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El Colegio de Gobierno dispuso la cesantía del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia

El Colegio de Gobierno del Ministerio Público aplicó la sanción de cesantía al auxiliar fiscal de la Delegación Fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur. Lo hizo en los términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de su Reglamento General. Con la sanción aplicada, quedó extinta la relación laboral de Dantur con el organismo.

Para resolver de esa forma, el Colegio tuvo en cuenta que el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó el sumario administrativo en contra de Dantur, motivado en la imputación realizada en su contra por la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, en concurso real. A su vez, el 16 de diciembre de 2020 y en virtud de un nuevo hecho enmarcado en las actuaciones penales, se dispuso la ampliación del sumario y la conformación de una Unidad Fiscal para la investigación penal pertinente.

De un primer hecho investigado, se tuvo que Dantur mantuvo diálogos con el comisario de Apolinario Saravia, Walter Ezequiel Omar Mamaní, imputado por la presunta comisión de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real con coacción en calidad de autor. Todo esto, mientras Dantur se desempeñaba como auxiliar fiscal y daba cumplimiento a las órdenes de la fiscal Simesen de Bielke.

De conversaciones vía WhatsApp con Mamaní, surgió que el sumariado lo asesoró, al darle su punto de vista e inclusive informarle sobre medidas probatorias producidas. Además, le ofreció la llave de la dependencia fiscal para que el funcionario policial compulse las actuaciones. Dantur también guardó silencio cuando Mamaní trató de “fanática” a la fiscal, según surgió de las pericias realizadas en los teléfonos celulares del sumariado.

El segundo hecho, fue haber inducido al error a la fiscal de Derechos Humanos y al Tribunal de Impugnación, sobre la calidad de oficial o personal del teléfono celular que entregara al momento de requerírsele el dispositivo que utilizaba como funcionario del Ministerio Público Fiscal. De la investigación surgió que el celular oficial era utilizado regularmente por miembros de su familia, en tareas ajenas a su función.

El Sumario sugirió la cesantía

El informe final de la Instrucción del Sumario precisó la responsabilidad de Sergio Ariel Dantur por las faltas imputadas y corroboradas, con la recomendación de la aplicación de la sanción disciplinaria de cesantía, conforme la jerarquía y las funciones legalmente encomendadas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Con el informe final elaborado por el Instructor Sumariante, el Colegio de Gobierno tuvo por acreditados los hechos que dieron origen al sumario administrativo, sobre las reiteradas faltas cometidas en cuanto al buen desempeño de sus funciones en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

Por consiguiente, tras analizar los hechos atribuidos a Dantur, más las pruebas, informes y testimoniales, quedó acreditado que el funcionario trasgredió la Ley Orgánica del Ministerio Público 7328, en lo referido al incumplimiento de los deberes a su cargo; el ejercicio de conductas contrarias a los reglamentos y disposiciones generales o particulares dictadas por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público; la comisión de faltas u omisiones que atenten contra la eficacia de las tareas a su cargo y que se cometan en el desempeño de sus funciones y la ejecución de conductas que atenten contra la autoridad, dignidad o decoro de los superiores jerárquicos, de sus iguales o de sus subordinados o del servicio.

De acuerdo al sumario, Dantur también infringió la normativa que establece su obligación de guardar reserva de todo asunto de servicio, extremándola cuando lo requiera la naturaleza de la cuestión o lo indiquen las instrucciones del superior jerárquico; cuidar de los bienes estatales y/o privados que le fueran confiados con motivo de su función y velar por la economía y uso racional de los mismos; comunicar a su superior jerárquico inmediato por escrito y con su firma, cualquier irregularidad que pueda afectar los intereses del Ministerio Público y retirar o emplear con fines particulares bienes del Ministerio Público sometidos a la guarda del agente, funcionario o Dependencia en la que se desempeña. Todo ello, en función de la Ley 7712, que establece la responsabilidad personal del Auxiliar Fiscal por el buen desempeño de sus funciones.

