María Fernanda Quinteros

Hipólito Yrigoyen: le prendió fuego a su pareja

Un hombre de 49 años fue detenido y será imputado en las próximas horas por atentar contra la vida de su pareja, una mujer de 34 años, a la que roció con alcohol y prendió fuego. Ocurrió la noche de este lunes y la víctima permanece internada con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, investiga un hecho ocurrido la noche de este lunes en la ciudad de Hipólito Yrigoyen, donde una mujer de 34 años resultó con graves quemaduras en su cuerpo luego de que su pareja la rociara con alcohol y le prendiera fuego.

La Policía de la Provincia tomó intervención cuando la mujer ingresó al hospital de esa ciudad con quemaduras en el rostro, piernas, cuello y tórax. Por la gravedad de las lesiones, fue derivada al hospital de Orán para una mejor atención.

De las primeras tareas investigativas desplegadas, pudo establecerse que el agresor fue su pareja, quien fue detenido horas más tarde y será imputado en las próximas horas.

Carreras dispuso el cumplimiento de numerosas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.

Unidad Fiscal requirió juicio por amenazas y violencia contra una periodista de Metán

La comunicadora denunció en el mes de enero a una pareja vecina por actos de hostigamiento en su contra, que incluyeron ataques verbales y amenazas. Una Unidad Fiscal investigó la situación y solicitó que la causa sea elevada a juicio.

Reunión de la comunicadora con el Procurador General

Una Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Gonzalo Gómez Amado y Nicolás Rodríguez López, investigó a partir de la denuncia realizada por la periodista Teresita Frías, hechos de agresiones, insultos, ladrillazos contra las ventanas de su departamento y amenazas de muerte que recibió de parte de una pareja vecina en la ciudad de Metán.

La comunicadora relata que reside hace más de 30 años en el barrio y que nunca tuvo problemas con vecinos, hasta que esta pareja inició actos de acoso y hostigamiento en su contra.

Los fiscales dispusieron distintas medidas, tales como relevamiento de testigos, informes policiales, técnicos, psicológicos y socio vecinales que permitieron reunir los elementos de convicción necesarios para solicitar ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito judicial Metán, juicio para Leonel Washington Ifran, de 38 años, como autor del delito de amenazas y contra su pareja, Rosana Fernández, de 32 años, como autora de los delitos de amenazas y desobediencia judicial.

La acusación contra Ifrán es por un hecho ocurrido el pasado 12 de enero, cuando con una actitud violenta, agredió verbalmente a la damnificada, la amenazó y arrojó un elemento contundente contra su vivienda.

En tanto, la acusación contra Fernández, se vincula a las amenazas que la mujer profirió a la comunicadora, ocasionándole temor y por desobedecer una orden de medidas restrictivas dictada por el Juez de Garantías Nº2 Distrito Judicial del Sur Metán.

Cabe señalar que Teresita Frías mantuvo una reunión el pasado mes de enero con el procurador general Abel Cornejo, donde planteó su situación.

Pichanal: detenido por agredir a su pareja

Un hombre de 24 años fue detenido e imputado por actos de violencia ocurridos el pasado fin de semana en esa ciudad. Llegó en estado de ebriedad y tras una discusión, golpeó a su pareja en presencia de sus hijas menores de edad. La víctima señala que no es el primer hecho de violencia que sufre pero que no había denunciado antes por temor.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Alejandro Maximiliano Carabajal como autor del delito de lesiones doblemente agravadas por ser cometidas a una persona con quien mantuvo una relación de pareja y por un hombre a una mujer, mediando violencia de género y coacción en concurso real en perjuicio de su pareja.

En la denuncia, la damnificada relata que convive con el acusado hace nueve años y que tienen dos hijas menores de edad en común. Señala que no es la primera vez que es víctima de actos violentos pero que no los había denunciado antes por temor.

El acusado, durante el fin de semana, encontrándose en estado de ebriedad, inició discusiones con la mujer y la golpeó en distintas partes del cuerpo y luego se retiró a seguir bebiendo.

La fiscal Fuentes dispuso el cumplimiento de distintas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho y a preservar la integridad de la damnificada y de sus hijas.

Covid-19: El Poder Ejecutivo y el COE buscan optimizar el pago de infracciones contravencionales

El procurador Abel Cornejo recibió este lunes al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas y el presidente del COE, Francisco Aguilar. Repasaron la  situación sanitaria por coronavirus, las acciones preventivas y la aplicación de normas contravencionales para evitar el avance del Covid-19.

Durante el encuentro, los presentes plantearon la necesidad de generar herramientas que garanticen y mejoren el cumplimiento de pagos de infracciones contravencionales, porque la sanción económica podría ser una de las formas más efectivas de lograr aprendizaje sobre las consecuencias de infringir las normas, en el marco de la delicada situación sanitaria actual.

