Marcela Perez

García Castiella: El plan piloto de oralidad permitirá un servicio de justicia más transparente y ágil para los ciudadanos de Orán

El Procurador destacó la necesidad de que el norte de la provincia cuente con un sistema de justicia más ágil y moderno. El plan piloto de oralidad permitirá una justicia más transparente y ágil de mano de la oralidad para los ciudadanos de Orán, además de herramientas innovadoras como las audiencias unilaterales, que fortalecen las investigaciones y la tramitación de casos penales y criminales.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, participó del acto de inicio del Plan Piloto de Oralidad Penal en el distrito judicial de Orán, destacando la importancia de esta iniciativa para modernizar y dinamizar el sistema de justicia penal en la región.

Durante el acto, que tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Orán, estuvieron presentes el gobernador Gustavo Sáenz, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, y el defensor general de la provincia, Jorge Martín Diez Villa, quienes subrayaron el impacto positivo de este plan en la administración de justicia.

El Procurador General, expresó su satisfacción por formar parte del proceso de implementación del Plan Piloto de Oralidad en el distrito judicial de Orán. Resaltó que este modelo representa un avance significativo dentro de un nuevo esquema de litigación, cuya adopción progresiva acompasada a los recursos del Ministerio Publico Fiscal, ya ha mostrado resultados exitosos en el distrito Centro.

García Castiella puso énfasis en la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas de Gobierno y los poderes del Estado para enfrentar el delito y el crimen organizado. “Todos los procesos de investigación que se han llevado adelante en los últimos tres años en el norte de la provincia, todo lo que hasta ahora se ha descubierto y puesto sobre la mesa, todo lo que está yendo a juicio en otras jurisdicciones, son el fruto del esfuerzo de muchos actores de la justicia provincial, comenzando por los equipos de investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (C.I.F.), la Policía de la Provincia, fiscales provinciales, jueces provinciales que controlaron y autorizaron procedimientos, todo un trabajo en coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial de la provincia y las justicias provincial y federal. Todo eso demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio de mucha gente con muy buena predisposición, esfuerzo y buena voluntad”, concluyó.

Finalmente destaco: «Esta fuerte presencia institucional en el norte de la provincia es la mayor demostración de fortaleza colectiva de las instituciones de nuestra provincia, y hablo en particular del Ministerio Público Fiscal que, como Procurador General, tengo a mi cargo. Esta fortaleza de las instituciones se verifica claramente en el hecho objetivo de haber podido avanzar con absoluta libertad e independencia, como lo hemos venido haciendo desde hace tres años, en un proceso sostenido en la firmeza y convicción de la determinación de atacar a las organizaciones delictivas en todo el distrito Orán y sus zonas de influencia, yendo al corazón, al núcleo central de quienes derramaron hechos de violencia en los últimos tiempos, hasta alcanzar su definitiva desarticulación, con la coordinación de todo el servicio de justicia, incluido el Poder Judicial y las demás instituciones de la provincia».

Y ello con absoluta libertad e independencia institucional, sin ninguna injerencia o sugerencia siquiera de limitación alguna por parte del resto de las instituciones de la provincia. Por el contrario, esta política de persecución criminal para someter a justicia a los violentos estuvo siempre acompañada y respaldada por todas las instituciones de la provincia y la justicia.

El MPFS, en cuanto custodio celoso de los intereses generales de la sociedad, y en conjunto con las instituciones del Poder Judicial, debemos velar por asegurar a los comprovincianos oranenses, así como a los del resto de nuestra provincia, el derecho a gozar de una vida en paz, civilizada, libre, y de poder salir, desarrollar su vida con normalidad, habitualidad y sin violencia.

Este es el compromiso, es la carga constitucional que nos impone la Constitución de la Provincia a cada uno de nosotros en el rol de las funciones que nos toca desempeñar. La sociedad espera eso de nosotros, y con todas las respuestas institucionales que se han venido dando, estamos logrando sostener la paz, la concordia y, sobre todo, la presencia de las instituciones de la democracia, que están respondiendo una a una con hechos concretos y visibles, precisamente aquello que juramos defender. Es un esfuerzo mancomunado del Ministerio Público, junto al Poder Judicial y los gobiernos provincial y nacional, para afrontar esta situación que nos toca en el norte de la provincia”.

