Confirman la prisión preventiva del exjuez Claudio Parisi y el abogado Ortega Serrano en una de las causas por cohecho

El ex juez es acusado de recibir dinero a cambio de otorgar arresto domiciliario a César Martínez, acusado de tentativa de femicidio. Junto a Parisi, también cumplen prisión preventiva el abogado Roberto Ortega Serrano, el empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Alderete y otros involucrados, investigados por actuar como intermediarios en el beneficio procesal.

La Sala III del Tribunal de Impugnación, en feria y a cargo de la jueza María Edith Rodríguez, dio por rechazados los recursos interpuestos por la defensa del exjuez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Manuel Alderete, confirmando así la prisión preventiva impuesta por sentencia del titular del Juzgado de Garantías 1 de Orán, Raúl López.

En la causa mencionada, el recientemente destituido juez de Garantías Claudio Parisi está siendo investigado por haber recibido dinero para beneficiar con el arresto domiciliario a César Daniel Martínez (a) Oreja, en la causa en la que se encontraba acusado de tentativa de femicidio de su ex pareja.

También se encuentran imputados y cumpliendo prisión preventiva el abogado de la matrícula Roberto Ortega Serrano, el empleado de la Defensoría de Violencia de Género de Orán, Manuel Alderete, y el ex Secretario del Juzgado de Garantías 2 de Orán, Maximiliano Germán Correa (quien cumple arresto domiciliario por problemas de salud). Según la imputación, los acusados actuaron como intermediarios para que el ex juez Parisi recibiera la suma de dinero a cambio del beneficio procesal concedido.

Cabe recordar que César Daniel Martínez fue acribillado con 12 balazos en la puerta del domicilio donde cumplía la prisión domiciliaria concedida por Parisi. Posteriormente, el exjuez negó la autorización para allanar los domicilios solicitados por la Fiscalía, con el objetivo de identificar a los autores del crimen, lo que fue uno de los motivos de su destitución.

César Daniel Martínez (a) Oreja era hermano del ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez (a) Conejo, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de entorpecer la investigación del homicidio de su hermano, utilizando información facilitada de manera irregular por el ex magistrado Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano.

El Tribunal de Impugnación consideró que la Unidad Fiscal interviniente había reunido suficientes elementos de cargo para vincular en ese estado del proceso, a los imputados, con el paso de sumas de dinero a cambio de favores procesales en los expedientes que se encontraban a cargo del entonces juez, destacándose la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares secuestrados. Además, se consideró que existían riesgos procesales, debido a la probabilidad de que los imputados reciban una pena de cumplimiento efectivo, lo que genera el peligro de fuga.

La prisión preventiva fue solicitada por la Unidad Fiscal interviniente, compuesta por los fiscales Mariana Torres, Daniela Murúa, Carlos Salinas y Daniel Espilocín.

Disponen prisión preventiva para el juez Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano en una de las causas por cohecho

Ambos fueron imputados en una causa que involucra graves acusaciones de corrupción. Ambos enfrentarán prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El juez Raúl López, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 1 de Orán, dispuso la prisión preventiva del juez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de una Defensoría de Violencia de Género de la ciudad de Orán, Héctor Manuel Alderete, quienes se encuentran imputados por el delito de cohecho. Asimismo, dispuso el arresto domiciliario del abogado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñó como secretario letrado de Parisi, hasta que su estado de salud permita su traslado a un establecimiento de detención, dado que padece trombosis.

En su sentencia, el magistrado coincidió con la existencia de los riesgos procesales resaltados por la Unidad Fiscal interviniente, integrada por los fiscales Daniela Murua, Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniel Espilocín, consistentes en la posibilidad de que los imputados reciban una pena de ejecución efectiva, y el comportamiento de los mismos que puso en peligro los fines de la investigación.

En este contexto, se destacó que el abogado Roberto Ortega Serrano evitó que le confiscaran su teléfono celular durante un allanamiento al arrojarlo a una propiedad vecina. Por su parte, el juez Claudio Parisi, en el ejercicio de sus funciones, omitió dictar las providencias correspondientes para avanzar en las causas tramitadas en el Juzgado a su cargo.

