Julio Frias

Embarcación: Imputado por abusar sexualmente de su hija menor de edad

El hombre habría sometido a su hija desde los 6 años, según hizo saber la menor a su madre. Se solicitó mantenimiento de detención.

La fiscal penal Gabriela Souto, interina en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal en feria, imputó provisionalmente a un hombre de 33 años por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el parentesco.

La intervención de la Fiscalía se produjo a partir de la denuncia radicada por la madre de la menor de 15 años, en contra de su esposo y padre de la adolescente.

El hecho denunciado sucedió la madrugada del pasado 6 de junio, cuando el individuo ingresó a la habitación de su hija, la despertó y, tras decirle que no hiciera ruido, habría comenzado a someterla a tocamientos en sus partes íntimas, para luego accederla carnalmente.

Posteriormente, la adolescente le manifestó a su madre que su padre la sometía desde los 6 años.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, la fiscal Souto solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno el mantenimiento de detención.

Barrio Pilar: Tres hombres y una mujer condenados a prisión efectiva por comercialización de estupefacientes

Las tareas investigativas llevadas a cabo entre diciembre de 2023 y junio pasado, dieron como resultado la detención de los acusados y el secuestro de sustancias estupefacientes que vendían en la zona.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito, donde tres hombres y una mujer, todos mayores de edad, fueron sometidos a juicio abreviado como autores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación organizada de tres o más personas.

La actuaciones se iniciaron a partir de la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal que daban cuenta que en calle Balcarce al 1900 de barrio El Pilar de la ciudad de Salta, Ángel Aparicio vendía droga en un auto blanco en compañía de una mujer que manejaba el vehículo, Romina Di Pauli.

Otra de las denuncias daba cuenta de que en otro domicilio de pasaje Sequeira al 600 de barrio El Pilar, Sergio Guerrero, propietario de la vivienda, y Kevin Díaz, inquilino del primero, vendían droga en el lugar.

Impartidas las directivas para el inicio de la investigación, se concretaron una serie de medidas, consistentes en entrevistas con vecinos de la zona, constatación de los domicilios denunciados, tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y allanamientos, previa solicitud de la orden respectiva al Juzgado de Garantías interviniente.

De estos últimos se obtuvo como resultado el secuestro de sustancias estupefacientes, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares, utilizados para llevar a cabo las acciones ilícitas, un automóvil y dinero en efectivo, producto de la actividad ilegal.

Además, de la consulta a la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), al Sistema de Denuncias del Ministerio Público Fiscal y al Gabinete Técnico de Drogas de la provincia se constató que los acusados Aparicio, Di Pauli y Díaz registraban antecedentes por infracción a la Ley Penal de Estupefacientes.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a Ángel Gabriel Aparicio y a Sergio Felipe Guerrero a la pena de 4 años de prisión de ejecución efectiva y a Romina Sabrina Di Pauli y Kevin Jorge Díaz a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución efectiva, todos por el delito de comercialización de estupefacientes.

La UFINAR, por su parte, solicitó el decomiso de todos los elementos secuestrados, incluido el rodado vehículo utilizado para desplegar las actividades ilícitas.

Barrio Primera Junta: Dos imputados por intento de robo en una vivienda

Tras romper el vidrio de una ventana, los acusados habrían extraído de la propiedad dos hojas de madera de una ventana. Todo quedó registrado por las cámaras del lugar.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, imputó provisionalmente a dos hombres de 21 y 29 años por la presunta comisión del delito de robo simple en grado de tentativa.

La madrugada del pasado 1 de julio, en un domicilio de barrio Primera Junta de la ciudad de Salta, los acusados habrían roto el vidrio de una ventana que da a la calle, valiéndose de una piedra.

La damnificada, quien se encontraba en el interior de la vivienda junto a sus hijos, escuchó el ruido fuerte de vidrios rotos. Al dirigirse a una de las habitaciones vio una de las hojas de la ventana que estaba dañada y una vitrina de vidrio que había sido removida de su lugar, que no lograron sustraer.

Los sujetos habrían sustraído dos hojas de ventana de madera, lo que quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda de la denunciante.

Tras el llamado al Sistema de Emergencias 911, personal policial se hizo presente en el lugar y, luego de analizar el registro fílmico, se logró la demora de los dos individuos, portando una hoja de ventana de madera cada uno.

