María Cash: Bullrich, Villalba y Cornejo acordaron cómo funcionará la comisión especial de búsqueda

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el fiscal federal Eduardo Villalba, autoridades de Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También participó el abogado de la familia Cash, Pedro García Castiella. Acordaron la integración de una comisión especial que investigará la desaparición de María Cash.

Tal como fue anunciado en septiembre pasado por el Ministerio Público Fiscal, la comisión será conformada por el Departamento de Investigaciones del CIF, junto a Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cristalizó en la reunión de este martes la decisión de aportar desde la cartera nacional los nombres de los oficiales de las fuerzas nacionales, que oportunamente fueron sugeridos por la familia Cash.

Uno de ellos es el actual director Antidrogas de Gendarmería Nacional, comandante Gabriel Riveros, especializado en inteligencia criminal y quien se desempeñó en las primeras etapas de la causa. En ese marco, Bullrich se comprometió personalmente este con las autoridades y la familia Cash, a autorizar la afectación del oficial a la investigación. El aporte del Ministerio Público Fiscal de la Provincia será a través del jefe del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila y su equipo. Dávila es abogado especializado en investigación criminal y su nombre también fue sugerido por la familia Cash para integrar la comisión que buscará dar con el paradero de María Cash.

Para avanzar en la constitución de la comisión investigadora, solo se requería la autorización de la cartera de Seguridad para afectar a los investigadores de Gendarmería y PSA. Por lo demás, los presentes coincidieron en que la investigación articulada con la Procuración General de la Provincia, no afectaría ni violaría jurisdicciones porque está vigente un convenio de asistencia recíproca con el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que permitió que el Gobierno Nacional aportara fondos para la adquisición del equipamiento para el CIF.

La investigación es de competencia federal porque se sospecha que María Cash fue víctima de una red de trata de personas. En el caso, el juez federal Miguel Medina delegó parcialmente la investigación en el fiscal Eduardo Villalba, de acuerdo a lo establecido por el Art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

El 19 de septiembre pasado, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a María del Carmen Gallego y Máximo Cash, madre y hermano de María Cash. Con ellos estuvieron el abogado Pedro García Castiella, patrocinante de la familia en la causa federal que investiga el paradero de la joven, y la abogada Sandra Furio, del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

La diseñadora María Cash desapareció a los 29 años. Fue vista por última vez en Salta, el 8 de julio de 2011, en el acceso a la capital provincial, donde funcionaba la estación de peaje de la empresa Aunor.

Mejor diálogo entre abogados y científicos, más interdisciplina y protocolos federales contra la impunidad

Los disertantes del ciclo de conferencias “Ciencia y Justicia. Un diálogo complejo” coincidieron en la necesidad de fortalecer los equipos de investigación a través de la multidisciplinariedad científica, porque ninguna especialidad puede llegar a la verdad por sí sola. También fue eje el objetivo de mejorar el diálogo entre científicos y abogados, -fiscales o jueces-, y generar protocolos federales para mejorar investigaciones. Sostienen la importancia que tiene que la Procuración de la Provincia cuente con un laboratorio científico para evitar la impunidad.

El ciclo de conferencias organizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) e Innocence Project Argentina, que contó con el auspicio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y la colaboración del Ministerio Público Fiscal, fue inaugurado por el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien destacó la trayectoria de los especialistas e instó a los presentes a aprovechar su conocimiento, porque es no habitual que disertantes de esa talla se reúnan en un mismo espacio. Entre los más de 130 asistentes (entre funcionarios del MPF, fiscales, médicos, psicólogos, antropólogos y otros científicos), estuvieron los integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores.

El presidente de Innocence Project Argentina, Manuel Garrido, contó que esa red nació en Estados Unidos en 1992, con la misión de liberar a personas encarceladas o condenadas a la pena capital por crímenes que no cometieron y de reformar el sistema penal responsable por las condenas injustas. Y que la aplicación de las ciencias forenses (a través de pruebas genéticas, por ejemplo), permitió revocar un 44% de condenas que ya estaban firmes. También apuntó a otras causas de condenas injustas, tales como el desconocimiento o prejuicios de los operadores de justicia, los límites éticos de los testigos, la falta de herramientas de control en juicios, las confesiones falsas y las irregularidades policiales o fiscales. Garrido reconoció que “dar vuelta una condena es una tarea titánica” y recomendó que los científicos forenses argentinos cuenten con autonomía, protocolos sólidos y estándares de calidad.

