El Ministerio Público Fiscal ratifica el Plan Estratégico y su política de transparencia

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, aclaró que nuevamente el abogado Pedro Arancibia, ha intentado confundir y desinformar a la comunidad al divulgar que “la Justicia llamó la atención a los fiscales penales y al Procurador Abel Cornejo por haber difundido noticias falsas e imprecisas”. Eso no sucedió porque el magistrado interviniente en la causa que investiga el crimen de Jimena Salas, no “ha ordenado” y en cambio, sí libró un oficio en un proceso que sigue abierto.

Dicho proceso continúa abierto y el oficio mencionado fue oportunamente contestado por el Procurador General de la Provincia el lunes 23 del corriente. En sus publicaciones, Arancibia falta a la verdad al sostener que “El 20 de diciembre el juez de Garantías 5, Dr. Héctor Martínez hizo lugar al pedido solicitado por el abogado defensor Pedro Javier Arancibia, al encontrar que la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, más precisamente por los fiscales Salinas Odorisio y Torres Rubelt en torno al imputado Nicolás Cajal, esposo de la víctima del atroz crimen de Vaqueros, excedió una vez más, lo establecido por el art. 263 del Código Procesal Penal de Salta”.

Falta a la verdad también cuando afirma a través del comunicado de prensa que distribuyó masivamente, que “también se le llamó la atención, bajo apercibimiento de ley, al Procurador General, Dr. Abel Cornejo por ser el responsable tanto de los fiscales penales como de la información que se publica desde la página web: www.fiscalespenalesalta.gob.ar/”, más allá de confundir a comunicadores y público en general, ya que la providencia del Juzgado, es un paso incluido dentro de un proceso que no concluyó y que el mismo letrado inició ante el juzgado mencionado (con el reiterado objetivo demostrado desde mayo pasado, de restringir el acceso a la información de cualquier ciudadana y ciudadano interesado en conocer la actuación los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Salta).

El magistrado interviniente no “ha ordenado” y en cambio, sí libró un oficio en un proceso que sigue abierto, y que fue oportunamente contestado por el Procurador General de la Provincia el lunes 23 del corriente y cuyo contenido compartimos.

En primer término, Cornejo rechazó categóricamente la afirmación de Arancibia, de que en la página oficial del Ministerio Público Fiscal se publica información falsa y agrega la presentación que “Si se repasan las actitudes del Sr. Abogado defensor, puesta de manifiesto en innumerables apariciones públicas y escritos difundidos por diferentes medios de comunicación, con su firma, V.S. podrá percatarse no solamente del nivel de agresión, falta de consideración y ausencia de respeto institucional que el Dr. Arancibia mantuvo como conducta constante, mas la serie de improperios que desbocadamente soltó, tanto respecto de quien suscribe estas líneas tildándolo de “esquizofrénico” –en abierta contradicción a lo que dispone especialmente la ley de Salud Mental, conforme al artículo 7 inciso i) de la Ley 26657-, como también sosteniendo que los fiscales actuantes mentían constantemente. Es decir que la estrategia de la defensa no se fundó en atacar o rebatir pruebas irrefutables sino en una violenta diatriba con el objeto de desacreditar la investigación que V.S. le consta que fue sustanciada respetando a rajatablas la garantía del debido proceso adjetivo”.

También dijo Cornejo en su presentación ante el juez de Garantías 5, que “esta presentación produce particular asombro, debido a que una vez, más se busca tergiversar la actuación del Ministerio Público Fiscal, que tiene fijado en su plan estratégico como política comunicacional institucional, la de mantener informada a la ciudadanía de casos que revisten interés público, la atención que el Dr. Arancibia haya avalado, en cambio, el oscurantismo se mantenía en relación a la información pública de uno de los poderes del Estado y que haya convalidado ese silencio ominoso que solo conduce a la desinformación y el desconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas de todo cuanto acontece en los procesos penales que se sustancian en pos de conocer la verdad, que por lo demás, reside en el acuerdo entre las palabras y los actos.”

