Julio Frias

Barrio Solidaridad: Imputado por conducir alcoholizado y ocasionar lesiones a un menor de edad

Tras circular bajo los efectos del alcohol, en sentido contrario al permitido en una avenida, el sujeto habría ocasionado un incidente que terminó con un menor lesionado gravemente.

La fiscal penal 6 interina, Mercedes De la Cuesta, imputó provisionalmente a un hombre de 32 años por la presunta comisión del delito de lesiones graves culposas . La acusación se basa en que el imputado habría conducido de manera imprudente y antirreglamentaria, con el agravante de presentar un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre al momento del hecho.

La madrugada del 19 de enero, el conductor de una motocicleta se dirigía en sentido contrario al de circulación por avenida Pontussi, en barrio Solidaridad. Al intentar girar a la derecha, habría colisionado con una bicicleta conducida por un niño de 10 años, quien circulaba por la misma avenida en sentido correcto.

El menor damnificado fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde fue asistido por el médico de guardia, quien diagnosticó una fractura expuesta de pierna izquierda. Además, se le practicó la extracción de parte del pedal, que se encontraba incrustado en su pierna derecha. En tanto el sospechoso fue trasladado al Hospital San Bernardo.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, y el test de alcoholemia realizado al acusado arrojó un resultado positivo de 1,36 gramos por litro de sangre.

Durante la audiencia de imputación, el hombre dio su versión de los hechos.

Ríos & Asociados: Requieren juicio para los 27 imputados por la financiera fraudulenta

La financiera ilegal comenzó a operar en junio de 2021 en la ciudad de Metán, y, posteriormente, abrió una sede en la ciudad de Salta. Funcionaba de manera articulada con personal policial, conformando la figura de asociación ilícita. Una exhaustiva y prolongada investigación de la UDEC, permitió desmantelar la  modalidad defraudatoria utilizada, conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 3, del Distrito Judicial del Centro, para 27 imputados en la causa de la financiera ilegal “Ríos & Asociados S.A.”, entre ellos, 13 efectivos de la Policía de la provincia.

En los fundamentos de la acusación, la fiscal UDEC sostiene que se encuentra suficientemente acreditada con el grado de convicción necesario, la existencia de los delitos imputados de estafas reiteradas, falsedad de instrumentos privados, en un total de 849 hechos, así como la responsabilidad penal de los imputados.

Físicamente, la financiera funcionaba en un local ubicado en Avenida Bicentenario N° 1330, local 27, de la cuidad de Salta y cobró notoria relevancia y notoriedad los primeros meses del año 2022, debido a la concurrencia masiva de personas durante todo el día, tornándose de público conocimiento que miembros de la fuerzas de seguridad (policial y penitenciaria) estaban efectuando importantes inversiones.

Para ello entregaban sus rodados o comprometían sus sueldos con préstamos personales para efectuar las inversiones, ante la promesa de obtención de una ganancia cuantiosa, cuyo periodo de inversión y margen de ganancia se presentaba como insuperable, comparado con las tasas oficiales.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos requirió juicio a los siguientes imputados:

  • Cynthia Elizabeth del Valle Moya, por los delitos de estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado, en concurso ideal y en calidad de jefe/organizador del delito de asociación ilícita, en concurso real;
  • Alejandra Macarena Párraga, Ana Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando, por los delitos de estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado (849 hechos), en concurso ideal, la cual concurre en forma real con el delito de asociación ilícita;
  • Javier Maximiliano Juárez, por el delito de estafa (un hecho) y falsedad de instrumento privado (un hecho), en concurso ideal y asociación ilícita, en concurso real;
  • Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez por los delitos de asociación ilícita y abuso de autoridad, en concurso real;
  • María Eugenia Espinosa, por los delitos de asociación ilícita y peculado, en concurso real;
  • Alberto Sebastián Giménez, por el delito de asociación ilícita;
  • Nidia de los Ángeles Valdéz, por el delito de encubrimiento por ocultamiento de dinero,agravada por su condición de funcionaria pública;
  • Emanuel Jonathan Pardo Tárraga, por los delitos de violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, agravada por su condición de funcionario público, en concurso ideal;
  • Juana Manuela Gorriti, Hugo Carlos Dante Moya Gorriti y Antonio Francisco Acosta por los delitos de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito, agravado por actuar con ánimo de lucro.
  • Asimismo, se solicitó la declaración de rebeldía de Melisa del Valle Maciel, la que no compareció y no pudo ser localizada, a pesar de las diligencias realizadas por UDEC.

