Marcela Perez

Orán: Agredió a personal policial con un machete con el que intentó cometer un robo

Los efectivos intervinieron tras el reporte de una gresca en la vía pública, donde fueron amenazados con un machete. Tras la demora del sospechoso, fue acusado de haber intentado robar a una persona y lesionar a otra, en forma previa. 

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 20 años como autor de los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones y tentativa de robo calificado por el uso de arma en concurso real. 

Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial y en su declaración, negó su participación en los hechos. Desde la Fiscalía se solicitó se mantenga la
detención en atención a sus antecedentes condenatorios. 

Efectivos policiales que cumplían tareas de patrullaje fueron comisionados a verificar un desorden en la vía pública y al llegar, divisaron a tres personas que participaban de una gresca, una de ellas con un arma blanca. 

Al notar la presencia policial, dos de los hombres huyeron y uno de ellos, usando un machete, los amenazaba, resistiéndose a ser demorado. 

Una vez reducido el sospechoso, se presentaron dos personas, quienes lo acusaban de haber lesionado a un hombre con el arma blanca y de haber intentado robarle a un menor de edad. 

Río Piedras: Acusado de abusar sexualmente de una mujer 

Ocurrió en una vivienda donde habían participado de una reunión social. Cuando la damnificada descansaba en una de las habitaciones, el acusado se habría abalanzado sobre ella, realizándole tocamientos e intentando quitarle la ropa. 

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó de forma provisional a un hombre de 18 años como autor de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con tentativa de abuso sexual con acceso carnal. 

Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial, se abstuvo de declarar y desde la Fiscalía se solicitó que continúe detenido. 

Una mujer, quien se encontraba reunida en la casa de una amiga con otras personas, se fue a descansar a una de las habitaciones y despertó cuando uno de los hombres con quien había compartido, se encontraba sobre ella, realizándole tocamientos e intentando quitarle las prendas de vestir. 

Forcejearon por un tiempo y la llegada de las amigas, lo puso en fuga. 

Tras relevar testimonios, incluso de la propia víctima, se detuvo al acusado como sospechoso. 

Apolinario Saravia: Acusado de lesionar a su hermano

En circunstancias en que se encontraban reunidos, surgió una discusión y uno de los hombres resultó lesionado con una silla de algarrobo. Se realizó una conciliación que el acusado deberá cumplir. 

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación Apolinario Saravia, imputó de forma provisiona a un hombre de 37 años como autor del delito de lesiones graves. 

Tras la audiencia de imputación, y con el acuerdo de las partes, se firmó un acuerdo de conciliación donde el imputado ofreció una suma de dinero para los gastos médicos del lesionado y expresó su arrepentimiento. 

El hecho ocurrió entre dos hermanos, quienes se encontraban reunidos y uno de ellos, en estado de ebriedad, agredió al otro con una silla de madera, provocándole lesiones graves. 

Tras el hecho fue detenido y al firmarse el acuerdo de conciliación con el consentimiento de las partes, éste recuperará su libertad y deberá observar las pautas fijadas.

Contundentes condenas por delitos contra adultos mayores: Ocho y seis años de prisión

Engañaban a personas de la tercera edad con distintas maniobras delictivas. Deberán además pagar una indemnización.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, obtuvo sentencias condenatorias en el juicio oral seguido contra Joaquín Abel Agüero y Fernando Gabriel Cabrera por los delitos de extorsión y estafa, tras un arduo proceso de investigación y recopilación de pruebas.

El Tribunal de Juicio, Vocalía N° 2 de la Sala III a cargo de la jueza Carolina Sanguedolce, dictaminó la pena de ocho años de prisión efectiva para Joaquín Abel Agüero por ser coautor material y penalmente responsable de cuatro hechos de extorsión y un hecho de estafa, todos en perjuicio de distintas víctimas. Asimismo, se le revocó una condena condicional previa de un año de prisión por estafa, impuesta en mayo de 2023 en la ciudad de Rosario, y se ordenó su traslado a la Unidad Carcelaria N° 1.

En cuanto a Fernando Gabriel Cabrera, el tribunal lo sentenció a seis años de prisión efectiva por su participación como coautor en tres hechos de extorsión.