También el gobernador Gustavo Sáenz se refirió a otras acciones que se realizan en conjunto con la Nación para reforzar el control de las fronteras. Dijo que próximamente se pondrá en marcha el Plan Güemes, que implica mayor equipamiento tecnológico, además de más recursos humanos con la instalación de la primera base de la Prefectura Naval Argentina en Salta y la llegada de refuerzos de la Gendarmería Nacional al norte salteño. “Estamos trabajando para lograr lo que nunca se pudo desde que nació la Patria”, evaluó.

Con relación a la implementación del Plan Piloto de Oralidad Penal, Sáenz destacó que esta incorporación representa un cambio significativo en el sistema judicial de la región, ya que los juicios penales en el distrito se desarrollarán, en su mayoría, de forma verbal. Subrayó el marco institucional de la ceremonia, señalando que la presencia de “cinco jueces de la Corte, del Ministerio Público Fiscal, senadores, diputados, jueces federales y provinciales, entre otros, demuestra claramente que vamos por el camino correcto; que estamos trabajando de manera coordinada y eso es fundamental”.

“La modernización de la justicia no sólo está vinculada a la incorporación de nuevas tecnologías, sino que también requiere un cambio cultural profundo en las prácticas, la gestión y la visión misma del trabajo judicial”, afirmó el Gobernador.

Tras la ceremonia, la presidenta de la Corte de Justicia recibió el juramento de Gustavo Ramiro Morizzio en el cargo de juez de Garantías del Distrito Judicial Orán con designación temporaria.

Fortalecerán la coordinación entre fiscalías provinciales y fuerzas federales en el marco del Plan Güemes

Se busca agilizar la actuación de las fuerzas federales en el norte de la provincia. El Plan Güemes busca optimizar las estrategias de seguridad y control mediante un trabajo conjunto e integrado.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, y el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal, Gaspar Solá, mantuvieron una reunión con Virginia Cornejo, Directora Nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Este encuentro tuvo lugar en el marco del “Plan Güemes”, y su inmimente implementación, avanzando en la colaboración entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de Salta, con el fin de fortalecer  y optimizar las estrategias de control y vigilancia en el norte de la provincia.

Durante la reunión, las autoridades destacaron la importancia de garantizar una coordinación efectiva entre las fuerzas federales y los fiscales provinciales para agilizar las respuestas ante situaciones puntuales y que requieran una rápida intervención. “Es fundamental que las fuerzas federales puedan actuar de manera rápida y eficiente, con consultas claras y precisas que permitan resolver los problemas en tiempo real”, señaló García Castiella.

Uno de los principales acuerdos fue avanzar en mecanismos que permitan a los fiscales provinciales y federales trabajar de forma coordinada. En este sentido, se subrayó la necesidad de implementar procedimientos que faciliten la primera intervención de las fuerzas federales, evitando dilaciones derivadas de cuestiones de competencia operativa.

Cornejo destacó que “el Plan Güemes representa un cambio significativo en la manera de abordar la seguridad en la región. Nuestra meta es que las fuerzas de seguridad dispongan de las herramientas necesarias para intervenir de manera inmediata”.

Además, se acordó fortalecer los canales de comunicación entre la Procuración y el MInisterio de Seguridad para garantizar una intervención efectiva en casos que requieran la actuación conjunta .

 

Se profundiza Ia investigación penal en la Causa de Salta Forestal

Está relacionada con la actuación administrativa provincial de aquel tiempo y la empresa Eco Desarrollo Salta. La decisión se toma luego de la aparición de nuevos elementos que indican la necesidad de examinar con mayor rigor las circunstancias que rodearon la concesión de las tierras y su regularidad.

El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante (interino a cargo de U.D.E.C.), dispuso dejar sin efecto el archivo de la investigación relacionada con la denuncia en la que se  cuestionara la actuación administrativa provincial con la empresa Eco Desarrollo Salta. Esta decisión se toma debido a la incorporación de nuevos elementos de prueba que sugieren la existencia de hechos que requieren ser investigados en un mayor contexto.

En abril de 2019, la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos  había dispuesto el archivo de las actuaciones, lo cual fue ratificado en octubre de 2020 por la Fiscalía de Impugnación competente (A.P. N° 331/17 OOYD), la que había enmarcado el planteo factico a un acuerdo transaccional entre la Fiscalía de Estado y la firma Eco Desarrollo Salta S.A., con motivo de juicios ventilados en el ámbito contencioso administrativo. Todo ello enunciado por el denunciante en aquellas actuaciones.