Todas esas faltas, conllevaron a solicitar la sanción prevista en la Ley Organica y el Reglamento General del Ministerio Público, de las que se desprende que los magistrados y funcionarios tendrán especialmente en cuenta las responsabilidades inherentes a la función que desempeñan, las que implican deberes y obligaciones. El primer deber básico del agente es cumplir con dedicación la función y observar el fiel cumplimiento de sus deberes, porque el servicio de justicia exige rectitud y la observancia de una conducta irreprochable, con el deber de guardar en todo momento un estilo que trasunte seriedad, confiabilidad y honestidad de un buen funcionario.

Si bien no ha recaído sentencia condenatoria por los hechos imputados a Dantur, tal circunstancia no impide que pueda aplicarse una sanción disciplinaria al margen de las causas penales existentes, atento a que el pronunciamiento administrativo es independiente del judicial en razón de ser distintas las finalidades perseguidas y los bienes jurídicos tutelados en cada uno de ellos. También son diferentes los principios que se aplican en una y otra rama del derecho y diversos los valores en juego.

Al ponderar las conductas atribuidas al agente sumariado, el material probatorio que las acredita, la gravedad y cantidad de las irregularidades que ellas comportan, se estimó apropiado aplicar a Sergio Ariel Dantur, la sanción administrativa consistente en cesantía.

Sometió sexualmente a una amiga y será juzgado

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 34 años, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización en perjuicio de una mujer.

Del requerimiento surgió que el imputado, atentó contra la integridad sexual de la víctima, al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual, con el uso de su fuerza física.

La denuncia fue radicada el 19 de agosto de 2020 por la víctima, en la que expresó que conoció al acusado en un hospital, donde ambos trabajaban como administrativos. Sostuvo que siempre tuvo buena relación con el denunciado, con quien tenía plena confianza.

De la denuncia y testimonio de la víctima, junto a elementos colectados durante la investigación, pudo acreditarse que en la madrugada del 19 de agosto de 2020, cerca de la 1:30, en el domicilio del acusado, de calle Alsina de la ciudad de Salta, y mientras la damnificada dormía, el imputado la sometió a tocamientos. Cuando la víctima le corrió la mano, el acusado la obligó a tocarlo en sus partes íntimas. Luego, se le tiró encima, la agarró de las muñecas y la desvistió para accederla carnalmente.

No obstante esto último, el fiscal destacó que de los elementos colectados, surgió que la conducta desplegada por el imputado, configuró el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, ya que adquirió características particulares en su forma de comisión, que conlleva una mayor afectación al bien jurídico protegido.

Hizo hincapié en que el imputado sometió a la víctima a tocamientos e hizo que ella también lo tocara, además de despojarla de sus prendas. Si bien pudo establecerse que hubo contacto entre los genitales de ambos, no llegó a producirse penetración, conforme el resultado del examen médico-ginecológico realizado a la víctima.

Policías allanaron ilegalmente una casa, amenazaron de muerte y golpearon a sus habitantes

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura del decreto de imputación contra cuatro efectivos policiales, por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y amenazas en concurso real, en calidad de coautores. La audiencia de imputación está prevista para el miércoles 24 de febrero.

Las imputaciones recaerán sobre los efectivos G. A. P., de 36 años; R. D. P., de 25; W. D. P., de 44 y C. A. A., de 37, todos con revista en la División de Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera.

Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, iniciaron con la denuncia de dos hermanos, quienes relataron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5, dormían en su vivienda ubicada en barrio Arturo Menu de la sureña ciudad, cuando escucharon ruidos en la puerta. Uno de los ellos dormía junto a su esposa e hija. Al despertarse, ambos hermanos se levantaron para ver qué sucedía y observaron a los uniformados, que golpeaban a un vecino.

Ambos relataron que en ese momento, fueron vistos por uno de los policías, quien sacó su arma, les apuntó y les gritó “quédense quietos o los quemo”. Luego, fueron esposados y golpeados, mientras los subían al patrullero.  Una vez allí y mientras permanecían arrodillados y esposados, fueron golpeados con una cachiporra en la espalda y llevados al hospital, donde luego fueron examinados.

Posteriormente, los denunciantes relataron que fueron nuevamente subidos al móvil, donde uno de los efectivos les dio golpes de puño y con la punta de la cachiporra en el estómago.