Además, respecto a la demanda civil interpuesta, el tribunal dispuso que Joaquín Agüero deberá abonar 120.000 dólares en concepto de daño material y 40.000.000 de pesos por daño moral, más los intereses correspondientes desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago.

La detención de los imputados fue el resultado de una minuciosa investigación que logró desbaratar un esquema delictivo dirigido principalmente a adultos mayores. Los acusados utilizaban métodos como engaños telefónicos, simulación de secuestros y otras maniobras fraudulentas para manipular a las víctimas y apropiarse de sus bienes.

Fiscales y Procuradores de todo el país se reunieron en la AMIA

Se suscribió una declaración en contra del terrorismo, fomentando la paz, el ejercicio de la memoria, la defensa de los derechos humanos, y el combate contra toda acción de odio y discriminación; promoviendo acciones destinadas a transmitir valores de educación, respeto, concordia, y solidaridad, generando conciencia sobre el impacto del terrorismo y la violencia en la sociedad.

El acto se celebró en la plaza seca de la sede de la AMIA -donde se encuentra el memorial que recuerda a las 85 personas que fueron asesinadas el 18 de julio de 1994-,Participaron funcionarios judiciales de varias provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; entre ellos también el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella. 

La iniciativa fue organizada por la Federación de Comunidades Judías de la República Argentina, y participó por la ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación Internacional de Fiscales; el acto contó con la participación del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, el director ejecutivo de AMIA Daniel Pomerantz, Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA; y el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra. 

Seguidamente el evento continuó dentro del edificio de la AMIA, donde se firmó la declaración conjunta entre las organizaciones y los funcionarios del Poder Judicial.

En la declaración, titulada “Unidos contra el terrorismo”, los firmantes se comprometieron a promover acciones destinadas a transmitir valores de educación, respeto y solidaridad, para generar conciencia sobre las consecuencias que trae aparejada la violencia terrorista, auspiciar iniciativas que fomenten la paz, el ejercicio de la memoria, la defensa de los derechos humanos, y que combatan toda acción de odio y discriminación; promover acciones destinadas a transmitir valores de educación, respeto, concordia, y solidaridad, para generar conciencia sobre las graves consecuencias que el terrorismo y la violencia dejan en la sociedad; fomentando la importancia que tiene para todo sistema republicano la apropiada administración de justicia, para la construcción de una sociedad justa y equitativa; como también auspiciar la colaborar en la preservación del patrimonio cultural y de la vida judía en todas las provincias del país, garantizando la continuidad de sus costumbres, valores y tradiciones, en el marco de una convivencia armónica con la sociedad en su conjunto.

Durante el evento, estuvieron presentes también el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de Argentina a Jorge Canteros, (Chaco); el Presidente del Consejo Federal de Politica Criminal Jorge Miquelarena, (procurador general de Chubut); Alejandro Gullé, procurador general de Mendoza; Luis Marcos Martínez, procurador general de San Luis; Carlos Giménez, procurador general de Misiones; Jorge García, procurador general de Entre Ríos; Juan Agustín García, fiscal general subrogante de Neuquén; Eduardo Urquiza, procurador general de Tierra del Fuego; y presidente del Consejo Federal de Política Criminal; y Javier Ramón Vallejos, fiscal general de La Rioja.

El Procurador General de Salta expone ante la Asamblea de Procuradores los avances en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento institucional

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, participó en la Asamblea Ordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la asistencia de diecisiete jurisdicciones.

Durante su intervención, García Castiella agradeció el firme apoyo institucional brindado por el Consejo de Procuradores, como así también de otras asociaciones de fiscales; expresado en un Comunicado , ocasión en que se repudiara cualquier intento de amedrentamiento, perturbación  o injerencia en el accionar de la Justicia, reafirmaron su compromiso con la defensa del estado de derecho y subrayaron la necesidad de mantener la independencia de los organismos judiciales frente a presiones externas que buscan minar su autonomía.

El Procurador presentó un análisis detallado de la situación institucional en Salta, poniendo énfasis en los esfuerzos significativos que se llevan adelante en la lucha contra el crimen organizado. Remarcó la relevancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar de manera decidida a las organizaciones criminales que buscan socavar las estructuras democráticas.

