El Ministerio Público congeló sueldos por seis meses

La decisión se suma a la medida adoptada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Salta. La resolución lleva la firma de la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, la asesora general Mirta Lapad y el procurador general Abel Cornejo.

El Colegio de Gobierno dispuso el congelamiento de las remuneraciones que perciben quienes integran los escalafones de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Técnicos del Ministerio Público, a partir del 1 de enero de 2020 y por el plazo de 180 días.

Lapad y Cornejo sostuvieron que “vista la situación económica y del país, resulta necesario extremar las medidas tendientes a contribuir en la contención del gasto” y señalaron que “se requiere un mayor esfuerzo de los estamentos de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Técnicos”. Similares medidas adoptaron los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Provincial.

Asumió Sodero Calvet en el CIF: “Lógica fiscal aplicada a la investigación y el debate”

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento a la fiscal penal María Luján Sodero Calvet como Directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Cornejo destacó su trayectoria y capacidad; Sodero Calvet anticipó que la lógica fiscal se aplicará a la investigación en el CIF y mejorará las instancias de debate.

Luego de tomar juramento a la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María Luján Sodero Calvet, el Procurador expresó que con la nueva estructura, “finalmente se normalizará una de las aéreas más importantes del Ministerio Público Fiscal”. También remarcó que la primera directora del organismo, será una mujer y reconoció la trayectoria, compromiso laboral y capacidad de trabajo coordinado de la fiscal designada.

Por su parte, Sodero Calvet valoró que el conocimiento previo del trabajo puntual que se realiza en las fiscalías penales le permitirá aportar “una visión totalmente distinta desde todos los puntos de vista, porque implica una lógica fiscal aplicada a la investigación y el debate”. Anticipó que en investigación de los casos, habrá una mayor conexión entre todos los departamentos y áreas del CIF y las fiscalías, y que ese trabajo también se notará en todas las instancias de los juicios.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales tiene como misión, esencialmente, asistir a los Fiscales para que puedan actuar ante los Jueces reclamando una decisión basada en la verdad, al desarrollar su actividad a través de un trabajo multidisciplinario de investigación técnica, científica, criminalística y operativa.

El acto contó con el secretario de Justicia del Gobierno de la Provincia, Pedro García Castiella; la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; funcionarios, magistrados e invitados especiales.

La fiscal Sodero Calvet asume la dirección del CIF

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomará juramento a la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, quien se desempeñará como Directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El acto se realizará este miércoles a las 12, en el Salón Auditorio de la Escuela del Ministerio Público.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales tiene como misión, esencialmente, asistir a los Fiscales para que puedan actuar ante los Jueces reclamando una decisión basada en la verdad, al desarrollar su actividad a través de un trabajo multidisciplinario de investigación técnica, científica, criminalística y operativa.

Es por ello que el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, encaró una reorganización de la estructura funcional del CIF el año pasado, para conseguir principalmente una coordinación efectiva con las demás estructuras del Ministerio Público Fiscal. Dicha transformación se produjo, especialmente, a partir de aquellos casos que resultaron reveladores de mecanismos que impidieron una investigación inmediata y dificultaron con ello la tarea de los fiscales.

La adecuación de las estructuras del organismo impulsada por Cornejo, fue para lograr la estandarización que optimice, facilite y agilice los procesos de trabajo con una lógica que respete las competencias funcionales de cada gabinete y departamento profesional respectivo.

En consecuencia, la conducción de la fiscal Sodero Calvet garantizará que las acciones sean coordinadas, contribuirá a fortalecer la institución y favorecer a su adecuado funcionamiento, como así también al principio de unidad de acción, esencial para lograr un desarrollo eficiente de la actividad procesal y evitar dispendios jurisdiccionales que impactan directamente en la sociedad.

Es que, como ratificó el Procurador, “para resguardar la incumbencia y la eficiencia en el servicio del Cuerpo de Investigadores Fiscales, quien lo dirija debe ser un o una fiscal especializada en la materia penal con conocimientos plenos sobre investigación criminal y las ciencias penales que coadyuvan al descubrimiento de la verdad real que persigue dilucidar el proceso penal, porque solamente un o una fiscal que lo dirija podrá garantizar el trabajo mancomunado y de consuno con las diferentes fiscalías de la Provincia de Salta y resguardar el principio de unidad de acción que debe primar en el Ministerio Público Fiscal”.