En esta causa, el juez se encuentra acusado de recibir dinero a cambio de otorgar el arresto domiciliario a César Daniel Martínez, quien se encontraba acusado del delito de tentativa de femicidio contra su pareja. Martínez, además, es hermano del destituido intendente de la localidad de Aguas Blancas.

Esta maniobra se habría realizado con la intermediación del secretario letrado del juez, Maximiliano Correa; del abogado de César Daniel Martínez, Roberto Ortega Serrano; y de Héctor Alderete, empleado de la Defensoría de Violencia de Género, quien, según la declaración de Correa, se hacía pasar por secretario privado del juez.

Además, al juez Claudio Parisi se le imputa haber denegado un allanamiento solicitado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación por el homicidio de César Daniel Martínez, quien recibió 12 disparos en la puerta del domicilio donde cumplía el arresto domiciliario otorgado por el magistrado.

Cabe recordar que por éstas causas, el Procurador General solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia la destitución del juez Parisi. La denuncia fue admitida y se encuentra pendiente la fijación de las fechas para las audiencias.

Fiscales apelan fallo y piden revocar el arresto domiciliario otorgado a Ortega Serrano y Martínez

El Recurso fue interpuesto contra el fallo que otorgó arresto domiciliario a Roberto Ortega Serrano y Carlos Alfredo Martínez. Consideran que el juez no merituó adecuadamente los riesgos procesales, como la posibilidad de manipulación de pruebas y la influencia sobre testigos.

La Unidad Fiscal interviniente, presentó un Recurso de Apelación ante el Juez de Garantías 1 Raúl López en contra de la sentencia notificada el pasado 10 de octubre, en la cual se dispuso no hacer lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que en su lugar, se otorgó el arresto domiciliario con consigna policial fija a favor de los imputados Roberto Ortega Serrano y Carlos Alfredo Martínez.

La Unidad Fiscal considera que la decisión del magistrado parte de un grave error en la interpretación del art. 386 del C.P.P.S ya que se limita a exponer como requisito indispensable para la procedencia a la afectación de la libertad, la probable aplicación en firme de una pena privativa de la libertad y no alcanzó a entender que la postura fiscal se dirige a los otros supuestos que autoriza la aplicación de la prisión preventiva. En el caso del imputado Ortega el riesgo concreto de entorpecer la investigación y por el lado del encartado Martínez se le suma también la posibilidad de la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo en atención a sus antecedentes condenatorios.

La prisión preventiva fue solicitada debido al peligro de entorpecimiento, con fundamentos claros que detallan la conducta obstructiva de Ortega Serrano, quien en oportunidad de ser allanado en otra investigación evitó el secuestro de su celular arrojándolo a una propiedad vecina. En este caso transfirió información al allanado previo a que se ordene la ejecución de la medida, información que habría obtenido indebidamente valiéndose de su condición de abogado. En el supuesto de Martínez, desarrolló artilugios para influir en la declaración de testigos.La Unidad Fiscal señala en la presentación, que el arresto domiciliario no es una medida adecuada para mitigar el peligro de entorpecimiento, dado que los imputados, desde sus domicilios, pueden seguir influyendo en testigos u ocultando pruebas a través de medios tecnológicos a los que tienen fácil acceso. En el caso de Martinez, consideran inconveniente que el domicilio consignado para cumplir el arresto se encuentre ubicado al frente de la Municipalidad de Aguas Blancas. Además, destacan la gran conmoción social que en los Municipios del Norte se generó por las conductas de los imputados, lo que agrava la necesidad de medidas restrictivas para asegurar la correcta continuación de las investigaciones, de conformidad al art. 19 de la Constitución Provincial, teniendo en cuenta que dos de los encartados cumplían función pública.

El Ministerio Público Fiscal espera que el recurso de apelación sea tratado con la urgencia que el caso amerita, a fin de corregir los errores cometidos en la resolución impugnada y garantizar que las investigaciones sigan su curso sin nuevas interferencias.

