María Fernanda Quinteros

El Procurador recibió a Facundo Escobar, víctima de un siniestro vial

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y la titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales, Clelia Poma, recibieron a Facundo Escobar y su abogado, Juan Pizarro Echenique. Además de exponer su caso particular, se interiorizaron sobre el trabajo que viene desarrollando la OPRIV, que permitirá sistematizar la información sobre siniestralidad y destinarla a mejorar las políticas públicas del Ministerio Público Fiscal en la materia.

Durante el encuentro, Cornejo y Poma se interiorizaron sobre las características del caso de Facundo Escobar, quien fue víctima de un siniestro vial en abril 2018. La Fiscalía interviniente optó por archivar la investigación, pero la víctima y su abogado sostienen que debe ser reabierta.

El abogado Juan Pizarro Echenique consideró que  al tratarse de una víctima especialmente vulnerable por tener una discapacidad motriz previa al siniestro, “es necesario revisar algunas cuestiones, para que el sentimiento de justicia y el rol del Ministerio Público Fiscal puedan estar direccionados a dar una respuesta” y que la víctima, no se sienta desprotegida. En ese marco, el Procurador instruyó a Poma para que revise el caso en forma exhaustiva, a la par de la evaluación que hace la Fiscalía de Impugnación, que deberá definir si existen elementos para que se produzca la reapertura de la investigación.

Pizarro Echenique y Escobar

En ese marco, Pizarro Echenique celebró que el MPF proponga, a través de una iniciativa legislativa, la creación de una Fiscalía especializada, que permita mejorar la persecución de los delitos viales. “Es un acierto rotundo, porque las estadísticas hablan por sí mismas: a las muertes y lesiones, las encarnan los delitos provocados en accidentes viales. Ese plus ultra que necesitamos, se traducirá en la creación de la fiscalía y el trabajo de sistematización y especialización”, afirmó el letrado.

También consideró que jurídicamente “se terminará con el criterio de oportunidad discrecional y no reglado de algunas fiscalías, porque las causas sin presos, generalmente no tienen la misma prioridad”, a la vez que afirmó que cuando se habla de delitos viales, “hablamos de personas y que necesitan una respuesta inmediata”, finalizó.

Escobar, Cornejo y Poma

Por su parte, Facundo Escobar repasó las consecuencias del siniestro del cual fue víctima en abril de 2018 y consideró que además de su búsqueda personal de justicia, espera fundamentalmente “que sirva como antecedente, para que a nadie le vuelva a suceder”.

Concejal y docente, detenido por intentar abusar de un menor en Joaquín V. González

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a Rubén Waldino Palmero, de 46 años, por la comisión del delito de tentativa de abuso sexual simple, en perjuicio de un menor, de 16 años. El acusado fue detenido y acompañado de un defensor particular, se abstuvo de declarar. La Fiscalía dio intervención a la Asesoría de Menores, que participó en la declaración testimonial del menor.

La intervención de la Fiscalía se produjo a partir de la denuncia radicada por el padre de la víctima el domingo último, después de que su hijo llegara al domicilio muy alterado y con sangre en las manos. El joven relató que fue interceptado en la vía pública por Palmero, quien circulaba en motocicleta sin patente. Ofreció llevarlo al río Juramento, donde supuestamente sus amigos estarían bebiendo. El menor se negó y siguió caminando, pero fue interceptado nuevamente por el acusado en otro sector, donde le ofreció llevarlo hasta su domicilio, por lo que su hijo accedió y abordó la moto. El acuso se desvió y lo llevó hasta el camino vecinal que lleva al paraje El Algarrobal, donde el acusado bajó y comenzó a amenazar a la víctima con someterlo sexualmente o lo mataría, con un hierro en la mano. Empujó al menor contra unas chatarras de autos  y en ese momento, el joven aprovechó para propinarle un golpe con medio ladrillo en la cabeza. Después de un forcejeo, el chico resultó con lesiones y logró escapar.

Una testigo, que se encontraba con una amiga, confirmó el ingreso de la moto y los dos ocupantes al basural y los posteriores pedidos de auxilio. Una de esas mujeres llamó a la policía, pero el acusado ya había escapado del predio.

La víctima declaró que no conocía al acusado más que por el saludo cotidiano y que antes de los hechos, le había ofrecido un trabajo de desmalezamiento. Agregó que sus amigos le negaron que fueran a juntarse a beber con “el profe” en el río y que cuando éste lo abordó, ya sabía que mentía al respecto.

