Marcela Perez

Tartagal: Investigan la muerte de un motociclista en un siniestro vial 

Colisionaron un camión con una motocicleta. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo. 

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, interviene en la investigación por la cual se procura esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un hombre mayor de edad producto de un siniestro vial.

En las primeras horas de la tarde de ayer, se tuvo conocimiento a través de las fuerzas policiales sobre un incidente vial que involucró a una motocicleta y un camión, resultando en el fallecimiento del conductor de rodado de menor porte.

En el lugar, se realizó el correspondiente peritaje y control de alcoholemia al chofer del camión, que arrojó un valor negativo, siendo remitidos para peritaje al Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).

El hombre quedó detenido y hoy será imputado en forma provisional como autor del delito de homicidio culposo.

Fue condenado y deberá realizar tratamiento para modificar su conducta agresiva

Pese a que su relación de pareja estaba concluida lesionó a la víctima. La mujer hizo la denuncia frente al temor de que concretara sus amenazas.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 1, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado en la que un hombre fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión condicional por lesiones leves agravadas por la relación de pareja y el genero y amenazas con armas.

La intervención de la Fiscalía se produjo a partir de la denuncia realizada por una mujer en la que relató que su expareja pese a haber concluido la relación que habían mantenido, continuaba hostigándola. Relató que el hombre ingresó a su departamento y le quitó el teléfono celular que luego rompió, mientras la agredía verbalmente. Posteriormente la tomó fuertemente de sus brazos, apretándola contra la pared y pateándola.  El individuo la condujo al dormitorio y luego a la cocina donde tomó un cuchillo mientras la amenazaba de muerte o con dejarla inválida. 

La víctima intentó defenderse hasta que  pudo acceder a una ventana desde donde gritó en pedido de auxilio. Fue entonces cuando  la propietaria del inmueble y su hija acudieron alertadas por la situación, ingresaron con sus llaves y lograron que el hombre se retire del lugar.  No obstante, este insistió posteriormente mediante amenazas telefónicas.  El informe médico constato que la mujer presentaba inflamación y hematomas en distintas partes del cuerpo.

Como parte de la condena, el hombre deberá someterse a tratamiento en el Programa de Intervención con Agresores de Violencia de Género.

Se investiga un incidente fatal ocurrido en una vivienda

Se busca determinar las causas del fallecimiento de dos personas.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, se encuentra abocado a la investigación en relación a un acontecimiento suscitado en una vivienda ubicada en la zona centro de la ciudad de Salta.

Durante la intervención policial, se constató el fallecimiento de un hombre y una menor de edad, mientras que una mujer fue trasladada de manera urgente y en estado crítico al hospital San Bernardo.

El fiscal Flores ordenó la realización de diversas diligencias investigativas con el propósito de esclarecer las circunstancias del incidente e identificar las posibles responsabilidades que pudieran surgir.

Exitosa apertura del Ciclo de Capacitación en Cibercrimen, Delitos Informáticos y Evidencia Digital

El evento responde al creciente papel de las tecnologías digitales en el ámbito legal y busca proporcionar a los operadores judiciales las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos emergentes en el ciberespacio.

Se inauguró hoy el ciclo de capacitación «Cibercrimen, delitos informáticos y evidencia digital», organizado por la Procuración General de la Provincia de Salta en colaboración con la Defensoría General de la Provincia, la Escuela del Ministerio Público y el Colegio de Magistrados y Funcionarios. 

La ceremonia de apertura contó con la presencia de figuras destacadas del ámbito provincial, así como representantes judiciales, académicos y funcionarios de organismos públicos. Expertos reconocidos en el campo de la ciberseguridad y delitos informáticos, como Marcos Gabriel Salt de la Universidad de Buenos Aires, Horacio Juan Azzolín de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación, Diego Calo Maiza del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, Rafael García Borda de la Procuración General de Buenos Aires y representantes de Lemon Cash, brindaron su perspectiva.

Virginia Solórzano, presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Provincia de Salta, inauguró el evento extendiendo una cálida bienvenida a los disertantes y expresando su satisfacción por contar con expertos en la materia. Resaltó la importancia de la capacitación constante para los magistrados y funcionarios, destacando que esta formación continua es esencial para fortalecer el sistema de justicia.

Por su parte, Pedro García Castiella, Procurador General de la Provincia de Salta, resaltó la importancia de este ciclo de capacitación como continuación de un programa iniciado en mayo de 2022. Destacó la relevancia de la creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia y su adaptación a los desafíos contemporáneos en el ámbito del cibercrimen.

García Castiella valoró el aporte de la Fiscalía de Ciberdelincuencia en la reforma del Código Procesal Penal y mencionó la colaboración con diversos sectores de la sociedad, que incluyen capacitaciones en colegios, instituciones provinciales y entre los funcionarios del Ministerio Público. 

