Confirman la prisión preventiva del exjuez Claudio Parisi y el abogado Ortega Serrano en una de las causas por cohecho

El ex juez es acusado de recibir dinero a cambio de otorgar arresto domiciliario a César Martínez, acusado de tentativa de femicidio. Junto a Parisi, también cumplen prisión preventiva el abogado Roberto Ortega Serrano, el empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Alderete y otros involucrados, investigados por actuar como intermediarios en el beneficio procesal.

La Sala III del Tribunal de Impugnación, en feria y a cargo de la jueza María Edith Rodríguez, dio por rechazados los recursos interpuestos por la defensa del exjuez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Manuel Alderete, confirmando así la prisión preventiva impuesta por sentencia del titular del Juzgado de Garantías 1 de Orán, Raúl López.

En la causa mencionada, el recientemente destituido juez de Garantías Claudio Parisi está siendo investigado por haber recibido dinero para beneficiar con el arresto domiciliario a César Daniel Martínez (a) Oreja, en la causa en la que se encontraba acusado de tentativa de femicidio de su ex pareja.

También se encuentran imputados y cumpliendo prisión preventiva el abogado de la matrícula Roberto Ortega Serrano, el empleado de la Defensoría de Violencia de Género de Orán, Manuel Alderete, y el ex Secretario del Juzgado de Garantías 2 de Orán, Maximiliano Germán Correa (quien cumple arresto domiciliario por problemas de salud). Según la imputación, los acusados actuaron como intermediarios para que el ex juez Parisi recibiera la suma de dinero a cambio del beneficio procesal concedido.

Cabe recordar que César Daniel Martínez fue acribillado con 12 balazos en la puerta del domicilio donde cumplía la prisión domiciliaria concedida por Parisi. Posteriormente, el exjuez negó la autorización para allanar los domicilios solicitados por la Fiscalía, con el objetivo de identificar a los autores del crimen, lo que fue uno de los motivos de su destitución.

César Daniel Martínez (a) Oreja era hermano del ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez (a) Conejo, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de entorpecer la investigación del homicidio de su hermano, utilizando información facilitada de manera irregular por el ex magistrado Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano.

El Tribunal de Impugnación consideró que la Unidad Fiscal interviniente había reunido suficientes elementos de cargo para vincular en ese estado del proceso, a los imputados, con el paso de sumas de dinero a cambio de favores procesales en los expedientes que se encontraban a cargo del entonces juez, destacándose la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares secuestrados. Además, se consideró que existían riesgos procesales, debido a la probabilidad de que los imputados reciban una pena de cumplimiento efectivo, lo que genera el peligro de fuga.

La prisión preventiva fue solicitada por la Unidad Fiscal interviniente, compuesta por los fiscales Mariana Torres, Daniela Murúa, Carlos Salinas y Daniel Espilocín.

El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó al juez de Garantías de Orán, Claudio Parisi

Este jueves 12 de diciembre, el Jurado de Enjuiciamiento, tras deliberar, hizo lugar a lo solicitado por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, durante sus alegatos, y destituyó de su cargo, por decisión unánime, al magistrado. Asimismo, se dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 8 años.

Durante la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones, este jueves se llevaron a cabo los alegatos de las partes.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, como titular de la promoción de la denuncia, comenzó su alegatos refiriéndose en forma individual a cada una de las cinco causas que la integran y apoyado en soporte multimedia, detalló cada una de las irregularidades detectadas y expuestas a lo largo de la audiencia de debate.

Al concluir sus alegatos, García Castiella sostuvo la acusación y pidió al Jurado de Enjuiciamiento un fallo ejemplar, solicitando la remoción del cargo del suspendido juez Claudio Parisi y su inhabilitación por el período que se considere adecuado. Por su parte, la defensa de Parisi solicitó su absolución.

Tras un cuarto intermedio, el Procurador General ejerció su derecho a réplica, y realizó aclaraciones sobre cuestiones introducidas por la defensa en sus alegatos.

Finalizada la contrarréplica del defensor, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, pasó a deliberar.

