Solicitan juzgar a los imputados por el violento robo a la empresa Abra del Sol

El hecho ocurrió en diciembre de 2022 y entre los acusados se encuentran Cristian Gabriel Palavecino, José Dimas Ruiz y Brian Gabriel Palavecino. La acusación incluye robo agravado, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita, respaldada por evidencia digital clave obtenida durante la investigación.

La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte presentó el requerimiento de elevación de la causa a juicio contra Cristian Gabriel Palavecino, José Dimas Ruiz, Brian Gabriel Palavecino, Marcelino Daniel Cruz, Matías Ezequiel Malissia, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero. Según la investigación, se reunieron elementos de cargo suficiente que indican que fueron los autores del robo a la empresa Abra del Sol. 

El hecho objeto de la investigación ocurrió el 16 de diciembre de 2022, alrededor de las 20 horas, cuando un grupo de al menos ocho personas ingresó a la empresa Abra del Sol con los rostros cubiertos con pasamontañas para ocultar su identidad. Portaban armas de fuego, tanto largas como cortas, y ejercieron violencia física contra el personal de seguridad y demás empleados. Maniataron a las víctimas utilizando precintos de plástico, impidiéndoles salir del lugar, les quitaron sus teléfonos celulares y sustrajeron la suma de $13.000.000 (trece millones de pesos) y US$160.000 (ciento sesenta mil dólares).

Además, al retirarse del lugar, lo hicieron en la camioneta Toyota SW4, propiedad de uno de los socios gerentes de la empresa. A este último, mediante violencia y amenazas con armas de fuego, lo obligaron a subir al vehículo, que era conducido por uno de los autores del hecho. Lo trasladaron con el rostro cubierto junto al resto del grupo a un lugar alejado de donde cometieron el robo, donde finalmente fue abandonado. El empresario fue auxiliado por transeúntes, quienes lo llevaron a una dependencia policial para radicar la denuncia.

La investigación enfrentó diversas dificultades, no solo por la gravedad del hecho, sino también porque uno de los imputados, quien ocupaba el cargo de gerente comercial de la empresa, el contador José Dimas Ruiz, simuló ser una víctima mientras mantenía contacto con los investigadores para colaborar. Sin embargo, posteriormente proporcionaba información a los autores del hecho para que pudieran eludir la pesquisa.

Esta situación se agravó debido a que, a pesar del evidente entorpecimiento de la investigación, José Dimas Ruiz fue beneficiado con arresto domiciliario por el exjuez Claudio Parisi, presuntamente a cambio de una suma de dinero. Este hecho derivó en la imputación del exmagistrado por el delito de cohecho pasivo agravado y fue uno de los motivos que llevaron a su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento.

 Otro obstáculo para la investigación fueron las sistemáticas negativas del juez Francisco Oyarzú a las autorizaciones solicitadas por la Unidad Fiscal interviniente para extraer datos de los teléfonos celulares y otros dispositivos de almacenamiento secuestrados a los imputados. Esta decisión fue corregida por el Tribunal de Impugnación, como consecuencia de la actividad recursiva desplegada por el Ministerio Público Fiscal, un trámite que demandó casi seis meses. Este hecho fue uno de los motivos de la denuncia presentada por el Procurador General Pedro García Castiella ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el mencionado magistrado, en la que se reclamó su destitución.

Los fiscales integrantes de la Unidad destacaron la importancia de la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares, computadoras y pendrives secuestrados en los domicilios de Cristian Gabriel Palavecino. Entre los elementos obtenidos se encontraron videos, fotografías y llamadas telefónicas grabadas que acreditaron la logística empleada para cometer el hecho, así como conversaciones entre Palavecino y José Dimas Ruiz. En dichas comunicaciones, no solo reconocían ser los autores del delito y las acciones realizadas para entorpecer la investigación, sino que Palavecino también le reclamaba a Ruiz por la detención de su hijo.

