María Fernanda Quinteros

Rº de la Frontera: dos detenidos por abigeato

Dos hombres de 46 y 24 años, fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido el pasado 18 de junio en una finca de la localidad de San Felipe. El hecho se descubrió en un control policial, donde se detectó la presencia de porcinos faenados en la caja de una camioneta. El conductor se dio a la fuga y luego fue encontrado en una vivienda de la zona.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Héctor Daniel Nieva como autor de los delitos de abigeato en concurso real con el delito de tenencia y portación de arma de fuego de uso civil y a Mario Enrique Vega como autor del delito de abigeato.

El pasado 18 de junio, en un control vehicular realizado por la Policía de la Provincia de Salta sobre ruta provincial 3, se detectó una camioneta que trasladaba en la parte posterior, varios cerdos faenados en una bolsa de arpillera.

El conductor se dio a la fuga en el vehículo y fue localizado luego en las inmediaciones, en una vivienda de la localidad de San Felipe, de donde se logró secuestrar parte de lo sustraído. Luego, en un rastrillaje, se encontraron dos cerdos que habían sido arrojados por un barranco hacia el río.

De las tareas investigativas desplegadas, se pudo conocer que los animales habían sido ultimados con disparos de arma de fuego.

Será llevado a juicio por un homicidio en el parque San Martín

Se requirió juicio para Miguel Alejandro Villagrán por el homicidio de Héctor Ariel Paz, ocurrido en setiembre de 2020 en inmediaciones del Museo de Ciencias Naturales del parque San Martín en la ciudad de Salta. El análisis de cámaras de video vigilancia fue fundamental para identificar al acusado.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4, para Miguel Alejandro Villagrán por el delito de homicidio simple en perjuicio de Héctor Ariel Paz.

El hecho ocurrió el pasado 18 de setiembre por la madrugada en las inmediaciones de calles Mendoza y Lavalle de la ciudad de Salta, cuando la víctima deambulaba por la zona y fue llevada por Villagrán con engaños a la parte posterior del Museo de Ciencias Naturales. Allí lo hirió con un arma blanca en la zona torácica y luego se dio a la fuga, dejándolo sin auxilio.

Ocasionales transeúntes alertaron al Sistema de Emergencias 911 de la presencia del hombre herido y pese a la asistencia recibida, falleció luego en el hospital San Bernardo.

Durante la investigación fueron fundamentales el análisis de cámaras de seguridad de la zona, que permitió identificar al acusado y las pruebas genéticas realizadas por el Servicio de Biología Molecular del CIF sobre prendas de vestir del acusado, que presentaban manchas sanguinolentas pertenecientes a la víctima.

Comienza el juicio por el femicidio de Claudia Roxana Padilla

Este miércoles comenzará la audiencia de debate contra Ricardo Ruiz por el homicidio doblemente calificado de su expareja, ocurrido en febrero de 2020 en un barrio de la zona Norte de la ciudad de Salta. La mujer de 37 años fue encontrada sin vida en su dormitorio, con signos externos de violencia y tras la autopsia, se comprobó que fue sofocada por su expareja, que había ingresado por la ventana para “hablar”.

La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, representará al Ministerio Público ante la Sala VI del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Ricardo Ruiz como autor del delito de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por el género en perjuicio de Claudia Roxana Padilla.

El 9 de febrero de 2020, los hijos de Padilla la encontraron sin vida en su cama y de las primeras tareas investigativas, surgió que su expareja había ingresado por la ventana del cuarto con su consentimiento, para hablar.

La pareja mantuvo una relación de 18 años, tuvieron 5 hijos y se encontraban separados hacía 4 años. Había antecedentes de violencia de Ruiz hacia su pareja, por lo que fue condenado en 2015 y se le impusieron medidas de restricción.

En mayo de 2019 fue denunciado nuevamente por la mujer por no respetar la prohibición de acercamiento impuesta e ingresar a la vivienda familiar en estado de ebriedad para insultarla, lo cual tramitaba en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1 del Distrito Centro.

El día del hecho, le pidió a la víctima a través de una hija menor de edad, ingresar para hablar con ella y lo hizo a través de la ventana debido a que se encontraba excluido de su hogar.

Al día siguiente, Padilla fue encontrada sin vida en su cama y el informe de autopsia reveló que sufrió asfixia mecánica mixta y que se evidenciaba que se había defendido de su agresor.

Finalmente, se pudo comprobar a través de un estudio realizado por el Servicio de Biología Molecular Forense del CIF sobre las muestras de uñas de la víctima, la presencia de material genético correspondiente al acusado, que permanece detenido con prisión preventiva.

El Tribunal colegiado estará integrado por los jueces Mónica Mukdsi, Guillermo Pereyra y José Luis Riera.