De acuerdo a las declaraciones recabadas, el concejal -quien se desempeña también como docente-, habría mantenido charlas de contenido sexual con otros menores.

Palmero se entregó ayer y permanece detenido.

Investigan si hubo delito en el desmantelamiento de una casona histórica

La fiscal penal 5, Gabriela Buabse, interviene en la investigación originada a partir de la posible demolición de una casa histórica ubicada en calle Caseros 1401, esquina Lamadrid, de la capital salteña. Ordenó distintas medidas y el caso pasó a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, por la temática.

La Fiscalía penal inició la averiguación preliminar, de oficio, y en virtud de las distintas publicaciones en medios de comunicación referidas a la posible demolición de la casona histórica ubicada en el macrocentro de la ciudad.

Entre las medidas ordenadas, tendientes a valorar la existencia de un hecho delictivo, la fiscal Buabse libró distintos oficios a la Municipalidad de Salta, Área de Desarrollo Urbano, de Fiscalización de Obras y de Edificios Históricos. Otro oficio fue dirigido a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia, para que remita a la Fiscalía el informe de dominio del inmueble en cuestión, con todos sus antecedentes registrales.

Por otra parte, ordenó una inspección ocular a cargo del personal de Criminalística del CIF.

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas, el inmueble, de arquitectura neocolonial y donado oportunamente a la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei, no se encuentra catalogado como bien patrimonial contextual, arquitectónico ni monumental en el Registro de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta.

La Ley 7418, de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta establece que la CoPAUPS define el otorgamiento de cualquiera de esas categorías a los inmuebles correspondientes y que debe velar por su protección.

Imputan a los homicidas y a un amigo que entregó al remisero de Salvador Mazza

El fiscal de la Unidad de Graves Atentados  contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, imputó a Guillermo Hugo Díaz, de 44 años, y a un menor de edad, de 17, por la comisión de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Rubén Vedia, de 42 años; y por la tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de su hijo, ambos hechos en concurso real y en grado de coautores. El tercer imputado será el femicida de la menor María Liz Flores, Víctor Hugo Serrano, alias «Brasil», quien también participó en este crimen.

Díaz y el menor fueron detenidos el fin de semana e imputados este lunes y se abstuvieron de declarar. Según consta en las actuaciones, al menor se le atribuye ser uno de los autores materiales, mientras que Guillermo Hugo Díaz, quien era amigo de la víctima, tuvo a su cargo llamarlo para asegurarse de que estuviera en su domicilio al momento del hecho.

El tercer imputado por ser autor material del homicidio, será Víctor Hugo Serrano, alias «Brasil» (quien se encuentra imputado por el femicidio de la menor de Salvador Mazza, María Liz Flores). Sobre él, el fiscal Cabot pidió al Juzgado de Garantías interviniente que se ordene su detención también en esta causa. Serrano será imputado durante el transcurso de la mañana.

Los hechos se registraron la noche del 17 de octubre último, en Salvador Mazza, sobre las vías del Ferrocarril y al lado del asentamiento “Evita”, cuando Rubén Vedia y su hijo, menor de edad, se encontraban dentro del vehículo Fiat Siena y detrás de su vivienda, listos para salir.

Entonces, fueron interceptados por Víctor Hugo Serrano y el menor imputado. Ambos se trasladaban en moto y dispararon con un arma de fuego calibre 40. Mataron a Rubén Vedia e hirieron en el tórax y el brazo derecho al hijo menor de la víctima fatal. El hecho se perpetró de manera previamente concertada y coordinada entre los dos autores materiales y Guillermo Hugo Díaz, quien aprovechó su amistad con la víctima y lo llamó, para asegurarse de que se encontrara en su casa a las 21:30, horario en el que se consumó el crimen.

La titular de OPRIV recibió a familias de víctimas de siniestros viales

La titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales, Clelia Poma, recibió este lunes a familiares de víctimas de siniestros viales, quienes integran la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad. Les informó sobre las medidas que viene adoptando la OPRIV y la proyección de acciones a corto, mediano y largo plazo. Se creará una Fiscalía especializada y habrá una aplicación para denunciar.

