Prohíben el intercambio de correspondencia en papel con el Distrito Judicial del Norte

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, prohibió, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, el intercambio bidireccional de correspondencia en soporte papel con el Distrito Judicial del Norte (envío-recepción). La medida se suma a la dispuesta el miércoles 24, cuando ordenó el trabajo remoto y guardias telefónicas de 24 horas.

En cambio, se deberá recurrir para la comunicación, a los medios tecnológicos y herramientas digitales que se encuentran disponibles. La medida evitará el contacto entre personas responsables del envío-recepción de documentación en soporte papel.

La Resolución fue comunicada a al Área de Higiene y Seguridad, Servicio Médico, Dirección de Personal y Colegio de Gobierno.

El Procurador señaló que mediante la Resolución N° 1008/2020 se dispuso “Aprobar las Recomendaciones formuladas para la manipulación de papel impreso”, en todo el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Y que, atento al contexto de emergencia y en consonancia con las recientes medidas restrictivas adoptadas por el intendente de Tartagal, Mario Mimessi, se dictó la Resolución N° 1027/2020, por medio de la cual se ordenó que a partir del día 24 de junio del corriente, todo el personal dependiente del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Tartagal, cumpla sus funciones desde sus hogares y con guardias telefónicas las 24 horas.

El Ministerio Público Fiscal prestará servicios de 8 a 14

En el marco del restablecimiento gradual y progresivo de las actividades del Ministerio Público Fiscal, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, resolvió que a partir del lunes 29 de junio de 2020, todas las dependencias prestarán servicios en el horario de 8 a 14.

Dentro de la fase de distanciamiento social, el Procurador General entendió que es posible avanzar en el Programa de Implementación del Servicio de Justicia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, Progresivo, Gradual, y en consecuencia, dispuso adoptar medidas adecuadas en beneficio de la administración de justicia, siempre teniendo en miras el resguardo de la salud de quienes integran el organismo y de la comunidad en general.

Quedaron exceptuadas las dependencias del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Tartagal (con excepción de Embarcación), como fue establecido esta semana, a partir de la adhesión a la medida del Gobierno Municipal, ante la confirmación de un caso positivo de coronavirus.

Se mantiene la vigencia de lo dispuesto a través de la Resolución N° 1026/2020, referida al personal afectado a prestar servicios de manera presencial, al trabajo remoto de quienes no fueron convocados, a la atención al público en general, y a toda otra cuestión que haga al restablecimiento gradual y progresivo de las actividades, en consonancia con las medidas precautorias que la situación actual demanda.

Juego ilegal: En.Re.J.A pide que funcione la Fiscalía de Ciberdelitos

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al vicepresidente del Ente Regulador del Juego de Azar, Adrián Amén, quien informó sobre el alarmante avance del juego ilegal, especialmente virtual. La oferta de juegos online se incrementó a partir del aislamiento obligatorio causado por la pandemia. Enreja pedirá que se agilice el  concurso del cargo para la Fiscalía de Ciberdelitos.

El Ente Regulador del Juego de Azar de la Provincia de Salta es la entidad autárquica del Gobierno de la Provincia de Salta que regula el juego de azar en todas sus formas, es decir las pautas, procedimientos y condiciones de su explotación y administración. Pero ante el avance del juego ilegal, piden intervención del Ministerio Público Fiscal.

“Planteamos al Procurador la problemática existente en la provincia por el juego ilegal, la que se ha agravado ante la pandemia y los locales de juego cerrados”, afirmó Amén, al confirmar que proliferaron las apuestas y juegos online, que no están regulados ni autorizados por la provincia y tampoco tributan aquí. “Se llevan el dinero de todos los salteños” afirmó el Vicepresidente de En.Re.J.A,al explicar que no pagan canon ni tributo alguno, cuando la ley establece que la recaudación tiene como fin desarrollar acciones preventivas de la adicción al juego y para programas sociales y educativos.