Por su parte, el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fonderbrider apuntó a la necesidad de mejorar el diálogo entre abogados y científicos, porque una tarea depende de otra para lograr una investigación exitosa. “La ciencia es importante, pero tiene limitaciones”, afirmó Fonderbrider, además de destacar la tendencia de la interdisciplinariedad en la investigación de delitos, porque se suman a diario nuevas disciplinas y herramientas. El antropólogo dijo que debe desterrarse el “aura de infalibilidad” cuando se admiten pruebas científicas en pruebas judiciales y que además del arduo trabajo, los científicos deben contar con espacios de investigación y reflexión, formar comités de revisión de métodos de pruebas y elaborar manuales de buenas prácticas forenses, además de producir protocolos únicos federales, que sean una guía en cada uno de los 24 distritos federales.

Posteriormente, el director del Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense, Carlos Vullo describió cómo la genética modificó parámetros de las ciencias forenses. Habló sobre los problemas reales de la genética forense y la necesidad de contar con datos de genética poblacional para avanzar en investigaciones complejas. Por ejemplo, los perfiles genéticos pueden comprarse con la base de perfiles genéticos poblacionales. Es que los mapas abren la posibilidad de realizar cálculos de probabilidad estadísticos, algo muy útil para investigar crímenes complejos, delitos sexuales y juicios de filiación, entre otros.

En tanto, el director de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Jorge Herbstein, dijo que “la estrella” de cualquier investigación, es el trabajo en equipo, porque cuando falla una parte, lo hace la maquinaria completa. Remarcó la tarea aunada del fiscal y los científicos y consideró que debería existir un Manual Federal de Guías Practicas para las autopsias médico-legales. Antes, deberían unificarse los criterios de exploración tanatológica, consensuarse un protocolo marco de autopsia federal, implementarse estándares mínimos por patología, crearse un Foro Forense Federal y firmarse un convenio de Capacitación Tanatológica Federal.

Finalmente, la directora de Laboratorio Sueño y Memoria del CONICET, Cecilia Forcato, describió cómo la memoria puede modificarse por distintas circunstancias y citó que según estadísticas de Estados Unidos, un 70% de las condenas erradas se originaron en reconocimientos errados de sospechosos. Forcato investigó cómo viejas memorias pueden desestabilizarse y modificarse durante la vigilia y se especializó en la reactivación y modificación de memorias durante el sueño. Por supuesto, todos los recuerdos de víctimas y testigos, influyen en el resultado de las investigaciones.

Referentes mundiales de Antropología Forense e Innocence Project capacitan hoy en Salta

Lo harán este miércoles 9, desde las 14, en el marco del ciclo de conferencias sobre “Ciencia y Justicia. Un diálogo complejo”; organizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) e Innocence Project Argentina. La actividad cuenta con el auspicio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y la colaboración del Ministerio Público Fiscal. Fue declarada de interés por el Procurador General.

Especialistas reconocidos a nivel internacional dictarán conferencias hoy, a partir de las 14, en el Salón Auditorio “Dr. Facundo de Zuviría”, de Ciudad Judicial. Serán disertantes el presidente de Innocence Project, Manuel Garrido; el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fonderbrider y el director del Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense, Carlos Vullo. Luego se sumarán las charlas que ofrecerán la abogada Natalia Lippmann Mazzaglia, de Innocence Project Argentina; el director de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Jorge Herbstein; y la directora de Laboratorio Sueño y Memoria del CONICET, Cecilia Forcato.

El ciclo de conferencias fue declarado de interés por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, quien consideró que “resulta de especial interés para el organismo el intercambio de experiencias y conocimientos que se producirán, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los objetivos fijados por la nueva gestión institucional”.