La acusación incluye los delitos de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, y mediante el uso de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita.  

Confirman la prisión preventiva del exjuez Claudio Parisi y el abogado Ortega Serrano en una de las causas por cohecho

El ex juez es acusado de recibir dinero a cambio de otorgar arresto domiciliario a César Martínez, acusado de tentativa de femicidio. Junto a Parisi, también cumplen prisión preventiva el abogado Roberto Ortega Serrano, el empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Alderete y otros involucrados, investigados por actuar como intermediarios en el beneficio procesal.

La Sala III del Tribunal de Impugnación, en feria y a cargo de la jueza María Edith Rodríguez, dio por rechazados los recursos interpuestos por la defensa del exjuez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Manuel Alderete, confirmando así la prisión preventiva impuesta por sentencia del titular del Juzgado de Garantías 1 de Orán, Raúl López.

En la causa mencionada, el recientemente destituido juez de Garantías Claudio Parisi está siendo investigado por haber recibido dinero para beneficiar con el arresto domiciliario a César Daniel Martínez (a) Oreja, en la causa en la que se encontraba acusado de tentativa de femicidio de su ex pareja.

También se encuentran imputados y cumpliendo prisión preventiva el abogado de la matrícula Roberto Ortega Serrano, el empleado de la Defensoría de Violencia de Género de Orán, Manuel Alderete, y el ex Secretario del Juzgado de Garantías 2 de Orán, Maximiliano Germán Correa (quien cumple arresto domiciliario por problemas de salud). Según la imputación, los acusados actuaron como intermediarios para que el ex juez Parisi recibiera la suma de dinero a cambio del beneficio procesal concedido.

Cabe recordar que César Daniel Martínez fue acribillado con 12 balazos en la puerta del domicilio donde cumplía la prisión domiciliaria concedida por Parisi. Posteriormente, el exjuez negó la autorización para allanar los domicilios solicitados por la Fiscalía, con el objetivo de identificar a los autores del crimen, lo que fue uno de los motivos de su destitución.

César Daniel Martínez (a) Oreja era hermano del ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez (a) Conejo, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de entorpecer la investigación del homicidio de su hermano, utilizando información facilitada de manera irregular por el ex magistrado Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano.

El Tribunal de Impugnación consideró que la Unidad Fiscal interviniente había reunido suficientes elementos de cargo para vincular en ese estado del proceso, a los imputados, con el paso de sumas de dinero a cambio de favores procesales en los expedientes que se encontraban a cargo del entonces juez, destacándose la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares secuestrados. Además, se consideró que existían riesgos procesales, debido a la probabilidad de que los imputados reciban una pena de cumplimiento efectivo, lo que genera el peligro de fuga.

La prisión preventiva fue solicitada por la Unidad Fiscal interviniente, compuesta por los fiscales Mariana Torres, Daniela Murúa, Carlos Salinas y Daniel Espilocín.

Juraron nuevos auxiliares fiscales para Cafayate y Orán

Al mediodía de este jueves, se tomó juramento a los seis nuevos funcionarios del Ministerio Público Fiscal, quienes fueron elegidos mediante un concurso público de antecedentes y oposición.

El defensor general y presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Martín Diez, junto fiscal ante la Corte, en representación del Procurador General, Eduardo Sylvester, presidieron el acto de juramento de los auxiliares fiscales Juan Pablo Miralpeix, quien se desempeñará en la Fiscalía Penal de Cafayate y Romina Liliana Arias, Ricardo Martín Nicolás Resuche; Rafael Alberto Ariel Gallo, Andrés Ezequiel Arias y María Andrea Tejerina Frías para el distrito judicial Orán.

El acto se realizó en el salón de la Escuela del Ministerio Público,  donde los nuevos funcionarios, luego de prestar juramento, procedieron a firmar el libro de actas.

El Defensor General, al finalizar, agradeció la presencia de funcionarios del Ministerio Público, invitados especiales y familiares de los nuevos auxiliares.