Durante el encuentro, en el que participaron Raúl Córdoba, Marcela López y Omar Valdez, Poma anunció que será enviado un proyecto de Ley al Poder Legislativo de la Provincia, con el fin de crear la Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Viales, en el ámbito de la Procuración General de la Provincia. Otra de las medidas informadas, fue la implementación de una aplicación que permitirá radicar denuncias por esa vía, sobre delitos viales y contra la seguridad vial (tales como la realización de “picadas”).  

La funcionaria destacó los aportes que los referentes de la Comisión de Familiares de Victimas contra la Impunidad vienen realizando al Ministerio Público Fiscal, a través de distintos encuentros que mantuvieron con el procurador general, Abel Cornejo y celebró que la experiencia, trayectoria y conocimiento de las organizaciones intermedias, se canalicen para articular con el MPF las mejoras de un sistema de seguridad vial que incluya la prevención, investigación y sanción de delitos viales.

Por su parte, Córdoba, López y Valdez, -quienes asistieron en representación de unas 50 víctimas que integran la Comisión-, insistieron en la necesidad de que los organismos de los tres poderes del Estado, otorguen el lugar que merece la siniestralidad vial y que en consecuencia, se capacite y eduque, además de que se realicen investigaciones penales “sin dejar cabos sueltos” y que las condenas, sean ejemplificadoras. Todo ello, con el fin de disminuir el índice de siniestralidad en Salta.

Valdez, López y Córdoba

López consideró que así como existe una perspectiva de género, reclamada por distintos sectores para organismos, se  adopte una “perspectiva de la siniestralidad”, para formar desde la infancia. Y en consecuencia, que se declare la Jornada Provincial de Educación Vial el 10 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Seguridad Vial. A dicha Jornada, podrían adherir los poderes ejecutivos y legislativos municipales y el Poder Judicial y MPF, con el objetivo de concientizar sobre la prevención y consecuencias de los delitos viales.

Caso Dantur: IFE, cheques, motos robadas, venta de armas y charlas con políticos e imputados, en el teléfono personal

Peritos del Gabinete de Informática del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizaron el análisis integral del informe de extracción UFED sobre los teléfonos secuestrados al auxiliar fiscal Sergio Dantur en agosto último. De la pericia surgió un informe de 8182 páginas. Del resumen, de 300 páginas, se sustrajeron distintos elementos de interés para profundizar en el análisis.

El análisis se realizó ocho días después de la inspección y extracción física y lógica de los dos teléfonos celulares secuestrados en la causa por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Sergio Ariel Dantur, ante los fiscales penales Pablo Rivero y Ana Salinas Odorisio, el juez de Garantías en Feria de Metán, Mario Dilascio, el imputado Dantur y su abogado defensor.

Los teléfonos analizados fueron: el oficial, -otorgado por el Ministerio Público Fiscal- y el personal. Vale recordar que de este último surgieron los mensajes intercambiados con el comisario detenido e imputado, Walter Mamaní, cuando se realizó la inspección ocular.

Algunos de los elementos hallados, que deben ser profundizados:

Utilización de los equipos: se estableció que el teléfono de la línea oficial (del Ministerio Público Oficial), era utilizado por la hija de Dantur, menor de edad, que recibía mensajes de trabajo y que luego eran reenviados por la madre de la menor al número de línea utilizado por Dantur.

Búsqueda IFE: Dantur realizó consultas y visitó páginas de contenido con información referida al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Buscó y consultó a partir de terminaciones de DNI.

Intercambio de cheques: existen comunicaciones en las que se presume que Dantur intercambia cheques de manera frecuente. En una conversación, un hombre le dice que no le quieren recibir el cheque porque está “muy largo”. En otra, el auxiliar fiscal manifiesta que estaba viendo si el cheque era bueno o no, que faltaba endosarlo pero no había problemas. Dice a otro hombre que luego se lo llevaría.

Comunicaciones con un acusado de venta de motocicletas robadas: Dantur se comunica con un hombre al que después del apodo, le suma “Jujuy” y hace referencia a que se encuentra esperando el embarque y que ya tiene un par de tornillos. Las tareas complementarias con la Brigada de San Pedro de Jujuy, revelaron que se trataría de una persona que estuvo detenida en la ciudad jujeña, por comerciar con motocicletas robadas, las que eran llevadas a “Chaco” y que desde allí regresaba con “carne”. 

