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Vecinos de la zona sudeste piden mayor atención ante hechos de inseguridad

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al dirigente Oscar Lezcano, quien en representación del Primer Consejo Promotor Vecinal de la Zona Sureste, planteó distintas problemáticas vinculadas con la seguridad. Los vecinos de la zona ya se reunieron con representantes del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo.

El dirigente Oscar Lezcano estimó en 350 mil habitantes los que residen en esa zona de la ciudad y aseguró que la mayoría de los hechos que preocupan a los vecinos, son los de violencia de género, microtráfico y delitos contra la propiedad. También apuntó que muchas familias, especialmente cuando se trata de hurtos o robos, desisten de radicar denuncias ante la posibilidad de que sus elementos no sean recuperados y que las investigaciones no prosperen.

Durante el encuentro, Lezcano repasó los diferentes planteos hechos ante autoridades de los poderes del Estado, tales como la creación de una oficina de Violencia de Género en el hospital Papa Francisco; la agilización de notificaciones a víctimas y victimarios de violencia de género; el pedido de protección y acompañamiento jurídico de esas víctimas y las capacitaciones a referentes sociales que puedan orientar a los vecinos en materia de seguridad y canales de denuncia, investigación y sanción de delitos. Entre otros puntos, los vecinos también sugieren que el Poder Ejecutivo incluya en Presupuesto 2021, herramientas para disminuir la superpoblación carcelaria, entre otros aportes realizados.

En ese marco, el Procurador ratificó su compromiso de investigación de los delitos en tiempo real y garantizó que los pedidos vinculados con el Ministerio Público Fiscal, serán revisados. También celebró que los propios vecinos hayan organizado grupos de control, para aportar a la seguridad ciudadana, ya que “una sociedad activa y atenta, mejora la convivencia y alerta a quienes pretenden avanzar contra los derechos de los demás”, afirmó. Al final del encuentro, se comprometieron a reunirse próximamente para verificar avances en uno de los sectores más poblados de la capital provincial.

Policías imputados por vejaciones y lesiones agravadas por violencia y el odio hacia mujeres trans

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los efectivos policiales María Fernanda Coz y José María Jaramillo, ambos con revista en la Comisaría 2, acusados del delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves agravadas por el odio a la orientación sexual, en concurso ideal y en calidad de autores. Por otra parte, el efectivo José Ariel Paz, con revista en la misma seccional, fue imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Del decreto surgió que los acusados Coz y Jaramillo, mientras ejercían un acto de servicio, detuvieron a dos mujeres y ejercieron un uso abusivo de violencia, lo que causó lesiones en el cuerpo de las detenidas, al tiempo que se burlaron de su condición de mujeres transgénero.

También surgió que José Ariel Paz, mientras cumplía la función de oficial de servicio en la Comisaría 2 y al estar a cargo de la toma de denuncias, se negó a dar cumplimiento, sin justificativo alguno, a la radicación de denuncia por parte de las damnificadas.

La intervención de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, se produjo a partir de la remisión del acta de control de legalidad por parte del Juzgado de Garantías 3, de fecha 1 de noviembre de 2019 y en relación a lo declarado por una de las víctimas, quien manifestó que fue maltratada al momento de su detención por parte del personal policial interviniente, que le arrojó gas pimienta y le propinó golpes en todo el cuerpo, lo que le produjo un esguince en el dedo índice de la mano izquierda.

Además, fue remitida otra acta de control de legalidad, en la que la otra víctima, sostuvo que ese mismo día, cerca de las 9, fue detenida en inmediaciones de Ituzaingó, entre La Rioja y San Luis, y que sufrió maltratos por parte del personal interviniente, además de resultar con lesiones en el antebrazo derecho, las que fueron constatadas.

Las víctimas radicaron una denuncia ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género, contra Alejandra Coz y José María Jaramillo; pues en la comisaría no se lo permitieron. Les dijeron que debían esperar al médico legal. Entonces, otra amiga tomó fotos y se las mandó a la entonces directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Pía Ceballos, y recién entonces, le tomaron la denuncia.

Las víctimas también relataron que los policías no les decían nada y que solo se reían entre ellos cada vez que preguntaban por el médico. Sostuvo que ella también fue golpeada por ese grupo; que jamás las atendió el médico y que las tuvieron en la Comisaría solo para “verduguearlas”. Destacó que recién al llegar Ceballos, el trato cambió.

Derechos Humanos: un centenar de policías imputados y 37 a juicio en cuatro meses

En el período comprendido entre julio y el día de la fecha, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 101 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales, fue requerida la elevación a juicio para 37. En el mismo lapso, se registraron 409 denuncias por abusos policiales.