Durante la audiencia de imputación, los dos acusados negaron los hechos. Por su parte, la fiscal Adet Figueroa solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno la prisión preventiva para ambos.

Se llevó la notebook de una oficina y quedó filmado

En las imágenes de la cámara del local se observa a un hombre que ingresa, desconecta el dispositivo electrónico y sale de forma presurosa. Se solicitó mantenimiento de detención.

El fiscal penal Federico Jovanovics, interino en Fiscalía Penal 4, imputó provisionalmente a un hombre de 33 años por la presunta comisión del delito de hurto simple.

El hecho denunciado ocurrió la mañana del pasado 2 de julio, en el interior de un taller de reparación de automóviles ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 700.

El acusado ingresó a la oficina de atención al público, donde habría sustraído una computadora portátil tras desconectarla, para luego darse a la fuga en una bicicleta. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Posteriormente, el individuo fue demorado por personal policial en las inmediaciones del barrio 9 de Julio, llevando consigo la suma de $32.800, presuntamente producto de la venta del ordenador.

Merced a las tareas de inteligencia desplegadas, se logró dar con el domicilio del comprador poco después de sucedido el hecho y se recuperó el dispositivo sustraído.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos. Por su parte, el fiscal Jovanovics solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno el mantenimiento de detención.

Se investiga un supuesto hecho de abuso de autoridad contra un hombre en la vía pública

El hecho habría sido protagonizado por dos efectivos policiales, a uno de los cuales se observa en un video mientras reduce a un individuo con el que forcejeó previamente.

La fiscalía de Derechos Humanos tomó intervención e inició una investigación de oficio, a raíz de la difusión de imágenes de video en las que se observa a un efectivo policial en el momento en que forcejea con un presunto permisionario en el ingreso a un galpón.

En las imágenes previas se ve al funcionario policial que mantiene un discusión con el hombre que se encontraba en la vía pública.

La denuncia fue radicada por la presunta víctima el pasado 12 de junio, tras lo cual se impartieron las primeras directivas, entre las que se cuenta la citación al denunciante para que se presentara en Fiscalía a prestar declaración testimonial.

Por su parte, médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales examinaron al presunto damnificado.

Un testigo compareció ante la Fiscalía, mientras se espera el cumplimiento de las diligencias solicitadas al Cuerpo Especializado de Investigaciones (CEI) y los resultados obtenidos.

Vishing: Fueron condenados los seis responsables de perpetrar las estafas

Se trata de una maniobra fraudulenta, utilizada para obtener dinero mediante llamadas telefónicas en las que prometían la obtención de premios que nunca existieron. Los damnificados recibirán una compensación dineraria.

La fiscal de la Un idad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2, en la audiencia de juicio abreviado contra seis personas, vinculadas a una causa por estafas telefónicas que se realizaban desde una unidad carcelaria de la provincia de Jujuy.

Las dos mujeres y cuatro internos alojados en el Servicio Penitenciario 1 de la provincia de Jujuy fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas en 5 hechos, en concurso real con asociación ilícita.

La maniobra, conocida como “vishing”, por la que resultaron damnificadas distintas personas de San Carlos, Cachi, San Lorenzo y Palermo consistió en persuadirlas para que transfirieran dinero, a cambio de recibir premios de conocidas empresas.

El vishing, término derivado de la unión de dos palabras (voice y phishing) es una amenaza que resulta de la combinación de dos maniobras: la llamada de telefónica fraudulenta con información que se extrae, previamente, de internet y que, en la práctica, implica el uso de engaños y persuasión por parte de los estafadores para cometer el fraude.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a las dos mujeres a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional y les impuso el cumplimiento de reglas de conducta; otros tres imputados fueron condenados a la pena de 4 meses de prisión de ejecución efectiva; en tanto, el último acusado recibió la pena de 8 meses de prisión de ejecución efectiva.

En el mismo acto, los 5 condenados se comprometieron a cumplir con una reparación económica, consistente en el pago de la suma de $1.977.518,37, actualizada conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la que será distribuida entre los damnificados.

Vishing: Dictan prisión preventiva a seis implicados en estafas telefónicas desde la cárcel de Jujuy

Barrio San Pablo: Condenado a cuatro años de prisión por venta de droga

Las actuaciones se iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima que daba cuenta de la venta de drogas en la vivienda del sujeto. Cumplirá prisión domiciliaria.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2 del Distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito, mediante acuerdo de juicio abreviado, en la que un hombre de 41 años fue condenado a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, con modalidad de prisión domiciliaria.

