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La Silleta: Derivan a mediación un conflicto por posesión de terrenos

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics, dio intervención al Centro de Mediación Penal del Ministerio Público, en un conflicto entre dos partes, generado por la supuesta posesión de ambas, de tres terrenos ubicados en Villa El Dique, en La Silleta, departamento Rosario de Lerma.

Ambas partes presentaron documentación en la Fiscalía, con el fin de acreditar la propiedad del lote. Para resolver la controversia entre las partes, el fiscal Jovanovics decidió derivar el caso a mediación penal; mientras siguen las actuaciones originadas a partir de las agresiones denunciadas por los supuestos propietarios de los terrenos.

La primera de las denunciantes declaró haber adquirido en 2020 los terrenos y mediante seña; y haber cancelado la compra el 24 de septiembre del corriente año. Como comprobante, presentó un boleto de compraventa.

A principios de octubre se hizo presente en el terreno en el que vio que había una casa en construcción, la que decidió habitar, junto a otras personas, para luego radicar la denuncia por usurpación. Entretanto, unos hombres que dijeron ser albañiles, se presentaron en la casa y dijeron que iban a retirar herramientas. Explicaron que fueron contratados por un tercero.

En ausencia de la denunciante, se apersonó el supuesto contratista de los albañiles, junto a otro hombre, quienes se identificaron como propietarios y agredieron físicamente al resto de los ocupantes. A la tarde, volvieron y lesionaron a quienes se encontraban en la casa y arrojaron sus pertenencias a la calle y profirieron amenazas, armados de elementos contundentes.

Por su lado, el denunciado radicó una denuncia al día siguiente, el 28 de septiembre. Aseguró que en abril de 2021 adquirió un lote, propiedad de un hombre, y que comenzó con un avance de obra y contrató albañiles. Que el día anterior, uno de los albañiles le informó que, al presentarse en la obra, encontró que estaba ocupada por tres personas mayores y un bebé.

Inmediatamente se hizo presente en el lugar y constató que estas personas no contaban con autorización y que comenzaron a arrojarle piedras, ante lo cual se retiró, junto con su cuñado. Por la tarde retornó al terreno, esta vez con su esposa y dos cuñados, abrió el cercado perimetral, estacionó su camioneta y los ocupantes, al verlo, volvieron a atacarlo y se produjeron forcejeos. Dijo que los ocupantes fueron desalojados con sus pertenencias.

En el enfrentamiento, intervinieron tres móviles policiales y una ambulancia que asistió a las personas lesionadas, que estaban dentro de la casa. Más tarde, la esposa del supuesto contratista de albañiles, fue trasladada al Hospital de Quijano donde constataron las lesiones sufridas.

La Fiscalía de Rosario de Lerma está abocada a la resolución del conflicto de origen, referido a la titularidad de las tierras, y encaminar el caso hacia una resolución pacífica.

Caso Mamaní: Admiten pruebas y disponen investigación complementaria

El Tribunal de Juicio, Sala II – Vocalía 3 y Juzgado de Menores 3 del Distrito Judicial Sur, Circunscripción Metán, admitió las pruebas ofrecidas por las partes y dispuso abrir un período de investigación complementaria de 30 días, para la producción de pericias psicológicas, informes socioambientales, laborales y prueba de informes.

En noviembre de 2020, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, requirió la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor y en perjuicio de Luciano Diez.

El requerimiento incluye a cuatro efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia, ya que la fiscala penal Simesen de Bielke también requirió la elevación a juicio contra el cabo Juan Giménez, imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, con coacción, en calidad de autor.

Además, la sargento Julia Antolina Díaz y el sargento Sergio Argañaraz, fueron acusados de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autores.

En tanto, el agente Franco Matías Vizgarra fue imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor. Sin embargo, al no haberse podido verificar que el acusado estuviera en el momento en el que ocurrieron las detonaciones, la fiscala entendió que correspondía dictar el sobreseimiento por el delito de abuso de armas agravado, al igual que tampoco se puede sostener la acusación por el delito de falsedad ideológica, al no existir informes que lo vinculen.

Los hechos por los que irán a juicio

La fiscala penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, en el que se desplazaban los acusados, quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Luciano Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

Debía cuidar de su hijastra, pero abusó de ella

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa en la que un hombre de 34 años fue imputado por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda (dos hechos).

Del requerimiento surgió que el acusado atentó contra la reserva sexual de la niña, en una oportunidad cuando la menor tenía 9 años y en otra cuando alcanzó los 12, aprovechando que estaba a su cuidado y mediante tocamientos en su cuerpo, tal como lo mencionara la niña en su declaración testimonial en circuito cerrado de televisión.