En su resolución, el Jurado de Enjuiciamiento, haciendo lugar a lo solicitado por el Procurador General, destituyó a Claudio Parisi como juez de Garantías 2 de Orán y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un período de 8 años. Los fundamentos de la decisión serán dados a conocer el próximo 19 de diciembre.

En representación del Ministerio Público Fiscal, además del Procurador General, Pedro García Castiella, estuvieron los fiscales penales Pablo Rivero y Daniel Espilocín, y los secretarios letrados Aldo Saravia y Marcos Rubinovich.

Alegatos en el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Parisi

Este miércoles se recibió la declaración de los testigos citados por la acusación y se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 12 para dar lugar a los alegatos.

Al reanudarse la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones, se procedió a la recepción de la declaración de los testigos citados por la acusación promovida por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella.

Entre los testigos que comparecieron, brindó su testimonio la abogada Sandra Domene, quien ratificó en todas sus partes la denuncia realizada oportunamente por cohecho, en vinculación a su entonces defendido, en la causa que investiga el robo en perjuicio de la empresa Abra del Sol. Además, la letrada expuso con precisión las circunstancias en las que la familia de José Dimas Ruíz debió abonar las sumas de 10 mil y luego 5 mil dólares, bajo la amenaza de que éste sería víctima de abuso sexual en su lugar de detención.

Otro testimonio de relevancia fue el de la Secretaria del Juzgado de Garantías 2, Mariana Ferreira, quien se refirió a los procedimientos que se cumplían el Juzgado y reconoció irregularidades en trámites realizados en el expediente de Rebeca Pereyra, en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Un oficial de la Policía Federal relató que estuvo a cargo de la detención de César «Oreja» Martínez en noviembre de 2021 y refirió que éste le manifestó abiertamente que «ya le había pagado al Juez» y, posteriormente, le precisó que se trataba del suspendido magistrado.

También declararon empleados administrativos que cumplieron funciones en el Juzgado, quienes se refirieron a los procedimientos que se aplicaban en la tramitación de causas, así como un técnico informático que realizó la extracción de datos de teléfonos celulares secuestrados.

Finalizadas las testimoniales, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 12 a las 8.30 para dar lugar a los alegatos.

Inició el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Claudio Parisi

El suspendido magistrado prestó declaración al iniciar la audiencia y comenzó la incorporación de la prueba producida.

Este martes dio inicio la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones.

El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados.

En representación del Ministerio Público Fiscal participan el Procurador General, Pedro García Castiella, junto con los fiscales penales Pablo Rivero y Daniel Espilocín, y los secretarios letrados Aldo Saravia y Marcos Rubinovich.

Tras la lectura de la acusación promovida por el Procurador General de la Provincia de Salta, en la que se solicita la destitución del juez Claudio Parisi conforme a lo establecido en el artículo 160 de la Constitución Provincial, y se invocan las causales de mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, se procedió a leer el escrito en el que el acusado expone su descargo.

El juez optó por prestar declaración en la audiencia, respondiendo a la acusación en su contra, aunque decidió no aceptar preguntas.

Finalizada la declaración, se dio lugar a la incorporación de la prueba, momento en el que se reprodujeron audios de relevancia para la acusación. Dichos audios corresponden a llamadas grabadas por la sargento Mariana Castellanos, sobrina del juez Parisi —quien actualmente se encuentra en prisión—, y revelan negociaciones irregulares con mujeres investigadas por tráfico de estupefacientes. En las grabaciones, Castellanos invocaba la influencia del juez Parisi para ofrecer beneficios judiciales, como el mantenimiento de detenciones domiciliarias o la «paralización» de las causas, a cambio de dinero. Estos elementos, incorporados como prueba en el Jury de Enjuiciamiento, resultan claves en la causa penal donde se investiga un presunto entramado de corrupción policial.

El Jurado de Enjuiciamiento dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 8:30, momento en el cual se dará inicio a la recepción de testimoniales.