Finalmente, dijo el Procurador que “por consiguiente, nada de lo que hizo contravino la norma prescripta en el artículo 263, habida cuenta que todo lo realizado y que se hizo público, está debidamente acreditado en las constancias de la causa. Demás está decir que las bravuconadas y los insultos que profiere sin pausa ni medida el Dr. Arancibia, en nada detendrán el proceso de procesos que afligen y avergüenzan a la sociedad en su conjunto, sin perjuicio de que la tasa de femicidios registrada en Salta, debería generar políticas públicas en todos los poderes del Estado para que sea disminuida en forma inmediata”.

Salta aprobó el uso del Protocolo para la investigación de femicidios elaborado por UFEM

El procurador general de la provincia de Salta, Abel Cornejo, aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de esa jurisdicción el uso del “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.

En esa línea, mediante la Resolución 936, recomendó su implementación a magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y puso a disposición del Poder Judicial de Salta los lineamientos y perspectiva de género incluidos en dicho Protocolo.

De esta forma, ya son cuatro las provincias que adhirieron a este instrumento. En primer lugar, fue el procurador general de la provincia de Buenos Aires, en julio de 2018; luego hizo lo propio el titular de la acusación pública de Chubut, en mayo de este año y, finalmente, la provincia de Corrientes este mismo mes.

Fuente: fiscales.gob.ar

Pirotecnia sonora: Un dictamen rechaza un amparo de comerciantes

La fiscal interina de Violencia de Género 4, Ana Inés Salinas Odorisio, dictaminó por la improcedencia de una acción de amparo interpuesta por comerciantes en contra de la Municipalidad de Salta. Pidieron habilitación para locales de expendio permanente, pero la fiscal dijo que “se pondría en riesgo el cumplimiento de la prohibición de venta de pirotecnia sonora”. Interviene el Tribunal de Juicio Sala VI.

Los amparistas Luis Monterichel, José San Martín, Marcelo Vázquez López, Emilse Ramos, Sergio Gutiérrez, Mariela Monterichel, Alejandra Arnedo y Cristian Lacalire cuestionaron que la Municipalidad de Salta “deniega la habilitación solicitada como locales de expendio permanente de pirotecnia” y que “la denegatoria, afecta en forma grave su derecho constitucional de trabajar y ejercer comercio como así también se contrapone a leyes nacionales y la Ordenanza vigente”. También hicieron referencia a los trámites burocráticos y la demora en respuesta por parte de la administración municipal.

Además, en el amparo fundaron la arbitrariedad en que la Municipalidad de Salta “en todos y cada uno de los pedidos de habilitación permanente, los rechazó, aduciendo que no podrá otorgar la prefactibilidad de localización atento a lo expresado en el Art. 3 de la Ordenanza 15446, que modifica el art. 25 de la Ordenanza 11666, que dispone que queda prohibida en el ámbito de la Municipalidad de Salta la tenencia, uso, detonación y/o comercialización y/o venta al público mayorista o minorista de todo artefacto que provoque sonoridad…”; cuando en el artículo 6 de la misma ordenanza autoriza la venta de artificios de entretenimiento o venta libre, por lo que solo requieren habilitación de locales comerciales y permiso de venta en una actividad legal y reglamentada por leyes nacionales y la propia ordenanza municipal.

Pero la fiscal sostuvo en su dictamen que “resulta improcedente la acción intentada, toda vez que el amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carecer de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales” y que su apertura exige circunstancias muy particulares, frente a las cuales los procedimientos ordinarios resultan ineficaces. En el mismo sentido, advirtió que las actuaciones se iniciaron “para lograr por esta vía la habilitación de locales destinados a la venta de pirotecnia por lo que resulta ser una facultad exclusiva de la autoridad municipal, que deniega la habilitación en virtud de las ordenanzas que invoca”.

En consecuencia, consideró la funcionaria del Ministerio Público Fiscal que en el pedido de los comerciantes no se verificaron “los recaudos que tornan procedente un recurso de amparo; la ordenanza no es arbitraria ni fue sancionada de manera ilegal, sino que por el contrario, se ha dictado en el ámbito de poder de policía que tiene la Municipalidad para proteger los intereses y el bien común de los vecinos de la ciudad” y agregó que “tampoco se ve vulnerado el derecho a trabajar y ejercer el comercio, frente al poder de policía del municipio consagrado constitucionalmente, que establece que esos derechos pueden ser restringidos en orden a la protección de la salubridad y la moralidad de ciertos sectores vulnerables, como surge de los fundamentos de la Ordenanza en la que se basa la Municipalidad para denegar las habilitaciones solicitadas”.