Tras esto, fueron llevados a la Comisaría 31, donde los amenazaron, al decirles  que la próxima vez, serían llevados a un descampado y que “no la iban a contar”.

Del decreto surgió que los efectivos policiales, llegaron al domicilio y sin que existiera motivo suficiente autorizado por ley, ingresaron a la vivienda. Una vez allí, con exceso en sus funciones, detuvieron a las víctimas sin la autorización de la autoridad competente y luego, mientras los trasladaban, acometieron en contra de su integridad física, al causarle las lesiones que fueron constatadas.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos fueron corroborados con las denuncias de las víctimas, los certificados médicos, la nómina de los efectivos que estuvieron en el móvil y la copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los acusados.

Humillado y lesionado en una comisaría de Rosario de la Frontera

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre el comisario Carlos Ángel Custodio Teseyra, de 45 años; el sargento Sergio Gustavo Guzmán, de 49 años; y el agente René Alfredo Romano, de 41; todos con revista en la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera.

La investigación inició a raíz de la denuncia radicada por la víctima, un hombre que se encontraba alojado en la Comisaría 31 desde el 16 de septiembre de 2018 y a disposición del Juzgado de Garantías 1.

El denunciante expresó que el 12 de octubre de 2018, fue llevado a la cocina de la dependencia, donde encontró a los efectivos de la Brigada de Investigaciones. Allí, comenzaron a preguntarle de modo prepotente sobre una moto y armas, por lo que el denunciante decidió abandonar el lugar y volver a su celda.

Mientras caminaba hacia el pasillo, escuchó a Guzmán decir “tráiganlo de vuelta para aquí”. Inmediatamente, sintió un golpe en la espalda y que lo agarraban del pelo, mientras lo llevaban nuevamente a la cocina.

Allí, fue rodeado por los efectivos, mientras Guzmán lo señalaba con el dedo y le decía “Yo te voy hacer aca. Vas a andar mal en la calle. Cuando te vea, te voy a parar“, a lo que el denunciante respondió que si sabían que él tenía algo que ver con esa causa, deberían haberlo detenido en su momento. Cuando el detenido quiso salir, fue empujado por el personal antes mencionado, antes de llegar a su celda.

Luego, la víctima sintió dolores en el cuerpo, por lo que se le realizó un examen médico en el hospital Melchora Figueroa de Cornejo, donde se le diagnosticó “traumatismo longitudinal transversal de aproximadamente 25 centímetros, localizado en región torácica posterior, generada hace una hora por un golpe”.

Así, se tiene que los imputados, en el ejercicio de la función policial, ingresaron a la sede de la Comisaria N° 31, donde estaba alojado el denunciante, sin que este se encontrara a su cargo y con el único fin de llevar a cabo un trato humillante, practicado con el exclusivo propósito de mortificar al destinatario, atacaron su sentimiento de dignidad o de respeto que merece como persona y con el que espera ser tratada, al presentarse ante una persona privada de libertad, en una sede en la que nada podían reclamar, para que les informaran sobre una investigación que llevaban adelante.

En visita navideña al penal, quiso ingresar drogas ocultas

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Andrea del Valle Chocobar, de 29 años, acusada del delito de tentativa de entrega de estupefacientes agravado por cometerse en un establecimiento carcelario, en perjuicio de la salud pública.

Las actuaciones iniciaron con la recepción de un acta suscripta por el Grupo de Drogas del Sector 1C, en la que se precisó que el 24 de diciembre de 2020, cerca de las 16.30, la comisión policial a cargo se dirigió a la Unidad Carcelaria 1, donde una oficial precisó que durante una requisa practicada minutos antes a la acusada que concurría a visitar a un interno, se secuestró del interior de su vagina, un envoltorio de polietileno color verde. Ese bulto contenía 25 envoltorios con sustancia blanquecina pulverulenta, cinco con sustancia amarillenta compacta, uno con sustancia vegetal compacta, 16 con 10 pastillas cada uno y un pendrive.

