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Violaron siete veces la cuarentena, intentaron robar y amenazaron armados a varias familias

El fiscal penal Marcos Ezequiel Molinati imputó a Ángel Federico Arias y Carlos Alberto Arias por el delito de violación de medidas sanitarias (siete hechos), en concurso real con amenazas con armas (siete hechos), tentativa de robo, violación de domicilio (dos hechos) y resistencia a la autoridad por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del coronavirus.

Según consta en el decreto de imputación, el pasado sábado 28 los imputados estuvieron en la vía pública en distintas horas del día y contravinieron las disposiciones del DNU que establece como medida de prevención del COVID- 19, la obligación de permanecer en sus residencias habituales, sin poder desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y contagio del virus.

En las actuaciones se indica que Ángel Federico Arias y Carlos Alberto se presentaron en los domicilios de seis denunciantes y los amenazaron, con machete en mano. Es que esas seis personas, habían apoyado a otro vecino que denunció a los Arias por un intento de robo.

Por los distintos hechos denunciados, el Juzgado ordenó la detención de los imputados y durante el procedimiento para dar cumplimiento a lo dispuesto, los acusados también amenazaron a los efectivos policiales.

Robo: Lo vieron por las cámaras y lo encontraron dentro de un local de comida

La Fiscalía Penal Nº2 intervino en un hecho delictivo ocurrido en el casco céntrico de la ciudad tras la intervención del personal policial que encontró al hombre dentro de un local de comidas, después de ser registrado por las cámaras de la zona. Fue detenido e imputado por la supuesta comisión del delito de robo calificado.

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El Centro de videovigilancia alertó vía radial, la madrugada del miércoles pasado, sobre la presencia de una persona que intentaba ingresar a un local de comidas situado entre las calles Ituzaingó y Urquiza. La unidad policial que se encontraba en cercanías se desplazó por calle Ituzaingó, antes de llegar a Urquiza y los efectivos detectaron una mochila roja y negra. En el lugar, se percataron de una ventana en la parte posterior del local que se vincula con una playa de estacionamiento. El acusado estaba dentro del local y salió por la ventana.

Fue demorado y en consulta con la fiscal Mónica Poma, se pidió su detención. Fue identificado como Alejandro Rodolfo Apaza, de 23 años. En la requisa se le secuestraron $520 (quinientos veinte pesos), y herramientas varias que se encontraban en la mochila. El dueño del local precisó un faltante de la caja, de $500.

Pocas horas después fue imputado por la fiscal Poma por el delito de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa y por el incumplimiento del protocolo establecido en el decreto nacional de aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del Coronavirus. La fiscal pidió la prisión preventiva, atento a que contaba con antecedentes condenatorios.

Violencia: El MPF extrema recaudos ante la convivencia permanente de víctimas y agresores

Dadas las restricciones a la libertad de circulación dispuestas para asegurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las particularidades de la situación que se atraviesa, el Ministerio Público Fiscal advirtió con profunda preocupación que el confinamiento en los hogares puede agravar o generar situaciones de violencia. Instruyó a fiscales al respecto y pidió especial atención a las víctimas con consignas policiales fijas o ambulatorias.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recomendó a las y los Fiscales de Violencia Familiar y de Género que extremen los recaudos necesarios para asegurar la efectiva vigencia y cumplimiento de todas las medidas de protección y resguardo de las víctimas de Violencia Familiar y de Género. Puso especial énfasis sobre aquellas personas que en razón de su vulnerabilidad se encuentren con consignas policiales fijas o ambulatorias; máxime cuando la obediencia de las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional y Provincial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, implican, en algunos casos, la convivencia permanente con el posible o eventual agresor.

En consecuencia, las y los fiscales deberán recibir todas consultas que surjan por parte del personal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, en relación a la problemática específica. Se aclaró que los supuestos relacionados a la Violencia Familiar y de Género y las directivas a impartir, se ceñirán a los parámetros y protocolos de actuación a los que el Ministerio Público Fiscal oportunamente y cuya vigencia se ratifica enfáticamente.

La circular fue notificada este viernes a los magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, a través de todos los medios de comunicación disponibles en el contexto de Emergencia Sanitaria (vía telefónica, correo electrónico y Whatsapp) y fue comunicada al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta, de manera de coordinar la actuación conjunta de ambas dependencias.

