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El Colegio de Gobierno del Ministerio Público recorrerá el interior

Fue una de las decisiones adoptadas este lunes, en la primera reunión del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, que preside la asesora General de Incapaces, Mirta Lapad y que integran también la defensora general, María Inés Diez y el procurador General, Abel Cornejo.

Los integrantes del Colegio de Gobierno del Ministerio Público se reunieron para abordar aspectos referidos al funcionamiento institucional del órgano autónomo. En ese marco, Lapad, Diez y Cornejo definieron acciones conjuntas que el Colegio llevará adelante en este período, para aunar esfuerzos en pos de mejorar los servicios que la Defensoría General, la Asesoría General y la Procuración General prestan al ciudadano. Una de las primeras acciones será la de recorrer el interior, para verificar in situ las condiciones edilicias y de recursos disponibles de las oficinas dependientes del sistema de administración de justicia. El fin es optimizar dichos recursos y mejorar las condiciones actuales.

Otros temas abordados en el encuentro fueron los diseños de políticas conjuntas y la programación de la Nueva Escuela del Ministerio Público. La de hoy fue la primera reunión del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, después de la realizada cuando la Asesora General, Mirta Lapad, fue elegida como presidenta del órgano en abril de 2018. El Colegio de Gobierno elige entre sus tres miembros un presidente con mandato de dos años.

El Ministerio Público es un órgano autónomo e independiente de los demás Poderes del Estado, que integra el sistema de administración de Justicia. Está dividido en el Ministerio Público Fiscal (que ejerce la acción penal pública y acciona en defensa de la legalidad, intereses generales, difusos y medio ambiente); Ministerio Público de la Defensa (tiene a su cargo el asesoramiento y representación judicial de personas de escasos recursos y de quienes estuviesen ausentes) y finalmente, el Ministerio Público Tutelar (que vela por los derechos y bienes de los menores e incapaces de hecho).

Policía fue a una casa por un pedido de auxilio y se robó un celular

Una vecina los llamó porque creía que había un ladrón en su vivienda. Junto a un cabo, un agente revisó el domicilio y en el recorrido sustrajo el teléfono de la dueña de casa. Una investigación posterior, permitió descubrir que el aparato fue robado por un agente, quien al ser descubierto confesó y quedó detenido por pedido de la fiscal penal, Ana Inés Salinas Odorisio.

El caso, según lo informado desde la Fiscalía Penal 6, ocurrió en una vivienda del barrio La Paz, en la zona sudeste de la ciudad, a donde dos policías, un cabo y un agente se hicieron presentes en respuesta a un llamado de la propietaria, quien alertó sobre la posible presencia de un ladrón en la casa.

Los policías, en el móvil 1.101, llegaron al domicilio alrededor de las 4.30 del jueves pasado, y tras dialogar con la dueña, Carolina Flores, procedieron a realizar una requisa en la vivienda, pues la vecina indicó que había escuchado ruidos y había personas sospechosas que merodeaban por los alrededores.

Para recorrer la propiedad, Salinas explicó que los dos policías se dividieron y tras finalizar la requisa no encontraron a nadie, por lo que optaron por retirarse. Cuando los policías se marcharon, la dueña de casa advirtió que faltaba su teléfono celular, el que había quedado sobre una mesa, por lo que volvió a llamar a la comisaría 17 de barrio Solidaridad.

En vista de ello, un coordinador del área se presentó en la casa y tras tomar conocimiento de la sospecha de que el teléfono fue sustraído por alguno de los dos policías que llegaron a la casa, se inició una investigación a fin de determinar qué sucedió con el aparato.

Requisa

Bajo directivas de la fiscalía, los policías realizaron posteriormente una requisa a los dos policías en cuestión. Entre las pertenencias del agente, se encontró una batería de las mismas características de la marca del teléfono robado a Flores.

Más tarde, en tanto, otro efectivo al ir al baño de la dependencia policial encontró el aparato robado, por lo que sus superiores colocaron en el mismo la batería hallado en poder del agente, y resultó que la misma correspondía a dicho aparato.

Ante esta situación, el agente, identificado como David Pedro González, reconoció haber tomado ilegalmente el teléfono de la casa de Flores, por lo que de inmediato se produjo la detención del suboficial, como así también el secuestro del teléfono en cuestión.