Búsqueda y posible venta de armas: Dantur posee registro de búsqueda de armas de distintos calibres. Además, recibe un mensaje de alguien que le pregunta si tiene un arma para vender. A través de un audio, Dantur dice a otro hombre que le interesa comprar un arma, que quiere una 45” o una Ballester Molina, también un Fusil o Subfusil, al que se le pueda poner una mira holográfica o láser. 

Comunicaciones con personas del ambiente político: Dantur mantiene fluida comunicación con distintos dirigentes políticos  y un exfuncionario provincial, quien le habría facilitado videos de las filmaciones obtenidas en el caso Mamaní. La misma persona advirtió a Dantur “que tenga cuidado con Mamaní, porque se la estaba mandando cambiada”.

Conversaciones con el imputado Mamaní: el 28 de junio de 2020, Dantur dice al policía Walter Mamaní que deja el expediente en la mesa de la fiscalía, en su oficina y sobre su escritorio; que pida las llaves, que ingrese y se quede tranquilo compulsando las actuaciones “y a la mierda”. El 6 de julio pasado, Mamaní mandó un mensaje a Dantur con un archivo adjunto y le dice que le envía el “Recurso”, para que lea. Le dice que es para presentar en las actuaciones administrativas contra el Comisario.

Vale recordar que la jueza interina de Garantías 1º del Distrito Judicial Sur-Circunscripción Anta,  Patricia Rahmer, hizo lugar el 30 de diciembre a la medida solicitada por la Unidad Fiscal de Investigación integrada por los fiscales Pablo Rivero y Diego Nicolás Rodríguez López y ordenó la extracción física y lógica de información de dos teléfonos celulares de propiedad y/o uso del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Dantur. También habilitó la feria judicial de enero del Juzgado, a los efectos de continuar la investigación

La decisión fue adoptada en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Derechos Humanos. La medida ordenada y autorizada por la magistrada, tuvo como objetivo determinar si la línea oficial proporcionada por el imputado fue funcional para el desempeño del cargo público asignado y si la utilización de una línea no registrada por el Ministerio Público Fiscal, perjudicó el normal y correcto desempeño de dicha función.

Orán: Un hombre mató a otro con un machete

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Orán, investiga el homicidio de José Galarza, de 26 años, quien fue atacado con un machete este domingo. El supuesto homicida se entregó en la Comisaría con el arma que habría utilizado para ultimar al joven.

El hecho ocurrió en el predio de una escuela ubicada en barrio 9 de Julio, de la norteña ciudad, donde José Galarza murió tras ser atacado por otro joven.

Cuando se buscaba al sospechoso, éste se presentó en forma voluntaria en la Comisaría local, con el machete que habría utilizado para cometer el crimen. El hombre será imputado este lunes.

En tanto, el cuerpo fue derivado al Servicio de Tanatología Forense de Orán, donde después de cumplidos los protocolos sanitarios vigentes por Covid-19, se llevará adelanta la autopsia.

De acuerdo a los primeros informes, el homicidio ocurrió en el predio de la escuela cuyo cerco perimetral fue violentado y donde habitualmente ingresarían personas a consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

Detuvieron a un prófugo por el femicidio de Agustina Nieto

Este miércoles fue detenido un hombre que estaba prófugo y sobre quien pesaba un pedido de detención, por su posible participación en el femicidio de Agustina Fernanda Nieto, ocurrido en 2018. La fiscal de UFEM, Mónica Poma, pidió que se le realicen pericias psiquiátricas, para verificar si se trata de una persona imputable. También solicitó la prisión preventiva del sujeto, mayor de edad, al Juzgado de Garantías interviniente.

Vale recordar que el 30 diciembre último, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio requirió en forma parcial, el juicio para Joaquín Octavio Viñabal, acusado del homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el femicidio de Agustina Fernanda Nieto.

Viñabal fue señalado por los testimonios como la última persona que estuvo junto a la víctima y se detectaron contradicciones en su declaración respecto a los elementos probatorios recolectados.

El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2018 en una vivienda abandonada de barrio San Benito de la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde la joven fue encontrada muerta. La autopsia reveló que su deceso se produjo por asfixia mecánica por sofocación.

El requerimiento a juicio se hizo en forma parcial, porque la investigación apuntó a que VIñabal, en compañía de otra(s) persona(s) con la(s) cual(es) se encontraba reunido, y aprovechando el resguardo que le permitían las condiciones del lugar, habría suprimido la vida de la víctima, oprimiéndole el cuello y sofocándola hasta provocar su deceso.