La Financiera “Ríos & Asociados S.A.”, a través de los imputados Cynthia Elizabeth del Valle Moya, Alejandra Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Ana Macarena Párraga, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martin Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando, actuó en connivencia, con una distribución de tareas, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones financieras de gran envergadura. Los acusados ofrecían a los damnificados participar en inversiones que prometían importantes ganancias en corto plazo, afirmando que operaban en el mercado bursátil, criptomonedas, entre otros instrumentos financieros..

Para concretar la maniobra fraudulenta, los acusados suscribían un contrato de inversión por cada operación, aparentando su legitimidad mediante la firma de un supuesto presidente del ente societario. Este documento utilizado como elemento de engaño, inducía a error a las víctimas, haciéndole creer que recibirían, lo que se enmarca en una maniobra estafatoria.

Esta estrategia les permitió captar a una importante cantidad de víctimas, quienes confiando en la promesa de rentabilidad, realizaron importantes aportes en dinero y/o bienes, como vehículos y motocicletas.

Respecto al acusado Javier Maximiliano Juárez se formula requisitoria de elevación a juicio por los delitos de estafa y falsedad de instrumento privado (un hecho), en concurso ideal. Según la denuncia de un damnificado, quien conocía al imputado, Juarez le comentó respecto a la financiera y lo acompañó a vender su vehículo para que entregara el dinero obtenido. Su vínculo con la financiera y con su principal miembro, Cynthia Moya,  quedó acreditado mediante 18 contratos registrados a su nombre, entre febrero y marzo de 2022.

También se considera autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad a Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Justino Manuel Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez, quienes, en su condición de funcionarios públicos, prestaron servicios de seguridad a la financiera Ríos y Asociados S.A., fuera del régimen establecido por la institución policial.  De la investigación surge que, durante el período de funcionamiento de la falsa financiera, un número indeterminado de personal policial cumplió funciones de seguridad en el local ubicado en avenida Del Bicentenario 1330, local 27, de Salta Capital, sin cumplir con la normativa vigente para la prestación del servicio adicional de seguridad.

Por el delito de peculado, se solicita la elevación a juicio de María Eugenia Espinosa, quien, en su carácter de jefa de la División Cobranza y Adicionales de la Policía de Salta, sustrajo caudales estatales al rendir una suma inferior a la realmente percibida. Para ello, generó nuevos recibos, causando un perjuicio patrimonial al Estado provincial.

Nidia de los Ángeles Valdéz, quien se desempeñaba como Jefa de Operaciones de la Unidad Regional N° 3, de Metán, resulta autora material y penalmente responsable del delito de encubrimiento por ocultamiento de dinero, hecho que se encuentra debidamente acreditado.

Emanuel Jonathan Pardo Tárraga fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por su condición de funcionario público, en concurso ideal. El acusado reveló detalles sobre las medidas ordenadas por el Tribunal interviniente, violando su obligación de preservar dicha información, debido a su rol como personal policial.

Finalmente, respecto a Juana Manuela Gorriti, Hugo Carlos Dante Moya Gorriti y Antonio Francisco Acosta corresponde la acusación, en carácter de autores penalmente responsables de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro. El hecho atribuido resulta de las pruebas de cargo, entre las que se cuentan los informes contables, bancarios, legajos de los rodados y AFIP.

En relación al delito de asociación ilícita -de la que formaron parte los policías Espejo, Ramos Bonifacio, Correa y Chocobar- se entiende que los acusados conformaron una empresa delictiva, con un alto grado de organización y planificación, caracterizada por una clara división de tareas entre sus miembros. Esta estructura, permitió ejecutar las distintas etapas de su actividad espuria y luego disponer discrecionalmente del dinero obtenido. La figura penal de asociación ilícita requiere que la organización sea estable y perdurable en el tiempo, con al menos tres personas unidas por un propósito común de cometer delitos, existiendo una relación de reciprocidad y uniformidad que genera el sentimiento de pertenencia entre sus integrantes.