“El Ente actuará muy rápidamente en tratar de erradicar el juego ilegal, a través de las facultades que otorga la Ley Provincial Nº 7.020,  pero necesitamos de la actuación del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial para pedir la baja de dominios de páginas en las que apuestan los salteños”, precisó el funcionario.

Amén destacó que en todo el país hay solo cuatro fiscalías especializadas en cibercrimen y falta la de Salta, “que es muy importante y sigue pendiente”, al tiempo que anunció que el Ente solicitará a las autoridades provinciales que se agilice el llamado a concurso del cargo para la Fiscalía de Ciberdelitos, cuya Ley de creación fue promulgada en diciembre pasado.

En 2017, el juego clandestino dejó de ser una contravención y por imperio de la reforma que se hizo a la Ley de Ganancias al introducir el artículo 301 bis al Código Penal, quedó establecido como delito. La normativa establece que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.

Amén concurrió al encuentro con el asesor jurídico y especialista en legislación sobre juegos, Néstor Cotignola.

Tartagal: Fiscalías trabajan en forma remota ante la confirmación de un caso positivo de COVID 19

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó que desde este miércoles y hasta tanto se disponga lo contrario, fiscales, funcionarias y funcionarios y todo el personal del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Tartagal (con excepción de la Fiscalía Penal de Embarcación), cumplirán sus funciones desde sus hogares, con guardias telefónicas las 24 horas. La restricción al público es total.

En la misma Resolución, Cornejo dispuso que las fiscalías asumirán la vista de sus intervenciones y que sus funcionarias y funcionarios deberán concurrir a las oficinas para la debida articulación de las diligencias solo cuando los trámites procesales impostergables así lo requieran. Podrán afectar el mínimo de personal necesario.

La atención al público en todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial de Tartagal (con excepción de la Fiscalía Penal de Embarcación), queda totalmente restringida.

Se recordó que cualquier ciudadana o ciudadano que lo requiera, podrá recurrir a las dependencias de la Policía de la Provincia

Las medidas se adoptan en adhesión a los criterios de seguridad y salubridad dispuestos por el gobierno municipal de Tartagal, y en resguardo del personal y fundamentalmente, de toda la comunidad tartagalense.

Inseguridad, violencia de género y salud pública en la agenda del MPF y el Gobierno de la Ciudad

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la intendenta de la Ciudad de Salta, Bettina Romero, con quien intercambió sobre el Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal y las políticas públicas desde aquí desarrolladas. La Jefa Comunal destacó la posibilidad de trabajo conjunto, en pos de mejorar la calidad de vida en la capital provincial, y especialmente en situaciones de violencia de género, delitos contra la propiedad y de infracciones contra la salud.

La intendente Bettina Romero se refirió a los temas de preocupación en la Ciudad y consideró que hay “muchos que nos importan y nos convocan a trabajar juntos: especialmente los altos índices de violencia contra las mujeres, los femicidios y distintas situaciones de inseguridad en los barrios de la ciudad”, precisó. También consideró que “para avanzar en una mejor calidad de vida en la Ciudad, se requiere el esfuerzo conjunto de distintas áreas de los gobiernos municipal y provincial, del Ministerio Público Fiscal y todos los organismos que puedan aportar herramientas y soluciones para ir en ese sentido”.

Salud Pública

La Intendenta afirmó que el acuerdo alcanzado entre la Municipalidad y el Ministerio Público Fiscal en abril pasado, que permite canalizar las denuncias en contra de los propietarios de inmuebles baldíos que incumplen con la obligación de mantenerlos limpios y desmalezados, “es la muestra concreta de que cuando importa el bien común y la salud pública, es muy importante trabajar todos juntos”.

“Valoro enormemente el aporte del Ministerio Público Fiscal en la lucha por la salud pública y contra el dengue, porque para la Municipalidad existe el desafío de mantener los espacios públicos, pero también están los 23 mil terrenos privados” cuya responsabilidad es de sus propietarios, recordó Romero.