Cabe recordar que Claudio Parisi se encuentra suspendido en su cargo por decisión del Jurado de Enjuiciamiento, además de encontrarse detenido con prisión preventiva en el marco de una causa penal en la que se lo investiga por el delito de cohecho.

Disponen prisión preventiva para el juez Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano en una de las causas por cohecho

Ambos fueron imputados en una causa que involucra graves acusaciones de corrupción. Ambos enfrentarán prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El juez Raúl López, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 1 de Orán, dispuso la prisión preventiva del juez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de una Defensoría de Violencia de Género de la ciudad de Orán, Héctor Manuel Alderete, quienes se encuentran imputados por el delito de cohecho. Asimismo, dispuso el arresto domiciliario del abogado Maximiliano Germán Correa, quien se desempeñó como secretario letrado de Parisi, hasta que su estado de salud permita su traslado a un establecimiento de detención, dado que padece trombosis.

En su sentencia, el magistrado coincidió con la existencia de los riesgos procesales resaltados por la Unidad Fiscal interviniente, integrada por los fiscales Daniela Murua, Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniel Espilocín, consistentes en la posibilidad de que los imputados reciban una pena de ejecución efectiva, y el comportamiento de los mismos que puso en peligro los fines de la investigación.

En este contexto, se destacó que el abogado Roberto Ortega Serrano evitó que le confiscaran su teléfono celular durante un allanamiento al arrojarlo a una propiedad vecina. Por su parte, el juez Claudio Parisi, en el ejercicio de sus funciones, omitió dictar las providencias correspondientes para avanzar en las causas tramitadas en el Juzgado a su cargo.

En esta causa, el juez se encuentra acusado de recibir dinero a cambio de otorgar el arresto domiciliario a César Daniel Martínez, quien se encontraba acusado del delito de tentativa de femicidio contra su pareja. Martínez, además, es hermano del destituido intendente de la localidad de Aguas Blancas.

Esta maniobra se habría realizado con la intermediación del secretario letrado del juez, Maximiliano Correa; del abogado de César Daniel Martínez, Roberto Ortega Serrano; y de Héctor Alderete, empleado de la Defensoría de Violencia de Género, quien, según la declaración de Correa, se hacía pasar por secretario privado del juez.

Además, al juez Claudio Parisi se le imputa haber denegado un allanamiento solicitado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación por el homicidio de César Daniel Martínez, quien recibió 12 disparos en la puerta del domicilio donde cumplía el arresto domiciliario otorgado por el magistrado.

Cabe recordar que por éstas causas, el Procurador General solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia la destitución del juez Parisi. La denuncia fue admitida y se encuentra pendiente la fijación de las fechas para las audiencias.

Detienen al juez Claudio Parisi tras ser acusado de entorpecer una investigación penal

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de hoy. Quedó alojado en la Comisaría de Hipólito Yrigoyen.

Tras el levantamiento de inmunidad resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento y a requerimiento de la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murua y Carlos Alberto Salinas, el Juzgado de Garantías N° 1 del Distrito Judicial Norte de Orán, a cargo del juez Raúl López, emitió una orden de allanamiento con el objetivo de proceder a la inmediata detención del juez Claudio Alejandro Parisi.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la causa en la que se investiga al magistrado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. En el contexto de esta misma investigación, Roberto Ortega Serrano y Carlos Alfredo Martínez se encuentran imputados como cómplices primarios por entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos.

La medida fue ejecutada por la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) del Norte y la UEI de Salta Capital, dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los efectivos se presentaron en el domicilio del magistrado, quien, al ser notificado, acompañó voluntariamente al personal a cargo del operativo hacia el móvil oficial, a fin de llevar adelante todas las diligencias correspondientes.

Tras el control de legalidad realizado por el Juzgado de Garantías, Parisi quedó alojado en la Comisaría de Hipólito Yrigoyen.

Allanan al juez Parisi y detienen al intendente Martínez y al abogado Ortega Serrano

Se realizaron procedimientos en Orán y Aguas Blancas, que involucraron un total de ocho domicilios. Durante los operativos, se secuestró una camioneta y otros elementos de interés para la causa.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniela Murúa, dirigió hoy el allanamiento del domicilio particular del juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi. Esta medida requirió la autorización previa de la Corte de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 y 17 del Código Procesal Penal de la Provincia, en relación al domicilio del magistrado.