Los especialistas de renombre internacional
Fonderbrider fundó en 1984 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El objetivo fue documentar científicamente las violaciones a los derechos humanos perpetradas en Argentina durante la última dictadura militar. Fue consultor forense en organismos estatales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil en más de 35 países de América, África, Europa Medio Oriente y Asia.
Vullo integra el Grupo de habla Hispana y Portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense GHEP-ISFG y miembro de la International Society for Forensic Genetics (ISFG) desde 1998. Es miembro de la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF) y especialista en Genética Forense, otorgado por la SAGF. Fundó el Laboratorio de Inmunogenética del Hospital Nacional de Clínicas, de Córdoba. Dirige el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (LIDMO) desde 1985 y el Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Participó en la identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos en más de 20 países
Herbstein es Director Interino de la Morgue Judicial de la Nación, además de ser docente y coautor de los libros “Investigación Medico legal de la Muerte” y “Forensic Analysis of Gunshot Residue, 3D-Printed Firearms, and Gunshot Injuries: Current Research and Future Perspectives”.
Forcato realizó su formación posdoctoral en la Universidad de Tübingen, Alemania, donde se especializó en la reactivación y modificación de memorias durante el sueño. Es Investigadora Adjunta de CONICET.
Garrido fue diputado nacional; Jefe de Investigaciones y Litigio en la Commission Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la Organización de las Naciones Unidas (CICIG – ONU) y perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Director de los Programas de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas; Director de Investigaciones y Jefe de la Oficina Anticorrupción y Secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Lippmann Mazzaglia es magistrada en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Coordina las oficinas regionales de Cuyo y el NOA de Innocence Project Argentina.

Plan Estratégico 2020: El Procurador reunió a todo el CIF

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión con el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en la que se refirió a objetivos concretos del Plan Estratégico 2020. El Procurador estuvo acompañado por la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; la comisionada, Ivana Flores, los jefes de Departamentos del CIF y los médicos legales.

En este marco, el Procurador instó a conformar “un gran equipo científico de trabajo”, tras anunciar que se llevará adelante un concurso nacional para cubrir al menos 12 cargos médicos para el CIF.

“Todo esto entra en el Plan Estratégico y el potencial es inmenso. El año que viene tendremos la oportunidad de participar del Congreso Mundial de Ciencias Forenses y será un orgullo mostrar un cuerpo de estas características”, sostuvo Cornejo.

El Procurador también se refirió al proceso de reforma del CIF e hizo hincapié en la necesidad de lograr una mayor integración de cada uno de los departamentos. “La ventaja de que un fiscal penal esté a la cabeza del CIF, es que se trata de alguien imbuido en la investigación criminal y que será el responsable a todo evento. Estamos avanzando con los futuros investigadores, para terminar de completar la parte investigativa que faltaba”, afirmó Cornejo.

Vale recordar que el proyecto de Ley remitido por el Ejecutivo Provincial para que un fiscal dirija el CIF obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores de Salta el 19 de septiembre pasado. Pasó en revisión a Diputados, donde debe tratarse todavía. Además de las reformas al CIF, el proyecto establece la creación de fiscalías en Cachi y Rosario de la Frontera y una fiscalía en ciberdelincuencia.

Especialista en Odorología capacitará a miembros del CEI

El procurador general Abel Cornejo mantuvo una reunión con Mario Rolando Rosillo, destacado especialista en Odorología Forense a nivel internacional y tras intercambiar experiencias, se acordó que durante el próximo año, capacitará a los profesionales que se perfeccionan en el Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión el pasado viernes con el médico veterinario Mario Rosillo, especialista en Odorología Forense y adiestramiento canino. Durante el encuentro, intercambiaron experiencias y acordaron que brindará capacitación a los integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público, como lo hiciera oportunamente con personal del Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigadores Fiscales.

La Odorología Forense es una técnica científico pericial forense aplicada a la identificación y comparación de indicios moleculares de huellas odoríferas humanas que son de interés criminal, lo que permite contar con información muy precisa acerca de la identidad del individuo del cual procede el indicio.

Una vez colectada la huella odorífera y conservada en condiciones adecuadas, puede ser comparada con los diferentes sospechosos que surjan de la investigación, pues, el olor humano tiene características únicas en cada individuo y es dejado en cada objeto, locación o camino donde un sujeto ha estado en contacto.

Cabe recordar que a fines de julio, se realizó la primera pericia odorológica en Salta en el marco de una investigación por el homicidio de un anciano en la ciudad de Hipólito Yrigoyen, y como resultado, dio positivo para dos de los cuatros imputados por el hecho.