Golpeó a otro hombre y le provocó lesiones gravísimas

Un hombre de 26 años fue detenido e imputado por lesionar gravemente a un joven de 22 años. Mantuvieron un cruce de palabras y el acusado le propinó un golpe de puño. La víctima cayó al piso y se golpeó la cabeza con el cordón cuneta.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, imputó a Nicolás Rodrigo Veliz como autor del delito de lesiones gravísimas en perjuicio de Martín Elías Portal.

El pasado 13 de junio, la madre del damnificado lo encontró lesionado en el baño de su casa y convulsionando, por lo que solicitó ayuda. Su hijo fue trasladado al hospital San Bernardo, donde debió ser sometido a una craniectomia descompresiva al presentar traumatismo encéfalo craneano.

A las pocas horas del hecho, el acusado se presentó en la dependencia policial de Villa Asunción, expresando ser quien le propinó un golpe al joven de 22 años, provocando que cayera al suelo. Fue detenido y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga su detención mientras se cumplen diversas medidas solicitadas.

Las Lajitas: intentó ingresar drogas en una comisaría

Un joven de 21 años fue detenido e imputado por intentar ingresar sustancias estupefacientes para un detenido. Estaba oculta en un frasco de shampoo y al ser descubierto, el acusado arrojó en el piso de la cocina de la dependencia, dos envoltorios con el mismo contenido.

La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación fiscal de Las Lajitas, imputó a Diego Fernando Álvarez como autor del delito de suministro o facilitación de estupefacientes agravado por realizarse en un lugar de detención.

El pasado 13 de junio, el acusado se presentó en la Comisaría 51 de Las Lajitas para dejar algunos elementos para un detenido y solicitó éste que le entregue una suma de 1000 pesos por el encargo. Al revisar los elementos, los efectivos policiales detectaron en un frasco de shampoo dos bochas que resultaron sospechosas.

El joven se encontraba nervioso y al ser demorado, arrojó en el piso de la cocina de la dependencia, dos envoltorios similares a los que había introducido en el shampoo. Pudo comprobarse que los envoltorios secuestrados contenían marihuana y fueron secuestrados.

Pudo verificarse que el acusado posee numerosos antecedentes de delitos contra la propiedad y al ser sorprendido en el momento de la comisión del delito, se declaró el caso como de flagrancia.

No declararon los acusados del homicidio en «el cruce» de Pichanal

Se trata de dos ciudadanos venezolanos de 22 y 24 años, que tomaron a la víctima desprevenida e indefensa y le provocaron numerosas lesiones con arma blanca, que le causaron la muerte. Luego arrastraron el cuerpo hacia un sector menos visible.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, imputó a Cristofer de Jesús Abarca Virquez y a Roberzon Alejandro García Rondón como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Rafael Alejandro Barrios, «Mecha».

Según consta en las actuaciones, durante las primeras horas del pasado 15 de junio, se encontró el cuerpo de Barrios en inmediaciones de las vías del ferrocarril en la zona denominada «el cruce» de Pichanal.

De las primeras tareas investigativas desplegadas, se logró identificar como los agresores a dos jóvenes de nacionalidad venezolana. Fueron detenidos en la zona de la terminal de ómnibus y a partir de testimonios recogidos, se supo que los acusados lo agredieron en una zona cercana a las vías del ferrocarril y luego arrastraron el cuerpo hacia una zona cercana, menos visible, donde fue encontrado cubierto con una manta.

En la imputación provisional, la fiscala Carreras sostiene que estas personas tomaron a la víctima desprevenida e indefensa y le provocaron la muerte con un arma blanca por shock hipovolémico por hemotorax masivo bilateral.

Los acusados se abstuvieron de declarar y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, la prisión preventiva de ambos.

Remiten al fuero federal la investigación sobre la actuación del Ministro de Seguridad

La Unidad Fiscal conformada por los fiscales penales 2, Ramiro Ramos Ossorio y 4, Facundo Ruiz de los Llanos, declinará la competencia hacia el fuero federal en las actuaciones que investigan los hechos registrados el miércoles 16 de junio pasado, en ocasión de los actos conmemorativos del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuando se rompieron los protocolos sanitarios vigentes y se pudo haber afectado la seguridad del presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández.

Los fiscales penales Ramos Ossorio y Ruiz de los Llanos declinarán la competencia hacia el fuero federal, para que esa jurisdicción continúe con la investigación abierta de oficio, -pero solicitada también públicamente por el Gobernador de la Provincia-, a fin de que se averigüe con la mayor premura quiénes fueron los responsables de incumplir los protocolos sanitarios expresamente establecidos por el Comité Operativo de Emergencia. En el mismo escrito, los fiscales pedirán este martes, que se determine quién o quiénes fueron los autores de los procederes que eventualmente podrían haber infringido el Código Penal por incumplimiento de sus facultades y abuso de autoridad. Esto es así, dado que si existió actuación de funcionarios nacionales y se trata de la seguridad del Presidente de la República, surge la intervención de la Justicia Federal, conforme la normativa vigente.