Sin embargo, tras la aparición de nuevos datos surgidos en diversos  medios de comunicación, el fiscal Daniel Escalante dispuso la reapertura de aquella  investigación, considerando la necesidad de ampliar el contexto de los hechos a valorar, retrotrayendo a incluir aspectos susceptibles de consideración relacionados con la concesión de terrenos de Salta Forestal, indicado como  «concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral” en particular la de 230 mil hectáreas con un amplio diferimiento del pago de impuestos, entre otros elementos.

El caso, que involucra a la firma Eco Desarrollo Salta, está vinculado con acuerdos previos a la privatización de Salta Forestal, que fueron formalizados durante el gobierno provincial a fines de la década de 1990. La investigación pretende revisar la legalidad de los acuerdos firmados, entre otros aspectos incluyendo el posible incumplimiento de las condiciones contractuales denunciado en diversos ámbitos, y la relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa en cuestión.

“Que existe una íntima vinculación de la nueva A.V. N° 54/24 UDEC y de la A.P. N° 331/17 OOYD (Denuncia Penal del Sr. C.D.P.), de las que se develan circunstancias que obligan retrotraer la investigación a los inicios de la decisión administrativa publica, que podría llegar a ostentar relevancia en el fuero penal, imponiendo la necesariedad de reabrir la investigación.”

“El organismo acusador público, en su oportunidad, se limitó a un análisis parcial, en una época referida en espacio y tiempo. Pero como tal se destacó, surge el deber de examinar el Hecho incorporando indicios más vastos, que exceden los parámetros considerados en el pasado; que incluya a Salta Forestal y la firma ECO Desarrollo Salta S.A., de cuyos titulares resultaría mencionada la familia Olmedo. No debe obviarse el análisis de nuevos integrantes posteriores. La génesis y su eventual concesión con efectos permanentes, develan otro aspecto a analizar consistente en el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias contractuales.“ 

El fiscal Escalante destacó que la reapertura no responde a una decisión caprichosa,  sino que la toma de conocimiento de aspectos relevantes y adyacentes a lo que habría acontecido en la concesión cuestionada, genera un planteo e hipótesis fiscal de investigación diferente y con nuevas circunstancias”, consigna en su decreto de reapertura el representante del M.P.F. de fecha 23 de octubre pasado. 

El fiscal reafirma que, en línea con la legislación y la doctrina penal, se continuará con la investigación hasta esclarecer los hechos conforme a los principios de justicia y transparencia, buscando la verdad en este complejo caso que involucra el patrimonio del Estado provincial; 

Regresó de denunciarlo y lo hallaron escondido en el baño de su vivienda

El hombre desobedeció la prohibición de acercamiento impartida por la justicia para resguardar a su expareja. La amenazó con incendiar la casa.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, solicitó al juez de Garantías en turno que se mantenga la detención de un hombre de 36 años imputado por los delitos de amenazas, resistencia a la autoridad y desobediencia judicial.  La petición se fundamenta en la gravedad de los hechos y en la necesidad de evitar riesgos procesales.

La investigación inició el 16 de noviembre, tras la denuncia de la expareja del acusado. Según el testimonio de la mujer, el hombre ingresó a su domicilio en estado de ebriedad, desobedeciendo una orden judicial que le prohíbe acercarse. 

Durante el altercado, intentó llevarse al hijo que tienen en común, pese a la negativa de la madre. 

La denunciante relató que, tras una discusión, el acusado la amenazó con prender fuego la vivienda. Momentos después, observó humo saliendo de su casa. Aunque el fuego fue apagado por la madre, no se registraron daños materiales. Posteriormente, el hombre causó destrozos en una ventana y amenazó con un cuchillo a la denunciante. Al llegar la policía el hombre huyó del lugar. 

Posteriormente, mientras los agentes se encontraban entrevistando a la damnificada lograron divisar al denunciado a metros del lugar quien al percatarse de la presencia nuevamente se da a la fuga perdiéndolo de vista, procediendo a trasladar a la mujer a la comisaría para asesoramiento y demás trámites administrativos.