Destacó las oportunas respuestas institucionales ante las diversas situaciones planteadas por la Procuración General, incluyendo la intervención en el municipio de Aguas Blancas y la ampliación de la Ley de Ficha Limpia. También mencionó  iniciativas destinadas a fomentar la transparencia en el Poder Judicial, como el impulso de procesos de jury, con el objetivo de fortalecer un sistema de justicia sólido y confiable. Relató las acciones dirigidas a investigar irregularidades en los ámbitos carcelarios, preservando el orden constitucional en el sistema republicano. Asimismo, resaltó los esfuerzos significativos de los fiscales provinciales, quienes han trabajado en diversas causas a través de las Unidades Fiscales contra el crimen organizado que  ha llevado al encarcelamiento y sometimiento al proceso penal de los sospechosos de ser responsables de los actos violentos en el norte provincial.  Subrayó la importancia de la colaboración del Estado en su conjunto para enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales que intentan desestabilizar las estructuras democráticas.

Finalmente, el Procurador General hizo hincapié en el trabajo mancomunado entre  las distintas áreas estatales, tanto del Ministerio Público Fiscal como las cámaras legislativas Jurado de Enjuiciamiento, Poder Judicial, y en particular el firme acompañamiento del Poder Ejecutivo provincial, con el respaldo convergente del Ministerio de Seguridad de la Nación, expuestas claramente durante la apertura de la reunión del Consejo Federal de Seguridad, realizado recientemente en la Provincia de Salta. 

La reunión cerró con la aprobación de balances, la confirmación de sedes para próximas jornadas, contemplándose la posibilidad de la realización de una jornada en la Provincia de Salta, y la insistencia en el planteamiento del fortalecimiento de los laboratorios forenses con infraestructura regional y provincial, fortaleciendo la capacidad técnica para enfrentar delitos complejos de manera efectiva.

Participaron lo representantes de diecisiete jurisdicciones del país, Jorge Canteros, presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de Argentina y procurador general de Chaco; Jorge Miquelarena,  presidente del Consejo Federal de Política Criminal y procurador general de Chubut ; Juan Bautista Mahiques, presidente de la Asociación Internacional de Fiscales y fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Luis Marcos Martínez, procurador de San Luis; Alejandro Gullé, procurador de Mendoza; Jorge Alberto Barraguirre, procurador de Santa Fe,; Carlos Giménez, procurador de Misiones; Jorge García,  procurador de Entre Ríos; Luis Alberto De la Rúa procurador de Santiago del Estero, Tristán Lobos procurador de Catamarca, Mario Oscar Bongianino procurador de La Pampa, Eduardo Urquiza, procurador de Tierra del Fuego; Javier Ramón Vallejos, fiscal general de La Rioja,; Juan Manuel Delgado, Fiscal general de Cordoba, y Juan Agustín García, fiscal general subrogante de Neuquén.

 

Cachi: Acusado de amenazar y hostigar a su expareja con 47 llamadas y 41 mensajes intimidatorios

El hombre tenía prohibición de acercamiento hacia su expareja. El fiscal pidió que continúe detenido para garantizar la integridad de la víctima y su familia.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 4 el mantenimiento de detención de un hombre de 30 años, imputado por los delitos de amenazas y desobediencia judicial, todo en concurso real.

La intervención de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia de la expareja del imputado, con quien tiene dos hijos en común. Según relató la denunciante, el incidente ocurrió cuando se encontraba en las afueras de la escuela retirando a su hijo. En ese momento, se presentó el acusado en aparente estado de ebriedad, insistiéndole repetidamente que no se fuera y que se quedara con él. Al intentar marcharse en su motocicleta, el imputado se interpuso en su camino, impidiendo su marcha y obligándola a solicitar la presencia policial.

El personal policial que llegó al lugar constató que el hombre continuaba bloqueando el paso de la motocicleta, por lo que procedieron a su demora. Cabe destacar que el imputado tiene vigentes medidas cautelares dispuestas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 3ra Nominación, que le prohíben acercarse a la víctima y ejercer actos de violencia de cualquier tipo. Al ser advertido de su incumplimiento, relataron los agentes, el acusado respondió desafiante: “Tengo abogado y nadie me toca”.

Entre las pruebas recabadas, se encuentran capturas de llamadas y mensajes enviados por el acusado a la víctima a través de la red social Messenger. En total, se registraron 47 llamadas perdidas y 41 mensajes con contenido violento y hasta amenazas de muerte, en tan solo tres días.

