María Fernanda Quinteros

Apelan una resolución judicial restrictiva de la libertad de prensa

La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Nº 1 en feria, Cecilia Flores Toranzos, apeló la resolución mediante la cual la jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, ordenó restringir la publicidad de actos vinculados con la causa contra Lautaro Teruel; relacionar la causa con “Los Nocheros” y eliminar todos los registros vinculados con la imagen del mismo grupo musical.

La fiscal Flores Toranzos apeló la resolución al entender que a través de la decisión adoptada por la Jueza, “se avanza sobre derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales como base del sistema democrático de gobierno, como así también desconoce el ordenamiento procesal vigente y la obligación de los órganos del Estado de informar a la ciudadanía sobre una causa de interés público atento el contexto de violencia de género en el que se produjeron los hechos”. Y agregó que, “so pretexto de proteger la presunción de inocencia de la que goza el imputado Lautaro Teruel e incluso los derechos de la víctima, se avanza sobre la libertad de prensa en pos de la protección de derechos de terceros, los integrantes del Grupo Los Nocheros, quienes son ajenos a la presente causa y, por ende, el análisis respecto a la posible afectación a sus derechos debió serlo por fuera de estas actuaciones penales”.

Flores Toranzos recordó que tal como lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la libertad de expresión e información es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”. Y ello en tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” y que el “ejercicio del derecho…no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”.

En su apelación, Flores Toranzos citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha caracterizado la libertad de pensamiento y de expresión como un derecho con dos dimensiones: una individual, y otra colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada ; y dijo que a partir de ello, el eventual abuso de la libertad de expresión “no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido”.

Sumó que, imponiendo un balance entre los derechos del imputado en el proceso penal y el derecho de información de los ciudadanos, el Art. 263 del Código Penal, bajo el título “Información a la prensa” , reconoce el derecho de la sociedad a tomar conocimiento de las decisiones que los órganos de la justicia adopten durante la Investigación Penal Preparatoria, derecho que habrá de canalizarse a través de la prensa, hasta tanto se arribe al Plenario, el cual por definición es público, permitiendo el conocimiento y control directo por parte del ciudadano de los hechos que se traten.

En el mismo sentido, Flores Toranzos dijo que “surge como agravio para esta Fiscalía, que la cita y análisis de ese artículo del Código Penal, fueron omitidos a lo largo de la resolución” de la jueza Rodríguez, “constituyendo una circunstancia de gravedad institucional que la resolución del 28 de junio, la desconozca”; y en consecuencia, que restrinja arbitrariamente el ejercicio de una facultad asignada por la ley en pos de armonizar los derechos antes mencionados.

Flores Toranzos concluyó que la decisión de la Jueza, sobre el tratamiento que le brindaran los medios de comunicación a la situación del imputado y su vínculo con los presentantes y el grupo musical que ellos conforman, “se tradujo en una restricción indebida a la libertad de de prensa y, con ello, los derechos a la información y libertad de expresión y pensamiento de los ciudadanos”.

Por otra parte, dijo que la afirmación hecha por la Jueza, en el sentido de que la necesidad de “limitar la información o en su caso adecuar la misma, surge latente” “ya que por un lado la gravedad de los hechos que están siendo investigados amerita la extremada prudencia en la información por afectación a garantías constitucionales y para llevar adelante una investigación libre y espontánea despojada de cualquier subjetividad que pueda surgir a partir de las apreciaciones públicas”, no encuentra sustento en las constancias de la causa pues la Fiscalía que tiene a su cargo la tarea de investigar los hechos, no ha esgrimido ningún tipo de afectación ni peticionado restricción en tal sentido. Y le remarcó que “el propio ordenamiento jurídico le brinda la herramienta de disponer la reserva total o parcial de las actuaciones”, a través del secreto de sumario.