Y sumó que “el apoyo institucional del MPF, fue clave porque más allá de que la Municipalidad intime, notifique y sancione, hay que entrar a esos terrenos y limpiarlos”. La intervención penal inicia una vez que los propietarios fueron intimados por la comuna e incumplieron. Los  baldíos bajo supervisión en Capital, superan los 20.000 y gran parte de sus propietarios, ofrecen impedimentos u obstáculos para ingresar y proceder a las tareas, conforme la Ordenanza N° 13.652.

Mejorar el servicio de Justicia, objetivo del MPF y la Secretaría de Justicia de la Provincia

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este martes al secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la Provincia, Diego Pérez. Los funcionarios intercambiaron sobre las prioridades fijadas en la política de gestión por el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Justicia. Pérez dijo que es prioridad acercar y mejorar el servicio de justicia y que este año funcione la Fiscalía de Ciberdelitos.  

El secretario Diego Pérez, quien asumió el martes pasado y reemplazó en su cargo a Pedro García Castiella, actual Defensor General de la Provincia; destacó la posibilidad de mantener una relación fluida entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de acercar y mejorar la calidad del servicio de justicia en toda la provincia. Señaló la posibilidad de coordinar políticas comunes para fortalecer el servicio de justicia, especialmente en el interior y puso el foco en la prioridad de integrar las fiscalías pendientes y avanzar en la implementación de los juzgados contravencionales, con el claro objetivo de descomprimir al Poder Judicial.

El funcionario también precisó la necesidad de avanzar en la puesta en funcionamiento de la Fiscalía de Ciberdelitos, cuya ley de creación fue promulgada en diciembre pasado, y aseguró que se trata de “una prioridad para el Gobierno”. En tal sentido, explicó al Procurador que las integraciones de Fiscalías del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, además de la falta de puesta en marcha de las fiscalías de Ciberdelitos, Cachi y Rosario de la Frontera, se remiten a una cuestión “estrictamente presupuestaria”. Vale recordar que la falta de definición del presupuesto nacional 2020, obligó a la Provincia a prorrogar el presupuesto 2019. La ley de prórroga fue enviada por las autoridades provinciales y sancionada por la Legislatura en diciembre pasado.

“Ojalá podamos completar  la Fiscalía de Ciberdelitos en lo que queda del año”, afirmó Pérez, quien participó en la sanción legislativa de su creación mientras se desempeñó como Senador de la Provincia.

Entre las funciones de la Secretaría de Justicia, se encuentra la de cooperar con el Poder Judicial y el Ministerio Público, en cuestiones relativas a la mediación y otros métodos participativos de resolución de conflictos; realizar proyectos para mejorar las políticas públicas en la lucha contra la droga y el narcotráfico y para la reforma legislativa y de institutos judiciales para la modernización del servicio de justicia.

Violencia institucional: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el MPF trabajarán conjuntamente

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la delegada en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy. La visita protocolar giró en torno al eje de trabajo de la delegación de la Secretaría y la posibilidad de agilizar mecanismos conjuntos en contra de la violencia institucional en Salta.

La presentación, que permitió establecer una primera vinculación entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de Salta, sirvió para profundizar acerca de las competencias de cada organismo, ya que su delegada, María Martínez Morales Miy, es la primera funcionaria que ostenta ese cargo en la provincia.

La Delegada explicó que la Secretaría tiene competencia para recibir denuncias, tanto institucionales como las asentadas en fiscalías, para acompañar en los procesos a víctimas de violencia institucional. Lo hace en concordancia con las instrucciones dictadas por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Dicha Secretaría dispone de la línea gratuita 0800-122-5878, que recibe denuncias de víctimas de quienes sufrieron violación de sus derechos por parte de funcionarios públicos.

“Establecimos el contacto para ver de qué manera se puede seguir trabajando juntos y en pos de esclarecer la enorme cantidad de casos que tiene la provincia, con violencia institucional involucradas”, afirmó la funcionaria, quien consideró que “es muy importante trabajar en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de Salta”, para mantener el seguimiento de determinados casos.