La fiscal informó que se llevó adelante la correspondiente audiencia de imputación en contra del agente por el delito de hurto calificado agravado por la función de policía del acusado, no obstante, recuperó su libertad con medidas sustitutivas por haberse recuperado el celular. Asimismo, se declaró el caso como flagrante y bajo proceso sumarísimo.

“Denuncias web” generó 3 mil operativos antidrogas y mil condenas

En lo que va del año, el programa de denuncias web lanzado el 4 de junio de 2016, un año y medio después de que Salta se adhiriera a la desfederalización de drogas, recibió más de 1.500 denuncias anónimas vinculadas a la comercialización de drogas en la ciudad, con un promedio de entre 10 y 12 por día.

El sistema de denuncias web, creado por técnicos del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, ingresó al ruedo de la lucha contra el narcotráfico con gran éxito, pues en sus primeros meses los datos aportados por los ciudadanos derivó en la apertura de nuevas investigaciones penales.

Según estadísticas aportadas por el Ministerio de Seguridad, las denuncias web por venta de drogas generaron más de tres mil procedimientos antidrogas, y le permitió a la justicia dictar cerca de mil condenas por comercialización de estupefacientes.

El éxito de este método llevó a extender el sistema a los casos de robos y hurtos, un programa similar al de casos de droga lanzada en marzo pasado. Hasta la fecha, las denuncias por delitos contra la propiedad ya suman más de 350, de las cuales el 70 % son con denunciantes identificados, mientras que el 30 % restante son de carácter anónimas.

Patricia Aballay, Coordinadora Informática del Ministerio Público, indicó que de este número, el 80 % son del área centro, mientras el 20 % pertenecen al interior de la provincia. “En promedio se reciben 7 denuncias por día”, sostuvo.

Aballay explicó que en el caso de robos y hurtos, los denunciantes tienen la posibilidad de identificarse, pues de esta manera se los puede contactar en caso de que la fiscalía competente logre la detención del sospechoso y se recuperen los bienes robados.

“No obstante, también existe la posibilidad de que las personas permanezcan en el anonimato. También se instrumentó una aplicación móvil para los teléfonos celulares, con lo cual los ciudadanos pueden tener una acceso más ágil y directo al sistema”, agregó.

El fiscal Federico Jovanovics, de la Unidad Contra Robos y Hurtos,  sostuvo que “esto ha comenzado hace dos meses y tenemos un crecimiento sostenido de la cantidad de denuncias, la respuesta de la gente ha sido muy buena”.

“Tenemos denuncias anónimas y nominadas, esa es la posibilidad que se le da a la gente. Cuando una persona decide hacer la denuncia con nombre y apellido inmediatamente recibirá la llamada desde la fiscalía para saber si tienen datos adicionales, y su expectativa respecto a la denuncia”, agregó.

Por otra parte, mencionó que el sistema permite también dar una respuesta a situaciones administrativas. “La comodidad de radicar la denuncia, desde un domicilio particular permite que aquellos que deben recuperar su número de celular, activar un seguro o iniciar la recuperación de una tarjeta SAETA lo hagan rápidamente”, explicó.

También señaló, entre otros usos de este sistema, que la fiscalía no solo se dedica a investigar las denuncias de forma individual sino también se realizan “Análisis delictivos para desarticular fenómenos de este rango, un robo que puede ser individualmente considerado como algo aislado, cuando se ve en el conjunto se puede determinar que no lo es sino que es parte de la actuación de una banda dedicada a este tipo de hechos. Esta fiscalía se dedica también a generar esos datos e investigar organizaciones criminales”.

Cómo utilizar la app de Denuncias Web Salta

Microtráfico

Gustavo Torres Rubelt, uno de los fiscales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, en tanto, explicó que en su caso la experiencia con el sistema de denuncias web es de larga data. “Es importante destacar a la ciudadanía que el total de las denuncias que se realizan a través del sistema web conservan y protegen el anonimato de quienes las hacen por cuestiones de seguridad”.