El esquema PONZI

La maniobra desplegada por los imputados configura una estafa piramidal, cuya metodología consiste en ofrecer altos retornos en corto plazo, utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, dando apariencia de que el negocio es rentable y quedarse con un gran volumen de dinero. Este sistema funciona de manera regular, cumpliendo con los pagos acordados, hasta que dejan de ingresar nueva víctimas. En ese momento, el esquema colapsa, ya que nunca existió un verdadero mecanismo para generar beneficios, ni ganancias, lo que constituye lo que se conoce como una estafa bajo el Esquema Ponzi. Por lo general, estos esquemas requieren una inversión inicial y prometen rendimientos superiores al promedio ofrecido en la plaza financiera.

Conforme a lo investigado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la constitución de 849 contratos permitió a los acusados obtener un total de 513.318.730 de pesos y 510.131 dólares. Una parte del dinero obtenido por los imputados fue utilizada para la adquisición de vehículos 0 km. de alta gama y diversos elementos, algunos de los cuales fueron secuestrados durante los allanamientos realizados por la UDEC.

La fiscal Salinas Odorisio concluye en su requerimiento que surge la configuración del delito de estafas reiteradas y falsedad documental, con 849 hechos  en concurso ideal, puesto que los acusados ofrecieron a los damnificados la inversión de sumas de dinero en una falsa financiera. Además se configura el delito de falsificación de documentos, debido a que los imputados actuaron con dolo, conscientes de la falsedad de los contratos entregados a las víctimas y el perjuicio ocasionado.

 

Decisión judicial restituye vehículos vinculados a la estafa de la financiera Ríos & Asociados

Detuvo su marcha por un desperfecto técnico e intentaron robarle la motocicleta

Aprovechando que el damnificado había detenido la marcha por un desperfecto mecánico, el sujeto lo habría sorprendido. Se solicitó la prisión preventiva.

El fiscal penal 5 imputó de forma provisional a un hombre de 24 años de edad por la presunta comisión del delito de robo calificado por el uso de arma, en grado de tentativa.

El hecho tuvo lugar la noche del 7 de febrero, en avenida Paraguay y pasaje Fernández. En esa ocasión, el damnificado a bordo de una motocicleta detuvo la marcha por un desperfecto mecánico.

En ese momento el acusado se le acercó repentinamente y le habría exigido que le entregara el motovehículo, mientras sostenía un cuchillo.

El propietario del vehículo descendió de inmediato y tuvo un intercambio de palabras con el individuo. Al notar la situación, varios transeúntes se acercaron, lo que llevó al sospechoso a huir del lugar.

Luego del incidente, el damnificado se acercó hasta una estación de servicio para solicitar la presencia policial, tomando conocimiento que los efectivos ya habían demorado al sospechoso.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos. El fiscal, por su parte, solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en turno.

Remisero acusado de dos delitos de abuso sexual, uno de ellos con lesiones

El sujeto habría utilizado la misma modalidad para cometer los abusos contra las damnificadas. Se solicitó la prisión preventiva.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Luján Sodero Calvet, imputó provisionalmente a un hombre de 47 años de edad por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual simple, en concurso real con lesiones y abuso sexual simple, todo en concurso real.

La denunciante es una mujer mayor de edad, quien manifestó que el 5 de febrero subió a un remis, a la salida de un boliche bailable de zona sur. De acuerdo con el relato, en un momento determinado, el acusado le insistió para que se trasladara al asiento del acompañante, aduciendo que el contador de kilometraje no funcionaría si no lo hacía, a lo que la mujer accedió

Aprovechando la situación, el conductor la habría sometido a tocamientos mientras  ella intentaba defenderse y bajar del vehículo, pero no lo consiguió porque éste aceleró. Cuando logró abrir la puerta para arrojarse, el hombre frenó, lo que le permitió bajarse y alejarse caminando.

Días después, una mujer se presentó en la Fiscalía y relató que había visto una publicación en Facebook sobre un remisero que acosaría mujeres, lo que vinculó con lo sucedido a su hija debido a la modalidad utilizada. La mujer había radicado una denuncia en representación de su hija,  la que al momento de los hechos era menor de edad.

En esa ocasión había manifestado que el 22 de enero de 2022, su hija había abordado en la vía pública un remis  y que se sentó en el asiento del acompañante. Según el relato, en determinado momento, el acusado le habría pedido que se sentara entre los dos asientos, a la altura de la caja de cambio, para poder buscar a una clienta. Cuando la menor de 17 años accedió, éste  la sometió a tocamientos.

