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Imputaron a una jubilada por quedarse con $380 mil de otro anciano

El fiscal penal de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó provisionalmente a Sara del Carmen Navarro, de 79 años, acusada del delito de hurto en perjuicio de un jubilado de 89 años. Durante la audiencia de imputación celebrada este lunes, la acusada se abstuvo de declarar. Fue asistida por defensa particular.

Las actuaciones del fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, iniciaron tras la denuncia radicada el 21 abril por un jubilado de Vialidad de la Provincia, en la que indicó que el 7 de enero pasado, le acreditaron la cantidad de $630 mil correspondiente a un juicio de reparación histórica y que el dinero fue gestionado mediante un abogado, a quien contactó mediante la Asociación de Jubilados de la Provincia.

Sostuvo que tomó conocimiento por la acusada, -con quien tenía una relación de amistad-, que el abogado se comunicó con ella vía telefónica para manifestarle que el depósito del dinero estaba listo, por lo que al día siguiente el denunciante asistió junto a la imputada a una entidad bancaria, con el fin de retirar el dinero por ventanilla.

El denunciante sostuvo que tras firmar la entrega, la acusada colocó el dinero en su cartera y que luego se dirigieron al domicilio de la mujer.
Allí, la acusada le entregó parte del dinero que el denunciante no contó en el momento, aunque calculó que fueron aproximadamente $250 mil. En tanto, la mujer se quedó con los $380 mil restantes, y dijo que de ese monto, pagaría los honorarios del abogado para luego depositar el resto en su cuenta bancaria personal.

En su denuncia, el damnificado hizo notar que desde esa fecha, nunca más pudo ponerse en contacto con la imputada, por lo que pidió que se tomaran las medidas legales correspondientes e hizo hincapié en que la acusada se aprovechó de su edad y de sus problemas auditivos y visuales para concretar la sustracción del dinero.

Por último, el denunciante sostuvo que conoce a la acusada desde hace 10 años, por lo que le tenía confianza e incluso le ayudó a realizar trámites personales, pues en ANSES figura como su apoderada.

Un allanamiento realizado en el domicilio de la acusada, permitió el secuestro de $380.000 en efectivo, distintas tarjetas y documentación a nombre del denunciante.

En sus fundamentos, el fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, sostuvo que la valoración inicial se funda en la necesidad de investigar la existencia del hecho, la autoría de la imputada y su calificación legal, que en principio se encuentra provisionalmente comprobada tras las actuaciones llevadas a cabo.

Piden el juicio contra una pareja que vendía drogas en Gauchito Gil

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Néstor Alberto Durán y Sonia Esther Carabajal, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautores.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que Néstor Alberto Durán, alias “Cordobés” y Sonia Esther Carabajal, comercializaban estupefacientes en inmediaciones de su vivienda ubicada en barrio Guachito Gil, de la Ciudad de Salta.

Un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente realizado el 11 de marzo pasado, permitió la detención de los acusados y el secuestro de 99 envoltorios con cocaína y sus derivados y de dos cigarrillos de marihuana. También fueron secuestrados elementos para acondicionar el estupefaciente como, tijeras y cuchillos; teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de $23.330.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los imputados.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar a los imputados mientras entregaban drogas a cambio de dinero a diferentes consumidores, mientras que uno de ellos declaró en fiscalía y reconoció haber comprado estupefacientes a los acusados.

Investigan la muerte de un hombre en Salvador Mazza

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte de Estéfano Barrios, de 28 años, en Salvador Mazza.

Entre las primeras medidas ordenadas por el fiscal Vega, personal de Criminalística realizó las pericias de rigor en barrio Pueblo Nuevo, desde donde fue traslado el joven al hospital, todavía con vida.

Según los primeros testimonios recogidos, el joven habría tenido consumos problemáticos de sustancias e intentó escapar cuando vio al personal policial, que realizaba un control de rutina.

De acuerdo a las primeras declaraciones del personal policial, Barrios tropezó durante la persecución, rompió la botella que portaba y se habría autolesionado con los vidrios. Fue trasladado al hospital local, donde murió.

El cuerpo presenta una herida en el cuello y fue trasladado a Orán para la realización de la autopsia por parte del personal del CIF.

Allanaron ilegalmente un domicilio, empujaron a una embarazada y detuvieron a un hombre sin orden judicial

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones y allanamiento ilegal, en concurso real. Uno de ellos también fue acusado del delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos.

El sargento Pablo Exequiel Toledo también fue acusado del delito de falsedad ideológica, en concurso real con los demás delitos endilgados.

Del requerimiento, surgió que el 2 de febrero de 2020, cerca de las 17, los acusados, quienes en ese momento cumplían funciones en la División Seguridad Urbana a bordo del móvil policial 1829, desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, ingresaron sin autorización al domicilio de la denunciante, ubicado en barrio Solidaridad.

Allí, acometieron en contra de la integridad física de la denunciante y de su hija, a quien empujaron pese a que estaba embarazada. Como consecuencia, la mujer empezó con contracciones y debió ser internada.

Además, en el interior del domicilio aprehendieron al sobrino de la denunciante, sin que se verifique ninguno de los supuestos establecidos por el Código Procesal Penal, para proceder a la privación de la libertad sin orden judicial.

Para avalar el ingreso ilegítimo a la propiedad y la restricción ilegal de la libertad, el oficial Rómulo Segovia confeccionó un informe obrante firmado como testigo por el sargento Pablo Exequiel Toledo.