Luego de radicada la denuncia, momento en que la denunciante manifestó sus inquietudes por el posible retorno del acusado a la vivienda. A efectos de llevarle calma  se verificó en el interior el domicilio resultando como novedad que el acusado  se encontraba oculto en el baño, procediendo a su demora y traslado a la Comisaria N°2 (DDP-11) previo examen médico en el nosocomio local.

El fiscal Escalante destacó en su pedido la existencia de indicios de peligrosidad procesal, señalando que el imputado podría entorpecer la investigación y poner en riesgo la integridad de la víctima y su familia. Además solicitó la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas.

Acusado de amenazar a su expareja en el colegio de su hijo y en su domicilio

El hombre, obligado a cumplir medidas cautelares y una prohibición de acercamiento, se presentó en una actividad escolar junto a su expareja y luego acudió en dos ocasiones al domicilio de la denunciante.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó a un hombre de 39 años, por los delitos de amenazas, violación de domicilio y desobediencia judicial en tres hechos distintos, todos en concurso real, en perjuicio de su expareja y madre de sus dos hijos.

El primero de los incidentes ocurrió el 1 de noviembre. El acusado se presentó en el colegio donde se encontraba la denunciante junto a su hijo, durante una actividad escolar que reunía a padres y alumnos. Según la denuncia, el hombre se sentó detrás de su expareja y, durante aproximadamente una hora, la hostigó y le dirigió amenazas verbales. La mujer, ante la gran cantidad de niños y padres presentes, decidió mantener la calma y sobrellevar la situación hasta el final de la jornada. 

Posteriormente, la rectora de la institución convocó a ambos a una reunión. Al momento de ingresar, el acusado reconoció que tenía una prohibición de acercamiento hacia la denunciante y expresó que no deseaba infringirla, tras lo cual abandonó el lugar. La madre superiora del colegio levantó un acta en la que constató la presencia del hombre durante la actividad escolar, señalando que el convenio homologado que prohíbe su ingreso a las instituciones educativas donde asisten sus hijos no fue cumplido debido a un descuido.

Dos días después, el acusado se presentó en el domicilio de la damnificada con el pretexto de retirar algunos objetos y ver a sus hijos, lo cual quedó registrado en el informe policial.

Finalmente, el 10 de noviembre, el acusado ingresó sin autorización al domicilio de su expareja. La mujer relató que escuchó un ruido fuerte en la puerta de ingreso y, al mirar por la ventana de su habitación en el segundo piso, vio que se trataba de su expareja. Al percatarse de su presencia, el hombre abandonó el patio, dejó el portón abierto y se retiró en su auto. 

La mujer alertó a la policía a través del 911 y p ocos minutos después, el acusado volvió a la propiedad, tocando la bocina y exigiendo que le entregaran a su hijo. Al advertir la llegada del móvil policial, se retiró rápidamente. 

El fiscal Escalante destacó que estos actos representan un incumplimiento deliberado de las órdenes judiciales, que obligaban al acusado a abstenerse de realizar actos de violencia de cualquier tipo hacia la denunciante y sus hijos, así como a mantener una distancia de 300 metros respecto de la mujer y su domicilio, tras lo cual solicitó el mantenimiento de detención para el imputado.

Reunión estratégica de coordinación entre Fiscalía Penal y Fuerzas de Seguridad en Campo Quijano

La Fiscalía junto a jefes policiales coordinaron estrategias de seguridad. Se definieron pautas de trabajo conjunto y medidas de prevención.

El fiscal penal de Rosario de Lerma Daniel Alejandro Escalante,  encabezó una importante reunión de trabajo con jefes policiales y oficiales de la Dirección de Distritos Policiales (DDP-10), Cria. N° 7 de Campo Quijano y el Sector 5. La reunión, se centró en establecer lineamientos y optimizar las modalidades de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad en la región.

Durante el encuentro, al cual asistieron el Comisario Mayor Carlos Teseyra, director de la DDP-10; el Comisario Martín Arias de la Cría. N° 7; el Comisario Marcelo Vargas de la Subcomisaría de San Carlos de Analco (SCSA); y el Subcomisario Héctor Méndez del Grupo de Intervención Urbana y Rápida (GIUR-10), se abordaron temas clave en la agenda de seguridad.

