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Licencias de conducir: ampliaron las imputaciones contra los acusados

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, amplió las imputaciones contra los acusados en el marco de la investigación iniciada tras distintas denuncias por la entrega irregular de licencias de conducir por parte de la exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y de la actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana.

Con los elementos entonces colectados en la investigación, la Unidad de Delitos Económicos Complejos entendió oportunamente en junio del corriente año, que los acusados e imputados por el delito de asociación ilícita, participaron activamente de las maniobras y que no se trató de hechos aislados, ya que surgió claramente que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido cometer el objetivo de llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos a cambio de dinero.

La ampliación de la imputación concurrió entonces en forma real con la imputación ya formulada el 2 de junio del corriente, respecto de los encausados y de la siguiente manera:

El acusado Javier Fernando Martínez, fue imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, concusión –12 hechos- y falsedad material del instrumento público, en concurso real. Se desprendió del decreto de imputación que en el año 2017, con abuso de la función desempeñada como funcionario público municipal en la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Martínez requirió sumas de dinero a distintos contribuyentes, a quienes les entregó licencias de conducir falsas, creadas sin que aquéllos cumplimenten los requisitos legales ni se observara el procedimiento previsto para la obtención de dichas licencias, y sin que abonen los tributos para el trámite, lo que generó un importante perjuicio patrimonial a la Hacienda Municipal.

Los acusados Marianela Castro y César Martín Ganami, fueron imputados por los delitos de concusión y falsedad de instrumento público -2 hechos-, en carácter de partícipes necesarios, por captar en la vía pública a dos personas, a quienes les pidieron dinero para que, por medio de funcionarios municipales, se realizara el trámite de obtención de licencia de conducir sin los requisitos previstos.

En tanto, la acusada Carmen Nieves Campos, fue imputada por los delitos de falsedad de instrumento público -23 hechos- y concusión -1 hecho- en concurso real, ya que en su calidad de funcionaria pública municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó como aprobados 23 exámenes de licencia de conducir, que no se encontraban en condiciones de ser aprobados, a pesar de lo cual se emitió la correspondiente licencia, cuyos legajos fueron secuestrados.

Por otra parte, la acusada Gabriela Anahí Dagum, fue imputada por el delito de falsedad de instrumento público –7 hechos- y concusión -3 hechos – en concurso real, toda vez que la mencionada, en su calidad de funcionaria pública municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó como aprobados siete exámenes teóricos de licencia de conducir, los cuales no se encontraban en condiciones de ser aprobados, a pesar de lo cual se emitió la correspondiente licencia.

En relación al acusado José Fernando Vieria, fue imputado por el delito de falsedad de instrumento público –41 hechos- en concurso real, ya que en su calidad de funcionario público municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó en las planillas del Canchón Municipal que 41 ciudadanos aprobaron sin verificarse el ingreso del vehículo para el examen práctico.

El acusado Juan Carlos Conte, fue imputado por el delito de falsedad de instrumento público–47 hechos- en concurso real, toda vez que el mencionado, en su calidad de funcionario público municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó como aprobados exámenes prácticos de licencias de conducir, que no se encontraban en condiciones de ser aprobados, a pesar de lo cual se emitió la correspondiente licencia; como así también consignó en las planillas del Canchón Municipal que 41 ciudadanos aprobaron sin verificarse el ingreso del vehículo para el examen práctico.

Los acusados Ricardo Martín Miguel Nina, Julio Federico Barrientos Herrera y Ariel Ramiro Ruiz, fueron imputados por el delito de concusión, ya que se desprendió que abusaron de su cargo de funcionarios públicos municipales y solicitaron la entrega de dádivas para la realización de trámites ante el Organismo, con lo que convirtieron en provecho propio las sumas de dinero recibida y actuaron ilícitamente al requerir a los contribuyentes dinero para la obtención de la licencia de conducir, función para la cual no están facultados a recibir.

Por último, Griselda del Valle Royano, fue imputada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que la mencionada omitió controlar la regularidad en el procedimiento y posterior confección de las licencias de conducir, expedidas sin cumplimentar los requisitos legales, lo que debió realizar en su función de Directora de Educación Vial de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

Vejaciones y allanamiento ilegal: Imputaron a policías de Seguridad Urbana

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo y cabo Víctor Cruz, todos con revista en la División Seguridad Urbana, acusados del delito de vejaciones calificadas con allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, todo en concurso real.