A partir de los datos que llegan a la UFINAR, los investigadores pueden realizar distintas tareas, entre ellas un “Análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los datos que traen las denuncias para hacer mapeos, donde se identifican lugares donde existe una modalidad específica que nos permite abordar cada uno de los casos”.

“Cabe resaltar, asimismo, que la tras los datos que llegan a partir de este programa, se suma el valioso aporte de los policías de la División de Drogas, quienes hacen la tarea de campo y complementan la investigación. Por otra parte, y en vista del trabajo conjunto que llevamos con la justicia federal a través de la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación), los casos que nos exceden por la competencia no quedan de lado, pues pasan a manos de los fiscales federales, pero el trabajo es conjunto”.

Se pronuncian por la necesidad de instrumentar fiscalías ambientales

Fiscales y auxiliares forenses de los distintos Ministerios Públicos de Argentina, reunidos en Santa Fe, se pronunciaron sobre la urgente necesidad de instrumentar fiscalías especializadas en el abordaje de conflictos ambientales. Salta, donde ya existe un proyecto con media sanción para la creación de Fiscalías Ambientales, tuvo una participación activa en dichas jornadas.

El encuentro, denominado “Pericia Ambientales en el marco de Ciencia y Justicia”, fue presidido por el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, quien declaró de interés del Ministerio Público que preside las jornadas.

Asimismo destacó que el evento fue co-organizada con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el Consejo Federal de Política Criminal y el Ministerio Público de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

De la jornadas participación distintos expertos en materia ambiental en la órbita nacional, entre ellos Luciano J. Merini, Ana Andrea Audisio, Jorge Herkovits, Adonis Giorgi, Germán Stalker. En representación del Ministerio Público de Salta, en tanto, participó Sebastián Lloret, Secretario Relator en Asuntos Ambientales e Intereses Difusos de la Procuración General.

Durante el encuentro, del cual participaron más de veinte fiscales y auxiliares forenses de los distintos Ministerios Públicos del país, se abordaron distintas temáticas de la materia, entre ellas “Conceptos generales”, “Marco jurídico”, “Salud y medio ambiente” y “contaminación del aire y agua”, entre otros.

En los talleres y espacios de participación, los participantes discutieron y coincidieron en resaltar la necesidad de que en el país se instrumenten fiscalías especializadas que puedan abordar los conflictos ambientales de manera integral.

Al respecto, Lloret, quien expuso sobre la temática de Marco Jurídico, indicó que de las distintas exposiciones y discusiones quedó claro que a través de las fiscalías ambientales, la justicia podría atender los problemas civiles, penales y contenciosos administrativos que estén vinculados en esta clase de conflictos. “De esta manera se podría brindar una mayor seguridad socio ambiental a los ciudadanos”, sostuvo.

Asimismo, destacó que a partir de la instrumentación de las fiscalías ambientales, se podrían obtener protocolos comunes de abordaje del diagnóstico, peritaje y valoración científico-técnica de los casos ambientales, como así también robustecer una red de colaboración entre todos los organismos fiscales dedicados a la cuestión ambiental.

Ademas, se resaltaron los resultados que trajeron en una primera etapa la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) federal, la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFEMA) de la Ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía de Investigaciones Rurales y Ambientales (FIRA) de Corrientes y las fiscalias integrales de Jujuy en proceso de implementarse.

Media sanción

En nuestra provincia, cabe recordar que en noviembre del año pasado, la Cámara de Senadores trató y otorgó media sanción a un proyecto para la instrumentación en Salta de Fiscalías Penales Ambientales. El proyecto pertenece a un grupo de legisladores liderados por el senador Roberto Gramaglia y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy .

La propuesta recepta las modernas líneas de trabajo de las fiscalías ambientales integrales como el caso de las españolas, brasileras y peruanas, entre muchas otras. El proyecto aprobado tiene dos cuestiones esenciales y superadoras para atacar de raíz el problema ambiental, que es complejo e involucra cuestiones de tipo ecológicas y técnicas, pero también económicas, laborales, culturales y sociales.

Por un lado, el fiscal deberá abordar el caso en todas sus dimensiones, más allá de las competencias administrativas, civiles, contravencionales y penales. Estos funcionarios tendrán como obligación usar todas las herramientas técnicas, jurídicas y mediadoras para resolverlo y asegurar la protección ambiental y social, más allá de que el hecho provenga de actividad industrial, minera, de servicios públicos, domiciliarios, agrícolas, forestales o turísticos.

