Se requirió juicio para un policía por lesiones y falsedad ideológica

El hecho ocurrió en barrio Libertad cuando un efectivo policial ,sin motivo alguno, efectuó tres disparos a la víctima. Posteriormente realizó una falsa declaración.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del Distrito Centro, para el sargento ayudante Cristian Heriberto Guanca, de 41 años, por los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometido por un miembro de la fuerza de seguridad policial, con abuso de su función y agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con el delito de falsedad ideológica.

En los fundamentos de la acusación, el fiscal González sostiene que se halla lo suficientemente acreditada la existencia del ilícito, y la responsabilidad penal del imputado.

El hecho investigado se produjo en la mañana del 8 de agosto de 2021, cuando el damnificado volvía a su domicilio. Al pasar por la Escuela Juan José Valle, de Barrio Libertad, se hizo presente un móvil policial del que descendió el sargento ayudante Guanca y, sin motivo alguno, procedió a realizarle disparos con el arma reglamentaria 9 mm., ocasionándole lesiones en los dos tobillos.

La víctima, cuyas heridas fueron corroboradas mediante certificado médico e historias clínicas del Hospital San Bernardo, no había realizado acción alguna que habilitara al personal policial a hacer uso del arma reglamentaria y, menos aún, a efectuar disparos.

En el requerimiento, el fiscal González sostiene que la conducta del sargento ayudante encuadraría en la figura penal de lesiones leves, doblemente agravado por abuso funcional y por uso de arma de fuego, puesto que el imputado, en exceso de sus funciones, al ser miembro de las fuerzas de seguridad provincial, causó un daño en el cuerpo del denunciante, mediante el empleo de un arma de fuego, cuando no existía motivo alguno para su utilización.

Afirma, además, que dicha conducta no solo es ilícita, sino también contraria a la normativa que especifica cuándo se puede o no, hacer uso del arma de fuego.

Resulta reprochable, sostiene el fiscal, que a los fines de justificar su proceder, el sargento ayudante Cristian Guanca formuló denuncia, en su calidad de funcionario público, insertando en un instrumento público, una declaración falsa, tergiversando la mecánica de cómo sucedió el hecho, manifestando falsamente que la víctima tenía intenciones de agredirlo, incurriendo en el delito de falsedad ideológica. El fiscal de Derechos Humanos añade en el requerimiento que al damnificado no se le secuestró ningún arma en su poder.

Conforme al informe de la médica del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), quien realizó el análisis de la historia clínica de la víctima, esta ingresó al hospital San Bernardo el 8 de agosto de 2021 con diagnóstico de herida por arma de fuego en ambos tobillos; herida en maléolo tobillo derecho y herida de 0.5 en maléolo lateral tobillo izquierdo. Se hace referencia además, a la extracción de proyectiles, en los registros de enfermería de guardia.

El fiscal González destaca que el hecho se enmarca en un claro caso de violencia institucional, cometida por un efectivo perteneciente a las fuerzas de seguridad, que es también reconocida como una práctica estructural de violación de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario.

Concluye que la violencia institucional referida conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y obligaciones, se encuentran autorizados en los supuestos legales para hacer uso de la fuerza pública, la que debe ser racional, cuya práctica se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros del Estado y que, como ya se dijo, se advierte en la presente causa.

Reunión de intercambio entre el Comité Nacional Contra la Tortura y la Fiscalía Penal de DDHH

Se trata de una serie de encuentros a través de los cuales se persigue el intercambio de experiencias en lo que a hechos de violencia institucional respecta.

En el marco del seguimiento de las visitas del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura y los informes emanados desde este organismo internacional, se concretó el encuentro de la Directora de Producción y Sistematización de Información del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Bernarda García, y miembros integrantes del organismo, con la Fiscalía de Derechos Humanos, representada por el fiscal penal Gabriel González y la auxiliar fiscal Celina Morales Torino.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, resaltó que la Procuración General de la Provincia dictó en el mes de abril, la Resolución 1339/22, mediante la cual se instruyó a la mencionada fiscalía y a los demás fiscales penales de la provincia, para el pronto abordaje de los casos, cada vez que se identifiquen supuestos en los que miembros de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial violentaren derechos fundamentales de personas involucradas en una investigación penal o que estén bajo su custodia.

