Un hombre de 35 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido el pasado domingo. El acusado agredió a su pareja cuando ésta se negó a ir a bailar. Intentó asfixiarla y profirió amenazas. Cesó en su accionar ante la férrea resistencia de la víctima y la presencia de su pequeño hijo, que se despertó. Se abstuvo de declarar.
La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, imputó a un hombre de 35 años como autor del delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género en perjuicio de su pareja de 25 años.
El hecho ocurrió el pasado domingo en la localidad de Rosario de Lerma, cuando el acusado, en estado de ebriedad, se ofuscó con su pareja porque ésta se negaba a salir a bailar con él. La arrojó al suelo e intentó asfixiarla mientras la amenazaba.
El acusado cesó en su accionar ante la resistencia de la mujer y la aparición de su pequeño hijo, que se despertó.
La audiencia de imputación se concretó en forma remota y luego de conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de su detención.
El hecho ocurrió en mayo de 2020, cuando en el marco de una gresca, un joven de 22 años resultó herido y falleció. Samuel Moisés Alvarado, de 20 años cumplirá 10 años de prisión por el hecho y su padre, fue absuelto por el beneficio de la duda.
El hecho ocurrió en mayo de 2020 en barrio Libertad de esa ciudad, cuando Benitez resultó herido en el contexto de una gresca y falleció luego en el hospital local.
El juez Raúl Fernando López, en el fallo, condenó a Alvarado de 20 años, a la pena de 10 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Ramón Salvador Paredes, de 44 años fue absuelto por el beneficio de la duda y se ordenó su inmediata libertad.
El acusado, de 32 años, es primo de las dos víctimas y aprovechando la situación de convivencia, vulneró su integridad sexual cuando eran menores de edad. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra un hombre de 32 años, acusado como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravado por la edad de las víctimas menores de 13 años y por el uso de coacción y amenazas reiterados en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia reiterados.
Dos hermanas denunciaron oportunamente que, cuando eran menores de edad, les tocó mudarse a la casa de la abuela materna, donde convivían con otros familiares. La situación permitió que un primo mayor de edad vulnerara la integridad sexual de ambas en distintas oportunidades y las mantuviera amenazadas para que no revelaran la que acontecía.
El juez Ramón Haddad le impuso al acusado una pena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Un joven de 19 años fue lesionado con un arma blanca en la zona torácica cuando se encontraba en compañía de su novia, una menor de edad, en un sector del cerro San Bernardo de la ciudad de Salta. La adolescente fue lesionada y les sustrajeron algunas pertenencias.
El hecho ocurrió la noche de este martes en un sector del cerro San Bernardo de la ciudad de Salta, donde una pareja que se encontraba en el lugar, fue sorprendida por dos personas que les robaron algunas pertenencias y ante la resistencia de los damnificados, los lesionaron y causaron daños.
El joven resultó herido en la zona torácica con un arma blanca y su novia, una adolescente de 16 años, resultó con una lesión leve en la zona del pecho.
Tras ser asistido, el herido fue trasladado al hospital San Bernardo, donde se encuentra hospitalizado y con pronóstico reservado.
La Fiscalía Penal 4, a cargo de Facundo Ruiz de los Llanos tomó intervención en forma inicial y ante la gravedad de la lesión recibida por el joven de 19 años, quien corrió riesgo de vida, las actuaciones fueron giradas a la Unidad de Graves Atentados, donde la investigación será dirigida por el fiscal penal en turno, Leandro Flores.
Los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) -con la colaboración de Policía de la Provincia de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal Argentina y el Grupo Operativo Conjunto-NOA) secuestraron vehículos importados, dinero en efectivo (euros y dólares), documentación y un arma.
Bajo la dirección de la Unidad Fiscal integrada por la fiscala
de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio y el fiscal penal de
Tartagal, Pablo Cabot, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones
Fiscales (CIF) -con la colaboración de Policía de la Provincia de Salta,
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía Federal Argentina,
dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación; y del Grupo Operativo
Conjunto-NOA) llevaron esta mañana una serie de allanamientos en el municipio
de Salvador Mazza y el secuestro de vehículos y documentación.