Simultáneamente, el juez de Garantías Raúl López autorizó la detención del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, y del abogado Roberto Ortega Serrano. El intendente Martínez se presentó de forma voluntaria en el Juzgado de Orán, por lo que el juez de Garantías solicitó la presencia de la policía de la provincia para hacer efectiva la detención.

Posteriormente, se llevó a cabo la detención del abogado Ortega Serrano, durante la cual se le secuestró su camioneta, teléfono celular y la suma de 400 mil pesos en efectivo.

Es importante destacar el trabajo investigativo realizado desde el inicio de la causa, y ejecutado en las medidas adoptadas hoy, por el Departamento de Investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales, bajo la dirección del Comisionado Coadyuvante de la Procuración, Crio. Gral. Juan Ramón Miranda. El despliegue operacional se desarrolló en coordinación con diversas áreas investigativas GAP Salta, Tartagal, Orán, la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) Salta Capital, Zona Norte, así como el personal de UDIS y el grupo especial de UFINAR.

Se allanaron un total de ocho domicilios, incluyendo la vivienda particular del juez Parisi, donde fue necesario recurrir a la fuerza pública al no encontrarse nadie presente, así como el domicilio de su esposa. También se allanaron la vivienda del abogado Ortega Serrano, y tres propiedades del intendente Martínez: dos en Aguas Blancas y una en Orán.

Cabe recordar que la sospecha investigativa sostiene que el juez Claudio Parisi obstruyó la investigación de la muerte de César Martínez, permitiendo el acceso indebido del abogado Roberto Ortega Serrano a un expediente de su juzgado y comunicando al intendente Martínez, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía planeaba allanar sus domicilios. Esta intervención del letrado referido no registra fundamento procesal alguno para tal accionar, menos aun de la transferencia de esa sensible información, todo lo que, objetivamente podría haber perjudicado el tramite en curso de las labores investigativas, que estaban dirigidas al aseguramiento de indicios probatorios necesarios para responder  a la autoría y móvil del homicidio en cuestión. 

Solicitan la detención del juez Parisi, el intendente Martínez, y el abogado Ortega Serrano por entorpecer investigación judicial

Ademas se pidió autorización judicial para realizar allanamientos en el marco de una investigación. Hasta esta hora, los pedidos solicitados aún no han sido resueltos.

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, solicitó hoy la detención del juez Claudio Parisi, del intendente Carlos Alfredo Martínez,  y del abogado Roberto Ortega Serrano. Este pedido fue elevado al juez de Garantías Raúl López, debido a la inhibición del juez Francisco Oyarzú para continuar con la causa.

La solicitud se fundamenta en que sus acciones entorpecieron la investigación, permitiendo que el magistrado diera acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicara al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.

Además, se requirió solicite la autorización de la Corte de Justicia de Salta para allanar el domicilio del juez Parisi, con el objetivo de secuestrar elementos clave que permitan avanzar en la investigación. 

La intervención de la máxima autoridad judicial es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, quien está imputado por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional. A esta hora aun no se resolvieron los pedidos solicitados.

 

 

 

 

Presentan nuevo requerimiento de juicio al titular del Juzgado de Garantías 2 de Orán

Al magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, y a una funcionaria policial con quien posee relación de parentesco, se los acusa de recibir dinero a cambio de que el primero otorgue el arresto domiciliario y luego impida que la causa llegue a juicio.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murúa y Carlos Alberto Salinas, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente la elevación a juicio oral y público de la causa seguida en contra de Claudio Alejandro Parisi y Mariana Cristina Castellanos, quien se encuentra privada de su libertad desde el año pasado, como coautores del delito de cohecho pasivo agravado, previsto en los artículos 257, 45 y 46 del Código Penal, y en contra de Beatriz Leniz, como autora del delito de cohecho activo, previsto en los artículos 258 y 45 del Código Penal.