El fiscal Escalante subrayó que la conducta del imputado constituye un claro hostigamiento hacia la víctima y su entorno familiar, quienes se encuentran atemorizados. Asimismo, destacó el reiterado desprecio del acusado hacia las medidas dispuestas por la Justicia, ya que previamente había sido imputado por hurto, daños y desobediencia judicial en perjuicio de la misma denunciante.

El imputado había recuperado su libertad mediante la aplicación de medidas sustitutivas que, según se evidencia, fueron desobedecidas de manera reiterada. Por ello, el fiscal solicitó el mantenimiento de la detención con el objetivo de resguardar el curso normal de la investigación y proteger a la víctima como testigo clave en el proceso.

Catorce imputados tras el megaoperativo en el Valle de Lerma

Todos fueron detenidos en el marco de una minuciosa investigación que demandó varios meses. Se realizaron trece allanamientos, secuestrando elementos de interés para la causa. 

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó provisionalmente a 14 personas por diversos delitos en el marco de una causa que involucra una presunta asociación ilícita dedicada al robo de cables, caños y ganado, además de hurtos calificados y tenencia ilegal de armas de fuego. 

La investigación surgió a partir de reiterados hechos de robo denunciados por vecinos de la zona y canalizados a través de la denominada Mesa del Cobre, conformada por el Ministerio Publico Fiscal, fuerzas de seguridad provinciales y federales, además de empresas de servicios, que en intervenciones anteriores permitió el secuestro de elementos vinculados a la sustracción de metales, cables, medidores de agua y luz, entre otros objetos. Esto derivó en trece allanamientos simultáneos que se realizaron el pasado 3 de octubre en distintos domicilios del Valle de Lerma.

Entre los principales acusados se encuentran tres hermanos que, según la investigación, encabezaban la organización. A uno de ellos se le imputó asociación ilícita, robo en poblado y en banda, robo en poblado y en banda en grado de tentativa en dos hechos, y abigeato agravado por la participación de tres o más personas en tres oportunidades, todo ello en concurso real y en calidad de autor. A otro de los hermanos se le imputó asociación ilícita, robo en poblado y en banda, robo en poblado y en banda en grado de tentativa en dos hechos, robo en poblado y en banda en tres hechos, hurto calificado de agroquímicos, abigeato agravado en tres hechos y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización, en calidad de autor. El tercer hermano fue acusado de asociación ilícita, robo en poblado y en banda, robo en poblado y en banda en grado de tentativa en dos oportunidades, abigeato agravado en tres hechos y tenencia ilegal de armas de fuego, todo en calidad de autor y en concurso real.

Además, otro de los acusados fue imputado por asociación ilícita, robo en poblado y en banda, robo en poblado y en banda en grado de tentativa en dos hechos, hurto calificado de agroquímicos y abigeato agravado en tres oportunidades, en calidad de cómplice secundario. Otros dos acusados fueron imputados por asociación ilícita, hurto calificado y tenencia de arma de fuego de uso civil. Uno de ellos también fue acusado de abigeato agravado, en calidad de cómplice secundario. Todos ellos se encuentran detenidos.

En relación con los imputados que se encuentran en libertad, tres de ellos, un hombre y dos mujeres, son acusados por asociación ilícita, robo en poblado y en banda, y robo en poblado y en banda en grado de tentativa en dos hechos, además de otros delitos relacionados con el robo de cables y caños, en calidad de cómplices secundarios. Otro de los acusados, por asociación ilícita y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización, mientras que otro enfrenta cargos de asociación ilícita y abigeato agravado por la participación de tres o más personas en tres hechos, en calidad de autor. Finalmente, un último hombre es acusado de  asociación ilícita y robo en poblado y en banda en tres hechos, en calidad de cómplice secundario. Todos los delitos fueron imputados en concurso real, lo que agrava las penas previstas en el Código Penal.

El fiscal Escalante resaltó la gravedad de los hechos, señalando que las actividades delictivas configuraban un entramado con múltiples acciones que afectaron tanto el patrimonio como la seguridad de los damnificados, además de afectar en algunos casos, la prestación de servicios públicos.