Se definieron modalidades de trabajo para asegurar una comunicación fluida y efectiva entre la Fiscalía y las distintas unidades policiales, así como la tramitación de actas procesales, para agilizar procedimientos y reducir tiempos de respuesta ante situaciones urgentes. También se abordaron estrategias específicas para el turno nocturno, con el objetivo de reforzar la seguridad en horarios de alta vulnerabilidad.

El trabajo conjunto con el Grupo de Intervención Urbana y Rápida (GIUR) fue otro de los puntos tratados, destacando la importancia de coordinar operativos y responder con rapidez a situaciones de emergencia, consolidando el trabajo en equipo. Además, se establecieron pautas para la implementación de medidas cautelares y consignas de protección, especialmente en casos de alto riesgo.

Esta reunión reafirma el compromiso de la Fiscalía Penal y las fuerzas policiales con el bienestar y la protección de la ciudadanía, mediante el fortalecimiento de sus lazos y el diseño de estrategias conjuntas para enfrentar los desafíos de seguridad en la región. 

Imputado tras violento hecho en la casa de su madre

Al presenciar un acto de violencia de su hijo contra su pareja, la denunciante decidió llamar a la policía. El joven ya había sido notificado sobre medidas de restricción en su contra.

El fiscal penal de Rosario de Lerma,  Daniel Alejandro Escalante, imputó a un hombre de 21 años por la presunta comisión del delito de desobediencia judicial. La acusación se originó tras una denuncia presentada el pasado 10 de noviembre por la madre del acusado, quien reportó una situación de violencia en su domicilio.

Según el relato de la denunciante, el incidente ocurrió en su vivienda ubicada en el Barrio El Carmen de Rosario de Lerma. De acuerdo con la declaración, el joven se encontraba en estado de ebriedad y, en medio de una discusión acalorada con su pareja, la mujer escuchó gritos de auxilio desde el dormitorio, donde observó que su hijo tenía sujetada a su novia del cabello en la cama. Ante la situación, intervino para separarlos y, al no cesar las agresiones verbales, optó por solicitar ayuda policial a través del sistema de emergencias 911.

Personal de la Comisaría N.º 2 se hizo presente en el lugar y procedió a la detención del joven, quien fue trasladado a la dependencia policial.

En su denuncia, la madre del acusado manifestó estar «cansada de la situación» y solicitó la exclusión del hogar tanto de su hijo como de su pareja, además de otras medidas legales pertinentes.

El fiscal Escalante subrayó que el acusado contaba con una orden judicial previa emitida por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N.º 1, que le prohibía acercarse a su madre y le ordenaba desalojar la vivienda. Esta medida, impuesta en septiembre de 2024 y debidamente notificada, fue ignorada deliberadamente por el joven, configurando el delito de desobediencia judicial por lo cual solicitó el mantenimiento de detención.

Violencia de Género: Solicitan juicio para imputado por diversos delitos en perjuicio de su exnovia

Las acusaciones sobre los hechos distribuidos en episodios distintos, dan cuenta de una continua situación de hostigamiento y acoso hacia la víctima.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, requirió juicio oral y público para un joven de 22 años, acusado de violación de domicilio, amenazas, hurto y desobediencia judicial, en cuatro hechos, todo ello en concurso real en perjuicio de su exnovia.

En cuanto a la acusación de violación de domicilio, el hecho ocurrió el 8 de mayo de 2024, alrededor de las 4 de la madrugada. Según la acusación, el imputado habría ingresado sin autorización al domicilio de su exnovia, ubicado en Campo Quijano, donde reside junto a su familia. En el lugar, el joven causó desorden en la parte externa de la casa, dentro del perímetro del terreno, e intimidó a la víctima con su presencia, generándole una sensación de miedo y vulnerabilidad.

En cuanto a las amenazas, en diciembre de 2023, el acusado envió múltiples mensajes a su exnovia a través de WhatsApp, en los que expresó su intención de causarle daño físico e incluso de atentar contra la vida de sus familiares. Las expresiones utilizadas, explícitas y violentas, provocaron un estado de temor en la víctima, quien se vio obligada a denunciar el hecho debido al constante hostigamiento.