La Unidad Fiscal recurrirá la sentencia que benefició con arresto domiciliario a Alfredo “Conejo” Martinez y al abogado Roberto Ortega Serrano

La Unidad Fiscal interviniente interpondrá un Recurso de Apelación en contra de la decisión del Juez a cargo del Juzgado de Garantías de Oran, Raúl Fernando López,  mediante la que rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado del ex intendente CARLOS ALFREDO MARTINEZ y el letrado imputado ROBERTO ORTEGA SERRANO, para luego beneficiarlos con el arresto domiciliario a fin de que se revisen los fundamentos cuestionados ya que se considera insuficientes los motivos expuestos por el Magistrado aludido, y sin someterlos previamente además, aunque fuera a un método de control electrónico.

Entre los argumentos formulados en el pedido de prisión preventiva, los representantes del Ministerio Público Fiscal, hicieron expreso hincapié en el daño hasta ahora inmensurable, que ya se ocasionó a la investigación del homicidio de César Martínez, alias Oreja, al divulgarse información reservada sobre los allanamientos que se solicitaban durante el desarrollo de las pesquisas, anoticiándose a los allanados, previo al otorgamiento y realización de las medidas, frustrando así su finalidad.-

Esencial resulta advertir que el pedido de prisión preventiva solicitado no había sido solo por el riesgo de fuga necesariamente, sino primordialmente por el riesgo de entorpecimiento del proceso, en el sentido de que los imputados continúen con la conducta entorpecedora del deber investigativo del homicidio por sicariato a cargo del Ministerio Publico Fiscal, con conductas dañinas como las que ya fueron señaladas y advertidas

Ahora bien, el Juez reconoció que existen elementos para vincularlos con el hecho investigado, sin embargo ponderó genéricamente que no existían indicios de fuga, disponiendo conceder el arresto domiciliario con un simple control ambulatorio, sin efectuar mayores precisiones respecto a su decisorio.

En tal sentido, considera la Unidad Fiscal que lo resuelto, además de lo antes señalado, también ha demostrado ser insuficiente en el Distrito Judicial de Orán para el riesgo de fuga, en atención a la cercanía con la zona de frontera y el sobrecargo a las funciones de las fuerzas de seguridad provincial. Por último, tampoco se valoró las exigencias que establece el art. 20 de la Constitución Provincial, en cuanto al estado de conmoción social que los hechos investigados han causado en la comunidad oranense.

Allanan al juez Parisi y detienen al intendente Martínez y al abogado Ortega Serrano

Se realizaron procedimientos en Orán y Aguas Blancas, que involucraron un total de ocho domicilios. Durante los operativos, se secuestró una camioneta y otros elementos de interés para la causa.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniela Murúa, dirigió hoy el allanamiento del domicilio particular del juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi. Esta medida requirió la autorización previa de la Corte de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 y 17 del Código Procesal Penal de la Provincia, en relación al domicilio del magistrado.

Simultáneamente, el juez de Garantías Raúl López autorizó la detención del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, y del abogado Roberto Ortega Serrano. El intendente Martínez se presentó de forma voluntaria en el Juzgado de Orán, por lo que el juez de Garantías solicitó la presencia de la policía de la provincia para hacer efectiva la detención.

Posteriormente, se llevó a cabo la detención del abogado Ortega Serrano, durante la cual se le secuestró su camioneta, teléfono celular y la suma de 400 mil pesos en efectivo.

Es importante destacar el trabajo investigativo realizado desde el inicio de la causa, y ejecutado en las medidas adoptadas hoy, por el Departamento de Investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales, bajo la dirección del Comisionado Coadyuvante de la Procuración, Crio. Gral. Juan Ramón Miranda. El despliegue operacional se desarrolló en coordinación con diversas áreas investigativas GAP Salta, Tartagal, Orán, la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) Salta Capital, Zona Norte, así como el personal de UDIS y el grupo especial de UFINAR.