Cabe recordar que, en contra de Claudio Parisi, ya se encuentra en trámite un requerimiento a juicio por la comisión del mismo delito, en una causa vinculada al robo de la empresa Abra del Sol, en la cual también se encuentra procesado Cristian Gabriel Palavecino, y donde los fiscales concluyeron que le concedió el arresto domiciliario al imputado Dimas Ruiz a cambio de una suma de dinero.

El presente proceso se inicia a partir de un informe presentado ante la Procuración General de la Provincia de Salta por parte de la Fiscal Penal 2 de Orán, donde planteaba que, en el marco de una investigación que llevaba adelante contra policías pertenecientes al grupo SINAR 23 de Orán, del análisis de las comunicaciones contenidas en el celular de la investigada Mariana Castellanos, surgen diálogos entre esta y Beatriz Leniz, imputada por comercializar estupefacientes, en los que se acuerda la concesión de beneficios procesales a cambio de dinero para el juez de Garantías a cargo de la causa.

Ante esta situación, y en aquella oportunidad, el Procurador General dispuso la creación de una Unidad Fiscal mediante la Resolución N.º 1463/23, de fecha 29 de septiembre de 2023, para llevar adelante la investigación de la sospecha inicial.

Con el avance de las tareas investigativas, el equipo fiscal constató un trato cercano entre la acusada de venta de drogas, Beatriz Leniz, y la sargento Castellanos, quien no solo integraba la División que debía investigarla, sino que además actuaba como intermediaria con el magistrado que actuaba como juez de Garantías, para evitar que las actuaciones llegaran a la etapa del debate y que las acusadas mantuvieran el arresto domiciliario.

Surge también de lo investigado que la acusada Castellanos invocaba abiertamente su relación de parentesco con el Magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, señalando que se trataba de su tío (lo que se pudo verificar de manera certera con la información remitida por el Registro Civil de la provincia). La funcionaria policial, invocando el nombre de Parisi, llegó a solicitar a Leniz la suma de 400 mil pesos con el fin de asegurarle la desvinculación del proceso, señalando también que debía entregarse una parte del dinero pactado en concepto de adelanto.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la encartada Leniz evidenciaba un manejo preciso y pormenorizado del estado procesal de la causa que la tenía involucrada. Como es de público conocimiento, esta información es restringida y solo podría conocerse mediante la transferencia de información por parte de los sujetos procesales intervinientes. Debemos resaltar que el trámite de la investigación contra Leniz y otros estaba a cargo de una fuerza de seguridad distinta a la local.

Leniz, por su parte, requirió además que se le diera acceso a un cuaderno que le habían secuestrado, donde tenía anotaciones de interés. Lo que evidentemente sucedió, pues pudo determinarse que la cadena de custodia del secuestro mencionado había sido violentada y que no existe constancia en los registros de que haya sido remitido a otra dependencia. Sin embargo, se acreditó la afectación de las medidas de seguridad del bien secuestrado y bajo resguardo judicial.

El equipo Fiscal concluye que el motivo consignado por el juez como fundamento de la prisión domiciliaria otorgada a Beatriz Leniz en la sentencia del 10 de agosto de 2023 fue utilizado para encubrir el origen ilícito de la misma, consistente en la promesa de una suma de dinero que la imputada le daría al Magistrado a través de la sargento Castellanos, a cambio de que no solo se mantuviera ese beneficio, sino también se evitara que la causa fuera llevada a juicio. Esta contraprestación no se cumplió, en razón de que el Juez tomó conocimiento de que Beatriz Leniz fue detenida nuevamente por «ofrecimiento de dádivas» e intentó ocultar su proceder ilícito, revocando, sin fundamento válido alguno y contrariando su propio criterio, el arresto domiciliario otorgado.

Los extremos expuestos constituyen algunos de los elementos que elevan la sospecha inicial de persecución penal y obligan a presentar el acto procesal de realización de la audiencia de debate. Previo a ello, la causa deberá transitar la etapa de control de la acusación a cargo del Magistrado interviniente.