De acuerdo con la investigación, el grupo operaba con una estructura jerárquica clara, encabezada por dos de los tres hermanos, quienes se encargaban de coordinar y dirigir las actividades delictivas. El resto de los miembros tenía funciones específicas dentro de la organización, que operaría de manera constante desde 2023. Los delitos que se les atribuyen incluyen el robo de animales, cables y caños, así como la venta de estos bienes y la obtención de armas de fuego, generando ganancias a partir de la comercialización de los productos sustraídos y otras actividades ilícitas.

Escalante subrayó que la acusación se sustenta en denuncias, escuchas telefónicas y numerosas pruebas que demuestran la coordinación y permanencia de la organización en el tiempo, afectando así la tranquilidad pública y la seguridad de la región.

Operativo en el Valle de Lerma: 13 allanamientos simultáneos por asociación ilícita

Condenado a tres años por amenazas y robos

El hombre fue acusado de  múltiples delitos cometidos en la localidad de Campo Quijano. El Fiscal detalló los delitos atribuidos al imputadoy presentó las pruebas recolectadas.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado donde Emanuel Alan Viveros aceptó su responsabilidad en dos hechos de amenazas, daños, hurto y robo (cuatro hechos en total), todos ellos perpetrados en la localidad de Campo Quijano.

En esta instancia, se dispuso unificar la actual condena con la ya impuesta por el Juzgado de Garantías de Tercera Nominación, de fecha 8 de marzo de 2024, donde se había sentenciado a Viveros a un año de prisión de ejecución condicional por una causa posterior. Al realizarse la unificación de penas, el Tribunal de Juicio, a cargo del juez Ángel Amadeo Longarte, le dictó la pena única de tres años de prisión de ejecución condicional.

Entre los hechos más relevantes se destaca el ocurrido el 9 de abril de 2023, donde un hombre fue agredido por el acusado y otros dos hombres. Durante el altercado, el acusado lo sujetó del cuello y le robó una gorra, causando politraumatismos en la cabeza a la víctima, quien requirió atención médica.

Ese mismo día, un hombre fue víctima de un robo en las cercanías del Cementerio de Campo Quijano. El ahora condenado le pidió la hora y, al sacar su teléfono, se lo arrebató y lo golpeó en la nuca antes de huir con otros hombres.

En un tercer incidente, se menciona un robo de herramientas y equipos agrícolas ocurrido en 2020, cuya denuncia se presentó recientemente. 

Además, fue acusado de robar un caballo y otros objetos pertenecientes a una mujer, hechos corroborados por una investigación policial que recuperó los objetos.

Viveros también ha sido implicado en amenazas hacia una persona a quien intimidó verbalmente y agredió arrojando piedras a su casa, causando daños materiales y angustia psicológica a su familia. Por último, fue acusado de robar mercadería de una tienda en Campo Quijano y sustraer  bienes del domicilio de otra víctima.

El condenado deberá cumplir con reglas de conducta tales como la fijación de residencia, la abstención de consumir alcohol y estupefacientes, y la prohibición de acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas. El cumplimiento de estas disposiciones será supervisado por el juzgado correspondiente, y cualquier incumplimiento podría derivar en la revocación de la condicionalidad de la pena.

El Ministerio Público Fiscal prestó conformidad al traslado de Cristian Gabriel Palavecino a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad

La solicitud fue realizada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, conformada por las fiscales penales Soledad Filtrin, Claudia Carreras, Luján Sodero y Pablo Cabot, emitió el pasado lunes 30 un dictamen favorable al pedido de traslado de Cristian Gabriel Palavecino, solicitado a la Sala II del Tribunal de Juicio.Esta medida propuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, implica que el detenido sea trasladado a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

Los representantes del Ministerio Público consideraron que la medida mencionada es viable, destacando los indicios vehementes resaltados por el Ministerio de Seguridad sobre el riesgo de una posible fuga del detenido. Advirtieron que dicha situación podría comprometer los objetivos del proceso judicial y frustrar el debate en el que se busca que se imponga una condena a Palavecino por los delitos que se le imputan.

Asimismo, invocando antecedentes del juicio contra los hermanos Delfín y Raúl Castedo, los fiscales subrayaron que, gracias a los medios tecnológicos disponibles, es posible continuar con las etapas restantes del proceso penal sin restringir los derechos del imputado, incluso si este se encuentra alojado en un establecimiento penitenciario distinto fuera de la provincia.