Se allanaron un total de ocho domicilios, incluyendo la vivienda particular del juez Parisi, donde fue necesario recurrir a la fuerza pública al no encontrarse nadie presente, así como el domicilio de su esposa. También se allanaron la vivienda del abogado Ortega Serrano, y tres propiedades del intendente Martínez: dos en Aguas Blancas y una en Orán.

Cabe recordar que la sospecha investigativa sostiene que el juez Claudio Parisi obstruyó la investigación de la muerte de César Martínez, permitiendo el acceso indebido del abogado Roberto Ortega Serrano a un expediente de su juzgado y comunicando al intendente Martínez, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía planeaba allanar sus domicilios. Esta intervención del letrado referido no registra fundamento procesal alguno para tal accionar, menos aun de la transferencia de esa sensible información, todo lo que, objetivamente podría haber perjudicado el tramite en curso de las labores investigativas, que estaban dirigidas al aseguramiento de indicios probatorios necesarios para responder  a la autoría y móvil del homicidio en cuestión. 

Solicitan la detención del juez Parisi, el intendente Martínez, y el abogado Ortega Serrano por entorpecer investigación judicial

Ademas se pidió autorización judicial para realizar allanamientos en el marco de una investigación. Hasta esta hora, los pedidos solicitados aún no han sido resueltos.

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, solicitó hoy la detención del juez Claudio Parisi, del intendente Carlos Alfredo Martínez,  y del abogado Roberto Ortega Serrano. Este pedido fue elevado al juez de Garantías Raúl López, debido a la inhibición del juez Francisco Oyarzú para continuar con la causa.

La solicitud se fundamenta en que sus acciones entorpecieron la investigación, permitiendo que el magistrado diera acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicara al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.

Además, se requirió solicite la autorización de la Corte de Justicia de Salta para allanar el domicilio del juez Parisi, con el objetivo de secuestrar elementos clave que permitan avanzar en la investigación. 

La intervención de la máxima autoridad judicial es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, quien está imputado por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional. A esta hora aun no se resolvieron los pedidos solicitados.

 

 

 

 

Nuevas imputaciones contra el juez Parisi, el abogado Ortega Serrano, que implican al Intendente Martínez

En esta nueva causa se sospecha que los nombrados intercambiaron información confidencial, relacionada a la investigación penal por el homicidio del hermano del intendente. La maniobra frustró allanamientos y entorpeció el curso de la investigación.

El juez Claudio Alejandro Parisi, el intendente Carlos Alfredo Martínez y el abogado Roberto Ortega Serrano fueron imputados por haber facilitado acceso a información confidencial vinculada a una investigación penal en curso, relacionada al homicidio agravado de César Daniel Martínez, hermano del Intendente.

El análisis de los datos extraídos del teléfono celular de Carlos Martínez revelan conversaciones con el abogado Ortega Serrano, en las que intercambian informes confidenciales relacionados con la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado; que incluyen solicitudes de allanamiento sobre varios inmuebles, entre ellos el del propio intendente, así como las respuestas del juez Parisi a dichos requerimientos.

Durante el trámite del expediente, Parisi a fines de resolver el pedido de allanamiento, solicitó a la Fiscalía UGAP la remisión del legajo fiscal de investigación, extrajo copias completas, que fueron agregadas a las actuaciones y permitió posteriormente las compulsas de las mismas al abogado Ortega Serrano, quien era ajeno a la causa, con el agravante de que se encontraban medidas judiciales pendientes. Esta acción, derivó en la obstrucción de las medidas solicitadas por la Fiscalía, entre las que se encontraban el registro del domicilio de Martínez.

El secuestro del celular del Intendente, del cual se obtuvo esta información, había sido denegada por el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú, decisión revocada por el Tribunal de Impugnación, por la actividad recursiva de la Fiscalía.

Las imputaciones efectuadas por la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murua y Carlos Alberto Salinas, contra Claudio Alejandro Parisi fueron por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Por su parte, Roberto Ortega Serrano y el intendente Carlos Alfredo Martínez fueron acusados como coautores de los delitos de entorpecimiento de acto funcional y cómplices primarios en la violación de secretos, por haberse reunido los elementos de sospecha necesarios que se requiere en este estadio de investigación.