Es que los elementos probatorios recabados desde el miércoles pasado a esta parte, para determinar la existencia de conducta delictiva y la eventual identidad de sus autor/es o responsables, permitieron inferir la posible comisión de delitos inherentes al ámbito de competencia de la justicia federal, hacia donde la Unidad Fiscal provincial remitirá las actuaciones.

En su presentación, los fiscales recordaron que con motivo de los actos conmemorativos del Bicentenario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, se organizaron diferentes actos, pero de carácter restrictivo atento el crecimiento exponencial de casos positivos de COVID 19. Las restricciones fueron definidas por el Comité Operativo de Emergencia (COE).

Durante el final de la jornada del día 16 de junio y las primeras horas del día 17 de junio, se registraron una serie de episodios –de público conocimiento- que motivaron la conformación de la actuación preliminar del MPF provincial, tendiente a que se investiguen los hechos ocurridos en los aledaños y alrededores del Monumento al General Güemes. De ellos, existen filmaciones que acreditan categóricamente que no se cumplieron las directivas impartidas por el COE, lo que trajo aparejada la renuncia de su titular. En las imágenes de video, informó la Unidad Fiscal, “puede observarse en todo momento la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, coronel (R.E.) Juan Manuel Pulleiro, primero en una de las vallas perimetrales colocadas en forma de anillo e seguridad y posteriormente en el hall de ingreso al Hotel Sheraton y en un sector comprendido entre los anillos de seguridad apostados al efecto”. En ese hotel se hospedó el presidente de la Nación Argentina, quien según los registros fílmicos se encontraba en el lugar antes de sumarse a los actos conmemorativos.

Justamente en las imágenes se observa que un grupo de simpatizantes de Fernández, solicitó que se abra el vallado, pedido que fue acogido favorablemente por el Ministro de Seguridad. A continuación, el grupo se dirigió al Hotel Sheraton a vivar al Presidente. En esas imágenes se observa claramente que no se hizo observar -en lo más mínimo- las normas dictadas por el Comité Operativo de Emergencia, en cuanto al distanciamiento social y uso de tapabocas se refiere, sino todo lo contrario. Se ve al Ministro de Seguridad junto al grupo en cuestión, en distintos momentos, y en algunos casos, se confirma la ausencia de integrantes de la Policía de la Provincia de Salta. En lo que atañe a la seguridad presidencial, tampoco se avizora en las imágenes, resguardo alguno, sino un alarmante estado de desprotección, que afortunadamente no pasó a mayores, ni hubo consecuencias que lamentar. Y agregó el documento de la Unidad Fiscal que “no hace falta ser un avezado especialista para percatarse que en esos momentos, el Presidente de la Nación estuvo lisa y llanamente desguarnecido”.

Casa Militar y Poder Ejecutivo Provincial

Ramos Ossorio y Ruiz de los Llanos sumaron que conforme al Decreto 648/2004, la Casa Militar y las Delegaciones de la Policía Federal Argentina en el interior del país, son las encargadas de cubrir la seguridad del Presidente de la Nación. Ello, sin perjuicio de que en el ámbito local -según el artículo 2º y concordantes de las ley 7742 y modificatorias-, la Policía de la Provincia de Salta ejerce sus funciones en todo el territorio provincial. Las únicas excepciones son los lugares sujetos exclusivamente a la jurisdicción federal, nacional, militar u otra fuerza policial o de seguridad.

Esto quiere decir que la Policía de la Provincia tiene autonomía legal y funcional, depende orgánicamente del Poder Ejecutivo Provincial y según las circunstancias puede actuar de común acuerdo, como complemento o coordinadamente con fuerzas policiales o de seguridad del Estado Nacional. En síntesis: la Casa Militar, tratándose de un organismo nacional es la encargada de custodiar al Presidente de la Nación y a su vez, la Policía de la Provincia, tiene el deber y la misión de cumplir todos los actos de seguridad y vigilancia dentro del territorio provincial, independientemente de cualquier autoridad nacional. Por la organización federal que establece la Constitución Nacional, las policías provinciales no están delegadas en sus funciones a las fuerzas nacionales. Es más: el artículo 24 de la ley 24.059 de Seguridad Interior, faculta al Gobernador de la Provincia a requerir auxilio de las fuerzas nacionales en casos de conmoción interior y es la única excepción en que legalmente pueden complementarse las fuerzas nacionales con las provinciales. Sin embargo, es requerimiento del primer mandatario provincial y no a la inversa.

En cualquier caso, no es lo que sucedió el miércoles 16 de junio pasado.