La ley que modificó el artículo 5° de la Ley 7665 (Orgánica del CIF) y que establece que “la dirección del Cuerpo de Investigadores Fiscales estará a cargo de un Fiscal que se desempeñará como Director”, fue promulgada en diciembre pasado.

Juró un nuevo fiscal

Marcos Ezequiel Molinati juró este viernes como fiscal penal y desempeñará su cargo en la Fiscalía Penal 6 de barrio Solidaridad.

Encontrándose el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, en uso de la licencia por feria judicial, el fiscal ante la Corte en feria, Eduardo Sylvester, tomó juramento a Marcos Ezequiel Molinati como fiscal penal del Distrito Centro.

Molinati estará a cargo de la Fiscalía Penal 6, ubicada en barrio Solidaridad.

Se avanza en la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, presentó una propuesta a Nación para realizar un programa de capacitación y asesoramiento.

Por medio del procurador general de la nación interino, Dr. Eduardo Casal, se dio a conocer la opinión favorable del Dr. Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a la propuesta del Dr. Abel Cornejo de realizar un programa de capacitación y asesoramiento técnico para la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia de Salta.

Actualmente se está conformando un equipo de trabajo integrado por especialistas en temas vinculados a delitos informáticos. Cabe recordar que Salta será el cuarto distrito del país con una Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia.

Preocupa al Procurador la superpoblación carcelaria

En el marco de la sugerencia que realizó al Gobernador de la Provincia para que deje de adherir a la ley de microtráfico, el procurador general, Abel Cornejo manifestó su preocupación por el crecimiento de la población carcelaria en Salta. Señaló que en 2018 la población creció en un 41% cuando la media del país en el mismo año era del 25%.

Cornejo graficó la situación de superpoblación carcelaria en Salta al explicar que, por ejemplo, en el penal de Villa Las Rosas hay más de 1.400 personas detenidas, cuando la capacidad del penal es para 1000 internos y se trata de un edificio obsoleto que tiene más de 80 años. En el caso de la Alcaidía General, tiene actualmente 700 detenidos cuando su capacidad es para 300.

En el año 2008, la población penitenciaria provincial era de 1.714 internos y transcurridos 10 años, se incrementó en un 90% y llegó a 3.266. Al respecto, Cornejo resaltó que se trata de «cifras muy indicativas» porque «el salto se produce en 2014, con la adhesión a la ley de microtráfico, aunque no es el delito de mayor incidencia (cuarto en cantidad de casos), pero sí provocó un aumento exponencial».

«En 2018 había 440 presos por microtráfico en Salta, eso nos da una idea de que si entran 440 presos más en un solo año, cuánto puede ser el aumento de la población carcelaria en ese sentido», remarcó.

Cornejo consideró que «hay que buscar establecimientos carcelarios más adecuados, también por la seguridad y salubridad de quienes están detenidos, con otras características totalmente diferentes, en otro lugar«.

Finalmente, marcó como dato clave que las violaciones y delitos contra la integridad sexual son los que producen más condenados y procesados en Salta actualmente. En 2018, 730 personas estaban detenidas por delitos sexuales.

Cornejo propone la figura del Procurador Penitenciario

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, anunció que será creada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la figura del Procurador Penitenciario. Su función será la de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en establecimientos penitenciarios y de detención provinciales.

El Procurador General de la Provincia tiene entre sus potestades la de “visitar en la forma que lo disponga el Reglamento las cárceles y los establecimientos de corrección, detención, prisión y dependencias policiales, a los fines de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en tales establecimientos provinciales”, según lo establece en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 8.

Ante la delicada situación por la que atraviesan los detenidos en los establecimientos penitenciarios, Cornejo anunció que creará tal figura con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad, comprendidas dentro del régimen penitenciario provincial. “El proyecto es el de constituir un órgano de control estricto de la actividad de la administración penitenciaria, a fin de garantizar que la ejecución de la pena se desarrolle en el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad”, ratificó el Procurador General. La preocupación por el nivel de sobrepoblación es que ésta “deriva en peligrosas condiciones de hacinamiento que inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia”, explicó el funcionario.