El Ministerio Público avanza con el plan de optimizar el vínculo con los auxiliares de Justicia

En una mesa de articulación con autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, se expuso el trabajo que se realiza en sistemas informáticos de gestión para agilizar las intervenciones de los distintos organismos y dar respuestas eficientes a la ciudadanía.

Según la política planteada por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, es prioritaria la mejora continua de las herramientas informáticas del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS), la digitalización y la vinculación electrónica entre los organismos involucrados en la investigación penal, en el marco de la planificación estratégica hacia una gestión digital más eficiente.

Encabezada por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se realizó este viernes una mesa de trabajo con el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero y Patricia Aballay, coordinadora de Proyectos Informáticos del Ministerio Público Fiscal, a fin de avanzar con el plan de modernización del servicio policial como auxiliares de justicia.

Participaron además, autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Provincia.

Se evaluó el desarrollo de plataformas informáticas de gestión del Ministerio Público Fiscal que permitirán eficientizar el trabajo de la Policía de Salta con las Fiscalías Penales respecto al abordaje que se realiza con las denuncias, investigaciones penales, especialmente con el Departamento Criminalística.

Con estas acciones se procura informatizar el vínculo entre los Fiscales y la Policía de la Provincia, logrando una gestión eficiente, sin intermediarios y con economía de recursos materiales y humanos, que, a su vez, permite una trazabilidad de la información que se intercambia.

En la oportunidad se puso a disposición del Ministerio de Seguridad, los tableros de indicadores, que permitirá mejorar la gestión policial.

El Procurador General participó del egreso de la LXV Promoción de la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia

Este viernes, se realizó el acto de egreso de más de 170 cadetes como técnicos superiores en Seguridad Publica y Ciudadana, quienes se desempeñarán como oficiales subayudantes de la Policía de la Provincia.

El procurador general, Pedro García Castiella, acompañó al ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y al jefe de Policía, comisario General, Diego Antonio Bustos, en la ceremonia de egreso de la 65 Promoción de la Escuela de Cadetes General Martín Miguel de Güemes.

El acto se realizó en el Centro de Convenciones de Limache, y contó con la participación del secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, la secretaria de Justicia, Verónica Saicha; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, fiscal penal Gabriela Buabse, el secretario letrado de la Procuración General, Marcos Rubinovich, autoridades policiales, docentes y familiares de los egresados.

Cabe destacar que se trata de la Promoción más numerosa que egresó de la Escuela de Oficiales y que durante los tres años de cursado, recibió formación de profesionales del Ministerio Público Fiscal en distintas áreas del conocimiento jurídico.

Durante el acto se hizo entrega de los diplomas y sables a los egresados y se realizó un agradecimiento especial al Ministerio Público Fiscal por su compromiso en la formación de los flamantes oficiales.

El Procurador General tomó juramento a cinco Fiscales

Este lunes, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento a tres Fiscales de Impugnación, un Fiscal Penal para el Distrito Judicial del Sur y una Fiscal Penal Juvenil. Participaron además, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, familiares e invitados.

El procurador general, Pedro García Castiella, tomó juramento a los fiscales de Impugnación Ana Inés Salinas Odorissio, Mónica Susana Poma y Ramiro Hernán Ramos Ossorio; al fiscal Penal del distrito Judicial del Sur César Saravia y a la fiscal Penal Juvenil Mercedes de la Cuesta.

Los Fiscales Penales concursaron sus respectivos cargos, recibieron acuerdo del Senado Provincial fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo Provincial oportunamente.

Acompañaron durante el acto de asunción, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; los jueces de Corte Fabián Vittar, Gabriel Chibán, María Edit Nallím y Guillermo Catalano; la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial y familiares.