Finalmente, dijo Salinas Odorisio en su dictamen que “la habilitación pondría en riesgo el cumplimiento de la prohibición de venta de pirotecnia sonora, cuando el órgano legislativo de la Municipalidad, en uso de sus facultades constitucionales, ha restringido legítimamente esa actividad”.

Reconocimiento a empleados del Ministerio Público

Este viernes, en el marco del cierre de actividades de la Escuela del Ministerio Público, se realizó un acto de reconocimiento a empleados que cumplen 30 años de servicio y se entregaron los certificados a los que se capacitaron en lengua de señas.

En el salón Facundo de Zuviría de Ciudad Judicial, se realizó este viernes el acto de cierre de actividades de la Escuela del Ministerio Público y en este marco, se realizó el reconocimiento a empleados que cumplen 30 años de servicio.

Se trata de 39 empleados que prestaron servicios en el Ministerio Público durante 30 años y 1 empleado que cumple 40 años de servicio, quienes recibieron una placa recordatoria.

El acto estuvo encabezado por la presidente rectora de la Escuela del Ministerio Público, Mirta Lapad, quien estuvo acompañada por la defensora general María Inés Diez y se contó con la presencia de otras autoridades judiciales.

Se hizo un resumen de las actividades de la escuela y se entregó certificados a 49 empleados que durante el 2019 cursaron la primera parte del Curso de Lengua de Señas Argentina, dictado por la Asociación de Sordos de Salta.

El Consejo Asesor de Fiscales elabora iniciativas legislativas

Se realizó la última reunión del año del Consejo Asesor de Fiscales, creado en mayo pasado, al asumir el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. Sus integrantes eligieron a los nuevos representantes y discutieron sobre cumplimiento de las consignas policiales y la implementación en el Ministerio Público del Protocolo para femicidios de UFEM- ONU, entre otros temas.

El Consejo reeligió este viernes a la fiscal penal Gabriela Buabse como vicepresidenta y nominó a los representantes de las distintas Unidades Fiscales, quienes se incorporarán en la próxima sesión. Al Cuerpo lo integran una fiscal de Impugnación; un fiscal penal de cada unidad o fiscalía especializada; otro de las dependencias con asiento en la ciudad de Salta; un fiscal penal por las dependencias del área metropolitana de Salta y General Güemes y un fiscal penal por los distritos judiciales de Orán, Tartagal y Sur.

En otro orden, los fiscales conocieron detalles de la resolución del Procurador, que aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Salta el “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)” confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. Se basa en el Modelo ONU. En el mismo sentido, los presentes discutieron sobre la escasez de personal policial para afectar a consignas para víctimas. Analizaron el caso Saracho, por el cual cuatro policías fueron condenados el mes pasado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claudia Soledad Saracho fue asesinada por Rolando Colque en junio de 2017. Nueve días antes del femicidio, la víctima realizó una denuncia por violencia de género y el fiscal interviniente ordenó protección policial fija por el plazo de 10 días. Cuando Colque la mató no había consigna.

Capacitaciones en ciberdelitos, aportes para mejorar los concursos del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, las competencias de las fuerzas de seguridad en determinadas actuaciones, la tarea de médicos legistas y el CIF en su conjunto, también fueron temas discutidos por el Consejo Asesor de Fiscales, cuya función es la evaluación de la gestión del Ministerio Público Fiscal y la prestación del servicio en todas las dependencias. Sus miembros sugieren mejoras para la gestión, porque según la resolución que lo creó “…el ejercicio de las facultades del Procurador, debe estar precedido de un conocimiento acabado de la actividad desarrollada y los aciertos y dificultades de las dependencias, para proyectar decisiones que permitan brindar un servicio más eficaz y eficiente”.

El Consejo determinó que todos aquellos mecanismos factibles de ser mejorados legislativamente, serán analizados por sus integrantes, quienes avanzarán en la elaboración de iniciativas legislativas que aporten herramientas para dinamizar investigaciones y sanciones a la comisión de delitos.