Las denuncias y pedidos de asistencia se canalizan a través del Sistema De Emergencias 911 y las dependencias policiales de todo el territorio provincial. Las y los fiscales se encuentran afectados las 24 horas para atender hechos de violencia.

Entró a su habitación armado, abusó de ella y le robó

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, requirió ante el Juzgado de Garantías 7 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y hurto, en concurso real.

La fiscal Flores Toranzos sostuvo que quedó acreditado que el imputado, durante una mañana de agosto de 2019, ingresó a la habitación donde dormía la denunciante, le puso un elemento cortante en el cuello y la sometió sexualmente.
Antes de retirarse, le quitó el teléfono celular a la víctima.

Surge del informe del Servicio de Biología Molecular del CIF que el perfil genético estudiado en la víctima pertenece al imputado, lo que desacreditó su versión tras manifestar que no estuvo en el lugar ni el momento del hecho.

La fiscal destacó que la utilización del arma blanca agrava la figura por el mayor poder intimidante del causante y las menores posibilidades de defensa de la víctima.

Intentó proveer de marihuana a un familiar detenido

La Fiscalía Penal N°2 de Tartagal intervino tras la consulta realizada por efectivos de la Comisaría N°42, quienes detectaron drogas ocultas en un par de zapatillas. Las llevaba una joven para un familiar que se encuentra detenido.

Imagen ilustrativa

Ocurrió el lunes pasado, en la Comisaría N°42 de Tartagal, donde una mujer de 25 años se presentó en la dependencia, para dejar prendas de vestir para un recluso.

Cuando el personal policial realizó la requisa correspondiente, detectó envoltorios con sustancia vegetal disecada ocultos en las plantas de un par de zapatillas. Se dispuso la intervención del personal de Drogas Peligrosas.

Del informe preliminar entregado al fiscal José Medina, se logró determinar que se trataba de marihuana, con un peso total menor a un gramo. Con esos elementos, el fiscal solicitó el secuestro de la sustancia y la identificación simple de la mujer.

Yacuy: Imputado por robar una escuela e incumplir la cuarentena

El fiscal penal de Salvador Mazza, José Armando Cazón, imputó a un hombre de 20 años, acusado de los delitos de robo calificado, violación de aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del coronavirus y desobediencia judicial. El imputado declaró ejerciendo el derecho a la defensa. Hay un prófugo.

Crédito: Diario El Tribuno

El fiscal penal José Armando Cazón solicitó el mantenimiento de prisión del acusado y ordenó medidas tendientes a detener a un segundo hombre que está prófugo, quienes habrían escalado el cerco de la Escuela N° 4100 del Paraje Yacuy, ingresado a la dirección del establecimiento tras violentar la puerta y sustraído distintos objetos.

Ambos incumplieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto 297/2020, del Poder Ejecutivo Nacional. Se trata del primer caso del norte en la Justicia Ordinaria Provincial.

Coronavirus: Advierten sobre estafas telefónicas durante la cuarentena

Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos Complejos y la División de Delitos Económicos, elaboraron una serie de recomendaciones y advertencias a tener en cuenta para evitar ser víctimas de estafas telefónicas.

Las modalidades durante el período de aislamiento y las más frecuentes son las siguientes:

1- Llamadas telefónicas a líneas fijas o celular, en las que la persona que llama refiere ser de alguna entidad bancaria y mediante el ardid de que se deben corroborar las cuentas para operar con home banking o actualizar los datos, debido al período de cuarentena. Solicitan datos de la clave y número de cuenta, para luego operar en ella y realizar transferencia de dinero; lo que es falso. No se debe aportar ningún tipo de información. En menor cuantía se han detectado llamados por estafas telefónicas recibidas por ser beneficiario de un premio o reparación de Anses, lo que resulta en acciones defraudatorias, por lo que se recomienda no aportar información personal ni realizar depósitos ni transferencias de dinero.

2- Un desconocido llama por teléfono particular de un adulto mayor y refiere ser un hijo o nieto, imposta la voz y manifiesta que sufrió un accidente de tránsito y que no puede hablar. Seguidamente, otra persona aborda la comunicación y simula ser un médico. Éste expresa que se debe operar de urgencia a la supuesta y solicita dinero en efectivo para el pago de la intervención, advirtiendo que para ello enviarían a una persona o móvil policial a retirarlo.
Quien llama se asegura de que la comunicación no se corte hasta la llegada de quien retira el dinero y obtener información acerca del monto. Inclusive sugiere dónde colocarlo para la entrega y garantizar que la víctima no pueda comunicarse con alguien más que la advierta la maniobra.
Inmediatamente, aparece en el domicilio una persona que se presenta como encargada de llevar el dinero al hospital, quien lo toma y escapa.