Recientemente, la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió también ante el Juzgado de Garantías 2, la prisión preventiva de los tres efectivos policiales que fueron detenidos este lunes 19 de abril, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

Piden en juicio contra una banda que vendía drogas en barrio San Benito

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco imputados por los delitos de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas, en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre Juan José Vargas, de 21 años; Ángel Sebastián Vargas, de 23; Matías Ezequiel Vargas, de 27; Eduardo Andrés Giménez, de 36 y Martín Alberto Silvestre Samana, de 21.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima registrada en el sistema del Ministerio Público Fiscal, en la que indicaron que en un inmueble de barrio San Benito de la Ciudad de Salta, vendían drogas las 24 horas del día y que también hacían entregas en moto.

Tras los allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente realizados el 27 de noviembre de 2020 en los domicilios de los imputados, fue secuestrada sustancia estupefaciente cuyo narcotest dio resultado positivo para cocaína y cannabis sativa, que estaba a disposición de los acusados y acondicionada para la venta directa al público.

También fueron secuestrados elementos de corte y fraccionamiento y una balanza gramera, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de $24.360.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los imputados.

También destacó los contundentes elementos probatorios incorporados por el personal policial a cargo de las tareas de investigaciones, quienes lograron documentar fílmica y fotográficamente a los acusados mientras comercializaban sustancias prohibidas y la demora de compradores.

Detienen a tres efectivos de la Brigada de Investigaciones por torturas con submarino seco, taladro y paseo con amenaza de muerte

El Juzgado de Garantías 1 de Orán hizo lugar al pedido de la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y ordenó la detención de tres efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, por la supuesta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal. Se trata de un oficial y dos sargentos, quienes fueron detenidos durante el transcurso de este viernes.

De la investigación preliminar, surgió que los efectivos citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán.

Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.

El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.

Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo perteneciente a la fuerza de seguridad por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.

Uno de los efectivos también habría incurrido en el delito de falsedad ideológica, que concurre en forma real con los demás delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al supermercado a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que los incriminara.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que la plataforma fáctica fue corroborada con la denuncia y declaración testimonial del denunciante, certificados médicos y un video y fotografías aportadas por el propio denunciante, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados en los hechos expuestos.

No declaró “El Chino”, imputado por el homicidio del maquinista de Tartagal

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó provisionalmente a Fernando Nicolás Bravo, alias “El Chino”, por el delito de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de Delfín Antonio Maidana, de 64 años. Durante la audiencia de imputación realizada este jueves por videollamada, Bravo se abstuvo de declarar.

La Intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo tras las actuaciones del destacamento policial Villa Güemes, en las que consta que este miércoles 21 de abril, cerca de las 8:15, la víctima trabajaba como chofer de una maquina motoniveladora en calle Florida, al final de barrio 9 de Julio de esa ciudad.

Allí, el acusado, de 27 años y con antecedentes penales, subió a la cabina donde estaba la víctima y le arrebató el celular. Inmediatamente, la víctima descendió del vehículo y le pidió a Bravo que le devolviera el celular, por lo que el imputado sacó de sus prendas un arma blanca y le propinó varias estocadas. Tras esto, escapó del lugar.

Maidana fue trasladado al hospital Juan Domingo Perón, donde murió.
En tanto, Bravo fue detenido en las cercanías del lugar por parte de personal policial.

Salía de trabajar y dos policías lo redujeron a golpes

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene a dos efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal.

Las imputaciones recayeron sobre el suboficial principal Gustavo Aníbal Cruz, de 47 años y el sargento ayudante Ciro Ramón Illesca, de 42; ambos con revista en la División Seguridad Urbana de Tartagal.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos fueron corroborados por la denuncia y el testimonio del damnificado, certificados médicos y copias del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos.

Del requerimiento, surgió que en la mañana del 21 de octubre de 2018, en calle 24 de Septiembre, los efectivos acusados desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física del denunciante, quien salía de trabajar tras limpiar y desmalezar el frente del CIC Norte, para lo que utilizó un machete.

Entonces, el denunciante fue interceptado por el efectivo Cruz, quien le solicitó que arrojara el machete, tras lo cual se acercó el efectivo Illesca y lo golpeó en la cabeza.

Por este accionar, la víctima se asustó y corrió. Los efectivos lo alcanzaron y lo redujeron a golpes que le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo, que fueron certificadas por exámenes médicos.

Un detenido por el homicidio de un maquinista de Tartagal

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, tomó intervención en la causa que investiga el homicidio de Delfín Antonio Maidana, de 64 años. Por el hecho fue detenido un hombre de 27 años, quien ya cuenta con antecedentes penales. La audiencia de imputación se celebrará este jueves.

La investigación preliminar reveló que la víctima trabajaba nivelando calles en una máquina de la empresa Garín.

Según trascendió por testigos del hecho ocurrido este lunes a plena luz del día, el maquinista se resistió a un robo y recibió heridas provocadas por un arma blanca en el tórax. Fue trasladado al hospital local, donde murió.

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, indicó que el detenido permanecía escondido en las serranías y que fueron realizadas las pericias de rigor por parte de Criminalística.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Orán para la realización de la autopsia.

Una Unidad Fiscal investigará al Intendente de Salvador Mazza

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación, que estará integrada por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot.

La Unidad Fiscal fue creada tras las publicaciones periodísticas de distintos medios en contra del actual intendente de Salvador Mazza, de las que surgió que el jefe comunal vetó una ordenanza que solicitaba al Ejecutivo Municipal, una ayuda económica destinada a dos familias cuyos hijos padecen de leucemia.

Esa ordenanza, oportunamente aprobada por el Concejo Deliberante de ese municipio, estaba destinada a beneficiar a personas que padecen leucemia, principalmente a quienes se encuentren afuera de la comuna y que transitan la enfermedad.

Los fiscales ordenaron las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho.

Es que entre las facultades del Procurador General, se encuentra la de diseñar la política criminal y organizar la persecución penal del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de promover una adecuada administración de justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.