La desobediencia judicial se materializó en cuatro episodios distintos, todos a pesar de existir una orden judicial que le prohibía al imputado acercarse a la víctima y contactarla mediante cualquier medio. Estas restricciones le habían sido notificadas el 18 de mayo de 2024, y especificaban que debía abstenerse de todo tipo de comunicación con la víctima, además de mantener una distancia prudente de su domicilio y lugar de trabajo. Sin embargo, el 20 de mayo, el acusado utilizó una cuenta de correo electrónico bajo un alias para intentar reanudar el contacto, proponiéndole un encuentro en un lugar acordado, ignorando las medidas judiciales. Posteriormente, el 4 de junio, intentó contactarla de nuevo mediante las aplicaciones Mercado Pago e iMessage. Luego, el 15 de octubre, se presentó en el domicilio de la víctima en una camioneta, acelerando de forma desafiante y generando nuevamente una situación intimidante. Finalmente, el 18 de octubre, contactó a la víctima otra vez a través de la cuenta de Mercado Pago de su padre, dejándole un mensaje que indicaba su presencia en las cercanías de su hogar, en una aparente provocación que vulneraba abiertamente las restricciones impuestas por la justicia.

Por último, el delito de hurto fue denunciado luego de que el imputado sustrajera un par de lentes de contacto de la víctima el 12 de octubre. Este objeto fue recuperado posteriormente por personal del GIUR11 – Sector N° 2, quienes lo secuestraron en el marco de la investigación.

El fiscal Escalante, en su requerimiento de juicio, resaltó la importancia de tomar medidas que garanticen la protección de la víctima, quien ha sido objeto de un hostigamiento constante y de conductas que vulneran sus derechos fundamentales.

 

Campo Qujano: Detuvieron a un menor de 14 años conduciendo una moto y fueron agredidas por el padre

Se trata de dos inspectoras de tránsito municipal que se encontraban cumpliendo sus funciones. Los acusados intentaron evitar el secuestro del vehículo.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó a una pareja por un incidente ocurrido el 11 de noviembre en el ingreso de la Escuela Doddy Araoz, en Campo Quijano, durante un operativo de control de tránsito. El hombre quien se encuentra detenido, fue imputado por los delitos de amenazas y lesiones agravadas por el género, en concurso real; en tanto la mujer, fue imputada por lesiones leves.

La investigación comenzó tras la denuncia de una inspectora de tránsito municipal, quien relató que, mientras realizaba el control de ingreso de estudiantes, observó a dos hombres circulando en una motocicleta. Al detener su marcha y solicitar la documentación, el conductor, un menor de 14 años, afirmó que no poseía los papeles requeridos y huyó corriendo, dejando el rodado trabado.

Posteriormente, se presentó el padre del menor, quien tampoco entregó la documentación del motovehículo, alegando que se la habían robado. Al informarle que el vehículo sería trasladado al canchón municipal, según la denuncia, se produjo un forcejeo en el que el hombre le arrebató el talonario de actas a la inspectora y lo arrojó al suelo, intentando llevarse la moto, mientras profería amenazas, diciendo que la conocía y sabía dónde vivía. En ese momento, una inspectora se acercó para prestar colaboración a su compañera, pero también fue agredida. 

Tanto el acusado como su pareja se habrían abalanzado sobre las inspectoras, argumentando que no les entregarían el motovehículo, el cual ya les habían quitado tres veces por falta de documentación. Finalmente, lograron retirar el rodado.

El fiscal Escalante destacó que la denuncia fue ampliada por otros testigos, quienes confirmaron que los acusados intentaron impedir el secuestro del vehículo mediante agresiones hacia las inspectoras. Los certificados médicos de las damnificadas indican diversas lesiones, incluyendo equimosis y contusiones. 

Las Costas: Investigan la muerte de un agente policial

Segun los primeros indicios, se habría quitado la vida. La autopsia se realizará en las próximas horas.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, investiga un hecho ocurrido en la madrugada de este sábado en la garita policial de Finca Las Costas, donde un personal de seguridad falleció a causa de una herida de arma de fuego. Según los primeros indicios, el hombre se habría quitado la vida.

Tras recibir el reporte, el fiscal Flores, junto al coordinador de fiscales, Pablo Rivero, se presentaron en el lugar y  el trabajo del personal de Criminalística y de la Unidad de Investigaciones del CIF para llevar adelante las medidas de rigor.

El cuerpo fue trasladado para la correspondiente autopsia, y se están recibiendo declaraciones.

Todas las medidas pertinentes se encuentran en curso y se esperan los resultados de las mismas.