3- Un desconocido llama a un número de línea fija, generalmente dirigida a un adulto mayor y le advierte que un familiar fue secuestrado. Exige dinero para la liberación en efectivo o por transferencia bancaria, para lo que aporta un número de cuenta; o en su defecto el aporte de datos de tarjetas de crédito y debito. En algunos casos la voz suele parecerse a un tono de origen extranjero latino.

La modalidad delictiva conocida como “Cuento del Tío” configura el delito de estafa, por lo que se recomienda atención ante este tipo de llamadas y desconfiar de su veracidad. Debe advertirse que los estafadores piden la entrega de dinero a un desconocido y que la situación no puede resultar de ninguna manera regular, por lo que se recomienda no realizar ninguna disposición sin las averiguaciones pertinentes.
Las víctimas de estas estafas deben dar conocimiento inmediato al sistema de Emergencia 911.

Coronavirus: Lo imputarán por robo e incumplimiento de la cuarentena

Se trata de un hombre que fue detenido tras robar distintos elementos de la escuela de Yacuy. El acusado también será imputado por resistencia a la autoridad al incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto 297/2020, del Poder Ejecutivo Nacional y por resistencia a la autoridad. Se trata del primer caso del norte en la Justicia Ordinaria Provincial.

El fiscal penal de Salvador Mazza, José Armando Cazón, imputará en la tarde de este martes a un hombre mayor de edad, por los delitos de robo agravado e incumplimiento del protocolo establecido en el decreto nacional de aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del Coronavirus y por resistirse a la autoridad.

Vale recordar que la Procuración General de la Nación remarcó la naturaleza federal en la materia y la intervención de fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación en torno a las infracciones al artículo 205 del Código Penal de la Nación. Sin embargo, y a los fines de preservar la salud pública, desde Nación se hizo hincapié en la necesidad de evitar los planteos de competencia en los casos en que ya se encuentre interviniendo la justicia provincial.

De este modo, los fiscales provinciales intervienen frente a la posible comisión de hechos delictivos relacionados con el COVID-19 cuando se registran en el territorio de la provincia de Salta y siempre que no se encuentren sometidos a la jurisdicción federal.

En esos casos, hablamos de aeropuertos, rutas nacionales y cruces migratorios (legales e ilegales) entre otros espacios de jurisdicción federal.

El fiscal penal José Armando Cazón, adelantó que solicitará el mantenimiento de prisión del acusado.

Desde el inicio de las actuaciones, entre Salvador Mazza, Aguaray y Santa Victoria Este se intimó preventivamente por infracción al aislamiento social, preventivo y obligatorio a 34 personas.

El procurador Abel Cornejo, en videoconferencia con la ministra de Justicia de la Nación

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, participó de la videoconferencia organizada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, quien reunió virtualmente al Consejo de Procuradores de la República Argentina. Se analizaron las acciones que se vienen desarrollando para asegurar el cumplimiento del decreto referido a la Emergencia Sanitaria por coronavirus.

La ministra de Justicia monitoreó el cumplimiento de la cuarentena en todo el país y reunió, mediante videoconferencia, a todos los procuradores, para hacer un seguimiento de cómo se controla el cumplimiento del decreto de Emergencia Sanitaria. Junto a Losardo y Cornejo, participaron 13 procuradores generales más de todo el país.

«El aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante el decreto 297/2020, es una medida excepcional que el Gobierno nacional adopta en un contexto crítico», dijo Losardo ante los jefes de los fiscales, quienes deben velar por el cumplimiento de la norma nacional.

En ese sentido, Cornejo coincidió con la Ministra, al señalar que “la Emergencia Sanitaria exige un trabajo articulado de todos los poderes del Estado”, y que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio es la única manera de luchar contra la pandemia”.

En la conferencia, se recordó que el objetivo es «proteger la salud pública» y que «todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma temporaria deberán permanecer en sus domicilios habituales o casuales». Y que «deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán circular por rutas, vías y espacios públicos. Solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos», manifestó la titular de la cartera de Justicia.