El Procurador le informó sobre la política del Ministerio Público Fiscal, que tiene como premisa la investigación de los avances sobre derechos de los ciudadanos, y que ya ha conformado distintas unidades fiscales de colaboración en casos de abuso policial. Entre ellas, están las destinadas a investigar una denuncia contra la Policía de la Provincia en perjuicio de una mujer de la misma fuerza; la de una ciudadana de Orán que denunció a efectivos de la Policía; la que investiga la agresión policial a un hombre que perdió la visión de un ojo en Ballivián; otra que investiga el accionar policial en el caso Rosa Sulca y la que indaga sobre posibles expresiones amenazantes de un legislador, entre otras.

Cornejo, quien preside el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, anunció oportunamente en ese contexto, que próximamente funcionará la Oficina Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal.

Descentralización territorial: Empiezan a funcionar dos nuevas delegaciones fiscales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que entren en funciones la Delegación de Fiscalía Penal de San Lorenzo y la Delegación de Fiscalía Penal de barrio Castañares, ambas con dependencia funcional y jerárquica de la Fiscalía Penal N° 1. El Procurador firmó un convenio con el Intendente de San Lorenzo para el funcionamiento de la Delegación Fiscal en ese municipio.

Las dependencias tendrán competencia territorial en el Barrio Castañares y Municipio de San Lorenzo y zonas de influencia, respectivamente. La Delegación de Fiscalía Penal San Lorenzo, tendrá competencia territorial sobre Comisaría Nº 100, de San Lorenzo, Comisaría Nº 102, de La Lonja, Subcomisaría Finca las Costas y  Destacamento Atocha. Por su parte, la Delegación de Fiscalía Penal Barrio Castañares, lo hará sobre la Subcomisaría Castañares, Subcomisaría La Caldera y Subcomisaría Vaqueros.

Estarán a cargo de un Auxiliar de Fiscalía Penal cada una,  quienes contarán con la asistencia de personal administrativo, y bajo la supervisión y dirección del Fiscal Penal Nº 1 del Distrito Judicial del Centro.

Es que el crecimiento demográfico de la ciudad de Salta en los últimos años (principalmente en la periferia), trajo  aparejado un incremento estadístico en la comisión de ciertos delitos, lo que exige adoptar medidas para afianzar y reforzar la presencia del Ministerio Público Fiscal en esas áreas.  El Procurador se refirió al desarrollo de un sistema de mayor amplitud de alcance territorial de las Fiscalías Penales a través de una red de Delegaciones, y consideró que “lograr una distribución de los organismos que sea capaz de garantizar un aceptable nivel de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, permite fortalecer el principio de tutela judicial efectiva y un acercamiento a la víctima concreta del hecho”.

Convenio de Comodato con la Municipalidad de San Lorenzo

El procurador general, Abel Cornejo y el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia  firmaron un convenio, mediante el cual la Intendencia cede a la Procuración en comodato y a título gratuito, el espacio físico ubicado en calle 25 de Mayo N° 2130, de Villa San Lorenzo, donde funcionará la Delegación Fiscal.

En el acto de la firma de convenio y posterior recorrida de las instalaciones, también participaron la coordinadora de la Procuración General, Ana Cecilia Carraro y por la Municipalidad, los secretarios de Gobierno, Rodrigo de la Serna y de Obras Públicas, Jorge Klix y el procurador, Jorge San Miguel. Se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix y el diputado por Capital, Javier Diez Villa.

Vecinos de Vaqueros y La Caldera alertan por aumento considerable de abigeato

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a representantes de vecinos de Vaqueros, La Caldera y La Calderilla, quienes expusieron su alarma ante el creciente número de hechos de abigeato en la zona. Manifestaron que a pesar de las numerosas denuncias radicadas desde hace varios años en sede policial, las investigaciones no prosperan.