CAF: No hay protocolo de Extinción de Dominio y faltan pulseras electrónicas para violentos

En una nueva reunión del Consejo Asesor de Fiscales, los integrantes analizaron la disposición de bienes secuestrados para ser afectados en la lucha contra el microtráfico y el uso de pulseras electrónicas en causas de violencia de género.

En este marco, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, instó a los fiscales a coordinar reuniones con los jueces de Garantías, con el objetivo de establecer un protocolo para el uso de vehículos y dinero secuestrados que serán afectados para combatir el narcotráfico.

Es que desde junio pasado, cuando se promulgaron las modificaciones del artículo 2 de la ley 7782 y de los artículos 5, 23 y 25 de la ley 7838, quedó establecido que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y producto de la venta provenientes de la narcocriminalidad se destinarán a solventar investigaciones de los delitos narcocriminales. También, a la prevención, asistencia y rehabilitación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes.

Para ello, se creará un fondo de garantía, el que estará conformado por un porcentaje de los fondos depositados producto de incautaciones. Hasta junio pasado, el Poder Ejecutivo había estimado unos 5 millones de pesos depositados en una cuenta judicial.

Por otra parte, los consejeros analizaron el uso de pulseras electrónicas en causas de violencia de género. La fiscal penal 1 de Violencia de Género, Claudia Geria, indicó que en la última partida llegaron de Nación nueve pulseras y advirtió que en lista de espera hay unos 400 casos.

Las pulseras de monitoreo son provistas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde marzo de 2017, cuando se implementó el sistema UNMOVI (Unidad de Monitoreo para Víctimas de Violencia) en Salta y otras cuatro provincias elegidas por la cartera nacional.

En la reunión de este viernes, participaron la vicepresidenta del Órgano, la fiscal Penal 1, María Gabriela Buabse; el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto; el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y de General Güemes, Pablo Rivero; la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria y el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.

También estuvieron las fiscales penales 2 y 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet y Gustavo Torres Rubelt; la fiscal penal de Menores 2, Carolina Hernández, la fiscal de Impugnación 1, María Josefina David de Herrera y la fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma. Se sumó por el interior, la fiscal penal de Orán, Mónica Viazzi. La secretaria general del Consejo de Fiscales es Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila.

Caso Mathieu Martin: el Procurador recibió al Cónsul de Francia y el Agregado de Seguridad

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión con el cónsul general de Francia, Julien Bouchard y el agregado de Seguridad, Joël Molera, quienes se interiorizaron sobre los avances en la causa que investiga la desaparición y muerte del turista francés Mathieu Martin. También participaron los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, y el jefe del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila.

Los fiscales informaron sobre el pedido de agotamiento de dos muestras genéticas, tomadas de una pulsera y un trozo de tela con manchas de sangre, que pertenecerían al turista francés. Se acordó que posteriormente y mediante una videoconferencia, se dará intervención a una Fiscalía de Francia y mediante una genetista, se realizará en control de las pericias genéticas.

Tras el encuentro con el Procurador, el cónsul general Julien Bouchard, destacó el trabajo realizado por parte “de todo el equipo del Procurador”, que brindó numerosos detalles sobre la causa y la utilización de las pruebas encontradas. “Vamos a relacionarnos con nuestras autoridades en Francia para avanzar y habrá un contacto entre los peritos de Salta y de Francia para ver qué se requiere. Nuestra expectativa es que se pueda encontrar una solución satisfactoria para la familia Martin”, sostuvo Bouchard.

El 19 de diciembre 2018, el exfiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a Juan Cuevas, de 39 años y a Froilán Cuevas, de 41, por el delito de homicidio simple en perjuicio de Mathieu Martin, de 32 años.

En agosto pasado, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke se reunió con Francois Delbreil, amigo del turista francés, quien en representación de sus familiares, fue informado sobre las nuevas medidas dispuestas.