El narcotest realizado a la sustancia pulverulenta dio positivo para cocaína, mientras que el hecho sobre la sustancia vegetal dio positivo para cannabis sativa.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, destacó que la sustancia secuestrada estaba acondicionada y fraccionada en distintos envoltorios, lo que indicó que estaba destinada a la distribución interna dentro del establecimiento carcelario y no dirigido al consumo directo por parte del interno que debía recibir los estupefacientes.

En un control vial, policías lo dejaron inconsciente a los golpes

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre Camila Belén Orellana, de 24 años; Ángel Aníbal Correa, de 40; y Jesús Manuel Atienzo; de 39; con revista en la División de Seguridad Urbana de Metán.

Del requerimiento surgió que el domingo 10 de marzo de 2019, cerca de las 17, el denunciante circulaba en moto por calle 9 de Julio, frente a la plaza de la Villa San José, de Metán, cuando fue adelantado por una camioneta de la fuerza, que luego se le cruzó.

Del móvil bajaron efectivos policiales, quienes advirtieron al denunciante que circulaba en contramano, a lo que el hombre contestó que “iba despacio”. Luego, le pidieron los papeles de la moto y el conductor respondió que “no tenía como llevarlos”.

En ese momento, llevaron al denunciante detrás de un automóvil estacionado sobre calle Urquiza y lo golpearon. La víctima sostuvo que uno de los efectivos le agarró los brazos, mientras otro lo golpeó, sin saber si fue con un palo o con los puños. La víctima fue agredida hasta que perdió el conocimiento y supo luego que fue trasladado a la Comisaría 30, a bordo de otro móvil.

El hecho fue corroborado con la declaración de una testigo, quien presenció el momento en el que los efectivos cruzaron al denunciante y luego lo aporrearon. El examen médico certificó “hematoma en el ojo izquierdo, herida cortante en parpado superior izquierdo de 3 centímetros, derrame conjuntival, hematoma bipalpebral izquierdo, hematoma en pómulo izquierdo, excoriaciones lineales en mejilla izquierda y dolor en mandíbula izquierda y región costal izquierda por golpe”. También le diagnosticaron disminución de agudeza visual del ojo izquierdo.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los imputados excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta desplegada afectó los derechos del sujeto pasivo, que ha recaído en la concreta conculcación de su dignidad y la integridad personal.

Además, el sufrimiento infligido al momento de su detención, sin lugar a dudas configuró un trato denigratorio y humillante, que tuvo por fin mortificar a la víctima, lo que produjo un ataque a su dignidad como persona.

En tal sentido, huelga recalcar que la presencia del personal policial en un lugar en el que pueda existir la comisión de un hecho ilícito – en este caso una contravención – no puede agravar, mediante el uso de la violencia, la situación en desarrollo.

La detienen con marihuana, cocaína y más de un millón de pesos en su poder

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó provisionalmente a Gloria Jorgelina Ríos, de 37 años, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A su vez, el fiscal requirió ante el Juzgado de Garantías 6, el mantenimiento de su detención y la afectación del 30% del dinero secuestrado al Ministerio Público Fiscal, con destino a la lucha contra el microtráfico.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.

De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero último en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la imputada tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.

Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos)

El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada, dio resultado positivo para cannabis sativa, por un peso de 61 gramos. En tanto, la prueba realizada a la sustancia blanquecina, arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, por un peso de 106 gramos.

Durante la investigación, se comprobó que la mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737.

Por instrucción de la Procuración General de la Provincia, el fiscal penal Santiago López Soto requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial N°7838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el 30 % del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia”.

Amenazó al conductor y dañó el auto porque no le pagó lo que pidió

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó provisionalmente a Josías Emanuel Camacho, de 21 años, acusado de los delitos de daños y amenazas, en concurso real.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 6 de febrero, en la zona del corredor turístico Paseo Güemes, donde al acusado –dedicado al cuidado de vehículos estacionados-, le quisieron pagar $20 cuando pedía $50. Entonces, arrojó una piedra al auto de la víctima.