Este es el primer encuentro de otros tantos que están previstos, que tuvo como fin iniciar un intercambio de experiencias, tanto en lo que respecta al abordaje de la investigación de hechos judiciales de violencia institucional cometidos por fuerzas de seguridad, encuadrado en torturas y otros tratos y penas crueles e inhumanas, como así también para compartir información acerca de los registros que existen sobre estos hechos.

La reunión se desarrolló con un balance positivo en lo que respecta al trabajo que se viene realizando en pos de la articulación de medidas eficaces para la investigación y sistematización de la información referida a hechos de tortura.

Además, se compartió valiosa información acerca de los protocolos que existen para el monitoreo y seguimiento de los lugares de detención, en diferentes jurisdicciones provinciales que cuentan con registro.

Por su parte, Bernarda García destacó los avances en el abordaje de casos judiciales de Violencia Institucional en Salta. Señal´o que durante su visita el mes de septiembre pasado a diversas dependencias de la provincia, el Comité tomó conocimiento, por parte de personas detenidas, respecto al trabajo que viene llevando adelante la Fiscalía de Derechos Humanos.

Juicio a dos mujeres policías: El lunes 24 se conocerá el veredicto

Tras un cuarto intermedio, este viernes se reanudó la audiencia de debate contra dos mujeres policías, acusadas por un hecho ocurrido en 2018, cuando una mujer sufrió una fractura al ser reducida en un procedimiento policial. Hoy finalizó la ronda de alegatos.

El fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, solicitó la condena para la agente Judith Villanueva y la sargento ayudante Silvia Martínez, por considerarlas coautoras de los delitos de vejaciones calificadas, agravadas por el uso de la violencia y lesiones graves, agravadas por la función policial y la pena de 3 años de ejecución condicional, con prohibición de acercamiento a la víctima. Además, la inhabilitación especial para ejercer cargos en las fuerzas de seguridad del Estado por el doble de tiempo que dure la condena.

Durante los alegatos, el fiscal González solicitó que se valore el hecho en el contexto de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad policial del Estado, que le produjo lesiones de gravedad a la víctima. Pidió, además, que el testimonio de esta última también sea analizado en ese contexto, al igual que toda la prueba recibida.

Para ello, la Fiscalía de Derechos Humanos hizo la valoración de toda la prueba producida, los testimonios directos, indirectos e inmediatos.

Por otro lado, el fiscal González recordó que, oportunamente, se solicitó la remisión de copias a la Fiscalía Penal 1 por el posible delito de falso testimonio cometido en audiencia, del hoy Comisario Arias, que en aquel entonces revestía el cargo de suboficial principal, por parte del Ministerio Público Fiscal y de la defensa.

Al finalizar los alegatos, tanto de la fiscalía como de la defensa, la jueza Gabriela González dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 24 de octubre, para dar a conocer el veredicto.

Los hechos

El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2018 cuando la víctima fue agredida físicamente por personal policial femenino que se encontraba prestando servicio en el local bailable “Carpa El Gaucho La Florida”, de la localidad de La Merced. 

La denunciante se encontraba esperando el colectivo frente a la carpa sobre Ruta 68, cuando observó que había un incidente entre varias personas que se encontraban en el lugar y en el que intervino personal policial.

Al ver que el incidente se desplazaba hacia donde se encontraba junto a su pareja, le pidió a los efectivos que pararan. Fue entonces cuando una policía de sexo femenino le dijo que se retirara. Cuando procedían a abandonar el lugar, sintió que la tomaron del brazo izquierdo con fuerza, haciéndoselo hacia atrás, queriéndola reducir. En ese momento le propinaron un golpe de puño en el brazo desde atrás, e inmediatamente sintió un fuerte dolor.

La situación provocó a la víctima “el quiebre del brazo izquierdo (húmero por torsión), usando una fuerza desproporcionada y mayor a la requerida para la reducción de la víctima”, corroborado por el informe de Medicina Legal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF). 

Últimas instancias del juicio a dos mujeres policías por lesiones graves y vejaciones agravadas

Dos mujeres que se desempeñaban en la Policía de la Provincia, son juzgadas por un hecho ocurrido en 2018, cuando una mujer sufrió una fractura, mientras era reducida en un procedimiento policial. Ayer jueves declararon testigos y según lo previsto, el próximo martes se producirán los alegatos.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala III del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra la agente Judith Villanueva y la sargento ayudante Silvia Martínez, como autoras de los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público y vejaciones agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público, todo ello en concurso ideal.