Entre los casos más resonantes, se destacan la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real.

También fue requerida la elevación a juicio contra los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo, al igual que esperan ser juzgados los efectivos policiales que le causaron la pérdida de un ojo al militar Néstor Ramón Ávalos.

De igual manera, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, informó que desde julio a la fecha, fueron recepcionadas 409 denuncias por abusos policiales. Vale recordar que desde el martes 11 de agosto, se encuentra habilitado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales.

Simesen de Bielke recordó que el vínculo solo está habilitado para denuncias vinculadas con la posible comisión de esos delitos y no de otros, para los cuales existen fiscales penales comunes y especializadas, según el caso.

Al respecto, la fiscal recordó que entre las posibilidades para mitigar la violencia institucional, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, presentó el 1 de julio pasado, un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, estimó la fiscal que “la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía”, que tiene a cargo y que no puede investigar hechos de otro tipo.

En el inicio de julio, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso que la fiscal Verónica Simesen de Bielke, se hiciera cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos; en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 82 y 83 del Código Procesal y con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal y aprovechar mejor los recursos humanos disponibles para favorecer la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar.

En esa inteligencia, Cornejo consideró las necesidades funcionales de la Fiscalía de Derechos Humanos, sin perjuicio de la obligación de las y los fiscales de garantizar el servicio de justicia que deben prestar, cumplir con sus actividades y de realizar todas las medidas que no admitan demora.

Bombas molotov, lesiones y amenazas en Joaquín V. González: imputaron a los hermanos Villalba

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó a Franco Sebastián Villalba, de 27 años y Leonel Omar Villalba, de 21, acusados del delito de incendio y otros estragos, en perjuicio de la seguridad pública, en concurso ideal con el delito de amenazas. Por otra parte, Franco Sebastián Villalba también fue imputado por el delito de lesiones leves y amenazas (dos hechos) en concurso real con el delito de amenazas y daños en perjuicio de una menor.

La intervención de la fiscal penal García Pisacic, inició tras las actuaciones originarias de la Comisaría 50, luego de que el domingo 8 de noviembre, una mujer dejara asentado que hace 10 años, tuvo inconvenientes con integrantes de la familia Villalba, a quienes describió como personas conflictivas en el barrio San Antonio, por lo que realizó una denuncia penal en esa oportunidad, por amenazas y daños.

También expresó que ese mismo día, cerca de las 18, los acusados peleaban con otros vecinos en la calle, frente al domicilio de la denunciante, quienes además se arrojaban piedras y botellas, que cayeron a su inmueble, por lo que salió a pedir que se detuvieran para evitar daños en su vivienda.

En ese momento, el acusado Franco Sebastián Villalba, le respondió “no te metas, ¿quién sos? Te vamos a romper todo y si queremos te quemamos la casa”. Tras esto, la denunciante ingresó a su vivienda y continuó la pelea en la vía pública.

Esa misma noche, cerca de las 22, cuando la mujer estaba en la dependencia policial para denunciar lo sucedido, fue alertada de que los acusados tenían la intención de incendiar su domicilio, por lo que se dirigió a su vivienda para ver lo que sucedía y una vez allí, observó que sus vecinos estaban en la vereda y que trataban de que los denunciados no arrojaran bombas molotov.

Informes policiales detallaron que al llegar los efectivos a la gresca, observaron a una  gran cantidad de personas arrojando elementos contundentes hacia el domicilio de la familia Villalba, mientras los ocupantes de ese inmueble lo hacían hacia las demás personas.

Al momento de descender y desplegar la formación, la agresión se enfocó en el grupo policial, que contabilizó que cerca de 250 personas estaban en el lugar, con intenciones de incendiar el domicilio y “linchar” a sus ocupantes, según sus propios dichos.

Varios elementos impactaron en el domicilio del frente del causante y sobre la calle. Los hermanos Villalba escaparon por el fondo, hacia los patios colindantes. En ese momento, comenzó la persecución de los acusados, mientras que otro grupo de efectivos permanecieron en el lugar, donde los presentes pretendían hacer justicia por mano propia. Al superar en número al personal policial, vecinos ingresaron al domicilio de la familia Villalba y causaron destrozos.

Posteriormente, se logró la detención de Franco Sebastián Villalba, quien debió ser reducido tras resistirse abiertamente.

En tanto, el acusado Leonel Villalba, quien había logrado escapar a bordo de una moto, fue perseguido por los vecinos, quienes, al igual que los efectivos policiales, salieron en su búsqueda en distintas direcciones. El acusado fue encontrado cerca del ingreso al cementerio municipal, donde un grupo de personas lo encontraron y golpearon.