El secretario Posadas, manifestó preocupación por el incumplimiento de las normas “y de que las posibilidades de que el proceso contravencional se termine con el pago de multas, a pesar de que el cumplimiento de pago es escaso”. Es que según relevó el Poder  Ejecutivo Provincial, la recaudación por esas multas es muy baja. “Las normas existen, pero el pago efectivo de las multas es muy bajo”, precisó el funcionario y consideró que al esfuerzo de la Policía de la Provincia, en coordinación con el Ministerio Público, hay que otorgarle mayor efectividad.

Las acciones para lograr mayor eficiencia en el pago de multas, se discutirán en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Legislativo y podrían lograrse a través de la modificación legislativa del Código Contravencional, en el articulo pertinente.

Infractores transmisores del virus

Sobre el cuadro sanitario, el presidente del COE, Francisco Aguilar, advirtió que los jóvenes que se reúnen, generan un foco de contagio muy grande, especialmente porque muchos son asintomáticos y llevan el virus a sus casas. “Contagian a madres, padres, abuelos y otros, quienes son personas mayores con riesgo de contraer la enfermedad COVID-19, en su forma grave”. A esas reuniones clandestinas y masivas, se agrega que cuando hay consumo de alcohol “los protocolos no existen más” y los jóvenes se cuidan menos todavía, advirtió el especialista.

“El sistema debe ser más adecuado y eficiente para la aplicación y cobros de multas, porque aunque no me gusten, no nos dejan opción. Ya insistimos en el mensaje, la comunicación es permanente e insistente y las normas no se respetan”, señaló.

Juzgados contravencionales, pendientes

Cornejo recordó que solo en el primer mes del año (entre el 1 de enero y el 7 de febrero pasado), el sistema informático del Ministerio Público Fiscal registró que las fiscalías de toda la provincia recibieron 2840 actuaciones por contravenciones, de las cuales, 1227 fueron derivadas a la Unidad Fiscal Contravencional. El sistema discrimina entre aquellas contra personas físicas y establecimientos comerciales. Las y los contraventores pueden optar por un descargo o pagar una multa en forma voluntaria. Si eligen la última, pagan en entidad bancaria  y se cierra la actuación. Los pagos se realizan en la cuenta dispuesta para tal fin por la Policía de la Provincia, que recibe dicha recaudación en forma directa.

Y advirtió que sigue pendiente la creación de Juzgados Contravencionales, lo que permitiría que el cierre de una causa iniciada por contravenciones sanitarias, no concluya con el pago de una multa. Inclusive, establecería que la sanción económica se haga efectiva, por tratarse de una causa enmarcada en un proceso jurídico distinto al actual.

 “El circuito desde el inicio de las actuaciones y hasta el final de la causa, sería completamente distinto si los Juzgados ya funcionaran, porque el sistema vigente viene siendo actualizado parcialmente y hoy, las infracciones sanitarias no están contempladas en el grado de gravedad que ameritan”, finalizó.

En 2011, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, fue coautor de la iniciativa legislativa de la Corte de Justicia, que propuso la creación de cinco juzgados contravencionales en toda la Provincia. En junio de 2019, Cornejo dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Contravenciones, en virtud de la dispersión de causas originadas en infracciones al Código Contravencional. Todo ello, a partir de la modificación de la ley que entró en vigencia en 2016. En 2020, la Legislatura otorgó media sanción a una iniciativa legislativa que prevé la creación de cinco Juzgados Contravencionales, pero el tema no prosperó.

El MPF toma denuncias de violencia de género vía web

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que –a través de sitio web www.denunciasweb.gob.ar– cualquier persona pueda denunciar violencia familiar y de género de manera digital. También se pueden denunciar otros delitos realizando un trámite sencillo y seguro, sin necesidad de asistir a una comisaría.

El Ministerio Público Fiscal habilitó la posibilidad de que, cualquier ciudadana o ciudadano, pueda denunciar violencia familiar y de género de manera digital, realizando un trámite sencillo y seguro, sin necesidad de asistir a una comisaría.

De este modo, cualquier persona podrá registrar sus denuncias ingresando al apartado el apartado “Violencia de Género” en los sitios www.denunciasweb.gob.ar o www.fiscalespenalesalta.gob.ar (Denuncias Web) y completando la carga virtual de los datos requeridos en el formulario de denuncia, y así obtener la constancia correspondiente.

Después de la recepción de las denuncias a través del sitio web, estas son distribuidas y remitidas a las fiscalías, de acuerdo a los hechos denunciados y pasibles de investigación.

Desde que asumiera como Procurador General de Salta, Abel Cornejo consideró prioritario para su gestión institucional brindar una respuesta de calidad al ciudadano, a través de la mejora de los canales de acceso al servicio de Justicia, diseñando instrumentos ágiles y accesibles, con especial atención a la víctima. De esa manera, resolvió adoptar medidas que permitan una intervención temprana, procurando actuar con celeridad y eficacia a través de la permanente actualización de los procesos de investigación.