Por ello, consideraron los fiscales, es que no puede alegarse la intervención de funcionarios nacionales impartiendo órdenes en el marco de actuación de la Policía de la Provincia, debido a que la fuerza no está subordinada ni pertenece a la esfera funcional de ningún organismo nacional. Lo cierto es que fue continua la mención pública de nombres y cargos nacionales por parte del Ministro de Seguridad de la Provincia, a los fines de deslindar su responsabilidad en el caso concreto. Adujo que fueron funcionarios nacionales quienes le habrían dado la orden de dejar pasar a los simpatizantes de Fernández, aun a sabiendas de que tanto por el horario como por la cantidad de público autorizada, tal circunstancia no debía ocurrir.

En notas periodísticas o audios, el titular de la cartera de Seguridad provincial en forma insistente sostuvo que una persona denominada “Néstor Mocchia” dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, fue quien le dio la orden de que los simpatizantes pasaran. Esa situación desencadenó otros problemas en las adyacencias del Monumento e incluso generó que el presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, fuese a increpar al Presidente de la Nación sobre el particular.

Tampoco en este último caso se observó que ningún integrante de la Policía Provincial vigilase los movimientos, que vale la pena reiterar, pudieron haber derivado en otros de mayor envergadura o incluso en episodios de inseguridad para el Primer Mandatario. Y ello resulta inconcebible en cuanto a la organización de un dispositivo de seguridad eficiente y alertado, dada la importancia del objetivo que debían cumplir y sin perjuicio de la flagrante inobservancia de las normas sanitarias vigentes y con alcance general para todos los ciudadanos, con la única salvedad del personal esencial exceptuado.

Además, las afirmaciones del Ministro de Seguridad de la Provincia fueron refutadas y desmentidas por el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Enrique “Wado” de Pedro, quien sostuvo que desde la Presidencia de la Nación no se dio orden alguna sobre el particular.

Las Lajitas: condenado por causar un siniestro vial

Un hombre de 50 años fue condenado por causar un siniestro vial donde dos personas resultaron lesionadas en el año 2018. El acusado realizó una maniobra de giro con su automóvil que causó que la motocicleta donde circulaban los damnificados colisionara y resultaran heridos, uno de ellos de gravedad.

La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Metán, en la audiencia de debate contra Carlos Alberto Dorini, imputado como autor de los delitos de lesiones gravísimas en accidente de tránsito y lesiones leves en accidente de tránsito en concurso ideal.

En marzo de 2018, el acusado conducía su vehículo por una calle de Las Lajitas y en sentido contrario, lo hacía una motocicleta donde circulaban los damnificados, de 28 y 16 años. Según pudo establecerse, Dorini realizó una maniobra de giro hacia la izquierda que causó el siniestro vial, por el cual los dos motociclistas resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad.

La Vocalía II de la Sala I del Tribunal de Juicio, condenó a Dorini a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años para conducir vehículos.

Salió a bailar y fue abusada por un conocido

Ocurrió en 2019, cuando una mujer de 17 años salió a bailar con un grupo de conocidos y resultó abusada sexualmente por una de estas personas, que se encontraba circunstancialmente en la ciudad de Salta. Se requirió juicio para el hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal.

La fiscala penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 para un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad.

El hecho investigado ocurrió en 2019, cuando la víctima de 17 años salió a bailar con personas conocidas y fue abusada por un hombre de 40 años que integraba el grupo y se encontraba en la ciudad de Salta en forma circunstancial.

Durante la investigación se cumplieron diversas medidas solicitadas por la fiscala y que permitieron reunir los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

Tartagal: tres condenados por un ataque a efectivos policiales

Tres hombres fueron juzgados por un hecho ocurrido en julio de 2020 en barrio Tapiete, donde un grupo de personas que provocaba disturbios, atacó al personal policial que intervino, causando daños, profiriendo amenazas y resistiéndose a la detención.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Adrián Rodas, Cristian Rodas y José Luis Campos por los delitos de atentado agravado, resistencia a la autoridad, amenazas agravadas y daño calificado en concurso real.

El hecho juzgado ocurrió el 20 de julio de 2019 en Misión Tapiete de Tartagal, donde un grupo de personas que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, comenzó a causar disturbios y a detonar armas de fuego. Los efectivos policiales que concurrieron a verificar el hecho fueron atacados por estas personas, que comenzaron a insultar, amenazar, arrojar elementos contundentes y sustrajeron algunos elementos de seguridad de los policías.

Cuando intervienen más efectivos como refuerzos, cinco de los vecinos hostiles huyeron en un automóvil con rumbo al hospital local, donde continuaron las agresiones.

La jueza Soledad Rodríguez condenó a Adrián Rodas al cumplimiento de una pena de 1 año y 8 meses de prisión efectiva por tener una condena condicional previa. Cristian Rodas y José Luis Campos fueron condenados a la pena de 1 año y 8 meses de ejecución condicional.