Mesa contra el Narcotráfico

En la Casa Rosada, referentes de los tres poderes del Estado, remarcaron el propósito de abordar de manera integral las problemáticas del narcotráfico y el crimen organizado, promoviendo la cooperación interinstitucional», para enfrentar un flagelo que afecta al país desde hace décadas.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, asistió junto a sus pares en representación del Consejo Federal de Fiscales y Procuradores de la República Argentina a la presentación de la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico, un evento que fue encabezado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El acto se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, reuniendo a destacados referentes judiciales, legislativos y de las fuerzas de seguridad.

Durante su discurso, la ministra Bullrich destacó la importancia de fortalecer la lucha contra el narcotráfico con medidas como la destrucción de drogas decomisadas y la asignación de parte de los bienes incautados por lavado de dinero a las fuerzas de seguridad. «Queremos que, como sucede con el FBI, las fuerzas de seguridad reciban un porcentaje por su trabajo. Otro porcentaje debería destinarse al Sedronar. Este es un esfuerzo compartido, y los recursos también deben distribuirse», afirmó la funcionaria.

Asimismo, Bullrich subrayó los avances en la eliminación de estupefacientes: «Droga que se incauta, droga que se destruye». Informó que ya se han realizado 120 procedimientos de destrucción, eliminando más de 190 toneladas de sustancias prohibidas.

El ministro Cúneo Libarona en tanto, resaltó el compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Pidió «terminar con el delito, tener leyes adecuadas, e imponerse sobre la inseguridad», también combatir al narcotráfico, los robos, las violaciones, los homicidios. «Tener una Argentina en que no tengamos miedo de caminar por la calle», definió el funcionario.

Además, destacó la implementación del Sistema Procesal Penal Federal Acusatorio, ya vigente en 12 provincias, entre las que se encuentra Salta, como una herramienta fundamental para fortalecer la justicia y enfrentar el narcotráfico con mayor eficacia.

Por su parte, el secretario de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, exhortó a no temer a utilizar terminologia, como «una guerra global» en términos de definir la lucha que se sostiene en todo el planeta con el narcotráfico y el crimen organizado, fenómeno global que se replica en todo el mundo y también en Argentina. Subrayó la importancia de abordar esta problemática desde todos los frentes por cuanto la finalidad de estas prganizaciones «multinacionales» del crimen organizado es la destrucción de los estados.

Participaron del acto el secretario de relaciones institucionales y actas de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Otamendi; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de Argentina, Jorge Canteros; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y el procurador general, Eduardo Casal, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo ConteGrand.

El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó al juez de Garantías de Orán, Claudio Parisi

Este jueves 12 de diciembre, el Jurado de Enjuiciamiento, tras deliberar, hizo lugar a lo solicitado por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, durante sus alegatos, y destituyó de su cargo, por decisión unánime, al magistrado. Asimismo, se dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 8 años.

Durante la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones, este jueves se llevaron a cabo los alegatos de las partes.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, como titular de la promoción de la denuncia, comenzó su alegatos refiriéndose en forma individual a cada una de las cinco causas que la integran y apoyado en soporte multimedia, detalló cada una de las irregularidades detectadas y expuestas a lo largo de la audiencia de debate.

Al concluir sus alegatos, García Castiella sostuvo la acusación y pidió al Jurado de Enjuiciamiento un fallo ejemplar, solicitando la remoción del cargo del suspendido juez Claudio Parisi y su inhabilitación por el período que se considere adecuado. Por su parte, la defensa de Parisi solicitó su absolución.

Tras un cuarto intermedio, el Procurador General ejerció su derecho a réplica, y realizó aclaraciones sobre cuestiones introducidas por la defensa en sus alegatos.

Finalizada la contrarréplica del defensor, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, pasó a deliberar.

En su resolución, el Jurado de Enjuiciamiento, haciendo lugar a lo solicitado por el Procurador General, destituyó a Claudio Parisi como juez de Garantías 2 de Orán y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un período de 8 años. Los fundamentos de la decisión serán dados a conocer el próximo 19 de diciembre.