En efecto, el 11 de agosto pasado -cuando aún regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el país y con el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia-, el Ministerio Público Fiscal habilitó la posibilidad de efectuar denuncias para víctimas de violencia institucional y abusos policiales de manera digital.

A lo largo de los últimos ocho meses, la Procuración General sumó las denuncias digitales por robos, venta de drogas, incidentes viales, otros delitos y ahora, violencia familiar y de género.

La importancia de contar con esta herramienta informática radica en que permite a los usuarios registrar las denuncias desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, sin necesidad de concurrir a una dependencia policial. Además, el sistema permite adjuntar imágenes a la denuncia radicada.

Amplían acusación contra conductor ebrio que causó dos muertes

El hecho ocurrió en la intersección de calles Rioja y Laprida de la ciudad de Salta, durante la madrugada del 5 de setiembre de 2020. Un menor de 15 años falleció en forma inmediata y días después falleció su acompañante de 21 años. El acusado se encontraba ebrio y huyó del lugar sin prestarles auxilio. Una pericia comprobó además, que circulaba a una velocidad superior a la permitida.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, amplió la imputación contra Gabriel Simón Guaymás, acusado del delito de homicidio culposo en siniestro vial calificado por circular superando el nivel de alcoholemia permitido, darse a la fuga y por el número de víctimas en perjuicio de Noel Ariel Agustín Quintana y Claudio Alfredo Mercado, con el agravante de superar la velocidad máxima permitida.

La madrugada del sábado 5 de setiembre de 2020, un menor de 15 años y su amigo de 21 años, circulaban en una motocicleta y fueron embestidos por un automóvil en la intersección de calles Laprida y Rioja. Cayeron en la cinta asfáltica notoriamente lesionados y el conductor del vehículo de mayor porte, se dio a la fuga.

Los jóvenes fueron auxiliados por los vecinos, quienes llamaron al Sistema de Emergencias 911. Ambos fueron trasladados en código rojo al hospital San Bernardo, donde Claudio Alfredo Mercado falleció por hipertensión endocraneana y TEC grave. Su compañero, Ariel Noel Agustín Quintana, quedó hospitalizado en grave estado y falleció días después, lo que motivó el primer agravamiento de la acusación.

Personal del Grupo Investigativo Sector 5 A de la Policía de la Provincia, encontró restos del automóvil en el lugar y con el aporte de testigos y otros indicios, ubicó al automóvil en una vivienda de las inmediaciones.

Al ser atendidos, un hombre dijo ser el conductor del automóvil al momento del siniestro y luego cambió su versión y reveló que se trataba de su hijo, que se encontraba en el interior de la casa. Guaymás fue demorado y el test de alcoholemia que se le realizó, arrojó un resultado de 1.57 g/l.

El agravamiento de la acusación por superar la velocidad máxima permitida, se produce al incorporarse en la investigación el resultado de la pericia accidentológica que se realizó, donde surge que Gabriel Simón Guaymas conducía a 61,4 km/h, mientras que según la Ley Nacional de Tránsito y seguridad vial N.º 24449/95 en su Art. 51 inc. E) 1) la velocidad en las encrucijadas urbanas sin semáforo no debe ser superior a 30 km/h. Por lo que se puede determinar que el acusado Guaymas al momento del hecho conducía a más de treinta km/h por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho.

Metán: dos jóvenes sorprendidos robando en una tienda

Un hombre de 20 años y un menor de 16, fueron sorprendidos robando en una tienda de esa ciudad por personal policial. Tras dañar un vidrio, sustrajeron prendas de vestir y dinero en efectivo. El caso fue declarado como de flagrancia.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a José Julián Pereyra y a un menor de 16 años, como coautores del delito de robo en perjuicio de una comerciante de esa ciudad.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado viernes 9, cuando personal policial detectó a los jóvenes en flagrancia, cuando robaban en un local comercial de la primera cuadra de calle Belgrano.

Tras romper un vidrio, sustrajeron prendas de vestir y dinero en efectivo del comercio y luego de ser sorprendidos, se notificó a la propietaria, quien radicó la denuncia.

Logran la captura de un prófugo acusado de un grave abuso sexual

El sujeto era intensamente buscado por las distintas unidades investigativas, desde hace tres años, por el delito de supuesto abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y el número de partícipes, ocurrido el 28 de enero de 2019, en Salta capital.

En el marco de la investigación que lleva adelante, el fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, dio intervención al Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para la captura del acusado, en virtud de la dificultad, peligrosidad y ardides utilizados por el del prófugo hasta ahora, para evitar ser puesto a disposición de la justicia.