“Realmente se puede visibilizar el cambio”

Cristina Lozano, la coordinadora del “Programa de Intervención con Agresores en Cumplimiento de Condena por Violencia contra la Pareja”, brindó detalles de cómo se trabaja con los participantes y los recursos utilizados para lograr un cambio de conducta en los mismos.

Al referirse al programa, la licenciada Cristina Lozano, contó que los participantes se dividen en 10 grupos de trabajos, todos con hombres condenados con penas de prisión condicional. Los profesionales involucrados son psicólogos y trabajadores sociales, quienes tienen experiencia en violencia de género y dinámica de grupo.

Los postulantes que tienen un consumo activo o estén bajo tratamiento, con padecimientos de una patología mental, causas pendientes de resolución y fijación de condena no son recomendables. Si durante el programa, los participantes se presentan con evidentes signos de consumo de sustancia, incurren en conductas violentas y faltan seguido, también son expulsados del curso.

En estos aspectos somos muy rigurosos, pues se debe entender que los participantes están bajo condena y la realización del programa es una regla de conducta impuesta, la que en caso de ser incumplida provocará que se pierda el beneficio de la excarcelación. El programa se extienden por 5 meses, con 24 encuentros de una duración de dos horas, y además existen tres entrevistas personales.

Cambios de conducta

En los encuentros, se motiva a los participantes a realizar los cambios violentos en su conducta, por lo que primero se los escucha y a medida que transcurre el programa se los capacita sobre recursos que le permitan mantener una comunicación no violenta, resolver conflictos, y mejorar en sus relaciones de amor con su pareja y de construcción social.

A medida que avanzamos, se han realizados reajustes. Por ejemplo, reforzamos aspectos que tienen que ver con la perspectiva de género e incorporamos módulos sobre nuevas masculinidades y rol paterno. En todos los casos, se favorece el espacio vivencial y la reflexión a partir de los hechos emergentes que surjan de los encuentros.

“Tenemos jóvenes y mayores, la formación educativa y social es heterogénea y eso de algún modo es muy buenos, ya que permite la interacción de sujetos que comparten aspectos en común”, explicó Lozano, quien agregó que frecuentemente se hacen informes de seguimientos, los que son derivados a los fiscales y jueces.

“Los resultados son muy positivos, más allá de los números se advierte mucho compromiso de los participantes. Hemos tenidos todos los espacios posibles, desde el trabajo y desde el hacer. Estamos muy satisfechos por el trabajo, realmente se puede visibilizar el cambio en muchos casos”, señaló Lozano, quien agradeció al procurador por no sólo tener la visión de abordar esta problemática desde este punto de partida, una iniciativa que ahora “está siendo reconocida ampliamente no como una cura de la violencia, sino un paliativo en el que se pueden evidenciar resultados”.

Salta sobresale en Mendoza por un programa que trata a violentos

Sucedió en las VIII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, realizadas en Mendoza, durante un panel en el que expertos expusieron los avances registrados, tanto en América como en Europa, respecto a los programas dirigidos al tratamiento de agresores, una modalidad innovadora que en los últimos años cobró ímpetu como un recurso más para combatir la violencia de género.

En Salta, el Ministerio Público Fiscal por iniciativa del Procurador General, Pablo López Viñals, implementó en marzo del año pasado un programa que tiene, casualmente, como objetivo el tratamiento de violentos. El mismo se denomina «Programa de Intervención con Agresores en Cumplimiento de Condena por Violencia contra la Pareja de la Provincia de Salta».

Esta iniciativa alcanzó un gran éxito, pues a un año de su puesta en marcha, un total de 62 hombres, con condenas de carácter condicional por delitos de género, fueron sometidos a este programa y sólo se registraron hasta el momento 2 que reincidieron en conductas agresivas hacia sus parejas, por lo que se les revocó el beneficio y pasaron a cumplir la pena impuesta en prisión.