La mujer sospechó que el acusado había ejercido violencia sobre su hija, debido a un moretón en su ojo derecho, por lo que la llevó a una clínica para que fuera examinada

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. La fiscal Sodero Calvet, por su parte, solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en turno.

Siddartha Viajes: Nuevos allanamientos, ampliación de imputación y continuidad de la prisión preventiva

Continuando con el proceso en la causa por estafas reiteradas que involucra a dos mujeres sospechadas de haber ofrecido servicios turísticos y recibido dinero por viajes que nunca se concretaron, se ampliaron las imputaciones. Ademas, se concretaron nuevos allanamientos y se resolvió la extensión de la prisión preventiva.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió provisionalmente la imputación contra dos mujeres de 36 y 53 años de edad por la presunta comisión de estafas reiteradas (70 hechos), en concurso real.

Con esta ampliación, la acusación total contra las imputadas abarca 176 hechos de estafas reiteradas, en concurso real.

Cabe recordar que la investigación se inició a raíz de las denuncias radicadas por presuntos damnificados en la adquisición de paquetes de viajes al exterior, en moneda extranjera, a través de la agencia de viajes Siddartha Viajes. A medida que avanzan las tareas investigativas de la Unidad Fiscal, se obtuvieron nuevos elementos de interés para la causa.

En la ampliación del decreto de imputación, la fiscal Salinas Odorisio sostiene que el engaño es perpetrado por las imputadas al expresarles a las víctimas que realizarían sus viajes soñados, entregando itinerarios, recibos, tickets y/o reservas de los servicios turísticos, todo lo cual produjo el error en el que incurrieron las víctimas, quienes confiaron en las palabras de las dos hermanas y socias. Como consecuencia, los afectados realizaron disposiciones patrimoniales a favor de la agencia de viajes involucrada. Asimismo, la fiscal señala que se configura el dolo en la conducta de las acusadas, quienes, con pleno conocimiento y voluntad de engañar mediante manifestaciones falsas, actuaron con el propósito de obtener un lucro indebido.

Nuevos allanamientos

En el marco de la causa, se realizaron nuevos allanamientos a cargo del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), durante los cuales se secuestró folletería vinculada a la firma“Altura Inmobiliaria”, cuya identidad visual y logos coinciden con los de la agencia de viajes Siddartha.

Con el objetivo de verificar si dicha inmobiliaria fue utilizada como pantalla anexa a la agencia de viajes para realizar maniobras ilegales y ocultar el flujo de dinero, según lo denunciado por diversos damnificados de Siddartha, se llevó a cabo un exhaustivo relevamiento de medios digitales y de información de dominio público.

Continuidad de prisión preventiva

Este jueves 13 de febrero, la fiscal penal de la UDEC representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 4, en la audiencia flexible y multipropósito, presidida por el juez Diego Rodríguez Pipino, quien resolvió que las dos acusadas continúen cumpliendo prisión preventiva.

En los fundamentos de su decisión, el Juez sostuvo que el enfoque investigativo del Ministerio Público Fiscal tiene sustento suficiente para justificar la necesidad de avanzar en la causa y esclarecer los hechos denunciados.

Asimismo, afirmó que el planteo del Ministerio Público Fiscal está sólidamente fundado para solicitar una medida restrictiva de la libertad, subrayando que dicha solicitud debe complementarse con la evaluación de dos circunstancias esenciales: el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El magistrado agrego que un factor que refuerza el  riesgo de entorpecimiento, es la existencia de depósitos de dinero cuyo destino se desconoce, lo que constituye un eje central de la investigación del MPF como elemento básico del proceso, sumado a los allanamientos y testimonios aún pendientes, elementos que se pueden tener como válidos en estas circunstancias.

El juez concluyó que, por el momento, es necesario mantener la decisión de restricción de la libertad, debido a las diligencias que se están llevando a cabo para cumplir con el artículo 230 del Código Procesal Penal de la provincia. En este sentido, afirmó que la forma de garantizar lo dispuesto por el Código Procesal Penal es a través de una revisión constante, y dispuso que se reanalice en el término de dos meses, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias y la posibilidad material de que la fiscalía especializada reúna una actividad procesal significativa, lo que permitirá analizar nuevamente las circunstancias y definir la situación procesal en dicho plazo.