En representación del Ministerio Público Fiscal, además del Procurador General, Pedro García Castiella, estuvieron los fiscales penales Pablo Rivero y Daniel Espilocín, y los secretarios letrados Aldo Saravia y Marcos Rubinovich.

Alegatos en el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Parisi

Este miércoles se recibió la declaración de los testigos citados por la acusación y se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 12 para dar lugar a los alegatos.

Al reanudarse la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones, se procedió a la recepción de la declaración de los testigos citados por la acusación promovida por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella.

Entre los testigos que comparecieron, brindó su testimonio la abogada Sandra Domene, quien ratificó en todas sus partes la denuncia realizada oportunamente por cohecho, en vinculación a su entonces defendido, en la causa que investiga el robo en perjuicio de la empresa Abra del Sol. Además, la letrada expuso con precisión las circunstancias en las que la familia de José Dimas Ruíz debió abonar las sumas de 10 mil y luego 5 mil dólares, bajo la amenaza de que éste sería víctima de abuso sexual en su lugar de detención.

Otro testimonio de relevancia fue el de la Secretaria del Juzgado de Garantías 2, Mariana Ferreira, quien se refirió a los procedimientos que se cumplían el Juzgado y reconoció irregularidades en trámites realizados en el expediente de Rebeca Pereyra, en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Un oficial de la Policía Federal relató que estuvo a cargo de la detención de César «Oreja» Martínez en noviembre de 2021 y refirió que éste le manifestó abiertamente que «ya le había pagado al Juez» y, posteriormente, le precisó que se trataba del suspendido magistrado.

También declararon empleados administrativos que cumplieron funciones en el Juzgado, quienes se refirieron a los procedimientos que se aplicaban en la tramitación de causas, así como un técnico informático que realizó la extracción de datos de teléfonos celulares secuestrados.

Finalizadas las testimoniales, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 12 a las 8.30 para dar lugar a los alegatos.

Inició el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Claudio Parisi

El suspendido magistrado prestó declaración al iniciar la audiencia y comenzó la incorporación de la prueba producida.

Este martes dio inicio la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones.

El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados.

En representación del Ministerio Público Fiscal participan el Procurador General, Pedro García Castiella, junto con los fiscales penales Pablo Rivero y Daniel Espilocín, y los secretarios letrados Aldo Saravia y Marcos Rubinovich.

Tras la lectura de la acusación promovida por el Procurador General de la Provincia de Salta, en la que se solicita la destitución del juez Claudio Parisi conforme a lo establecido en el artículo 160 de la Constitución Provincial, y se invocan las causales de mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, se procedió a leer el escrito en el que el acusado expone su descargo.

El juez optó por prestar declaración en la audiencia, respondiendo a la acusación en su contra, aunque decidió no aceptar preguntas.

Finalizada la declaración, se dio lugar a la incorporación de la prueba, momento en el que se reprodujeron audios de relevancia para la acusación. Dichos audios corresponden a llamadas grabadas por la sargento Mariana Castellanos, sobrina del juez Parisi —quien actualmente se encuentra en prisión—, y revelan negociaciones irregulares con mujeres investigadas por tráfico de estupefacientes. En las grabaciones, Castellanos invocaba la influencia del juez Parisi para ofrecer beneficios judiciales, como el mantenimiento de detenciones domiciliarias o la «paralización» de las causas, a cambio de dinero. Estos elementos, incorporados como prueba en el Jury de Enjuiciamiento, resultan claves en la causa penal donde se investiga un presunto entramado de corrupción policial.

El Jurado de Enjuiciamiento dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 8:30, momento en el cual se dará inicio a la recepción de testimoniales.

Cabe recordar que Claudio Parisi se encuentra suspendido en su cargo por decisión del Jurado de Enjuiciamiento, además de encontrarse detenido con prisión preventiva en el marco de una causa penal en la que se lo investiga por el delito de cohecho.