Actualmente, el programa tiene 33 hombres bajo tratamiento, tanto en la capital como en localidades de Cerrillos y Rosario de Lerma. La coordinadora del programa, la psicóloga, Cristina Lozano, participó recientemente en las VIII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, uno de los eventos más importantes que se desarrollan anualmente sobre esta problemática.

En este caso se desarrolló en Mendoza, donde Lozano compartió un panel con Rubén Arenas, Referente del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, del Ministerio de la Mujer de Chile y Mónica Cruz, Máster en Psicología Forense y Criminal, coordinadora del Servicio de Atención a Hombres que Ejercen Violencia, de Barcelona.

Ambos disertantes juntos a Lozano representaron a los pocos países en el mundo que innovaron en el tratamiento al agresor, un sistema que ahora es visto con asombro y mucha expectativa en todo el mundo por los resultados alcanzados, sobre todo por la baja reincidencia de sus participantes.

En ese marco, Salta descolló en las jornadas realizadas en Mendoza por los resultados expuesto por Lozano, quien en su ponencia realizó un detallado devenir del programa implementado en nuestra provincia desde marzo del año pasado.

Entre las presentaciones, ante un público de más de 900 asistentes, la mayoría de ellos operadores judiciales, la de Salta sobresalió, tanto por los resultados expuestos como por las experiencias obtenidas y los protocolos de actuación elaborados para la implementación del programa.

Objetivos

“El programa ofrece a los participantes recursos y estrategias que les permitan desarrollar conductas más asertivas en su interacción con la mujer y evitar así conductas violentas”, señaló Lozano, quien explicó que “todo se inició en el año 2016, cuando por iniciativa del procurador se decidió replicar un programa que se desarrolla en Barcelona, España, bajo la dirección de Andreu Estela Barnet, Jefe de la Unidad de Relaciones Externas e Institucionales del Consejo General del Poder Judicial”.

A propósito, y a partir de gestiones de la Procuración General, este experto llegó a Salta, donde expuso sobre el programa ante diputados y senadores, quienes se mostraron sorprendidos cuando Estela Barnet reveló que a partir de este programa, en su país, la tasa de reincidencia pasó del 25% al 6%.

“El programa avanzó satisfactoriamente y permitió sumar nuevos profesionales, tanto del Ministerio Público Fiscal como del área de salud pública. Contamos con 10 grupos, los que están conformados por 10 a 12 hombres, la mayoría de la capital y también de localidades como Cerrillos y Rosario de Lerma”, explicó Lozano.

También destacó la labor de todos los profesionales y la supervisión constantes de la Secretaria Letrada de la Procuración General, Milagros Ward y el aporte de los fiscales de violencia de género que echan mano de este programa.

“El trabajo se encaró con mucha seriedad. De los 105 participantes, todos condenados por delitos de género, 62 ya finalizaron su participación, 33 están en cursos. Hubo 13 de deserciones, las que devinieron por inasistencia”, agregó.

Respecto a los casos de reincidencias, sostuvo que “sólo hubo dos casos, uno con un participante que fue denunciado cuando terminó el programa, por lo que se le revocó la pena condicional; el otro participante, en tanto, incurrió en una conducta de violencia a mitad del curso”.

Con intervención del CIF retiran desechos contaminantes del Parque Nacional Los Cardones

Se trata de baterías de plomo ácido, las que estaban acumuladas en la cima del cerro Malcante o Negro. A pedido de la justicia federal, peritos del Área Ambiental del CIF analizaron muestras y determinaron que el material es un potencial contaminante de metales pesados, por lo que recomendaron su desalojo, tarea realizada por Gendarmería Nacional.

La intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en la determinación del material determinado como potencial contaminante de la flora y fauna en el Parque Nacional Los Cardones, se produjo a partir de una solicitud realizada por el fiscal federal 2, Eduardo Villalba, en el marco de una causa iniciada como “averiguación de ilícito”.

La misma se originó por informes de guardaparques de Los Cardones, quienes en sus distintas recorridas por el extenso predio, ubicado en la localidad de Payogasta, más precisamente en la cima del cerro Malcante o también conocido como Negro, encontraron una pila de baterías de plomo ácido acumuladas al pie de una antena, cuyo propietario se encuentra ya identificado por la justicia federal.