Adán Gabriel Cruz, alias “Cafu”, llega condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Tras una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, meses atrás, en la que se daba cuenta de la presencia de jóvenes en situación de calle, quienes llegaban al domicilio del acusado, quien vendería sustancia estupefaciente, se dio inicio a la investigación.

Vecinos de la zona que fueron entrevistados por personal del Grupo de Operaciones Zona Centro confirmaron que el sospechoso  vendía drogas a través de la ventana de su domicilio, durante la noche.

Luego de las directivas impartidas por el fiscal Gustavo Torres Rubelt, personal policial constató la ubicación del inmueble y datos personales del acusado. Como parte de las tareas de seguimiento, efectivos policiales procedieron a demorar a un comprador, quien entregó un envoltorio de polietileno de color negro, que contenía sustancia amarillenta en forma de polvo en su interior.

Las tareas investigativas incluyeron, además, vigilancia en el domicilio, observando intercambio de dinero por sustancias, en diferentes días, maniobras que quedaron documentadas mediante fotografías y filmaciones.

Del allanamiento realizado en el domicilio del imputado, se pudo determinar que tenía a su disposición y bajo su custodia sustancias estupefacientes acondicionadas para la venta, elementos para el fraccionamiento y acondicionamiento, y dinero en efectivo producto de dicha actividad ilícita. Se determinó que se dedicaba al intercambio de sustancias estupefacientes por dinero con diversas personas que llegaban a su domicilio.

El narcotest sobre la sustancia secuestrada arrojó resultado positivo para cocaína, por lo que se ordenó la detención del individuo.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a una pena de 4 años de prisión de ejecución efectiva, con modalidad de prisión domiciliaria. Además, dispuso que el condenado inicie un tratamiento por sus adicciones y ordenó el decomiso de las sustancias estupefacientes y de corte secuestradas.

Barrio Solidaridad: Acusado de intentar robar las lingas de un camión

El sospechoso habría ocasionado daños en un camión estacionado en la vía pública para apoderarse de unas lingas. Se solicitó prisión preventiva.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, imputó de manera provisional a un hombre de 20 años de edad por la presunta comisión del delito de robo calificado por el uso de arma en  grado de tentativa.

La tarde del pasado 30 de junio, el acusado, luego de cortar las sogas y dañar las lonas de la carpa de un camión Iveco, estacionado en la vía pública, en manzana 412 de barrio Solidaridad, y los cables de luces del semirremolque, se habría apoderado de unas lingas (cinchas que permiten enganchar cargas pesadas para levantarlas o arrastrarlas).

Una vecina de la zona dio aviso a la familia del propietario del rodado de gran porte. Fue entonces que el suegro del damnificado salió en busca del individuo al que le dio alcance.

El acusado habría tomado un cuchillo con el que habría intentado apuñalar al hombre, sin lograrlo. Fue reducido por vecinos y el propio damnificado hasta la llegada de personal policial.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos. Por su parte, la fiscal Adet Figueroa solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en turno.

Se interpuso recurso de casación a sentencia absolutoria en favor de un policía

El efectivo policial resultó absuelto de forma lisa y llana por el Tribunal de Juicio, por un hecho ocurrido en febrero de 2020 en barrio Norte Grande. Tras un procedimiento en el que participaron el acusado junto a otros cuatro uniformados, un hombre de 19 años fue herido y perdió su ojo derecho.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos interpuso recurso de casación ante la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en contra de la sentencia dictada el pasado 10 de junio, en la que el oficial subayudante Rómulo Segovia resultó absuelto de forma lisa y llana.

Segovia llegó a juicio, acusado del delito de vejaciones agravadas por la violencia en concurso ideal con lesiones graves en perjuicio de un joven de 19 años.

El hecho ocurrió el 24 de febrero de 2020, en barrio Norte Grande, cuando efectivos policiales a bordo de un móvil, acometieron contra la integridad física de la víctima, ocasionándole el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del globo ocular, producto del impacto de un proyectil de posta de goma.

Durante la audiencia de debate, el damnificado declaró que sufre de pérdida de visión progresiva del otro ojo, con secuelas permanentes para su salud y su vida personal.