Subrayó el Procurador, la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen, enfatizando en la necesidad de adaptar los métodos de investigación ante los cambios en la comisión de delitos.

Por su parte, Marcos Gabriel Salt de la Universidad de Buenos Aires agradeció la invitación y destacó la política pública de Salta en materia de cibercrimen, enfatizando la capacitación desde 2018, la creación de una Fiscalía especializada y la adaptación del Código Procesal Penal.

Este ciclo de capacitación, que se desarrolla en modalidad mixta, cobra relevancia tras la promulgación reciente de la ley 8386, que introduce la evidencia digital al Código Procesal Penal de Salta. El objetivo es dotar a los operadores legales de la provincia de conocimientos para manejar la evidencia digital conforme a las nuevas disposiciones legales, asegurando investigaciones eficaces y respeto a los derechos de las personas sometidas a proceso.

La jornada de hoy se centró en la evidencia digital en el ámbito legal, mientras que mañana se abordarán las investigaciones relacionadas con criptoactivos.

 

 

 

Imputado sospechado de haber cometido robo en viviendas de San Lorenzo

Se trata de dos hechos denunciados. Los investigadores realizaron diligencias en las provincias de Córdoba y San Juan.

El fiscal penal Nº 2, Ramiro Ramos Ossorio, a través de la Delegación Fiscal San Lorenzo, imputó formalmente a un hombre por el delito de robo simple en grado de tentativa en relación a dos incidentes ocurridos en esa localidad. Tras ser trasladado desde la provincia de Córdoba, de donde es originario, el individuo se encuentra ahora detenido en Salta.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un residente de San Lorenzo. Según el denunciante, cuando los ocupantes de su hogar se ausentaron, recibió una notificación del servicio de alarmas informándole de una activación en su propiedad. Al llegar, encontró que personas desconocidas habían ingresado forzando una ventana trasera. Aunque no se detectó ningún robo en ese momento, los cajones de muebles estaban revueltos.

Otro vecino denunció un incidente similar que ocurrió mientras almorzaba. La alarma en la casa de su hija se activó, y al acudir al lugar, descubrió signos de intrusión. Muebles desordenados y objetos esparcidos indicaban que alguien había ingresado. El hombre denunció la sustracción de valiosas joyas y una suma de 2500 USD.

De los aportes de cámaras de seguridad, se obtuvo pruebas de que el sospechoso y su vehículo circulaban lentamente por el vecindario, inspeccionando casas desocupadas. Los ocupantes descendían para ingresar a propiedades vacías y cometer robos. Se identificó al dueño del vehículo y una Comisión viajó a Córdoba para profundizar en la investigación, ubicar el vehículo y rastrear al sospechoso.

En el transcurso de la investigación, se supo que el hombre tenía antecedentes por un robo millonario en San Juan. La colaboración con la Policía de esa provincia, proporcionó un prontuario y huellas dactilares que confirmaron la identidad del imputado.

Acusado de agredir a su pareja porque no le permitió ir a una fiesta

Según denunció la víctima, la agredió hasta llegar a morderla. Intentó llevarse a su hijo.

El fiscal Penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó provisionalmente a un hombre de 27 años de edad, por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y el género y amenazas, ambos en concurso real.

La medida surge a raíz de una denuncia presentada por un incidente ocurrido el 27 de agosto en el Barrio Santa Clara, lugar que compartían el acusado y la denunciante. 

Según la declaración de la víctima, el acusado manifestó haber sido invitado a una fiesta, pero ante su negativa, se enfureció y la amenazó con llevarse al hijo menor que tienen en común. La denunciante rechazó esta amenaza argumentando que el menor aún es lactante.

Ante la persistencia de la mujer en que no se llevara al niño, el hombre la habría agredido físicamente con golpes de puño en el rostro y brazo, además de tirarla al suelo y propinarle puntapiés en la espalda. 

Según el relato de la mujer, su agresor la habría  sujetado firmemente por las piernas y llegó incluso a morderla. Durante esta brutal agresión, profirió amenazas de muerte, exigiendo que abandonara la vivienda que ambos alquilaban.

La víctima relató que tuvo que recurrir a lágrimas y gritos para que el agresor cesara su ataque. Afortunadamente, la propietaria de la vivienda y una vecina intervinieron, deteniendo las agresiones.

La médica que atendió a la víctima certificó las lesiones infligidas. El hombre se encuentra actualmente detenido.