El Procurador Penitenciario coordinaría un equipo multidisciplinario capaz de evaluar sobre detención domiciliaria o conmutación de penas a quienes hayan alcanzado la edad que establece la ley, hayan cumplido la mitad de la condena y reúnan las demás condiciones para obtener la libertad condicional; mujeres con hijos menores de 5 años, que hayan cumplido la mitad de la condena y otras situaciones especiales. A la conmutación no accederían los penados por delitos contra la integridad sexual y contra la administración pública o cometidos en ejercicio de la función pública. En tanto los penados por delitos cometidos en un contexto de violencia de género deberán acreditar el cumplimiento de todas las condiciones que le fueran impuestas, sin perjuicio de las que se impusieran como sustituto de la pena privativa de libertad a partir de la procedencia de la conmutación. También podrían dictaminar qué detenidos están en condiciones legales de acceder a control electrónico a través de pulseras y otros dispositivos.

Según la Dirección de Políticas Criminales de la Nación, entre 2008 a 2018, la población penitenciaria provincial aumentó un 90%.

El Procurador pide al Gobernador la suspensión de la Ley de Microtráfico y el traslado del Penal

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, recibió al procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, quien realizó aportes sobre la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes; la ubicación de la Unidad Carcelaria Nº1; aspectos vinculados con la seguridad y el proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia.

Durante el encuentro, Cornejo planteó al Gobernador la necesidad de suspender la vigencia de la Ley N° 26.052, de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que modificó la Ley N°23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y permitió a las provincias que adhieran a la nueva norma, actuar en el narcomenudeo. En Salta la adhesión entró en vigencia el 1 de enero de 2014, y desde entonces, la Administración Nacional adeuda los fondos correspondientes que establece la misma normativa. El su artículo 5º, la Ley establece “un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente”. Cornejo citó los antecedentes de Entre Ríos y La Rioja, distritos que adhirieron a la ley, pero suspendieron su aplicación en virtud de la inexistencia de transferencia de los créditos.

Cornejo sostuvo que el incumplimiento del Gobierno Nacional generó hacinamiento en las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y las comisarías de la Policía de la Provincia, donde también se aloja a detenidos. “Se afectan Derechos Humanos y garantías constitucionales de los internos y la seguridad de toda la comunidad, cuando los efectivos policiales están abocados exclusivamente a tareas de microtráfico y no a otras problemáticas”, afirmó el Procurador. En ese contexto, el Procurador sugirió al Gobernador que la Unidad Carcelaria Nº1, ubicada en Villa Las Rosas, sea trasladada a un espacio suburbano del área metropolitana. “La cárcel quedó ubicada en medio de un área altamente urbanizada, con las consecuencias lógicas para la población cercana”, afirmó el Procurador.

El Gobernador y el Procurador también dialogaron sobre las expectativas del Cuerpo Especializado de Investigadores del MPF. Cornejo remarcó que “es imperiosa la necesidad de que haya 200 miembros efectivos del CEI, porque esos investigadores civiles serán quienes trabajan conjuntamente con los efectivos policiales y dirigidos por un fiscal, en la investigación de delitos de mayor complejidad”. En el mismo sentido, hablaron sobre la próxima promulgación de la Ley que creó una fiscalía de Ciberdelitos, una fiscalía penal en Cachi y otra en Rosario de la Frontera; y que además, modificó la dirección del CIF, que quedará en manos de un fiscal.

En otro orden, Sáenz y Cornejo hablaron sobre el proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia, que ingresará a la legislatura en abril próximo, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias. Consultado sobre los mandatos de los cargos en el Ministerio Público, Cornejo afirmó que deben mantenerse por seis años. Por otra parte, destacó el sistema electoral que puso en vigencia el exgobernador Ricardo Durand (1952- 1955 y 1963-1966), y que dividió el Circuito Electoral en tres secciones: Capital, Norte y Departamentos del Oeste y el Sur. “Una reforma en ese sentido mejoraría la representatividad en Capital, cuyos habitantes hoy están subrepresentados”, sostuvo Cornejo.