La denuncia fue radicada en septiembre de 2020 por la madre de la menor, días después de enterarse de los hechos, en contra de su expareja y expadrastro de la víctima, de quien en ese momento llevaba separada un año y medio por sufrir violencia de género.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que lo relatado por la menor sobre los hechos sufridos encuentran respaldo en el informe psicológico al que se sometió la víctima y el testimonio de su tía y de una amiga, a quienes les contó lo ocurrido.

El fiscal valoró la coherencia en el relato de la víctima, ya que “por su frescura y espontaneidad son fundamentales los relatos de los menores que fueron víctimas de delitos sexuales, sobre todo cuando brindan precisiones, que de ningún modo pueden haber inventado”.

Del mismo modo, “no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés y odio tendiente a perjudicar al imputado”.

Piden elevación a juicio contra un hombre que abusó de su sobrino

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, investigó una denuncia radicada en enero de 2021 y, reunidas las pruebas necesarias, solicitó la elevación a juicio. El acusado –médico jubilado- se encuentra con prisión domiciliaria.

La fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, elevó el 13 de octubre pasado el pedido de juicio a un hombre de 66 años por abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal (varios hechos) en concurso real y corrupción de menores en concurso ideal en perjuicio de su sobrino.

El 13 de enero de 2021, un joven de 22 años realizó una denuncia en contra de su tío político (marido de su tía) por abuso sexual. Según contó, el hombre abusó de él desde los siete hasta los 15 años.

La víctima contó que su tío aprovechaba los encuentros familiares para someterlo y que, como consecuencia de ello, debió recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico para controlar la ansiedad que sentía.

Desde el momento de la denuncia, la fiscala Martínez reunió distintas pruebas de convicción que la llevaron a solicitar el pedido de elevación a juicio al Juzgado de Garantías N° 2.

El hombre –que se desempeñaba como médico hasta su jubilación- se encuentra con prisión domiciliaria.

El Galpón: Policías golpearon a un detenido en la Subcomisaría

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa en la que tres efectivos policiales fueron imputados por los delitos de severidades calificadas en concurso ideal con lesiones leves.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Ángel Quiñones y los cabos Fabio Adel Saravia y Franco Exequiel Urtado, en calidad de coautores.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia radicada por la pareja de la víctima, quien el 30 de marzo compareció ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Metán y puso en conocimiento que su pareja, quien permanecía detenido en la Subcomisaría de El Galpón por incumplir la prisión domiciliaria, fue tomado del cuello por un efectivo de apellido Saravia y que forcejearon, por lo que fue llevado al lado del comedor. Luego, relató que fue golpeado por otros efectivos.

Del requerimiento, surgió que el 28 de marzo de 2021, cerca de las 0:45,
en la Subcomisaría de El Galpón, los acusados en servicio le impusieron al detenido bajo su custodia un trato riguroso con incidencia en su integridad física y le provocaron lesiones que fueron constatadas mediante certificados médicos.

En sus fundamentos, el fiscal penal Gabriel Alejandro González, sostuvo que la figura penal de severidades pretende proteger la dignidad del ser humano, que deber ser respetada aun en condiciones de encierro legítimo, teniendo en cuenta el derecho de todo individuo a no sufrir tales procedimientos de parte de los funcionarios públicos, que tienen en sus manos el poder que les otorga la función, o a no ver agravada con ellos la privación de libertad que ya sufren.

Violencia Institucional
La Fiscalía de Derechos Humanos recordó que la Violencia Institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.

A fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas, máxime cuando ellas son llevadas adelantes por aquellos titulares de la función de seguridad.

Estas prácticas violentas y en estos ámbitos, han sido históricamente toleradas, por lo que se debe tener presente que en los entornos en la que se produce se advierte un aprovechamiento de una posición ventajosa, que permite una dependencia absoluta o relativa de la autoridad de las personas, que da la condición de posibilidad para el despliegue de las mismas.

Las Lajitas: Condenado por abusar de su hija de 12 años

La fiscala penal multifuero de Joaquín V González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate a cargo de la jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Carolina Poma, que condenó a D.C.C., a la pena de 16 años de prisión efectiva, por ser autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, en perjuicio de una menor.

De la investigación, surgió que el penado, en su domicilio ubicado en barrio Asentamiento de Las Lajitas, atentó contra la reserva sexual de su propia hija, de 12 años, a quien no había reconocido formalmente. Producto de los abusos, la menor resultó embarazada y el vínculo filial con el agresor pudo ser confirmado a través de pruebas genéticas realizadas a la hija y nieta del condenado.