El fallo apelado
El viernes 28 del corriente, la jueza Rodríguez ordenó “a las partes intervinientes en el proceso y a toda persona que por su función o participación tuviera acceso a las actuaciones, se abstengan de revelar a terceros y especialmente a los medios masivos de comunicación, a cerca de los actos procesales, datos y/o pruebas colectadas en el marco de la investigación penal preparatoria, de conformidad a lo expresado en los considerandos y normas legales invocadas, en el marco de la causa “Teruel, Lautaro por exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) todo en concurso real en perjuicio de una menor”.

La Jueza también ordenó precautoriamente “a los medios masivos de comunicación locales y nacionales que en ocasión de informar se abstengan de publicar y/o difundir la imagen y o el nombre de Mario Teruel, César “Kike” Teruel, Álvaro Teruel, Rubén Ehizaguirre y del grupo musical denominado “Los Nocheros”, relacionando a los mismos con la presente causa” y ordenó la eliminación, anulación, borrado y/o desactivación de todos los registros informáticos de imágenes, videos, datos, comentarios, link, historiales, sitios, vínculos y/o motores de búsqueda que relacionan la imagen y/o nombre de Mario Teruel, César “Kike” Teruel, Álvaro Teruel, Rubén Ehizaguirre y del grupo musical denominado “Los Nocheros”. El fallo fue notificado al Ente Nacional de Comunicaciones – ENACOM- y a la oficina de Prensa del Poder Judicial de Salta.

Mujer trans fue agredida por un familiar

Ocurrió en General Pizarro, cuando la víctima fue golpeada y agredida verbalmente por un tío materno, que quería desalojarla de la casa familiar, donde vive hace 11 junto a una abuela discapacitada. Fue detenido e imputado.

El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Miguel Ángel Naranjo por el delito de lesiones leves agravadas por la identidad de género y por la violencia de género en perjuicio de su sobrina, a quien agredió física y verbalmente.

Los hechos ocurrieron en la localidad de General Pizarro, donde una mujer trans de 22 años fue agredida en forma física y verbal por un tío materno que pretendía desalojarla de una vivienda familiar, donde vive hace 11 años junto a su abuela discapacitada, de quien se ocupa.

Señala en la denuncia que su tío se encontraba en estado de ebriedad y que la golpeó con puños y puntapiés, mientras le profería insultos de grueso calibre, sobre todo refiriéndose a su sexualidad y consigna que es víctima de discriminación permanentemente.

Condenado por abusar de la hija de su pareja

Un hombre de 42 años cumplirá una pena de 10 años de prisión por abusar sexualmente en forma continuada de la hija menor de edad de su pareja. El acusado fue sorprendido infraganti por la madre de la niña de 12 años.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra un hombre de 42 años, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente continuado en perjuicio de la hija menor de edad de su pareja.

La denuncia fue realizada en El Bordo por la madre de la menor, quien sorprendió a su concubino abusando de la niña de 12 años y pudo saber que no era la primera vez que sucedía.

EL juez Roberto Faustino Lezcano lo condenó a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Facilitaban la prostitución en un residencial céntrico

El encargado de un residencial y una mujer que oficiaba de colaboradora, fueron detenidos e imputados por facilitación de la prostitución y explotación económica del ejercicio de la prostitución tras un allanamiento realizado el fin de semana.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual en feria, Cecilia Flores Toranzos, imputará hoy a un hombre de 48 años que se desempeñaba como encargado de un residencial ubicado en pasaje Baigorria de esta ciudad y a una mujer de 30 años, con la que actuaba en conjunto y realizaba tareas de organización de la actividad ilícita.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, la Fiscalía solicitó orden de allanamiento y detención para el residencial, ubicado en pasaje Baigorria al 900, donde según tareas investigativas, se desarrollarían actividades vinculadas a la facilitación de la prostitución.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia y tras la detención de los sospechosos, se lograron secuestrar diversos elementos de interés para la causa.

El Gabinete de Asistencia a la Victima de Trata de Personas, dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos, brindó contención y asesoramiento a 6 mujeres mayores de edad que fueron encontradas en el interior.