Según consta en las actuaciones, el sujeto era intensamente buscado por el delito que fue perpetrado por él ahora detenido, en complicidad con sus hermanos, quienes ya purgan una condena. La víctima es una prima de de los acusados, de 9 años de edad.

El sujeto fue detenido este domingo en un domicilio de la zona oeste de la ciudad, por el hecho ocurrido en enero de 2019 en barrio Castañares, de la zona norte de la capital.

Imputaron a “Los intocables”, personal del Registro Civil y un permisionario por la venta de actas

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio imputó este viernes por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y concusión -en un número indeterminado de hechos-, en concurso real y en calidad de coautores a Marcelo Gerardo Romero, Aldo Daniel Gómez y Mauro Cristóbal Paz, José Antonio Daruich y en carácter de partícipe necesario, a José Waldo Mercado. También fueron imputados provisionalmente por el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores.

Según consta en el decreto de imputación, Mercado, quien se desempeñaba como permisionario (cobrador de estacionamiento medido), procedió a captar en la vía pública, a un número indeterminado de personas y les solicitó dinero, para que a través de funcionarios del Registro del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en calle Almirante Brown Nº 160, se realice el trámite de obtención de actas de ese organismo.

Así, lo imputados Romero, Gómez, Paz y Daruich, abusando de la función desempeñada como funcionarios públicos del Registro Civil y actuando en connivencia con el imputado Mercado, expidieron instrumentos del Registro Civil con la leyenda “trámite oficial”. Todo ello, sin abonar los tributos para el trámite, lo que generó un importante perjuicio patrimonial a la Hacienda Provincial.

La fiscala también los imputó provisionalmente por el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores, por haber formado parte de una organización con división de tareas, con permanencia y de manera organizada, encaminados a cometer indeterminados hechos ilícitos en contra de la Administración Pública Provincial

La intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, inició a partir de la denuncia de una funcionaria del Registro Civil, quien tomó conocimiento que personas desconocidas se estarían beneficiando con la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y otra documentación. Además, los documentos se comercializaban en negocios no autorizados, colindantes al edificio del Registro Civil. Una fotocopiadora fue uno de los comercios apuntados y a su vez, habría cobrado una tasa, cuando el acta que se entrega podría estar siendo proporcionada por personal del Registro Civil con sello de trámite oficial (es decir, un trámite sin arancel) o con un valor menor al cobrado. A la investigación se agregó la denuncia radicada el 25 de marzo pasado, por la directora General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, María Verónica Saicha Ibáñez.

En algunos de los casos advertidos durante la investigación, por ejemplo, una mujer pagó $1500 (mil quinientos pesos) por dos actas de nacimiento, cuando el costo real de la expedición de los actas online de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio y otras, tienen un costo de $ 250 (doscientos cincuenta pesos); y de $ 117,17 (ciento diecisiete con diecisiete centavos pesos) cuando se tramitan en forma presencial.

Según se advirtió de las tareas de vigilancia desplegadas por la División de Investigaciones y Criminología del CIF, en promedio, en un día de vigilancia, el permisionario entregó de 10 a 15 actas, a un costo de 520 pesos cada una.

También se supo que a los abogados Romero y Gómez, se los denominaba “Los intocables”. El primero, se desempeñaba como subdirector del Registro Civil, y el segundo, como asesor jurídico, mientras que Paz y Daruich, eran personal de la oficina de Archivo del Registro Civil. Ello permitió establecer que no solo por la función que desempeñaron sino el rol que cumplió cada uno de ellos en las actividades ilícitas y defraudatorias que tienen como damnificado al Estado Provincial y a los ciudadanos que abonan aranceles exigidos fuera de las tasas previstas, obteniendo de este modo un beneficio económico para sí, mediando la captación de los civiles a través de la intervención de un permisionario, que a sabiendas del origen ilícito actuó como nexo para obtener las partidas (nacimiento, matrimonio y defunción), a cambio de montos discrecionales que luego entrega a los funcionarios provinciales.

Todos los imputados declararon, pero no aceptaron preguntas y siguen detenidos.

Gral. Mosconi: condenado por abusar de una menor hipoacúsica

El hecho ocurrió en 2017, cuando la víctima tenía 15 años y la denuncia se realizó dos años después, cuando pudo revelar a su madre lo sucedido. El acusado será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Gastón Osvaldo Tizón por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad.

La denuncia fue radicada en 2019 por la madre de la víctima, al tomar conocimiento del hecho ocurrido en 2017, cuando su hija, quien padece hipoacusia, tenía 15 años.

Según se supo, la entonces menor, concurrió a visitar a la esposa del acusado, con quien tenía una relación de amistad, y Tizón, encontrándose solo y aprovechando la confianza de la adolescente, abusó sexualmente de ella.

La jueza María Soledad Rodríguez, le impuso una pena de siete años de prisión de ejecución efectiva y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga al condenado, material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.