En su denuncia, la víctima dijo que fueron los vecinos quienes lograron retener a Franco Sebastián Villalba y su hermano, Leonel Omar Villalba (señalados como los agresivos) hasta que fueron detenidos por el personal policial.

En el marco de la investigación, se realizaron cuatro allanamientos, de los cuales se logró el secuestro de un arma de fuego tipo tumbera; una arma “hechiza” (de fabricación casera); un arma casera tipo faca (hecha con un palo de escoba de un metro de largo y hoja de metal de cuchillo tipo carnicero), una botella de vidrio tipo bomba Molotov (con tela adentro, humedecida con combustible).

También en el domicilio de la víctima, se verificaron numerosos vidrios rotos y una mancha en la pared del frente, producto del fuego arrojado contra la propiedad.

Un policía fue a suspender una carrera cuatrera, pero terminó golpeando a un asistente

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al sargento ayudante Arnaldo Ariel Pistán, de 24 años, acusado del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, en calidad de autor.

Del requerimiento surgió que el domingo 11 de octubre, cerca de las 17:30, mientras se desarrollaba una carrera cuatrera detrás del cementerio de Salvador Mazza, personal policial se constituyó para suspender la competencia y labrar las correspondientes actas de infracción, a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno.

En esa situación, procedieron a la demora de la víctima, a quien una vez en el suelo, el imputado, integrante de la Comisaría 40 de la Policía de la Provincia, le profirió patadas que le causaron lesiones que fueron constatadas en el hospital de Salvador Mazza.

El acusado excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta desplegada por el acusado, afectaron los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta conculcación de su dignidad y la integridad personal.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke, sostuvo que el sufrimiento infligido al momento de su detención, sin lugar a dudas configuró un trato denigratorio y humillante, que tuvo por fin mortificar a la víctima, produciendo un ataque a su dignidad que merecía como persona y con el que espera ser tratado.

En tal sentido, huelga recalcar que la presencia de personal policial en un lugar en el que pueda existir la comisión de un hecho ilícito, en este caso una contravención, no puede agravar, mediante el uso de la violencia, la situación en desarrollo.

Nueva fuga de una comisaría: Imputaron a un sargento de Tartagal por favorecerla

El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, imputó provisionalmente al sargento Guillermo Javier Núñez, de 46 años, acusado del delito de favorecimiento culposo de evasión.

La intervención del fiscal penal Pablo Cabot, se produjo tras el inicio de las actuaciones del Destacamento de Villa Güemes, de las que surgió que este jueves 12 de noviembre, cerca de la 17:20, el imputado cumplía funciones en el mencionado destacamento, cuando escuchó ruidos en el interior de la celda.

Al aproximarse, encontró el candado de seguridad de la reja abierto y tras realizar el conteo de los detenidos, notó la ausencia de Gastón Mario Luna, quien tras golpear el candado, escapó.

En sus consideraciones, el fiscal Cabot sostuvo que al no advertir lo que ocurría, el acusado incumplió su deber de custodia y vigilancia.

Por lo expuesto, el fiscal decretó la apertura de una investigación penal preparatoria y ordenó la comunicación de lo resuelto al Juzgado de Garantías interviniente.

Luna sigue prófugo.

Metán: Policías requisaron una casa por una fiesta que no había y luego amenazaron y golpearon al propietario

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales de la Comisaría 30, de San José de Metán.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos José Sergio Tévez, Cristian Sebastián Arias y Cristian Marcelo Díaz, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por la víctima, luego que su concubina le contara que durante la madrugada del sábado 18 de abril pasado, ocho efectivos policiales golpearon la puerta del inmueble y le dijeron que debían verificar la vivienda porque recibieron denuncias telefónicas por una fiesta clandestina con música y consumo de bebidas alcohólicas. También le advirtieron que si no abría la puerta, se la llevarían detenida.

El denunciante sostuvo que su pareja abrió la puerta y que muchos policías ingresaron bruscamente, mientras ella les decía que la fiesta era en la casa de al lado. Tras recorrer la vivienda y confirmar que no había ninguna fiesta, los efectivos salieron.

El denunciante sostuvo que por lo sucedido, ambos fueron a la Comisaría 30 para consultar sobre los motivos por los que entraron al domicilio sin autorización y relató que fueron recibidos de mala manera por un efectivo en mesa de entradas, por lo que pidió hacer una denuncia. En ese momento, un policía lo empujó, mientras un oficial y otro policía se le abalanzaron y lo redujeron.