Del decreto de imputación se desprendió que los acusados, el 9 de enero pasado, cerca de las 9, a bordo del móvil policial 1829 y mientras debían desempeñar un acto de servicio, cometieron un exceso de sus funciones al arremeter contra de la integridad física del denunciante y víctima, a quien le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo que serían por impacto de proyectil de posta de goma

Además,  al momento de la detención, los acusados ingresaron al domicilio del damnificado ubicado en barrio Norte Grande y manifestaron que podían hacerlo sin una orden emanada de autoridad competente.

Para avalar la restricción ilegal de la libertad, los acusados armaron una causa penal.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, quien relató que durante esa mañana, su nuera lo despertó para advertirle sobre la presencia de personal policial fuera de la casa.

Al salir para ver qué sucedía, encontró a tres efectivos policiales junto a dos mujeres, quienes manifestaron que la bicicleta que estaba en la puerta de la casa era de ellas y que se la habían robado hace instantes. El denunciante les dijo que se la llevaran y que no sabía qué hacía la bicicleta allí.

En ese momento el personal policial ingresó al domicilio, hizo una requisa y encontró a un hombre escondido en el techo, quien al ver a los efectivos policiales escapó, por lo que lo persiguieron.

En ese momento el denunciante salió tras ellos para ver si lo agarraban  y caminó hasta la vuelta de su casa, donde se les acercaron  nuevamente los policías, enojados porque se les había escapado el hombre que estaba en el techo.

Uno de los efectivos le dijo «a vos te vamos a llevar por encubrimiento» y luego  lo subieron a la caja del móvil y lo esposaron.

Una vez que el móvil arrancó, el denunciante relató que uno de los dos policías que iba atrás con él le dio disparos de bala de goma en ambas piernas. Tras esto, el denunciante se tiró en la caja del móvil y uno de ellos le pisó la cabeza.

El informe médico realizado por el Gabinete de Medicina Legal del CIF, concluyó que la víctima presentaba un hematoma en los dos tercios inferior de brazo izquierdo, otro pequeño en hombro izquierdo, una excoriación en parte posterior de pabellón auricular izquierdo, dos lesiones contusos equimóticas circulares con halo hemático perilesional, uno en tercio medio, cara anterior de muslo izquierdo y otro en tercio inferior, cara interna de muslo derecho y excoriación en tercio inferior y en cara anterior de pierna izquierda.

La fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que los hechos fueron corroborados con la denuncia del damnificado, testimoniales de testigos presenciales y  certificados médicos, la nómina de efectivos que se encontraban en el móvil y la  copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

El MPF, en el Seminario sobre “Políticas de protección y procedimientos en abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes»

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke participará en el Seminario sobre “Políticas de protección y procedimientos en abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes», organizado por la Fundación PAPIS (Programa de Asistencia para Infancia Segura), que se ofrecerá los viernes 16 y 23 de octubre, desde las 17 y a través de la plataforma Zoom. Será gratuita con entrega de certificados.

Ambas jornadas contarán con Simesen de Bielke, quien se referirá a los “Procedimientos Judiciales con Víctimas Infantiles de Abuso Sexual»; la presidenta de la Fundación PAPIS, Lucrecia Miller, quien se explayará sobre «El Sistema de Abordaje Intersectorial de las Víctimas Infantiles de Abuso Sexual» y la presidenta de la “Fundación Pañuelos Amarillos” en defensa de las víctimas de abuso sexual Infantil de Tucumán, María José Colomba Nasca, quien abordará “Las Secuelas del Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes».

Miller destacó “la necesidad de hacer visible el delito de abuso sexual contra las víctimas infantiles y profundizar en políticas efectivas para su abordaje”.

El Seminario está destinado a abogadas y abogados, operadores judiciales, integrantes del Ministerio Público, organismos del Poder Ejecutivo Provincial, psicólogos, docentes, asistentes Sociales, Organizaciones No Gubernamentales, áreas de niñez y personal de seguridad.

La actividad gratuita cuenta con cupo limitado y se entregará certificación. La confirmación de asistencia permitirá acceder al código de acceso. Para mayor información, comunicarse al 3875873294 o al correo redpapis@gmail.com.