Concluyó que, por el momento, es necesario mantener la decisión de restricción de la libertad, debido a las diligencias que se están llevando a cabo para cumplir con el artículo 230 del Código Procesal Penal de la provincia. En este sentido, afirmó que la forma de garantizar lo dispuesto por el Código Procesal Penal, es a través de una revisión constante, y dispuso una revisión en el término de dos meses, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias y la posibilidad material de que la Fiscalía especializada reúna una actividad procesal significativa, lo que permitirá analizar nuevamente las circunstancias y definir la situación del proceso en dicho lapso.

 

Son 103 los damnificados: Se amplió la imputación para acusadas de estafa en la venta de viajes al extranjero

Irá a prisión por abusar de su amiga y encerrarla en su habitación

Pese a la negativa de la víctima, el ahora condenado la sometió sexualmente y la mantuvo encerrada en la habitación hasta que logró consumar el acto.

La fiscal penal 4 interina en la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Carolina Mateo Bellini, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia en la que un hombre de 20 años de edad fue condenado a la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

La actuación de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer, quien manifestó que el 1 de octubre de 2023 asistió a una reunión junto con su pareja y una amiga, permaneciendo allí hasta aproximadamente las 7 de la mañana.

Al salir, la denunciante tuvo una discusión con su pareja, por lo que decidió irse con el acusado y otros dos amigos a la casa de este, quien, hasta ese momento era un amigo de mucha confianza.

Al llegar al domicilio del individuo, la mujer le manifestó que prefería dormir en una habitación separada. Sin embargo ambos se acostaron en una cama, espalda con espalda.

En determinado momento, el sujeto comenzó a insistirle para que mantuvieran relaciones sexuales realizando tocamientos. Pese a la negativa de la mujer, el acusado la retuvo contra su voluntad y la sometió sexualmente para recién posteriormente, permitirle salir de la vivienda.

En el requerimiento a juicio, la fiscalía sostuvo que los hechos tienen fundamento, principalmente, en la denuncia radicada por la víctima, la cual se ve corroborado por las diversas testimoniales incorporadas en la causa.

El Juez Francisco Mascarello condenó al acusado a la pena de 6 años de prisión de ejecución efectiva y, en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado, por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

CIF: Trabajo conjunto para optimizar la verificación en siniestros viales mediante una aplicación móvil

Comenzó el trabajo para poner en funcionamiento la aplicación, que marcará un avance importante en la agilización de las tareas de inspección ocular y verificación técnica en siniestros viales. Esta herramienta permitirá mejorar la eficiencia operativa en estos procesos.

Este jueves 13 de febrero, en la sede del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se llevó a cabo una mesa de trabajo para presentar los avances en el diseño y funcionamiento del prototipo de la Aplicación Móvil destinada a la Gestión de Inspecciones Oculares y Verificaciones Técnicas Vehiculares en Siniestros Viales.

En representación del CIF, participaron su Directora, Gabriela Buabse; el auxiliar fiscal, Nicolás Montaldi; el Jefe del Departamento de Criminalística, Washington González; y el Coordinador del Gabinete de Informática, Mauricio Guaymás, quienes resaltaron la importancia de la iniciativa.

La actividad marca el comienzo de la primera colaboración conjunta entre el Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), dependiente del Ministerio Público Fiscal, y el Departamento de Criminalística de la Policía de Salta. Simboliza un avance importante en el trabajo colaborativo entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer la gestión de siniestros viales a través de la implementación de tecnología de vanguardia.

Además, se prevé definir las especificaciones necesarias para asegurar que la aplicación cumpla con los requerimientos legales, técnicos y operativos, lo que facilitará una mayor eficiencia en la realización de las pericias accidentológicas y en la resolución de los casos.

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) estuvo representada por Cristian Alejandro Martínez, de la carrera de Licenciatura en Análisis de Sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas, y Angélica Arenas, de la Facultad de Ingeniería.