Luego, el denunciante relató que fue llevado hacia un costado del interior de la Comisaría, donde lo golpearon en distintas partes del cuerpo. También pudo escuchar que el oficial le gritaba «donde te vea te voy a meter preso, te voy a hacer correr del trabajo».

Posteriormente, fue sentado en una habitación hasta que arribó un móvil de Infantería y lo trasladaron al hospital local, donde le hicieron radiografías. Manifestó que pidió al personal policial una copia del certificado y que éstos se negaron.

Se tuvo tiene por acreditado que los acusados en ejercicio de la función, redujeron a la víctima con actos de fuerza física claramente irracionales, ya que el denunciante se encontraba solamente con su pareja y los efectivos policiales lo superaban en número.

La fiscal penal Simesen de Bielke, sostuvo que el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742 que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, porque que las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima, permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados, afectó los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta conculcación de su dignidad y la integridad personal. Además, el sufrimiento infligido al momento de su detención, configuró un trato denigratorio y humillante, físico y verbal.

Prisión efectiva para un hombre que lesionó y amenazó a su expareja

La fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Noemí Geria, intervino en el juicio abreviado en el que la jueza interina de Garantías 5, María Edith Rodríguez, condenó a Carlos Gabriel Aparicio, de 24 años, a tres años y 10 meses de prisión efectiva por la comisión de los delitos de lesiones agravadas por el género, (dos hechos), amenazas (seis hechos) y desobediencia judicial (cuatro hechos).

La fiscal Geria, destacó la condena de cumplimiento efectivo lograda, porque el acusado no tenía antecedentes ni condenas previas, y ello podría haber sido motivo para obtener una condena de ejecución condicional. Sin embargo, para fallar de esa forma, la Jueza consideró los argumentos de la representante del Ministerio Público Fiscal y tuvo en cuenta el contexto de violencia de género en el que vivía la víctima.

Al determinar la magistrada que fue autor material y penalmente responsable de los delitos de lesiones agravadas por el género, (dos hechos), amenazas (seis hechos) y desobediencia judicial (cuatro hechos), en perjuicio de su expareja, Aparicio deberá cumplir tres años y diez meses de ejecución efectiva.

Irá a juicio por abusar de sus nietos de 2 y 4 años

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 46 años, acusado de abusar sexualmente de sus nietos.

El acusado fue imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, por el vínculo y por ser cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en perjuicio de un menor de 2 años, en concurso real con el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en perjuicio de una menor de 4 años.

Las actuaciones permitieron acreditar que el acusado, en abril de este año, realizó actos de tocamientos impúdicos, libidinosos y de claro contenido sexual, en el cuerpo de su nieto de dos años, en un domicilio de barrio Baltazar Palacios de la capital salteña.

La conducta del acusado adquirió características particulares en su forma de comisión, lo que produjo una mayor afectación del bien jurídico protegido y un abuso sexual gravemente ultrajante, ya que su comportamiento se agravó al ser el imputado el abuelo del niño, que tenía bajo su cuidado al menor porque ambos vivían en el mismo domicilio.

Además, el imputado, en la misma casa, realizó actos de tocamientos impúdicos y libidinosos sobre el cuerpo de su nieta de 4 años, también de claro contenido sexual, por lo que también violó la integridad sexual de la menor. La conducta también se agravó al ser el imputado abuelo de la niña y por aprovechar la convivencia preexistente.

Los hechos resultan independientes uno de otro y por ello, su concurso real.

La denuncia fue radicada el 20 de abril por la madre de los niños y en contra de su padre y abuelo de las víctimas, luego de que el menor de dos años le contara sobre los abusos.

Condenados por vender drogas en barrio Limache

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que la Sala IV del Tribunal de Juicio, condenó a Carlos Emanuel Ugarte y Ana Laila Díaz Gálvez, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, más el pago mínimo de la multa, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Tras los allanamientos realizados el pasado 16 de mayo en los domicilios de los imputados, ambos ubicados en barrio Limache, pudo secuestrarse en la residencia de Carlos Emanuel Ugarte un total de 6,5 gramos de pasta base de cocaína, mientras que en el inmueble de Ana Laila Díaz Gálvez fue secuestrado material enervante por un peso total de 2,3 gramos.

El fiscal penal López Soto, valoró que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal y que la sustancia estaba acondicionada, dividida y fraccionada en pequeñas dosis para su venta al público, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita los imputados no pudieron justificar.

Además, las vigilancias realizadas por personal policial permitieron documentar mediante filmaciones y fotografías a los acusados comercializando sustancias estupefacientes en inmediaciones de sus domicilios.