Del decreto de imputación, surgió que al subir el damnificado a su vehículo, se acercó el imputado para cobrarle. El conductor le entregó $20, pero el acusado le dijo que cobraba $50 por cuidar el vehículo. Al decirle la víctima que no tenía más dinero, ambos comenzaron a discutir, hasta que el acusado insultó al conductor, quien se bajó del vehículo. En ese momento, Camacho arrojó una piedra que dañó la puerta del vehículo y escapó corriendo.

El agresor regresó con una baldosa en la mano, con la intención de golpear al conductor, lo que fue impedido por clientes de un local comercial. Lo retuvieron entre tres, hasta la llegada de efectivos policiales.

También surgió que el acusado ya cuenta con antecedentes por robo y hurto.

Policías lo golpearon en la calle y volvieron a hacerlo en el hospital donde lo atendían

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cuatro efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de coautores, en perjuicio de un joven.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos José Rodríguez, José Marti, Yonathan Díaz y Paulo Humano, todos con revista en la División Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera.

Del requerimiento surgió que en la madrugada del 20 de junio de 2019, cerca de las 2, cuando la víctima se disponía a entrar en su domicilio ubicado sobre calle Tucumán, de Rosario de la Frontera, fue interceptado por dos camionetas, de las que bajaron varios uniformados, quienes lo agarraron por la espalda y lo empujaron contra la pared, donde golpeó la cabeza. 

Luego, lo llevaron detrás de la cabina de uno de los móviles, donde lo tiraron al suelo, lo pisaron y le dieron golpes de puño, que le produjeron lesiones en el cuerpo y la cara, que fueron constatadas por certificado médico.

Mientras se encontraban en el hospital para la revisión del médico legal, el padre de la víctima observó a su hijo golpeado en el rostro y comenzó a filmar la situación, por lo que el joven fue llevado hacia un pasillo y fue nuevamente golpeado por los efectivos. 

Tras la revisión médica, los efectivos llevaron al detenido nuevamente a la camioneta, donde volvieron a golpearlo y le dijeron “como sos de pu…, tiene que andar defendiéndote tu papito”.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, advirtió que si bien podría haber recaído una sospecha de comisión de un hecho ilícito o no en la víctima, los efectivos policiales claramente excedieron los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante, permitieron sostener un claro abuso en el uso racional de la fuerza y una afectación concreta en el derecho de la víctima.

Surgió así, la atribución de responsabilidad de los acusados, todos ellos con revista en la División Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera, en calidad de coautores, pues mientras algunos de ellos fueron los que propinaron los golpes que causaron las lesiones, el resto se encontraba en la misma posición de garantes, por lo que pudieron evitar los hechos y no desplegaron ninguna acción en tal sentido.

Imputaron por lesiones graves al guardia que empujó a un abogado en Ciudad Judicial

El fiscal penal 1, Pablo Paz, imputó provisionalmente al guardia de seguridad Oscar Bonifacio Arias, acusado del delito de lesiones graves, en perjuicio del abogado David Leiva. Arias se presentó este viernes a la audiencia asistido por un defensor oficial y optó por declarar.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2020, cerca de las 8, cuando la víctima pretendía ingresar a la Ciudad Judicial por la entrada principal, sin advertir los controles requeridos para el ingreso y luego de ser retirado del hall principal por otro guardia de seguridad.

Leiva concurrió ese día a tribunales para presentar escritos sobre dos causas laborales, después de nueve meses de ausencia en el lugar, debido a las restricciones sanitarias dictadas por las autoridades por la pandemia de COVID-19 y porque pertenece a la población de riesgo, debido a su edad.

Al desconocer los nuevos protocolos de ingreso, Leiva entró por donde lo hacía habitualmente antes de las restricciones y fue increpado por el personal de seguridad privada.

En ese momento, se produjo un altercado en una de las puertas de acceso destinada a los abogados, donde la víctima, luego de ingresar nuevamente y empujar a un guardia, recibió un empujón por parte del imputado, lo que ocasionó que cayera pesadamente sobre su lado izquierdo.

Las lesiones sufridas por Leiva, fueron constatadas mediante un informe médico, que indicó, entre otras, la fractura de radio a nivel muñeca izquierda, lo que actualizó la figura penal mencionada.