Irán a juicio los policías que causaron la pérdida de un ojo a un militar

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a policías con revista en el Sector 6, acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones graves en concurso ideal, en perjuicio de Néstor Ramón Ávalos.

Néstor Ramón Ávalos

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Mario Alberto Funes, de 41 años, acusado del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en concurso ideal, en carácter de autor.

En tanto, el suboficial ayudante Luis Armando Quispe, de 37 años; el sargento ayudante Diego Alberto Cachi, de 41; el cabo Víctor Fabián Díaz, de 32 y agente Lucas Daniel González, de 34, fueron acusados del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en carácter de partícipes necesarios.

Del decreto de imputación surgió que la víctima, Néstor Ramón Ávalos, de 25 años y miembro voluntario del Ejército Argentino, resultó herido durante la noche pasado 29 de julio, en inmediaciones de una despensa ubicada en Barrio Norte Grande, cuando desde el interior del móvil 1673 efectuaron un disparo de bala de goma con una escopeta, que impactó en su ojo izquierdo.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los acusados, mientras cumplían su rol de efectivos policiales a bordo del móvil mencionado, desempeñaron un acto de servicio con exceso de sus funciones, al acometer en contra de la integridad física del damnificado Néstor Ramón Ávalos, mediante el uso arma de fuego.

Además, fue acreditado que luego de disparar y de ver que Ávalos resultó seriamente herido, los efectivos policiales se retiraron del lugar sin presentarle auxilio al denunciante, quien fue traslado por un vecino al hospital Papa Francisco y luego al San Bernardo, donde lo intervinieron quirúrgicamente tras sufrir el estallido total del ojo izquierdo.

Policías pararon a un camionero en la ruta, lo patearon y le quebraron la nariz

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al sargento ayudante Julio César Carrizo, de 43 años y al agente ayudante Israel José Escalante, de 25; ambos con revista en la División Caminera, acusados del delito de vejaciones calificadas con lesiones leves. Durante la audiencia de imputación realizada este martes, los acusados se abstuvieron de declarar.

Del decreto de imputación, surgió que el miércoles 26 de septiembre de 2018, cerca de las 8:15, los efectivos policiales mencionados, a bordo del móvil policial 1608, cometieron un exceso en sus funciones, sobre la ruta provincial 36, kilómetro 4, donde acometieron en contra de la integridad física de la víctima, a quien le causaron una quebradura con desviación del tabique nasal y numerosas excoriaciones y contusiones, que fueron corroboradas por exámenes médicos.

La intervención de la fiscalía se produjo tras la denuncia radicada por la propia víctima en la Oficina de Orientación y Denuncia, en la que detalló que en el día y horario señalados, conducía su camión Chevrolet para transportar áridos, por la ruta provincial 36, en dirección a Rosario Lerma.

En el lugar, el patrullero con dos policías que circulaba por detrás, lo sobrepasó y uno de ellos, le hizo señas para que se detuviera en la banquina. Allí le pidieron que exhibiera la documentación necesaria para el transporte, las balizas y el matafuego.

Luego, uno de los policías informó al conductor que le labraría una infracción por trasportar la carga sin estar cubierta con la lona protectora, a lo que el denunciante respondió que por favor, no le hiciera la multa y que solo quedara en un llamado de atención.

Tras esto, el conductor descendió del vehículo a colocar la lona, mientras el policía continuó labrando el acta.

Minutos después, pasó otro camión con áridos en sentido contrario, que fue detenido por el otro policía. Al observar que este dejaba al otro conductor continuar la marcha, a pesar de la falta de lona protectora, el denunciante preguntó por qué solo lo multaban a él y no al conductor del segundo camión.

En ese momento, el policía que dejó continuar al otro vehículo, se acercó a la víctima y tras un intercambio de palabras, golpeó al denunciante en el rostro.

En su relato, el denunciante sostuvo que intentó atinar una patada y que ambos policías lo arrojaron al suelo, donde lo golpearon, patearon y cortaron la respiración con una llave.

Durante el episodio, llegó otro móvil policial de la Comisaría de Campo Quijano, con una mujer policía que les dijo a los agresores que pararan la golpiza.