Presidido por el Procurador, estuvieron este viernes la vicepresidenta del Consejo, Gabriela Buabse, la secretaria general del Consejo, Ana Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila; la fiscal de Impugnación, Josefina David de Herrera; la de Graves Atentados, María Luján Sodero Calvet; la de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria; el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid; de la UNICROH, Pablo Rivero; de UFINAR, Santiago López Soto; de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores; de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey; de Cerrillos, Gabriel Portal, de General Güemes, Gabriel González y de la UGAP de Tartagal, Pablo Cabot.

Concurso Nacional: suman tres médicos legistas al CIF

Tres médicos de los quince postulantes iniciales fueron seleccionados para desempeñar funciones en el Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Estarán afectados al Distrito Judicial del Centro y con tareas rotativas en el interior. La cobertura ideal de cargos es de doce médicos para 2020.

La Comisión Evaluadora del Concurso Público Nacional, conformada por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Villagrán; la jefa del Servicio Médico del Ministerio Público, Florencia Wayar y el vicepresidente del Colegio Médico de Salta, Juan José Albornoz, seleccionó a los médicos Omar Isidoro Vicentín, Rosana Elizabeth Romano y Alejandra Lavinia Nasrala para cubrir las vacantes disponibles en el CIF. La Comisión valoró los antecedentes profesionales, académicos y científicos de los postulantes, conforme a las pautas y puntajes establecidos en el acta de admisibilidad.

Los postulantes admitidos realizaron las entrevistas psiquiátricas – psicológicas. En cada entrevista, la Comisión evaluó aspectos personales y profesionales relativos al cargo, perfil del postulante para desempeñarlo, conocimientos puntuales sobre la función del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y del Gabinete de Medicina Legal del Departamento Técnico Científico, de la normativa vigente en la Provincia y disponibilidad horaria, entre otras cuestiones determinantes para definir la mejor aptitud y actitud para el cargo de médico legista.

El Procurador valoró la predisposición de los profesionales seleccionados, quienes además de encabezar el orden del mérito del Concurso, realizarán sus tareas tanto en Capital como en el Interior, a través de un cronograma rotativo. Cornejo destacó que hoy se cubren las tres vacantes existentes en el CIF, pero explicó que la aspiración para resolver las necesidades reales del Ministerio Público Fiscal en torno a los médicos legistas es de doce cargos.

Por otra parte, ratificó la decisión de los profesionales médicos, de que uno de ellos sea coordinador del trabajo del equipo; la vigencia de la resolución de la conformación de juntas médicas para la realización de autopsias que así lo requieran y el sistema de guardia doble, que permitirá al médico legal en turno contar con un segundo forense en caso de considerarlo necesario.

Todas las modificaciones adoptadas sobre la organización de la estructura del CIF responden a la necesidad de que los fiscales dirijan sus investigaciones en forma coordinada con las herramientas disponibles de los laboratorios y pesquisas y que como consecuencia, las investigaciones cuenten con pruebas indubitables.

El Comité pide a Diputados un Código de Ética y sanciones para un legislador

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Salta, pidió a las autoridades de la Cámara de Diputados de Salta que adopte medidas ante las manifestaciones públicas del diputado provincial Andrés Suriani. También sugirió que la Cámara baja cuente con su propio Código de Ética para garantizar que las manifestaciones y acciones de legisladores, no lesionen derechos de quienes representan.

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix que se inicien las medidas que correspondieren ante las recientes manifestaciones del diputado provincial Andrés Suriani. El pedido se hizo en razón de las publicaciones del legislador, que afectan derechos y garantías y ante la advertencia del peligro que implica que las opiniones de un diputado, quien debe observar la Ley y velar por su cumplimiento, son vertidas en redes sociales de alcance masivo. Dicho hostigamiento conspira contra la consecución de la igualdad, respeto y consideración que pretende la legislación vigente, la que es imperativa para la sociedad toda, y que pretende evitar la reproducción de los prejuicios y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de los géneros, etnias o creencias de las personas.

En su posteo en redes sociales, Suriani pretende generar odio hacia las mujeres feministas a quienes entre otras varias expresiones, tildó de “inestables”. Fue repudiado en Salta y el país. No es la primera vez que el diputado en cuestión públicamente realiza manifestaciones en contra de las mujeres y el colectivo lgtbqi, descalificándolas por su condición de género e identidad.