Este jueves se produjo una nueva ronda de testimoniales, . Según dispuso la jueza Gabriela González, el martes 18 se dará lugar a los alegatos de las partes y se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.

El hecho juzgado ocurrió el 4 de febrero de 2018 cerca de la medianoche en “Carpa El Gaucho La Florida”, de la localidad de La Merced, cuando la denunciante fue agredida físicamente por personal policial femenino que se encontraba prestando servicio en el local bailable.

La situación provocó a la víctima “el quiebre del brazo izquierdo (húmero por torsión), usando una fuerza desproporcionada y mayor a la requerida para la reducción de la víctima”, corroborado por el informe de Medicina Legal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).

En la primera jornada de audiencia del miércoles 12, declaró la víctima y ratificó los dichos manifestados anteriormente, señalando que reconoció a las personas que la habían agredido y explicó cómo se produjo la situación generada.

Conforme a su declaración, el día del hecho se encontraba esperando el colectivo cuando vio que personal policial agredía a un masculino. Ella quiso tomar intervención para que cesaran con la agresión y fue ahí cuando efectivos se dirigieron hacia ella, la redujeron y trataron agresivamente, golpeándola en el brazo. Estos dichos fueron luego ratificados por otro testigo que se encontraba en el lugar y que presenció lo sucedido.

En la misma jornada también prestó testimonio el hombre que estaba siendo reducido en ese momento, y ambos testigos ratificaron además, que vieron a la damnificada llorando en la comisaría.

En tanto, durante la segunda jornada de la audiencia de debate, prestó declaración el médico que la asistió, brindando precisiones acerca de la lesión que presentaba la mujer agredida: fractura de húmero, tipo oblicua, compatible con un movimiento de fricción e impacción (fractura o rompimiento del hueso de un miembro en diversas partes, que forma un bulto o alguna imperfección).

También prestó declaración testimonial un comisario que se desempeñaba como jefe de servicio, tras lo cual defensa y fiscalía solicitaron que se remita copia a la Fiscalía Penal 1 para la investigación de la posible comisión del delito de falso testimonio durante la audiencia, a lo que la jueza hizo lugar.

Posteriormente declaró otro personal policial que confirmó la demora de la damnificada el día de los hechos, pero dijo no recordar la secuencia del hecho.

La imputada Judith Villanueva solicitó declarar y manifestó haber apoyado la mano en el hombro a la víctima. Dijo que no forcejeó con ella, y que cuando procedió a demorarla estaba tranquila, aclarando que quien la había reducido fue un oficial superior.

Para la jornada de este viernes está prevista la declaración del médico del CIF y otros efectivos policiales que prestaban servicio en la carpa, y el próximo martes se desarrollarán los alegatos y se dará a conocer la sentencia.

Inicia juicio a dos mujeres policías por lesiones graves y vejaciones agravadas

Desde el miércoles 12, se juzgará a dos efectivas de la Policía de la Provincia por un hecho ocurrido en 2018, cuando una mujer sufrió una fractura producto de haber sido reducida en un procedimiento policial.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala III del Tribunal de Juicio, Distrito Judicial Centro, en la audiencia de debate contra la agente Judith Villanueva y la sargento ayudante Silvia Martínez como autoras de los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público y vejaciones agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público, todo ello en concurso ideal.

Según declaró la damnificada, quien en ese momento contaba con 26 años de edad, el hecho ocurrió el 4 de febrero de 2018 cerca de la medianoche cuando fue agredida físicamente por personal policial femenino que se encontraba prestando servicio en el local bailable “Carpa El Gaucho La Florida”, de la localidad de La Merced.

Conforme a su relato, la denunciante se encontraba esperando el colectivo frente a la carpa sobre Ruta 68, cuando observó que había un incidente entre varias personas que se encontraban en el lugar y en el que intervino personal policial.

Al ver que el incidente se desplazaba hacia donde se encontraba junto a su pareja, le pidió a los efectivos que pararan. Fue entonces cuando una policía de sexo femenino le dijo que se retirara. Según relata, cuando procedían a abandonar el lugar, sintió que la tomaron del brazo izquierdo con fuerza, haciéndoselo hacia atrás, queriéndola reducir. En ese momento le propinaron un golpe de puño en el brazo desde atrás, e inmediatamente sintió un fuerte dolor.