Por parte de la Policía de Salta, estuvieron presentes el Jefe del Departamento de Criminalística, Comisario Carlos Segovia; el Jefe de la Unidad Técnico-Científica del Valle de Lerma, Comisario Mauricio Nieva; la Jefa de la División Accidentología Vial, Oficial Principal Mariana Ramírez; el Jefe de la División Reconstrucción Criminal, Sargento Ayudante Santiago Coria; y el Comisario Inspector Javier Vázquez.

Cabe destacar que esta acción forma parte de las diversas iniciativas que el Ministerio Público Fiscal de Salta viene desarrollando en materia de digitalización de procedimientos y actuaciones. Este avance contribuirá a agilizar los trámites del personal profesional de Criminalística del CIF y de las fiscalías, especialmente en la realización de pericias accidentológicas.

 

 

Morillo: Se investiga presunto abuso a un menor de edad

Los acusados, que viajaban en un automóvil junto a otras dos personas, le habrían indicado al menor que subiera. Manifestó que despertó en una vivienda y con dolor en sus partes íntimas. 

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, imputó provisionalmente a dos hombres de 42 y 58 años de edad por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de partícipes.

Las intervención de la Fiscalía se produjo a partir de la denuncia de la madre de un menor de 15 años, radicada en la comisaría de la localidad de Morillo (Coronel Juan Solá). La mujer relató que el hecho habría ocurrido entre el 24 y el 31 de enero, cuando su hijo regresaba a pie de una reunión con amigos y se habría encontrado con los acusados.

Ambos individuos, que se desplazaban en un automóvil junto a otras dos personas, le habrían indicado al menor que subiera. Después de eso, el adolescente manifestó no recordar lo ocurrido.

Posteriormente, según el testimonio de su madre, el damnificado se encontró en una vivienda cercana a las vías del ferrocarril, en barrio Villa Las Rosas, oportunidad en la que los dos acusados habrían abusado de él. El menor refirió que despertó con dolor en sus partes íntimas.

Durante la audiencia de imputación, los acusados, asistidos por el defensor oficial, se abstuvieron de declarar. Por su parte, la fiscal Martínez solicitó al Juzgado de Garantías en turno, el mantenimiento de detención para ambos.

Campo Santo: Imputado por actos de crueldad animal contra la mascota de su vecina

Aprovechando la ausencia de la dueña de la vivienda donde reside el animal, el individuo habría cometido la agresión.

El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, imputó provisionalmente a un hombre de 60 años por la presunta comisión de los delitos de acto de crueldad animal y violación de domicilio, en concurso real.

Fue la propietaria del canino, de nombre “Rabito”, quien radicó denuncia en contra de un vecino. El hecho tuvo lugar el 27 de enero, en la vivienda de la denunciante, ubicada en barrio Santa Rosa de Campo Santo, donde el sospechoso habría ingresado tras atravesar el alambrado que delimita la propiedad, aprovechando la ausencia de la moradora.

Al regresar por la tarde, esta se dirigió a la parte posterior de la casa y observó a un hombre que, en ese momento, habría estado abusando de su perro. Al notar la presencia de la mujer, el individuo se dio a la fuga.

Una médica veterinaria examinó al animal y constató su mal estado de salud, confirmando lo denunciado con el diagnóstico y el certificado emitido por la clínica veterinaria.

El fiscal Vilar Rey sostiene en la imputación que el acusado habría agredido en forma sexual al animal, provocándole lesiones, constatadas en las actuaciones y contando con testigos, lo  cual le generó al canino, sufrimientos innecesarios y un maltrato por solo espíritu de perversidad.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos.

Condenado por violación de domicilio e incumplimiento de medidas cautelares

El hombre ya había sido denunciado por su propia hermana por otro hecho e incumplió las medidas cautelares dispuestas oportunamente.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 26 años de edad, por los delitos de violación de domicilio y desobediencia judicial en concurso real.

El pasado 30 de diciembre de 2024, la damnificada se hizo presente en sede policial para radicar denuncia en contra de su hijo, ya que la madrugada de ese día, éste ingresó al domicilio sin autorización y le sustrajo elementos para luego venderlos y comprar sustancias estupefacientes, las que consume desde los 11 años.

La denunciante manifestó, además, que el acusado tiene vigentes medidas cautelares, como la exclusión de hogar y prohibición de acercamiento a 300 metros, por una denuncia anterior, por parte de su hija.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 1 año de prisión de ejecución efectiva y lo declaró reincidente por primera vez.