Cabe señalar que el residencial fue clausurado por la Dirección de Eventos y Espectáculos Nocturnos de la Subsecretaría de Control Comercial de la Municipalidad de Salta.

Desde la Fiscalía se pidió la prisión preventiva de ambos detenidos.

Cae conocido vendedor de drogas de Limache

Nicolás Rodó fue detenido este fin de semana e imputado por comercializar estupefacientes en la zona. La actividad la desplega en un colectivo abandonado que se encuentra en inmediaciones de una plaza, según denuncian los vecinos.

La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, a cargo de Santiago López Soto, imputó a Nicolás Rodó, «Panza», por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización luego de ser detenido este fin de semana.

La investigación se inició a partir de numerosas denuncias web donde vecinos dan cuenta de la actividad ilícita que despliega el acusado junto a otras personas en el barrio Limache y en particular, en inmediaciones de una plaza donde hay un colectivo abandonado.

Desplegadas las tareas investigativas y de inteligencia pertinentes, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 7, orden de allanamiento y detención para dos domicilios.

Rodó es conocido en la zona por la actividad ilícita que despliega y ya fue detenido e imputado por comercializar estupefacientes.

El CIF participó de un congreso sobre acreditación

En el marco del Día Mundial de la Acreditación, el Organismo Argentino de Acreditación organizó un congreso al que fueron invitadas a participar la Directora y la responsable de la Oficina de Calidad del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

El 26 de junio se desarrolló en Buenos Aires el congreso organizado por el Organismo Argentino de Acreditación en el marco del Día Mundial de la Acreditación. En representación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, participaron la directora Silvia Triverio y la responsable de la Oficina de Calidad, Leonor Barrenechea, quien disertó sobre acreditación de laboratorios forenses.

El Organismo Argentino de Acreditación es el único órgano de acreditación dentro del Sistema de Normas, Calidad y Certificación de la República Argentina y es la Autoridad Nacional de Monitoreo de la conformidad de las buenas prácticas de laboratorio.

La acreditación es una declaración de competencia técnica e imparcialidad que debe ser demostrada por la entidad que se somete a la evaluación conducente a la acreditación, mantenida y mejorada a lo largo del tiempo.

Cabe destacar que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales fue invitado a participar en razón de que el Servicio de Biología Molecular Forense, a cargo de la bioquímica Alejandra Guinudinik, se encuentra en proceso de acreditación de las prácticas periciales a su cargo, por lo que se lo considera un referente en materia de acreditación de laboratorios forenses del país.

Abuso sexual: Piden elevación a juicio de la causa contra Gustavo Zanchetta

La fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, requirió juicio oral y público, en la causa caratulada “Zanchetta Gustavo Oscar-Abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido”, en perjuicio de dos víctimas.

En su pedido, de más de 30 fojas y en las que se resumen los hechos denunciados, pruebas y testimonios colectados; Filtrín dijo que en las actuaciones se investigó el hecho denunciado el 6 de febrero pasado por un joven, “quien dio cuenta de episodios de contenido sexual sufridos en su perjuicio de parte de quien ejercía las funciones de obispo de la Diócesis de Orán, Gustavo Zanchetta, y que ocurrieron a partir de 2017”. Según la denuncia, tuvieron como escenario el edificio del seminario Juan XXIII, de Orán y en un domicilio particular de Los Toldos.

Filtrín sumó la denuncia de un segundo seminarista, que el 13 de febrero pasado denunció haber sufrido episodios de significación sexual y conductas inapropiadas “frente al público y en el ámbito privado”. Dichos acometimientos habrían ocurrido en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo. En este caso, los hechos se habrían registrado desde 2016.

En su fundamentación, la Fiscal destacó que “ponderados los elementos de convicción colectados durante la investigación a su cargo y en labor conjunta con el fiscal penal de Delitos contra la Integridad sexual Nº 1 del distrito Centro, Federico Obeid, puede extraerse con meridiana claridad que la materialidad de los hechos han tenido plena corroboración, como la vinculación del acusado en su carácter de autor material”.