Condenado por ejercer violencia familiar contra su hija y su ex pareja

El hombre sin motivos, les provocaba con su conducta a ambas víctimas, un estado de temor e intranquilidad constante.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género 1, Verónica Simesen de Bielke, en representación del Ministerio Público Fiscal, intervino en la audiencia de juicio en la que el Juzgado de Garantías Número 8  condenó a un hombre a seis meses de prisión condicional por el delito de amenazas (Art. 149 bis 1º parrafo 1º supuesto del C.P.)

La investigación surgió a raíz de la denuncia presentada por una mujer que manifestó que, a pesar de su separación ocho años atrás, su expareja continuaba hostigándola y generando situaciones de violencia en contra de la hija que tienen en común. 

Pese a las medidas judiciales adoptadas en resguardo de la menor, el hombre según el relato de la denunciante, insistía de manera diaria en su amedrentamiento y agresión verbal, cuando la niña se dirigía a su colegio, o al salir de su vivienda, lo que “hizo insostenible mantener una vida normal y tranquila”.

El hecho que generó la presentación, fue cuando el hombre interceptó el vehículo de transporte que traslada a la menor a la escuela. Abriendo la puerta del conductor, vociferó una serie de insultos y amenazas hacia ambas, generando temor ya que según expresó la mujer, lo consideraba  capaz de cumplir sus amenazas, debido a su comportamiento extremadamente agresivo. La conducta del individuo, llevó incluso a la mujer, a modificar sus hábitos de vida para prevenir futuras agresiones, como por ejemplo, buscar alternativas de transporte para su hija, o evitar conducirse sola por la vía pública. 

Continúa el juicio por la muerte de un joven y lesiones graves a otro

Hoy declararon once testigos. La próxima audiencia será el 7 de setiembre.

El fiscal Penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate que tiene como objeto determinar la responsabilidad en el trágico suceso que resultó en la muerte de un joven y en lesiones graves a otro.

El caso bajo investigación involucra a un joven de 21 años, acusado como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de Kevin Mansilla, así como a un hombre de 26 años, señalado como autor del delito de lesiones graves en perjuicio de Erik Ibánez.

En la jornada de hoy, declararon once testigos que habían sido citados para prestar su testimonio. Uno de ellos, no pudo realizar su declaración debido a que se encuentra residiendo en el sur del país.  

La continuidad del juicio está programada para el día 7 de septiembre, a las ocho y media de la mañana, en el que se espera tomar declaración vía plataforma digital al testigo ausente en la jornada de hoy, y a la psicóloga del Poder Judicial, quienes podrían brindar información valiosa para esclarecer los hechos. Además, se espera el testimonio de los médicos que intervinieron en el caso, tanto del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), como del profesional que brindó atención médica a la víctima,

El hecho investigado ocurrió el 2 de mayo de 2022 por la madrugada, en la localidad de El Jardín, cuando en el marco de una pelea, Mansilla junto a un amigo, resultaron gravemente lesionados.

 

El Jardín: Este jueves 31 continuará el juicio por la muerte de un joven y las lesiones graves a otro

Efectivos policiales detenidos e imputados en una causa por comercialización de estupefacientes

Se investiga a ocho funcionarios de la fuerza policial y dos civiles. Se realizaron seis allanamientos.

La Fiscalía Penal N° 2 de Orán, bajo la dirección de la fiscal penal Mariana Torres, imputó provisionalmente a funcionarios policiales y civiles tras una minuciosa investigación sobre actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, llevada a cabo por la Brigada de Investigaciones N° 2 de Orán.

Cuatro efectivos policiales de la SINAR 23 (dos hombres y dos mujeres), fueron imputados por presuntas exacciones ilegales, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión todo en concurso real. En el caso de otros cuatro agentes (una mujer y tres hombres), se los imputó por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión. En tanto dos mujeres civiles, fueron imputadas por el delito de ofrecimiento de dádivas.

En la investigación se determinó que los involucrados que revisten en la fuerza policial, habrían llegado a acuerdos para no llevar a cabo procedimientos de allanamientos, llegando incluso a alertar a las personas bajo investigación. Como resultado, los procedimientos policiales no lograron los resultados esperados. Esta actuación conjunta permitió el ocultamiento de pruebas y la fuga de los individuos investigados.

De los hechos relevados se pudo determinar que los policías actuarían en colaboración con dos mujeres civiles, quienes enfrentan acusaciones por facilitar la operación y el tráfico de sustancias estupefacientes al presuntamente liberar áreas estratégicas para la venta de dichas sustancias.

La fiscal Mariana Torres investiga también, si se planearon operativos y allanamientos a cambio de compensación económica, que podrían ser entregadas directamente por los investigados o transferidas a las cuentas de los involucrados, como así también la posible apropiación indebida de fondos provenientes de secuestros realizados en el contexto de estas actividades ilícitas.