Los representantes de los vecinos de la zona norte del Área Metropolitana, Walter José y Alfredo Álvarez, expusieron ante el procurador Abel Cornejo la documentación de numerosas denuncias que reflejan la problemática que aqueja a pequeños productores cuyo ganado es robado y faenado en forma sistemática; y sin sanción alguna a los perpetradores de los delitos.

Álvarez, –a quien robaron recientemente más de 30 cabezas de ganado vacuno y varios caballos y radicó más de 50 denuncias durante los últimos seis años-, y José, –víctima de robos de caballos-, relataron que los delincuentes ingresan a las propiedades, suelen realizar tiros al aire y cuando son detenidos en flagrancia por la Policía Rural, los liberan de forma inmediata y luego, se muestran delante de sus propias víctimas.

“Hay demasiada impunidad en la zona, porque encontramos los restos de nuestros animales cerca de nuestras propiedades o en los campos militares y sabemos que ya no es por necesidad, sino para comercializar”, afirmó José.  

Los vecinos piden controles policiales entre municipios y en corredores por los cuales se puede trasladar la carne faenada clandestinamente a las carnicerías de la zona norte de la capital; solicitan mayores controles en zonas rurales y el avance de las investigaciones en torno a los hechos que crecieron en forma exponencial.

Registro Estadístico de Abigeato

En mayo pasado, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, adoptó distintas medidas para garantizar la investigación y condena efectiva de los hechos de abigeato, cuyas denuncias crecieron exponencialmente en el departamento Anta y el resto de la provincia. Dispuso que todos los fiscales deban dar intervención inmediata a la Policía de la Provincia e informar sobre los nuevos hechos a la Procuración. Las causas son auditadas y se creó un Registro Estadístico de Abigeato. (Ver más: La Procuración dispone nuevas medidas ante la gravedad y avance del abigeato en Salta)

El Artículo 167 del Código Penal Nacional establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años el que se apoderare ilegítimamente de una o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos rurales o, en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto. La pena será de tres a ocho años de prisión si el abigeato fuere de cinco o más cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte”.

Delegación Fiscal para la zona norte de la ciudad

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este martes a dos representantes de vecinos de barrio Castañares, ubicado en la zona norte de la capital salteña. Expusieron la problemática colectiva de la barriada en materia de seguridad. El Procurador dispondrá el funcionamiento de una Delegación Fiscal para cubrir la zona.

Los vecinos Felipe Cuéllar y Ricardo Astudillo, expusieron ante el Procurador la problemática de inseguridad que afecta a la barriada de zona norte y sectores aledaños. Acompañaron su exposición con documentación referida a investigaciones iniciadas por la comisión de distintos delitos contra la propiedad y contra las personas, de venta de estupefacientes al menudeo y de hechos de violencia.

En ese marco, Cornejo consideró que todos los recursos que se encuentren al alcance del Ministerio Público Fiscal para garantizar la seguridad y acceso a la justicia de los vecinos, serán puestos a disposición. “Mi concepto es el de un fiscal que debe ser un funcionario presente en los lugares donde suceden los hechos”, puntualizó Cornejo, al sostener que llevar el trabajo de la institución a las zonas de mayor conflictividad, puede ser una de las herramientas que favorezcan la disminución de comisión de delitos, en forma considerable.

En consecuencia, anunció que el Ministerio Público Fiscal dispondrá la habilitación de una Delegación Fiscal en el mismo barrio, con el objetivo de agilizar las investigaciones, que en muchos casos tienen como protagonistas reiterados a las mismas personas.

“Nos vamos muy conformes, porque nos encontramos con un Procurador muy comprometido con la seguridad y la investigación de delitos cometidos en la zona”, afirmó Cuellar, quien expresó que Astudillo y él, representan a numerosos vecinos y que temen por su seguridad, porque los mismos acusados de distintos delitos, “se burlan, nos amenazan y se mueven con impunidad en el barrio”.