La Ministra estuvo acompañada por los secretarios General de Justicia y Derechos Humanos Laura Marrazzo; de Justicia Juan Martín Mena, y los subsecretarios de Política Criminal Pablo Barbuto, y de Gestión Administrativa Walter Waisman. Losardo también abordó con los procuradores provinciales una agenda de trabajo concreto para la aplicación del decreto que incluye la cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos.

La conferencia, realizada desde la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contó con la participación de los procuradores de 14 provincias, entre los que se encontraban Julio Conte Grand (Buenos Aires), Mario Bongianino (La Pampa), Eduardo Quattropani (San Juan), Abel Cornejo (Salta), Jorge García (Entre Ríos), Jorge Crespo (Rio Negro), Alejandro Ficoseco (Jujuy), Javier Vallejos (La Rioja), Jorge Barraguirre (Santa Fe), Luis De la Rúa (Santiago del Estero), Jorge Miquelarena (Chubut), Edmundo Jesús Jiménez (Tucumán), Alejandro Gullé (Mendoza), el fiscal penal Jorge Baclini (Santa Fe) y el fiscal adjunto José Gómez (Córdoba).

Fiscales federales y provinciales optimizan recursos e infraestructura disponibles

La Procuración General de la Nación, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, acordaron el trabajo conjunto de los Ministerios Públicos Provinciales y Federal en todo el territorio del país, a efectos de optimizar los recursos humanos y la infraestructura disponibles.

Lo hicieron a partir de un convenio específico complementario entre la Procuración General de la Nación, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, al entender que a partir del estado de emergencia sanitaria por el que atraviesa el país, “es necesario dar un mensaje claro y contundente a la ciudadanía por parte de quienes tienen el peso institucional de llevar adelante investigaciones o colaborar con ellas en el marco de la emergencia”.

Por ello, en una actitud de racionalidad y compromiso institucional, acordaron el trabajo conjunto de los Ministerios Públicos Provinciales y Federal en todo el territorio del país, con el objetivo de optimizar los recursos humanos y la infraestructura de ambos.

En ese sentido, el procurador de Salta, Abel Cornejo ratificó la expresión del Consejo y dijo que “la situación crítica generada requiere el esfuerzo complementario de todos los estamentos, y en tal entendimiento asumimos este compromiso de actuación conjunta y de unión de voluntades en aras a un mejor servicio a la comunidad”.

El convenio, que se extenderá por dos años, tiene por objeto coordinar y aunar esfuerzos entre los fiscales provinciales y federales, para afrontar, en este momento crítico de la historia argentina, las investigaciones criminales iniciadas a partir los hechos vinculados a la pandemia del virus COVID-19 que azota a la República Argentina. Se comprometieron a colaborar, en el ámbito de sus competencias, a coordinar políticas públicas tendientes a resguardar la salud pública y lograr, una persecución penal más efectiva de los delitos vinculados a los hechos que vulneren la emergencia dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional o contribuyan a la propagación de la pandemia del virus COVID-19.

También, a fortalecer los lazos de cooperación (ya establecidos en un primer convenio de septiembre pasado), y si fuera necesario, un marco jurídico para la colaboración, tendiente a impulsar acciones de intercambio de información y utilización de los servicios existentes.

Además, generarán capacitaciones conjuntas e intercambio de experiencias que redunden en una mayor concientización de los operadores que integran los organismos y para lograr mayor eficiencia, celeridad y transparencia en los procesos penales que se lleven adelante.

Por supuesto, los fiscales mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas, administrativas y presupuestarias.

Por la vigencia del protocolo que restringe la circulación, las interconsultas de los fiscales serán realizadas digitalmente.

El acuerdo fue firmado por el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal; el presidente del Consejo de Procuradores, Alejandro Gullé, y el del Consejo de Política Criminal, Eduardo Quattropani.

Normativa específica

• El Poder Ejecutivo Nacional adoptó medidas tendientes a mitigar el flagelo epidemiológico y su impacto sanitario. Dictó el DNU 260/2020, que se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley n° 27.541.

• Se advirtió que en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones allí establecidas se estarían infringiendo, cuanto menos, los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal de la Nación.

• Las infracciones a las normas de la emergencia sanitaria previstas en ese decreto darían lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo previsto en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

• Las medidas se profundizaron por medio del DNU 297/2020, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él. La existencia de infracción al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

• La Procuración General de la Provincia, dictó distintas resoluciones específicas para garantizar agilizar el cumplimiento de todas las normativas en el territorio provincial