En el fallo, el Tribunal de Juicio dispuso que una vez quede firme la sentencia, el Servicio de Biología Molecular Forense del CIF, extraiga material genético al penado para su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

Condenaron al hombre que mató a otro cuando bebían

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Sergio Daniel González, quien fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por homicidio simple con exceso en la legítima defensa, en perjuicio de Simón Rafael Aguilar.

La jueza de la Sala V del Tribunal de Juicio, Mónica Faber, condenó a Sergio Daniel González a la pena de cuatro años de prisión efectiva por el homicidio simple con exceso en la legítima defensa en perjuicio de Simón Rafael Aguilar, de 59 años.

Durante la audiencia de debate desarrollada en la Sala V del Tribunal de Juicio, declararon familiares de las partes y médicos y peritos del CIF que participaron de la investigación penal. También declaró el acusado, quien admitió que mató a la víctima en el marco de una pelea y dijo que no tenía intención de hacerlo. Luego, pidió perdón a la familia.

El hecho ocurrió en octubre de 2020 en el Encón Chico, departamento Rosario de Lerma, cuando la víctima compartía bebidas alcohólicas con el acusado y tras una discusión, se inició una gresca que culminó con Aguilar lesionado en la zona abdominal con un arma blanca.

Fue asistido en el hospital de Campo Quijano y por la gravedad de la herida, fue trasladado al hospital San Bernardo para una intervención quirúrgica, donde luego falleció.

Colonia Santa Rosa: Detenido e imputado por golpear a su pareja

Un hombre de 38 años fue detenido e imputado por lesionar y amenazar a su pareja. Cuando los efectivos policiales concurrieron para verificar el hecho de violencia intrafamiliar,  descubrieron un invernadero desde donde se secuestraron 26 plantas de cannabis sativa y otros elementos empleados para el cultivo, por el que también se encuentra imputado.

La fiscala penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Raúl Ariel Rodas como autor de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas doblemente agravadas por ser cometidas a una persona con quien mantuvo una relación una relación de pareja, y por ser cometida por un hombre a una mujer mediando violencia de género y amenazas en concurso real.

El hecho ocurrió el pasado 8 de octubre, cuando la víctima regresó a su vivienda luego de trabajar y encontró a su pareja en estado de ebriedad. Habían mantenido una discusión durante la mañana y éste intentó continuarla. La siguió hasta el dormitorio, donde la arrojó al suelo y la golpeó con puños y puntapiés, mientras la amenazaba.

Incluso llamó a la madre de la mujer y le dijo que estaba golpeando a su hija y que la mataría y enterraría en el fondo. Cuando la mujer pudo pedir auxilio, el personal policial que concurrió a verificar el hecho, encontró en el interior de la vivienda, plantas de cannabis sativa y otros elementos por los que ya fue imputado. La víctima fue asistida y un médico pudo constatar las lesiones sufridas.

Las Lajitas: Dos hermanos condenados por tenencia de estupefacientes

El hecho ocurrió el pasado 9 de septiembre, cuando los dos hombres, ante un control policial, arrojaron desde un vehículo, envoltorios que contenían sustancia estupefaciente. En la requisa se encontró otro envoltorio oculto en el fuelle de la palanca de cambios.

La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal, ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito Metán, en la audiencia de juicio abreviado contra Claudio Ramiro Rojas de 21 años y contra Walter Luciano Rojas de 28 años por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

El hecho juzgado ocurrió el pasado 9 de setiembre en Las Lajitas, cuando pasado el mediodía, dos hombres que circulaban por la vía pública en un vehículo, y ante un control policial, uno de ellos arrojó tres envoltorios hacia la calle.

En la requisa, se encontró un cuarto envoltorio oculto en el fuelle de la palanca de cambios. Pudo comprobarse que éstos contenían sustancias estupefacientes.

El juez Héctor Sebastián Guzmán, luego de recibir la confesión de los acusados, le impuso el cumplimiento de una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.

A juicio por abusar de su hija y de una joven con hipoacusia

El hombre de 43 años será llevado a juicio en Metán por cometer actos de abuso sexual en perjuicio de una mujer con hipoacusia, hija de su pareja y por actos de abuso sexual en perjuicio de una hija menor de edad.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, requirió juicio para Mario Daniel Santillán como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia en perjuicio de una mujer de 24 años, hija de su pareja, y como autor del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia en perjuicio de su propia hija menor de edad.

El fiscal sostiene en la acusación que de lo vertido en las declaraciones de ambas víctimas, los testimonios recogidos y otras medidas probatorias realizadas, pudo establecer que el acusado abusó sexualmente de la mujer de 24 años aprovechándose de su vulnerabilidad y que además vulneró la integridad sexual de su hija menor de edad con distintos actos.