Las actuaciones de la Unidad Fiscal se originaron tras una
denuncia web por supuesto enriquecimiento ilícito contra el intendente de
Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, y familiares por la compra durante 2021
de dos vehículos importados (BMW X6 XDRIVE40I y BMX M 340I XDRIVE) y una
camioneta Ford (F-150 Raptor 3.5L cabina doble 4×4) por la suma aproximada de
56.835.000 de pesos.
Según consta en la denuncia “los haberes que percibe como
intendente ascienden a la suma de cincuenta mil pesos aproximadamente, lo cual
torna imposible contar con capacidad económica para poder adquirir los
vehículos mencionados en la presente denuncia”. Los familiares de Méndez –que
figuran como propietarios de dos de los vehículos- tampoco podrían justificar
la compra con sus ingresos.
Por otra parte, en la denuncia también señalaron que una
organización liderada por el intendente se quedaría con la recaudación de
distintas tasas municipales, como la de reconstrucción de pavimento de Salvador
Mazza.
Luego de investigar la denuncia, la Unidad Fiscal integrada
por Salinas Odorisio y Cabot, se trasladó a Salvador Mazza y solicitó al
Juzgado de Garantías N°1 de Tartagal, a cargo de Nelso Aramayo, autorice los
allanamientos.
Según informó la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos
Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, el operativo aún continúa pero
hasta el momento se han secuestrado los dos vehículos BMW, una camioneta Ford,
dinero en efectivo (dólares y euros) y documentación. También se halló un arma
con municiones.
El 24 de febrero pasado, el jefe comunal de Salvador Mazza fue imputado por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor
La Fiscalía Penal 2 mantiene la búsqueda de la menor Aldana Agustina. El protocolo de búsqueda de la menor identificada como Aldana Agustina, de 16 años de edad, se activó el sábado último.
El fiscal
interino Gustavo Torres Rubelt precisó que la menor, que se encuentra alojada
en una institución, fue vista por última vez el pasado sábado 9 de octubre,
circunstancia en la que la menor, que tiene un hijo, le entregó el niño al
enfermero a cargo y le expresó que iba a comprar algo y volvía y, hasta el
momento, no fue encontrada.
Del mismo
instituto se dio a la fuga otra menor, con su bebé de pocos días, y el mismo
fin de semana. Ella sí fue encontrada en la casa de un pariente.
Según
consta en las actuaciones al estar judicializada la situación de Aldana, se dio
intervención, además, a la Secretaría de la Niñez y a la Asesoría de Incapaces
en turno. La tarea operativa para dar con el paradero de la menor está a cargo
del Grupo Investigativo N° 2, junto con la Comisaría Primera.
Aldana Agustina es de tez blanca, ojos marrones,
cabello corto con flequillo, de contextura delgada, mide, aproximadamente, 1.63
mts. Y tiene un piercing en la nariz, del lazo izquierdo. Al momento de su
desaparición vestía campera negra con franjas
blancas y jean azul.
Cualquier información sobre su paradero, comunicarse al Sistema de Emergencias 911 o bien acercarse a la dependencia policial más cercana.
Se requirió juicio para una mujer de 24 años por el homicidio calificado por el vínculo de su pequeña hija. La investigación se inició cuando la mujer llegó a un centro de salud con la menor sin signos vitales y su versión de lo sucedido presentaba inconsistencias. La menor evidenciaba numerosas lesiones de distinta data en el cuerpo y un notorio cuadro de desnutrición y deshidratación.
Inicialmente estuvo imputada por
el delito de abandono de persona seguido de muerte pero luego, con los
elementos de convicción reunidos, se agravó la acusación.
La decisión de Simesen de Bielke de agravar la acusación contra la joven, obedece a que, del desarrollo de las tareas investigativas, se pudo comprobar que la acusada dejó a la niña de tan solo dos años, sola a su suerte en su vivienda desde el domingo 20 de junio hasta el hasta el lunes 21 en horas de la noche cuando, presuntamente regresó a su domicilio. Tales circunstancias permiten sostener que la acusada debió representarse el resultado luctuoso al dejar a una niña sola, encerrada en una habitación, durante dos días consecutivos sin ninguna posibilidad de asistencia.