Las baterías son más de 60, similares a las que utilizan los camiones de mayor porte, las cuales fueron abandonadas al aire libre sin ningún tipo de resguardo que impida que las mismas contaminen el suelo, la flora y fauna de dicho parque nacional.

Estudios

A fin de establecer el riesgo ambiental de dicho material desechado, expertos del Área Ambiental del Servicio de Ingeniería y Química Forense del CIF analizaron una serie de muestras que a fines del año 2017, que una expedición de guardaparques lograron recolectar a partir de una capacitación que recibieron de parte de los peritos respecto a los protocolos a seguir para resguardar las muestras.

Debido al clima y al terreno, al que se accede con mulas y está ubicado a 5.200 metros de altura sobre el nivel del mar, los guardaparques lograron primero recolectar algunas de las baterías y posteriormente, se obtuvieron muestras de suelo.

Estos elementos fueron sometidos a distintos estudios científicos por parte peritos del CIF, los que luego en un informe recomendaron que el material en cuestión sea retirado de la cima, pues determinaron que se trataba de un potencial contaminante de metales pesados.

Los expertos señalaron que si bien en las muestras de suelo no se hallaron niveles que superen las medidas vigentes de alarma, en este caso, para el área agrícola, sí resaltaron que ante el deshielo constantes en la cima del cerro y otros factores climáticos, como así también el hecho de que estos desechos fueron abandonados a cielo abierto, era recomendable su desalojo del lugar.

Asimismo, recodaron que ninguna reglamentación legal permite el acumulamiento de material contaminante en áreas protegidas, como sucede en este caso, ya que se trata de un Parque Nacional. En vista de las conclusiones del reporte del Área Ambiental del CIF, la fiscalía solicitó al Juzgado Federal interviniente que se ordene el desalojo del material potencialmente contaminante de la cima del cerro.

Esta tarea fue comisionada a Gendarmería Nacional, la que llevó a cabo en los últimos días el desalojo de dichas baterías de la zona señalada en riesgo por los guardaparques. Por otra parte, se dispusieron las medidas legales correspondientes para con el propietario de la antena de VHF, la cual es alimentada con las baterías que posteriormente eran desechadas en el mismos lugar.

El desalojo de dicho material trajo tranquilidad a los guardaparques, baqueanos y pobladores de la zona, quienes habían planteado reiteradas alertas respecto al cúmulo del material que, a simple vista, consideraban bajo riesgo de contaminación.

Valle Calchaquí: ordenan medidas por denuncia de daño ambiental en el vertedero

Entre otras diligencias, la Fiscalía Penal de Cafayate solicitó pedidos de informes al Consorcio que administra el vertedero de residuos, a los tres municipios que comparten tal predio y se dispuso una inspección por parte de la Policía a la vez que se requirió una comisión del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Las medidas se tomaron en torno a una denuncia presentada por un vecino, quien reveló detalles del supuesto daño ambiental producto de incendios en el vertedero ubicado en el municipio de Animaná, donde se tratan los residuos de esa localidad y los de Cafayate y San Carlos.

El denunciante sostuvo que la planta estaría colapsada y habría dejado de funcionar desde hace ocho meses, lo que provocó olores nauseabundos, contaminación ambiental y el incendio de la basura generó una densa neblina que afecta la circulación por la ruta 40 y también alcanzó a la zona poblada de Animaná.

En vista de ello, la fiscal penal, Sandra Rojas ordenó a policías de la División de Criminalística de Cafayate que realicen una inspección ocular en el lugar, donde pudieron verificar algunos aspectos señalados en la denuncia. Asimismo, solicitó una serie de documentación sobre el funcionamiento de la planta de tratamiento de la basura a la dirección del Consorcio que nuclea a los tres municipios beneficiados con el vertedero.

Lo mismo se requirió a cada uno de los municipios, en particular sobre las medidas o el accionar que cada comuna realiza o realizó en torno al control y funcionamiento de la planta ubicada en Animaná, eje central de la denuncia.

La fiscalía espera ahora otros informes solicitados a fin de conocer más a fondo la situación del vertedero, no obstante, no se descarta solicitar también que una comisión de peritos experto en materia de daño ambiental del Cuerpo de Investigaciones Fiscales lleve adelante un estudio en el vertedero respecto a la situación y funcionalidad del vertedero.