Entre los elementos obtenidos en la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, valoró la denuncia del damnificado y las declaraciones de testigos; además de los certificados médicos; el informe de relevancia, la copia del libro de guardia y la copia de la filmación, entre otros, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados en los hechos expuestos.

Rosario de Lerma: Medidas cautelares en el caso de un concejal que denunció lesiones

El Juzgado de Garantías 4, hizo lugar al pedido del fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics y dispuso medidas cautelares, en el marco de la causa iniciada tras la denuncia radicada por amenazas, lesiones y daños, por el edil de ese municipio, Guillermo Galleguillos, en contra de Daniel Alberto Guzmán.

El concejal de Rosario de Lerma, Guillermo Galleguillos, denunció que el pasado sábado 3 de octubre, cuando se encontraba con su bebé en brazos y mientras bajaba de su vehículo, fue atacado por Daniel Guzmán, esposo de la concejal Noelia Faundez, a quien el edil denunció oportunamente por supuesto manejo irregular de bolsones alimentarios.

En diversos medios periodísticos, se dio a conocer que esa denuncia molestó  a Daniel Guzmán, quien, de acuerdo a la denuncia, habría atacado a Galleguillos con una maza de hierro mientras bajada de su vehículo con su bebé, por lo que el edil resultó con heridas que fueron constatadas en un informe médico realizado en el Hospital Joaquín Corbalán.

Medidas cautelares

Daniel Alberto Guzmán deberá abstenerse de ejercer actos de violencia física y psíquica en contra de Guillermo Galleguillos y su grupo familiar, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial y que se ordene su inmediata detención.

Por otra parte, Guillermo Galleguillos, también deberá abstenerse de de ejercer actos de violencia física y psíquica contra Daniel Guzmán y su grupo familiar, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial y que se ordene su detención.

Además, fue realizada una inspección ocular al vehículo, en el que se encontró un hundimiento en la chapa de la puerta trasera del lado del conductor y rayones en la chapa. El damnificado manifestó que el acusado también le dañó la palanca de cambios, en la que se observó una moldura sólida.

Policías imputados por excesos en una carpa navideña

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a cuatro efectivos policiales con revista en las Divisiones Infantería y Caballería, acusados de los delitos de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves. Se abstuvieron de declarar.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial ayudante Simón Antonio Cancino, de 28 años; el sargento ayudante Gustavo Ariel Quispe, de 42, ambos con revista en la División Infantería; y sobre el sargento ayudante Diego Daniel Tapia y la agente Andrea Estefanía Jiménez, ambos de 38 años y con revista en la División Caballería.

Del decreto de imputación surgió que el 25 de diciembre de 2019, cerca de las 21:30, los acusados prestaban servicio en la parte externa de la “Carpa de las Estrellas” en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Salta.

Con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física de al menos siete personas, mediante el uso de cachiporras, látigos, armas de pintura, golpes de puño y patadas. Las víctimas resultaron con lesiones de distinta consideración y todas fueron constatadas.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de una de las víctimas, quien expresó que mientras estaba en el interior de la carpa, en medio de la multitud, desconocidos le sacaron de su bolsillo un teléfono celular. Luego, se le acercaron tres hombres, quienes le exigieron que les devolviese un teléfono celular, supuestamente robado.

Antes de que se iniciara una pelea, personal de seguridad sacó a todos los involucrados: los tres hombres que se acercaron, el denunciante y su hermano, quienes fueron llevados hasta afuera de la carpa por una salida de emergencia.

Fue allí que el personal policial, disparó con armas de pintura, antes de acercárseles y golpearlos con cachiporras y golpes de puño en el rostro.

El denunciante, quien conoce del servicio por ser personal penitenciario, solicitó la realización de un examen médico para él y su hermano, como así también, una copia de libro de guardia del lugar de eventos, ya que no hubo detenciones.

Plasma: El médico Martín de la Arena se abstuvo de declarar

El fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a Martín de la Arena, acusado por el delito de tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos), en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. El médico se presentó esta mañana en fiscalía, donde se abstuvo y pidió declarar por escrito. Tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo. El fiscal no descartó nuevas imputaciones en el marco de la investigación.

El médico Martín de la Arena, se presentó esta a la audiencia de imputación, asistido por un abogado defensor particular, se abstuvo y pidió declarar por escrito. Tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo.

