asistido por una defensora oficial, optó por declarar.
La intervención del fiscal penal Ezequiel Molinati, se produjo tras la denuncia radicada en la Subcomisaría de barrio Castañares por la subsecretaria de Espacios Verdes de la Municipalidad de Salta, Constanza Colorito.
La funcionaria realizó la denuncia tras tomar conocimiento por vecinos y alertó que un grupo de motociclistas ingresó sin autorización a la reserva Parque Natural de la Ciudad, ubicada al noreste de la ciudad de Salta, que forma parte del tramo central de las Sierras de Mojotoro.
La situación tomó estado público a través de los medios de comunicación y redes sociales, a través de las cuales se viralizaron protestas y la convocatoria para reunir firmas a través de la plataforma Change.org, con el fin de oponerse al emplazamiento de la pista de enduro.
Del decreto de imputación, surgió que el pasado 16 de agosto, el acusado, quien preside el Club Enduro Salta, en compañía de un grupo de 10 hombres a bordo de sus respectivas motos, fue al Parque Natural de la Ciudad, ubicado en la zona norte de la capital salteña, e ingresaron por el canal que colinda con Villa Lata, lo que produjo daños en el terreno y los arbustos pertenecientes a la flora del lugar.
El fiscal Molinati sostuvo que la intención del grupo fue la de realizar una pista de enduro en el lugar, lo que fue impedido por la intervención oportuna de los vecinos.
El acusado, de 53 años, se escondió en el patio de la vivienda de su expareja. En marzo de 2021, el Juzgado de Violencia de Género le había notificado que tenía prohibido acercarse al inmueble.
Un hombre de 53 años fue imputado por la fiscala de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, por desobediencia judicial (dos hechos) y amenazas.
La fiscala intervino luego de que la expareja del acusado se comunicara con la Policía de la Provincia para solicitar ayuda pues encontró al hombre escondido en el patio de su vivienda.
La mujer, asustada, se refugió en el interior de su casa y logró cerrar la puerta. Desde allí, el hombre la habría insultado y amenazado con abusar sexualmente de ella. Al llegar la Policía al lugar, el acusado se dio a la fuga.
Teniendo en cuenta que el 6 de agosto pasado, también se presentó en el domicilio y que el acusado fue notificado el 23 de marzo de 2021 por el Juzgado de Violencia de Género sobre la prohibición de acercamiento al inmueble, Filtrín Cuezzo tomó la determinación de imputarlo por desobediencia judicial y amenazas.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que la jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Mónica Mukdsi, condenó a Carlos Eduardo Quiroz, de 42 años, a la pena de tres años de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación y en perjuicio de una alumna menor de edad, de 14 años, de la Escuela Oficial de Ballet.
En el mismo fallo, la magistrada interviniente dispuso la inhabilitación especial por igual tiempo de condena para ejercer la docencia en instituciones públicas.
De los elementos colectados durante la investigación, surgió que el docente Carlos Eduardo Quiroz, quien se desempeñaba como profesor de preparación física en la institución mencionada, atentó contra la reserva sexual de la alumna, entonces de 14 años.
Al requerir la elevación a juicio en diciembre de 2019, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, destacó que el relato de la víctima resultó concordante con el de testigos consultados, quienes advirtieron claramente un profundo cambio en el estado de ánimo de la menor.
De acuerdo al fiscal, el imputado perpetró un serio acometimiento en contra de la víctima, vulnerando su libertad sexual, aprovechando su superioridad física y la posición que ostentaba respecto de ella, en pleno dominio de sus actos.
Quiroz fue imputado en julio de 2019 por el delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación.
La denuncia fue radicada por la madre de la niña que concurría a la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia, al tomar conocimiento de que su hija había sido víctima de tocamientos por parte del profesor de preparación física.
La mujer señaló que su hija le dijo que no era la primera vez que sucedía y que conocía que lo hacía con otras alumnas.
También indicó que puso en conocimiento de la situación a las autoridades del Ministerio de Cultura de la Provincia, quienes en forma inmediata lo separaron de su cargo y radicaron la denuncia en su contra.