En el requerimiento, Simesen de Bielke sostiene que Colque, al advertir que la niña no respiraba, la llevó hasta el Centro de Salud, informando que mientras se encontraba consumiendo yogur con galletas, se había ahogado. Sin embargo surge de las actuaciones, que al presentarse la acusada en dicho centro de salud, la menor ya no respiraba y que se encontraba con una temperatura corporal baja.
De las declaraciones testimoniales recabadas se confirma que la acusada se ausentó de su vivienda por espacio de dos días y dejó a la menor encerrada en la habitación, con la televisión prendida, sin posibilidad alguna de sustento alimentario ni cuidado por parte de un adulto, produciéndose su deceso. Sumado a ello se tiene que del informe de autopsia, la menor presentaba una serie de lesiones corporales que denotan el maltrato físico al que era sometida.
El procurador general de la provincia de Salta, Abel Cornejo, junto a sus pares del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, firmó un acta compromiso para la constitución de la Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal. Cornejo destacó el aporte del CEI a la investigación penal.
La firma del acta se produjo en oportunidad de la Asamblea
Extraordinaria de Procuradores, convocada por el Consejo de Procuradores,
Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el
Consejo Federal de Política Criminal, el jueves último.
En ese marco, el procurador salteño recordó que desde que
asumió en la función, en mayo de 2019, proyectó la forma de mejorar las
habilidades de los auxiliares de justicia y por ello, resolvió la creación del
Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal. “Los investigadores civiles son la superación
de la Policía Judicial”, ratificó Cornejo al compartir con sus pares el balance
de lo realizado por los profesionales integrantes del CEI, desde su puesta en
funcionamiento.
El CEI del MPF de Salta está integrado por profesionales
informáticos, licenciados en seguridad, abogados, comunicadores sociales,
licenciados en criminalística y criminología, trabajadores sociales,
psicólogos, contadores y licenciados en administración de empresas, quienes
participan de investigaciones criminales, bajo la dirección de los fiscales
penales intervinientes.
Los procuradores y fiscales generales destacaron en el acta compromiso para la próxima constitución de la Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal, que el objetivo es llevar a cabo “acciones concretas e innovadoras, tendientes a propiciar mecanismos de coordinación y colaboración entre los órganos de investigación de los Ministerios Públicos Fiscales y/o Procuraciones de todo el país, profundizar la articulación y establecer líneas de acción y estrategias institucionales conjuntas, entre las policías judiciales y organismos similares”, siempre con el objetivo de mejorar las investigaciones penales.
Un hombre de 39 años fue imputado por atentar contra la vida de otra persona en las márgenes del río Pilcomayo en el marco de una gresca. El acusado negó su participación en el hecho y se solicitó el mantenimiento de detención.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, imputó a Ramón Orlando Salto como autor del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Walter Patricio Cuéllar.
El pasado jueves 7 de octubre, la víctima se encontraba reunida junto a otras personas en Misión La Paz, en proximidades de las márgenes del río Pilcomayo, cuando llegó Salto junto a otras personas, intercambiaron insultos y tras una gresca, el acusado lesionó en la zona abdominal a Cuéllar y huyó.
La víctima fue asistida en el centro de salud local y luego, dada la gravedad de la herida, fue trasladada a Santa Victoria Este y luego a la ciudad de Tartagal, donde se espera su evolución.
Salto, luego de conocer la acusación en su contra, decidió prestar declaración y negó su participación en el hecho.
El fiscal Vega solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga su detención, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento del hecho.
El hecho ocurrió en 2019, cuando los acusados vulneraron la integridad sexual de una adolescente, luego de proporcionarle bebidas alcohólicas. Uno de ellos era menor al momento de los hechos.
La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Metán, en la audiencia de debate contra Fernando Ariel García, de 21 años y contra un joven, menor de edad al momento de los hechos, como autores del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación dos o más personas.
El hecho juzgado ocurrió en el mes de julio de 2019 en la localidad de Río del Valle, cuando los acusados vulneraron la integridad sexual de una adolescente, aprovechando que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, que ellos mismos le dieron de beber.
El juez Ramón Haddad impuso a García el cumplimiento de una pena de 8 años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Respecto al menor de edad, lo declaró penalmente responsable y ordenó que se remita el fallo y sentencia al Juzgado de Menores que corresponda para que se le imponga la pena.