En el mismo sentido, el Comité advirtió que oportunamente, Suriani votó en contra de la adhesión a la Ley Nacional 27499, conocida como ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, para dar cumplimiento a lo firmado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

El Comité remitió al Cuerpo su Declaración y Recomendaciones sobre las expresiones del diputado provincial Andrés Suriani y entre las últimas, sugirió que la Cámara cuente con su propio Código de Ética para garantizar que las manifestaciones y acciones de legisladores no lesionen derechos. Y aunque esté vigente la Ley 25.188, de Ética en la función pública (que establece las reglas de conducta que deben seguir todos los funcionarios), el órgano entendió que un Código cristalizaría un consenso ético básico en la sociedad y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

El Procurador recibió a las autoridades de la Cámara de Diputados

El Procurador General de la Provincia recibió a las autoridades de la Cámara de Diputados de Salta, quienes además de presentarse formalmente, intercambiaron aportes con Abel Cornejo acerca de las prioridades fijadas en la agenda de trabajo legislativa y del Ministerio Público Fiscal. Apuntan a generar herramientas en favor de los ciudadanos que recurren a las fiscalías en búsqueda de justicia.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix; el vicepresidente primero, Ignacio Jarsún Lamónaca, la vicepresidenta segunda, Alejandra Navarro, los secretarios legislativo y administrativo, Raúl Romeo Medina y Gastón Galíndez, respectivamente; la presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor y la diputada de Orán, Patricia Hucena.

El presidente de la Cámara baja, Esteban Amat Lacroix, dijo que los diputados provinciales tienen como uno de los objetivos planteados para 2020, otorgar las herramientas legislativas que mejoren la dinámica de las investigaciones en el ámbito Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta. En el mismo sentido, el vicepresidente primero, Ignacio Jarsún Lamónaca sostuvo que el principal objetivo es aportar desde la Legislatura aquellos instrumentos que otorguen mayor celeridad a las investigaciones y causas.

Cornejo celebró la posibilidad de diálogo interinstitucional, porque ello permitirá reforzar el servicio a los ciudadanos que requieren del servicio de justicia. “Si los poderes del Estado trabajan en función del ciudadano, que es el legítimo demandante de servicios y respuestas, seguramente la organización democrática de Salta será fortalecida con mayor institucionalidad”, finalizó el Procurador.

Juraron los fiscales Flores y González

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento este lunes a Leandro Joaquín Flores y Gabriel Alejandro González, quienes se desempeñarán en el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial Centro. El Procurador dispuso cambios tendientes a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en el Ministerio Público Fiscal.

En este sentido, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó en consideración las necesidades funcionales de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Fiscalía Penal N° 2 y de la Fiscalía Penal de General Güemes y Rosario de Lerma, y en consecuencia asignó nuevos magistrados y funcionarios.

Leandro Joaquín Flores quedará a cargo de la Fiscalía N°1 de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, mientras que la fiscal penal Mónica Susana Poma, estará a cargo de la Fiscalía Penal N°2.

En tanto, el fiscal penal Gabriel Alejandro González estará a cargo de la Fiscalía Penal de General Güemes y Federico Jovanovics Torino será responsable de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.

En el acto de juramento participaron la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público y asesora general de la Provincia, Mirta Lapad; la defensora general de la Provincia, María Inés Diez, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano; la jueza de Corte Sandra Bonari y la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro. También asistieron magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta e invitados especiales.

Juran dos nuevos fiscales penales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomará juramento este lunes a Leandro Joaquín Flores y Gabriel Alejandro González, quienes se desempeñarán en el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial Centro. El acto se desarrollará en el Salón Auditorio del Ministerio Público al mediodía.

El 28 de noviembre pasado el Senado de la Provincia prestó el acuerdo para la designación de Leandro Joaquín Flores y Gabriel Alejandro González, para desempeñarse en el cargo de Fiscal Penal del Distrito Judicial Centro. El decreto de designación fue publicado en el Boletín Oficial el 10 de diciembre.

Este año, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal se produjeron tres vacantes: las generadas por la jubilación del exfiscal penal 2, Justo Alberto Vaca; y debido a las renuncias del exfiscal penal 3, Maximiliano Troyano y la exfiscal penal de Rosario de Lerma, Gabriela Soledad Romero Nayar. Troyano asumió como juez del Tribunal de Juicio Sala IV y Romero Nayar, juró en la Sala V del Tribunal de Juicio, ambos en el Distrito Judicial del Centro.