En ese marco, recordó que se acreditó que al momento de acaecidos los hechos, los denunciantes revestían el carácter de aspirantes al sacerdocio y que el acusado, el de obispo. También obra documentación a través de la cual se dejó asentado el cese de sus funciones, ya que el Sumo Pontífice Francisco aceptó la renuncia de Zanchetta como Obispo de la Diócesis de Orán, el 31 de julio de 2017.

Y cita Filtrín que “el nombrado actuó con ánimo doloso de involucrar sexualmente a las víctimas dando inicio al despliegue de actos y maniobras de seducción, manipulación y preeminencia por la función de superior jerárquico en el ámbito eclesiástico, logrando confianza, temor reverencial en las víctimas a través de tocamientos inverecundos cernidos en su cuerpo con clara significación sexual, quebrantando la voluntad de los mismos temerosos de perder su condición de seminaristas y poner fin con su vocación al servicio religioso. Dichos acometimientos fueron sostenidos en el tiempo y mayor reproche penal merece la conducta adoptada por el acusado por su condición de ministro de culto religioso reconocido, calidad ésta que demanda el deber de actuar con rectitud y apego a las normas morales y religiosas con mayor celo que la de un ciudadano común”.

Pericias psiquiátricas y psicológicas

El pedido de elevación a juicio incluye los resultados de las pericias psiquiátricas y psicológicas, realizadas por profesionales del CIF, con contralor de la profesional aportada por la defensa técnica.

Entre otros aspectos, el informe psiquiátrico indica que el acusado “presenta personalidad con rasgos psicopáticos (indicadores de manipulación, emociones superficiales, escasa capacidad empática); no presenta psicosis, ni otro trastorno mental que altere la relación con la realidad. Se vincula a través de interrelaciones dispares, ejerciendo poder sobre el otro, y que puede comprender la conducta desplegada y discernir actos socialmente reprochables. Zanchetta puede dirigir sus actos libremente”.

Será juzgado por abusar de un compañero de celda

Hoy inicia el juicio contra un hombre imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma en perjuicio de un compañero de celda en la Alcaidía General. El hecho ocurrió en abril de 2017.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, representará al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra José Luis Garnica, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma en perjuicio de un hombre con el que compartía celda en la Alcaidía General.

El hecho fue denunciado por la víctima, quien relató que se encontraba detenido en la Alcaidía General desde febrero de 2017 y compartía la celda con otros 15 internos. El 3 de abril del mismo año, en el horario de la cena, decidió no concurrir al comedor y se quedó durmiendo. En determinado momento fue sorprendido por el acusado, quien le ató las manos y perpetró el abuso profiriéndole amenazas si denunciaba lo sucedido.

La víctima inicialmente no dio aviso del hecho pero fue detectado cuando lo revisaron en un control de rutina a los presos, donde se constataron las lesiones. Tras la identificación del agresor y la ratificación de la denuncia en sede fiscal, se inició la investigación.

Contactó a una menor de edad, la citó y abusó de ella

Ocurrió en La Merced, donde una niña de 12 años fue abusada sexualmente por un hombre que la había contactado previamente y que bajo la excusa de reunirse, abusó de ella. Las lesiones fueron constatadas por el médico legal y el sospechoso detenido e imputado.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, imputó este sábado a un hombre mayor de edad por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 12 años.

El hecho fue denunciado por la madre de la víctima, quien tomó conocimiento por familiares con los que la niña convive, de que se había ausentado de su domicilio y no regresaba. Cuando regresó, al ser interrogada, reveló que había sido abusada sexualmente por un hombre con el que había tomado contacto telefónico previamente y que, con la excusa de reunirse a conversar, violentó su integridad sexual.

Simesen dijo que las lesiones en la niña fueron constatadas tras el examen médico que se le realizó y que se ordenaron las medidas de rigor para esclarecer el hecho. En cuanto al acusado, se solicitó su prisión preventiva.