La fase operativa de esta investigación culminó esta mañana con la ejecución simultánea de seis allanamientos en diversas ubicaciones del norte provincial. Estos procedimientos, realizados tras consulta y autorización del juez de Garantías, llevaron a la detención de las personas vinculadas a los hechos.

El Procurador General realizó aportes al proyecto de modificación del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil

El procurador general Pedro García Castiella acudió a la invitación realizada por los miembros de la Comisión de Legislación General del Senado con el propósito de brindar su perspectiva respecto a la Ley provincial Nº 8097 que instaura un Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes, cuya entrada en vigencia ha sido prorrogada.

El procurador general Pedro Oscar García Castiella, junto a la fiscal Penal Juvenil Nº 1, Nadia Lorena Cruz, y el secretario relator, Aldo Rubén Saravia, se reunieron con miembros de la Comisión de Legislación General del Senado, con el objeto de analizar el proyecto de Ley que modifica parcialmente el Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes” (Ley 8097), cuya entrada en vigencia viene siendo prorrogada sucesivamente.

En el encuentro, el Procurador General expuso la visión desde el Ministerio Público Fiscal sobre el proyecto  que se encuentra en tratamiento, resaltando la importancia de avanzar con la implementación de la Ley 8097, que establece principalmente un modelo procesal acusatorio para el abordaje de los delitos que puedan haber sido cometidos por jóvenes menores de edad, como así también prevé una serie de derechos y garantías que brindan un tratamiento diferenciado y especializado de esos casos.

García Castiella destacó que la transición a dicho modelo procesal, implica que el Ministerio Público Fiscal asuma la carga de la investigación de los hechos -que hasta el momento, viene siendo ejecutada por los Juzgados de Menores y bajo modalidad procesal mixta-, para lo cual resulta absolutamente indispensable que se dote de mayor estructura al M.P.F.S., para poder afrontar ese enorme desafío. Por esta razón, evaluó como positiva y saludable, la instauración de los cargos propuestos en el proyecto mencionado, al mismo tiempo que se respaldó la sugerencia de la Cámara de Senadores de condicionar la implementación de la Ley al pleno establecimiento en sus funciones de los Fiscales, Defensores y Asesores de Incapaces previstos en el Distrito Centro en una fase inicial, y posteriormente en toda la provincia.

Además, el Procurador expresó su preocupación en relación al proceso que se podría establecer en casos donde menores inimputables cometan delitos de extrema gravedad. Señaló que el Estado no debiera limitarse únicamente a emitir un sobreseimiento por inimputabilidad, sino que requiere estar en condiciones de proporcionar una respuesta más cuidadosa y adecuada en estas circunstancias. No sería apropiado que el Estado se desentendiera de la situación, ya que le incumbe garantizar tanto el respeto por los derechos y garantías del joven que cometió el delito, así como también, abordar adecuadamente sus problemas subyacentes. Correspondiéndole además, atender a los efectos mismos del delito y a la posible alarma social que eventualmente provoque, escuchar a las víctimas y canalizar así el derecho a acceder a la verdad respecto de los hechos investigados. En respaldo de esta postura,  se hizo referencia a la necesidad de atender estos aspectos para evitar situaciones de autoincriminaciones direccionadas a lograr impunidad en mayores o menores imputables.

Por su parte, la fiscal Nadia Cruz resaltó la imperiosa necesidad de la participación de operadores específicos, como es el caso de equipos profesionales interdisciplinarios. Estos actores son fundamentales debido a su estrecha relación con la esencia y la singularidad del procedimiento penal juvenil, el cual demanda un enfoque diferenciado en comparación con los procedimientos para adultos. Enfatizó que gracias a estas intervenciones, es posible adecuar las medidas cautelares establecidas en el proceso penal juvenil, considerar la viabilidad de soluciones alternativas, evaluar la aplicación de criterios de oportunidad y determinar la necesidad o no de imponer una pena.

Nadia Cruz también destacó el trabajo llevado a cabo por la Comisión Especial del Régimen de Responsabilidad Penal para Niños, Niñas y Adolescentes, instituida en virtud de la Ley 8333. Esta comisión tiene como propósito presentar las reformas legislativas necesarias y un plan progresivo de implementación del «Régimen Penal Juvenil», tal como se establece en la ley 8097, contemplando los órganos que intervienen en el proceso penal y los dispositivos y herramientas que se requieren para la atención de las necesidades de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Es importante destacar que esta  Comisión estuvo integrada por dos Diputados Provinciales, dos Senadores Provinciales, dos representantes del Ministerio Público (uno por la Defensa y otro por la Fiscalía), dos representantes del Poder Judicial y dos representantes del Poder Ejecutivo, quienes presentaron un proyecto cuyo texto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en tratamiento ante la Cámara de Senadores, lo que motivó la invitación al Procurador General para que brinde su perspectiva y opinión al respecto.