En septiembre, los fiscales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, informaron que dos testigos ratificaron sus dichos y comprometieron la situación de los detenidos Cuevas, al señalarlos como los autores de la muerte del turista. Uno de los testigos fue pareja de una hermana de los acusados y señaló que a través de ella, supo que “se habían mandado una macana” y que Juan Cuevas, en estado de ebriedad, atacó a traición a Martin con un arma blanca. Incluso dijo recordar que en agosto de 2018 vio fuego en la casa de los Cuevas, en Huacaloma, y cuando fue a ver, le dijeron que estaban quemando ropa vieja y que solo había cenizas.

El segundo testigo es un baqueano de la zona que colaboró en las tareas de búsqueda del turista, quien relató en su declaración que se entrevistó con Froilán Cuevas en diciembre de 2018 cuando acompañó a la Policía al paraje Huacaloma y éste le confesó que su hermano Juan apuñaló a Martin en la zona de las costillas.

El Procurador recibió a familiares de Farfán, Alfonzo, Carreras y Gallardo

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a familiares de personas que fallecieron en circunstancias vinculadas con el accionar y operativos policiales. Pidieron cambios de carátula, agilización y suma de pericias e información sobre el estado de las causas. La familia Gallardo insistió en su solicitud de cárcel común para los efectivos policiales sospechados.

El Procurador recibió a familiares de Jorge “Guri” Farfán, David Alfonzo Neri Ovejero, Martín Carreras y Cristian Gallardo. Asistieron Alicia Salas y Jennifer Gallardo, quienes son la madre y hermana de Cristian Gallardo; el padre de Jorge “Guri” Farfán, Jorge Farfán; la madre, padre y hermano de Martín Carreras, Rosa Lidia Cabrera, Ramón Carreras y Facundo Carreras, y la hija de David Alfonzo Neri Ovejero, Agustina Alfonzo.

Los familiares manifestaron su preocupación ante el Procurador al considerar que existen elementos en común que unen todos los casos y que no se tratan de hechos aislados entre sí. En cambio, sostuvieron que el accionar policial en todos ellos, tuvo elementos conexos y puntuales, que habrían desencadenado en la muerte de las víctimas. Y pidieron que todos esos elementos en común, -que coinciden desde que se producen las detenciones de las víctimas, durante los procedimientos y hasta que se imputa a los efectivos policiales-, se tomen en cuenta en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Además pidieron que se reviertan las prisiones domiciliarias de policías, decisión judicial que fue apelada por la fiscal interviniente en el caso Gallardo.

El Procurador lamentó que uno de los motores para decidir profundos cambios en la organización -del Ministerio Público Fiscal, en general, y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en particular-, haya sido “la desgracia que padece cada una de las familias de las víctimas”. Relató cómo siguió cada uno de los casos y reclamos durante los cuatro meses que lleva de gestión y la forma en la que la disconformidad con los resultados de las autopsias manifestada por los familiares, entre otros puntos de las investigaciones, lo impulsó a tomar decisiones de fondo.

En otro sentido, Cornejo orientó a las familias sobre las facultades atinentes al MPF y el Poder Judicial de la Provincia, e insistió en que el otorgamiento de prisiones domiciliarias y otras medidas vinculadas con detenciones, no corresponden a este Ministerio.

Los casos

Jorge David Farfán Vera, de 24 años, falleció el 8 de febrero pasado, cuando era ser trasladado por personal policial a la Comisaría 12, en la zona sur de la ciudad. Actualmente interviene la fiscal Verónica Simesen de Bielke, quien ordenó una Junta Médica para analizar el informe de autopsia efectuado por el Servicio de Medicina Legal del CIF y el informe que realizó un perito de parte. El pedido se hizo por las discordancias observadas por la familia de la víctima. La Junta confirmó que el deceso se produjo por infarto agudo de miocardio. No hay imputados.

Martín Rodrigo Carreras, de 23 años, murió el 21 de junio pasado cuando era trasladado a una dependencia policial. La autopsia reveló que falleció por asfixia restrictiva por delirio agitado. Interviene la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien imputó a los sargentos Alberto Gabriel Figueroa, Gonzalo Robustiano Delgado y Rubén Esquivel y al cabo José Oscar Santos por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.