Refuerzan la investigación conjunta entre fiscales federales y provinciales

A partir de un convenio firmado por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y el Procurador General de Salta, Pablo López Viñals, se dejó formalizada la posibilidad de crear equipos de trabajo entre ambos organismos, en los cuales se espera intercambiar información criminal y otros datos estadísticos.

La relación de camaradería que existe entre los fiscales de la Justicia Federal de Salta y del Ministerio Público de Salta, una característica ya reconocida a nivel nacional, se vio reforzada a partir de la firma de un convenio que permitirá profundizar aún más el trabajo en conjunto.

Este instrumento legal se formalizó en el marco del seminario “Desafíos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación en Salta y Jujuy”, evento que se llevó a cabo en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta.

Del seminario, participaron juristas de renombre, tanto local como a nivel nacional, como así también funcionarios y legisladores. Entre ellos, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano; el Procurador General de Salta, Pablo López Viñals; el senador nacional, Rodolfo Urtubey; el Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone; y la Defensora ante los Tribunales Orales Federales de Salta, Clarisa Galán.

En el marco de este seminario, los procuradores Casal y López Viñals formalizaron la firma de un convenio que permitirá crear “Equipos Conjuntos de Investigación” a partir de los cuales, los fiscales federales y provinciales podrán intercambiar información criminal y estadísticas sobre hechos ilícitos que impacten simultáneamente en las competencias de los fiscales federales y provinciales

López Viñals resaltó la firma de este convenio, ya que “no sólo consolida la excelente relación que existe entre los fiscales federales y de Salta, sino también ayudará en el avance de la investigación de los distintos hechos criminales que suceden en nuestra provincia”. Casal, asimismo, reconoció y destacó la tarea en conjunto que vienen realizando los fiscales en esta provincia, sin importar a que organismo pertenecen sino en pos de un mismo objetivo de persecución penal.

Reforma

Garavano, en tanto y respecto a la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, señaló que con este paso, a sustanciarse a partir del 10 de junio en Salta y Jujuy, “este nuevo sistema lo que hace es cambiar como investiga la justicia federal, especialmente los casos graves, de corrupción, narcotráfico, trata de personas. Este Código prevé procesos más rápidos, más agiles, con audiencias orales, con  más derechos para las víctimas y con un proceso que debería durar sustancialmente menos. Hoy procesos que duran más de 10 años, nosotros esperamos que esto se reduzca sustancialmente y a partir de la experiencia que se de en Salta y Jujuy, se aplique al resto del país,” dijo.

Distinguen al Ministerio Público Fiscal de Salta a nivel nacional

El Ministerio Público Fiscal de Salta fue distinguido por funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en cumplimiento a la implementación del Convenio Interjurisdiccional “Datos Judiciales Abiertos”, el cual busca mejorar la calidad y transparencia de la información estadística judicial.

El pasado martes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó un encuentro entre autoridades de las instituciones judiciales que firmaron el convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el objetivo de “unificar las estadísticas judiciales oficiales sobre delitos, causas y procesos”, información que se publica en el Portal de Datos Justicia Argentina www.datos.jus.gob.ar.

En octubre del 2016 inició el trabajo con la firma del Convenio Interjurisdiccional de Datos Judiciales Abiertos, donde instituciones judiciales de todo el país suscribieron este documento, a fin de implementar un protocolo técnico de datos y procesos, que se rige por los principios de anonimidad, calidad, celeridad, gradualidad y cooperación.

Cabe mencionar que desde el mes de abril de 2017, el equipo de trabajo coordinado por la Secretaria Letrada, Milagros Ward y la Coordinadora de Informática, Patricia Aballay, ambas de la Procuración General de Salta, vienen trabajando en la implementación y transferencia segura de los datos requeridos.

El Procurador General de la Provincia Pablo López Viñals, recibió la distinción por parte del Secretario de Justicia de la Nación, Dr. Santiago Otamendi, el Subsecretario de Justicia y Política Criminal, Dr. Juan José Benítez y la Coordinadora del Programa Justicia Abierta, Dra. Sandra Elena.