Abuso sexual: Revocan el pedido de elevación a juicio contra el sacerdote Agustín Rosa Torino

El vocal de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nulo el requerimiento de la causa a juicio contra el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino y formalizado por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia, revocó el auto resolutivo de marzo pasado. Rosa Torino está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser ministro de culto reconocido.

A partir de la resolución del Juez de Impugnación, la fiscal penal 2, Verónica Simesen de Bielke, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, prepara un nuevo pedido de elevación a juicio en el marco de la causa que se sigue contra el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser ministro de culto reconocido. En su resolución, Figueroa también agregó que deberá formalizarse un nuevo requerimiento, “si el Ministerio Público así lo considera”.

Oportunamente, el pedido de elevación fue hecho por la fiscal María Lujan Sodero, después de la realización de numerosas pericias técnicas; inspecciones oculares en las instalaciones del Instituto San Juan Bautista; pericias sobre un teléfono celular; pen drives; computadoras; cámaras filmadoras y otros dispositivos digitales secuestrados en la causa, además de las pericias psicológicas y la recepción de más de 50 testimoniales.

Sodero concluyó entonces que “la acusación” contra el sacerdote “halla fundamento en que el imputado, aprovechando la cercanía, la confianza, el respecto y la obediencia que le era debida, habría desplegado actos de contenido sexual en el cuerpo de los denunciantes”.

Sodero los describió como “tocamientos libidinosos”, en zonas íntimas de las víctimas y destacó que dado el “rol de Padre Fundador” del Instituto Religioso Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, las pruebas colectadas en la causa, demuestran que los damnificados no pudieron prestar de “ningún modo su consentimiento libre y voluntario” a los abusos sexuales denunciados.

La Fiscal dijo también que los actos sexuales denunciados se cometieron bajo características particulares, dada la “relación existente entre el imputado y las víctimas”; que el acusado gozaba de “ascendencia” sobre los miembros de la congregación que dirigía y que se “tornaba imposible para estos, en ese estado de clara vulnerabilidad, resistirse o negarse, máxime teniendo en cuenta las premisas que se impartían en esa Orden Religiosa y el evidente estado de sumisión en el que se desarrollaba el vínculo entre Rosa Torino y los hermanos del Instituto encabezado por el acusado”.

Para arribar a las conclusiones que motivaron el pedido de elevación a juicio contra el sacerdote, también se tuvieron en cuenta los peritajes psicológicos. Al respecto, Sodero sostuvo que “los resultados de estos estudios fueron determinantes en cuanto al padecimiento de las víctimas, como así también respecto al perfil del acusado” y que dieron cuenta “de la existencia de graves secuelas en la psiquis de los denunciantes, lo que permite inferir que se ha afectado su integridad psicofísica y sexual”.

Vale recordar que la fiscal Sodero inició una causa penal a partir de tres denuncias radicadas por exintegrantes del instituto religioso, quienes acusaron al sacerdote por la comisión de distintos abusos sexuales.

Rosa Torino fue detenido el 21 de diciembre del año 2016. Posteriormente, el 2 de enero y a partir de dos nuevas denuncias, la fiscal amplió la imputación penal en contra del sacerdote por el delito de abuso sexual simple, también agravado por tratarse de ministro de culto reconocido. Mientras tanto, el sacerdote permaneció detenido y con prisión preventiva, confirmada por el Juzgado de Garantías 1. Pero en agosto de 2017, el Tribunal de Impugnación revocó la prisión preventiva del sacerdote y ordenó la prisión domiciliaria en un inmueble de finca La Cruz y autorizó su salida de la provincia en dos oportunidades, una a otra provincia y otra fuera del país.

El requerimiento de juicio en contra del sacerdote fue hecho ante el Juzgado de Garantías 1; pero el Juez de Impugnación Adolfo Figueroa, lo declaró nulo y lo revocó.