David Alfonzo Neri Ovejero, de 44 años, murió el 22 de junio pasado, cuando dos familias se disputaban la titularidad de un terreno ubicado en Villa Floresta e intervino la Policía. La víctima se descompensó y murió como consecuencia de las maniobras ejercidas por los policías para reducirlo. La fiscal María Luján Sodero Calvet imputó por el delito de homicidio culposo al oficial Ángel Peralta, el cabo Emanuel Liendro y el agente Maximiliano Mansilla y pidió el mantenimiento de la detención de los tres.

Cristian Exequiel Gallardo, de 23 años, murió el 26 de agosto pasado, en jurisdicción de la Comisaría 10 de barrio Santa Cecilia. Falleció cuando era trasladado por personal policial tras haber sido demorado. Actualmente interviene la fiscal penal, Ana Inés Salinas Odorisio, quien apeló el beneficio de prisión domiciliaria otorgado por el Juzgado de Garantías 7 a los policías Ricardo Llaves, Jorge Olea, Ricardo López y Lucas Ozuna. Están acusados de homicidio culposo. La imputación se agravará este miércoles.

CEI: Garavano celebra la incorporación de investigadores civiles

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, celebró el inicio de la capacitación de investigadores civiles, quienes integrarán el Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal. La formación comenzó la semana pasada para los 65 alumnos seleccionados entre más de 1200 postulantes. Al CEI ingresarán 35 investigadores.

“Es muy importante la formación de investigadores civiles y Salta ha tenido este dinamismo. En su momento el CIF como cuerpo de investigaciones ha sido un muy buen ejemplo de trabajo en términos de investigación criminal”, destacó Garavano, quien celebró la iniciativa que fuera uno de los primeros compromisos asumidos por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo.

“Debemos mejorar cada vez más la investigación criminal, que ha sido uno de los grandes defectos del sistema judicial argentino a lo largo de décadas. Lo que se está haciendo en Salta es muy valioso porque son cosas que se ganan y nos permiten ponernos a la altura del mundo”, finalizó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El funcionario participó en Salta de la inauguración del nuevo edificio del Ministerio Público Fiscal de la Nación, junto al procurador general de la Nación, Eduardo Casal; y también asistió a la apertura del IV Congreso Argentino de Justicia Constitucional, que culminó el sábado en esta provincia.

La capacitación de los futuros investigadores comprende aspectos jurídicos de las investigaciones; la organización del sistema judicial; del Ministerio Público Fiscal y sus órganos auxiliares. Los profesionales participantes adquirirán conocimientos sobre Teorías de la Investigaciones, contextos sociales y otros, además de sumar experiencia a través de prácticas. Aprenderán desde el análisis de casos emblemáticos de homicidios, violencia de género, abusos sexuales, delitos económicos y estafas internacionales resueltas en Salta; además de casos de flagrancia en microtráfico y nuevas manifestaciones del delito contra la propiedad, entre otros.

Declaración de los Consejos: preocupación por la situación institucional del Ministerio Público Fiscal de Jujuy

Los consejos de los Procuradores Generales, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y de Política Criminal, que reúne a la totalidad de los procuradores y fiscales generales del País, reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del XXIV Congreso Anual de la Asociación Internacional de Fiscales, manifiestan:

Que mantienen la preocupación previamente expresada por la situación institucional del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Jujuy, donde se pretende someter a juicio Político al señor Fiscal General Alejandro Ficoseco.

La insistencia en darle curso al proceso de juicio político, pese a haberse puesto de manifiesto su impertinencia y haberse desestimado previamente dos de las tres causales invocadas, sumado a la clara inconsistencia de la tercera, ponen de manifiesto la clara persecución política contra el mencionado magistrado y el uso espurio de la institución mencionada, que pone en crisis la independencia funcional que reclaman los pactos internacionales contra la corrupción y el crimen organizado firmados por la República Argentina y el régimen republicano de gobierno.

Corresponde destacar que cuando la Constitución provincial asegura la continuidad del Fiscal General, lo hace claramente con la finalidad de que trascienda los cambios gunernamentales y las coyunturales mayorías parlamentarias, por lo que el uso de tales mayorías sin sustento legal y constitucional, directamente afecta el sistema constitucional de Jujuy.

Por lo tanto, instan a las autoridades legislativas de la Provincia de Jujuy a cesar que el curso del referido juicio político, en tanto carece totalmente de fundamentos jurídicos y fácticamente serios.