La Fiscalía menciona en el escrito que el recurso tiene por objeto que el Tribunal de Impugnación case la sentencia y resuelva el caso con adecuación a la correcta interpretación de los hechos.

Para ello, solicita que se revoque la decisión del Tribunal de Juicio, dejando sin efecto la absolución y en su lugar, se dicte sentencia condenatoria a Rómulo Segovia y se le imponga la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para prestar empleo o cargo en las fuerzas de seguridad del Estado Provincial por el doble tiempo de la condena, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de vejaciones agravadas por la violencia, en concurso ideal con lesiones graves.

Sostiene el texto del recurso interpuesto que, durante la audiencia de debate, a través de los alegatos de la defensa, se plasmó una versión tergiversada de los hechos, la cual fue admitida por el Tribunal al momento de dictar sentencia.

Se hace mención además, a lo sostenido por el Tribunal, en cuanto a que se tuvo por comprobado que el arma desde donde salió el disparo que hirió al joven de 19 años era la escopeta encomendada al oficial subayudante Rómulo Segovia, de acuerdo al libro de guardia y entrega de armas, único imputado, al que el Ministerio Público Fiscal considera como el autor.

En el recurso interpuesto se pone de manifiesto que el Tribunal dictó sentencia absolutoria a favor de Rómulo Segovia al entender que los funcionarios policiales actuaron en cumplimiento del deber y en legítima defensa.

Por su parte, la Fiscalía de Derechos Humanos afirma que para la aplicación del inciso 6° del artículo 34 del Código Penal, respecto a la legítima defensa como causa de inimputabilidad, es necesario que se den ciertos requisitos, tales como agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Recalca que no se tuvo por probado que los otros jóvenes implicados en el hecho iniciaron el conflicto e incluso se demostró que la víctima jamás agredió al personal policial. Agrega que para que esa defensa sea legítima debe haber sido ejercida por el sujeto que no haya estado obligado a realizar otra conducta menos lesiva, en lugar de la conducta típica.

En ese sentido, la Fiscalía entiende que el Tribunal ha realizado una errónea valoración en las pautas de formación de convicción al momento de valorar la prueba y reconstruir los hechos y aplicar el derecho, descartando el material probatorio.

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Hospital de Güemes: Dos médicos condenados

Luego de que la Sala II del Tribunal de Impugnación declarara nula la sentencia de junio de 2021 y ordenara se sustancie un nuevo juicio, los profesionales de la salud recibieron un nuevo fallo por el que dos de ellos resultaron condenados, en tanto los otros tres, absueltos de manera lisa y llana.

El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la nueva audiencia de debate contra los cinco médicos acusados por un hecho ocurrido el 18 de junio de 2015, en el hospital Joaquín Castellanos de General Güemes en el que un bebé nació sin vida.

En el veredicto, Jorge Barni García, quien entonces se desempeñaba como gerente general del hospital, y Marcelo Quiroga, como gerente de Atención a las Personas, fueron condenados a la pena de un año de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de dos años, por ser autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, se les impuso una serie de normas de conducta.

En tanto, Alejandro Cortéz Bellomo, entonces jefe de guardia, el anestesista Eduardo Villagra y el ginecólogo Roberto Francisco Farías, ambos de guardia el día de los hechos, fueron absueltos de forma lisa y llana del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Estos dos últimos tambien fueron absueltos de forma lisa y llana de los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud.

En idéntico fallo, el Tribunal hizo lugar a la demanda civil interpuesta por la querella, condenando solidariamente a Jorge García Barni, Marcelo Quiroga y la provincia de Salta a abonar la suma de $800.000 en concepto de daño moral, la cual deberá ser efectivizada dentro de los diez días hábiles a partir de quedar firme la sentencia, con más los intereses devengados desde el momento del hecho hasta el momento de su efectivo pago.

El hecho

El 18 de junio de 2015, Carlos Javier Argañaraz denunció que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, que cursaba un embarazo de 38 semanas, con controles médicos de parámetros normales, llegó al hospital de General Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.

Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) dieron cuenta que la paciente había sufrido desprendimiento de placenta, lo que causó que el bebé llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, debido a que no se le practicó la cesárea de urgencia requerida, debido a la condición médica que presentaba la madre.

 

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