En el decreto de imputación constan las medidas realizadas en el marco de la investigación, entre las cuales se encuentran las diferentes declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.

Para avanzar, se tuvo en cuenta que el imputado, en su condición de socio gerente de Hemosalta SRL, para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.

La primera presentación fue rechazada toda vez que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto, a sabiendas que al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.

Consta también en el decreto que el acusado, no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4607,88.

Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. De esa manera, la obra social y en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.

La investigación penal inició el fin de semana pasado, a partir de la noticia criminis, en función de una publicación que daba cuenta del supuesto cobro de $ 30.000 por la transfusión de plasma.

Covid-19: Investigan pagos por hotelería al Obispado de Orán

La fiscal penal de Orán, Mónica Araceli Viazzi, investiga de oficio el posible cobro por parte del “Obispado de la Nueva Orán”, para alojar personas durante la pandemia Covid-19.

Desde la semana pasada, la fiscal penal Mónica Araceli Viazzi, ordenó distintas medidas en el marco de una investigación preliminar, que busca determinar si existió comisión de delito en el cobro del alojamiento por recibir a personas repatriadas de San Ramón de la Nueva Orán. Entre otras diligencias, la fiscal ya remitió distintos pedidos de informes a las entidades y organismos involucrados en el tema.

La intervención de la fiscal penal Viazzi se produjo luego de que se hiciera público en distintos medios de comunicación, el informe presentado por el Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia ante la Legislatura provincial, que detalla las partidas destinadas a hoteles que durante estos seis meses de cuarentena alojaron a personas que debían realizar el aislamiento obligatorio.

Del informe se desprendió que el Obispado de la ciudad de Orán, a cargo del obispo monseñor, Luis Antonio Scozzina, recibió dos partidas de $170.100 (ciento setenta mil cien pesos), y $264.600 (doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos), que hacen un total de $434.700 (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos pesos), por parte del Gobierno de Salta, para alojar a personas en la Casa de Retiros.

A juicio, por abusar de una menor durante un cumpleaños

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías en feria, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 24 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una menor.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, quien expresó que el jueves 2 de julio pasado, la menor de 14 años se retiró del domicilio, por lo que radicó una denuncia por extravío de persona en la Comisaría de Campo Quijano.

Sostuvo que en la madrugada del sábado 4 de julio, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía encontraron a su hija en barrio Atocha, por lo que en la Comisaría de Campo Quijano pidieron otros datos personales a la denunciante y llevaron a la menor al hospital de ese municipio, donde le realizaron un examen médico.

Al llegar a su domicilio, la menor pudo contarle a la cuñada de la denunciante, que el jueves, fue con su prima en colectivo hasta el Parque San Martín, en la ciudad de Salta, donde debían encontrarse con el novio de la prima.

Mientras esperaban, dos menores se acercaron y las trasladaron hasta las inmediaciones de una escuela del barrio Atocha II, donde se presentó el novio de la prima, quien les pidió que lo acompañaran a la casa de su tía.

Una vez en el lugar, festejaron el cumpleaños de joven, junto a otros dos hombres, entre los cuales estaba el acusado. Allí comenzaron a tomar bebidas alcohólicas y consumir estupefacientes, por lo que la menor sostuvo que comenzó “a sentirse rara”.

En un momento dado, la víctima se quedó sola en una habitación con el acusado y el otro hombre. La menor relató que el imputado se acercó, la tapó con una sábana y que sintió que la besaron, pese a que se negó. Luego, perdió el conocimiento.

Al despertar, la joven notó que el acusado se subía los pantalones y también sintió un fuerte dolor en la zona genital.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que el accionar delictivo del acusado fue corroborado mediante informes psiquiátricos, que dieron cuenta de las características de la personalidad del imputado. Es que por las características propias del ilícito, son los dictámenes periciales los que permiten probar que los eventos existieron tal cual fueron descriptos, de acuerdo a una valoración y conforme la sana crítica de los indicios incorporados a la causa.

Por otro lado, el fiscal destacó el coherente testimonio de la víctima, sostenido durante todo este tiempo, lo que refleja su verosimilitud, como así también el testimonio de la prima de la denunciante, quien pudo ser testigo de los hechos denunciados.

En efecto, “no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés y odio tendiente a perjudicar al imputado”, precisa el pedido del fiscal.