Imputarán a una funcionaria implicada en la depredación del dique Cabra Corral

La Fiscalía Penal de Cerrillos investiga la actividad de redeadores en el embalse de Dique Cabra Corral e imputará a una funcionaria provincial por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autora y en concurso ideal.

La intervención del fiscal penal Gabriel Portal, se produjo a partir del inicio de la Averiguación por parte de la Fiscalía Penal Delegación El Carril-Coronel Moldes, que comenzó a investigar a partir de la noticia criminis del diario El Tribuno, cuya publicación titulada «Depredación en el Cabra: un negocio de $80 millones», reveló que alrededor de 168 toneladas de pejerreyes son extraídos de forma ilegal del Dique Cabra Corral a lo largo del año y por parte de depredadores. Allí surgió que hace unos años se nombró a una Inspectora de Ambiente para controlar la pesca furtiva, pero resultó que la funcionaria fue descubierta en varias ocasiones depredando en el dique y entre sus antecedentes policiales, surgieron amenazas y resistencia a la autoridad.

El decreto de citación a la audiencia de imputación, -la que se concretará el 4 de febrero próximo-, precisa que la causante, de 49 años, habría dado muestras de que llevaría una conducta contraria a sus funciones y que se le puede atribuir -prima facie-, la comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autora y en concurso ideal.

Es que durante la investigación surgió que la mujer no solamente vendía pejerreyes y permisos de pescas en su domicilio particular de Coronel Moldes, sino que incurrió en una extralimitación en el marco de sus funciones porque se advirtió una connivencia inusual que le permitió direccionar operativos, investigaciones y contravenciones discrecionales.

Para llegar a la imputación, la Fiscalía contó con informes de la División Lacustre y Fluvial y de la Jefatura Policial de la Dirección General de Seguridad de la Policía de la Provincia y otro, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se sumaron distintas declaraciones testimoniales, entre las que se destaca la de un efectivo policial que confirmó que la mujer fue demorada en años anteriores por hechos de pesca furtiva. Otras personas testimoniaron sobre el accionar de la funcionaria y la acusaron de “beneficiar a ciertos grupos de redeadores y que incluso el hijo de la mujer, redeaba”.

De acuerdo a las pruebas incorporadas, la mujer que será imputada es técnica administrativa del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Producción.

Embarcación: Advierten sobre aumento de hechos de violencia de hijos a padres

La Fiscalía Penal de Embarcación interviene en más de 20 causas de violencia intrafamiliar. Muchas de las denuncias fueron registradas en época de fiestas de fin de año, entre la última semana de 2020 y la primera de enero. La mayoría de los casos involucran a jóvenes con problemáticas de consumo.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, interviene en 23 casos de violencia familiar, de los cuales 10 cuentan con personas detenidas, por hechos denunciados entre la Navidad de 2020 y la primera semana de enero de 2021. Es que a todas las denuncias radicadas previamente por madres o padres en contra de sus hijos, por los delitos de amenazas o lesiones, se agravaron con la comisión del delito de desobediencia judicial. En esos casos, tenían consulta anterior con medidas de conducta dictadas por el Juzgado de Violencia Familiar interviniente y que fueron desacatadas.   

Por otra parte, durante el mismo período, se iniciaron otras 13 causas con intervención de la Fiscalía Penal de Embarcación, con dictado de medidas de conducta por parte del Juzgado de Violencia. En esos casos no hubo detenciones ya que las personas imputadas vienen respetando las medidas de conducta impuestas para mantener la condicionalidad de la pena.

La fiscal Gabriela Souto advirtió que la violencia doméstica puede adoptar distintas formas, entre ellas, el abuso emocional o físico, el hostigamiento y las amenazas. “Las relaciones abusivas siempre conllevan un desequilibrio de poder y control y las personas abusadoras eligen palabras y comportamientos intimidatorios e hirientes hacia sus madres o padres”, antes los cuales hay que estar alertas, precisó la fiscal. Y agregó que la mayoría de los hechos abordados por la Fiscalía, se originaron en la preocupante situación sociosanitaria de aumento de adicciones al alcohol y sustancias estupefacientes, cuando hijas o hijos piden dinero a sus padres para adquirirlos y se les niega.