El Procurador recibió a la Secretaria de Derechos Humanos

La preocupación por el aumento de femicidios cometidos en Salta fue uno de los temas abordados por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, durante la reunión que mantuvo con la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes. Se proyecta un trabajo articulado con respecto de la violencia hacia las mujeres y otras problemáticas.   

Las posibilidades de desarrollar un trabajo articulado y la firma de convenios de cooperación, fueron dos de los temas abordados por el procurador general, Abel Cornejo y la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, quien  se integrará al Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal.

“La problemática de la violencia hacia las mujeres nos necesita a todos unidos y no trabajando como compartimentos estancos; se puede mejorar el trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal y las secretarías de Justicia y Derechos Humanos”, confió Reyes, quien destacó la iniciativa del Procurador, de avanzar en la creación de la Oficina contra la Violencia Institucional. “La posibilidad de trabajar de manera conjunta a través de esa Oficina y la de sumarme al Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, son dos de los ejemplos de cómo las instituciones podemos fortalecer la tarea destinada a solucionar temas graves que siguen acuciando a la sociedad”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, el Procurador remarcó que el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo, a través de la secretaría de Derechos Humanos, –en este caso en  particular-, tienen misiones y roles bien definidos. “Todas las personas que intervinimos en procedimientos relacionados con las víctimas de delitos tenemos obligaciones desde esos roles. Sin embargo, las acciones a favor de ciudadanas y ciudadanos pueden ser dinamizadas y potenciadas a través de la tarea conjunta”, dijo el funcionario.

“Las víctimas tienen derecho a recibir asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”,  afirmó Cornejo y agregó que “la asistencia puede ser brindada por otros actores, pero el Norte siempre será uno: que se cumplan los derechos que asisten a esos ciudadanos o ciudadanas que concurren al Ministerio Público Fiscal en búsqueda de la verdad”, finalizó el Procurador.

El Procurador recibió al Secretario de Justicia

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Pedro García Castiella, con quien discutió sobre proyectos y acciones vinculados con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo Provincial. El Secretario tiene como misión asistir al Gobernador en todo lo concerniente a las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La reunión de los funcionarios sirvió para ratificar los objetivos del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Justicia, de mejorar políticas vinculadas con las víctimas de delitos graves y sus familiares, trabajar en proyectos de reforma y actualización legislativa en materias vinculadas a la justicia, la cooperación entre ambas partes en cuestiones relativas a la mediación y otros métodos participativos de resolución de conflictos y la coordinación de las políticas de lucha y condena del microtráfico de drogas, entre otros.

En ese marco, Cornejo y García Castiella hablaron sobre exámenes psicológicos a los concursantes para cargos de magistrados inferiores del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público, la capacitación previa a los exámenes de los concursantes y la posible reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. La última modificación legislativa parcial de esa ley, data de 2012 y “los cambios sociales e institucionales producidos en los últimos ocho años, sugieren la necesidad de actualizar y mejorar la normativa”, afirmó el Procurador.

También fueron temas de conversación la situación carcelaria de la provincia y el Congreso Mundial de Ciencias Forenses que se realizará en Salta en octubre próximo, cuya organización podría contar con el apoyo del Poder Ejecutivo Provincial.

Por otra parte, el Procurador anticipó al Secretario de Justicia que el equipo técnico trabaja en la elaboración de la iniciativa legislativa de Autarquía Financiera del Ministerio Público Fiscal. Entre las atribuciones atribuidas al MPF por la Constitución de la Provincia en su artículo 166, se encuentra la de “proponer y administrar su propio presupuesto, enviándolo al Poder Ejecutivo para su remisión al Poder Legislativo a efecto de su consideración”. En ese sentido, el Procurador destacó que el artículo 167, referido a la autonomía funcional, establece que “en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público”. La autarquía económica y financiera, en consecuencia, cristalizaría la división republicana de poderes y la autonomía para definir criterios del orden administrativo, financiero, presupuestario y operativo, de acuerdo a las necesidades reales de las fiscalías y otras dependencias.

El Ministerio Público tiene iniciativa legislativa no exclusiva con respecto a la ley de organización del Ministerio Público, Códigos Procesales y demás leyes vinculadas a la administración de justicia y al ejercicio de sus funciones.