El fiscal González, al momento de elevar el requerimiento a juicio, entendió que existen elementos suficientes para imputar a la agente Judith Villanueva y a la sargento ayudante Silvia Martínez por los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público y vejaciones agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público, todo ello en concurso real, toda vez que ambas, ostentando su calidad de funcionario público y en cumplimiento de una función del servicio que le es propio, excedieron la fuerza necesaria para el ejercicio de la acción de reducción.

La situación provocó a la víctima “el quiebre del brazo izquierdo (húmero por torsión), usando una fuerza desproporcionada y mayor a la requerida para la reducción de la víctima”, corroborado por el informe de Medicina Legal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).

La audiencia de debate pública será presidida por la jueza Gabriela González y está previsto que se desarrolle durante los días 12, 13 y 14 de octubre, a las 9 de la mañana.

Metán: Se investiga de oficio un hecho de presunta violencia institucional

A partir de lo manifestado por el familiar de un interno de la Unidad Carcelaria, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, inició actuaciones de oficio para determinar lo sucedido.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos, a través de su Secretaría de Metán, Distrito Judicial del Sur, inició de manera inmediata actuaciones de oficio, al tomar conocimiento de un hecho de posible violencia institucional dentro de la Unidad Carcelaria N° 2 de esa ciudad.

Según manifestó un familiar de uno de los internos del penal, el hecho habría sucedido en horas de la mañana del pasado 27 de septiembre. Señaló que el recluso habría sido víctima de malos tratos por parte de personal policial, en virtud de que habrían solicitado realizar un reclamo vinculado al régimen de visitas.

La fiscalía solicitó una serie de actuaciones, como un informe de la situación, nómina de personal a cargo, detalles del presunto incidente con el recluso cuyo familiar denuncia, como cualquier otro si lo hubiere.

La Unidad Carcelaria respondió, elevando los informes, y una vez tomando conocimiento de quiénes habrían sido los damnificados en el hecho, se hizo comparecer a quienes estaban a cargo, previa autorización del Juzgado de Garantías en turno.

En principio, además del recluso cuyo familiar radicó la denuncia, habrían otros más relacionados con el hecho.

El fiscal Gabriel González, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Metán solicitó se amplíen las actuaciones, por lo que se enviaron muestras fotográficas, un médico del CIF revisó a quienes se hicieron presentes en la dependencia. También se realizó la inspección de la unidad carcelaria, se constató el estado de los internos y se actualmente se está procediendo al análisis de material de las videocámaras del penal.

El fiscal de Derechos Humanos dispuso la continuidad de las actuaciones, tendientes a clarificar la verdad de los hechos y así tomar conocimiento cabal de lo sucedido.

Caso Jimena Salas: Investigan diversas situaciones vinculadas con el procedimiento de detención de un imputado y el episodio acaecido durante su traslado

Mediante una investigación preliminar, se solicitaron informes a organismos y dependencias intervinientes en la causa.  Analizarán entre otras diligencias, las cámaras de seguridad de los accesos, como así también las diferentes revisaciones médicas efectuadas durante el día de detención y traslado de un imputado por el caso Jimena Salas. 

El fiscal penal Facundo Ruiz de los Llanos, a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, se encuentra a cargo de la investigación preliminar por denuncias referidas de parte de Javier Saavedra, imputado en la causa Jimena Salas, disponiendo distintas diligencias a fin de reunir elementos probatorios. 

En el marco de la actuación, se solicitó al Juzgado de Garantías de Tartagal Nº 2, informe sobre los procedimientos, como así también los reconocimientos efectuados por profesionales médicos, en el Distrito Norte. 

En tanto, al Juzgado de Garantías Nº 5 de Salta, se le requirieron los respectivos informes y el aporte de las multiples revisiones médicas que se efectuaron en cada etapa del procedimiento. 

El fiscal además solicitó a la División Homicidios, detallados informes respecto a su intervención en la tramitación de la detención del imputado y su ingreso a la Alcaidía General de la Provincia de Salta. 

Finalmente, a la Dirección del CIF, se le ordenó la entrega, preservación y resguardo de las filmaciones del sistema del circuito interno de cámaras de seguridad del edificio. 

Las diligencias fueron dispuestas a los fines de profundizar el análisis de la investigación destinada a esclarecer los hechos denunciados. 

Paralelamente, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, subrogante en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, lleva adelante la investigación por las denuncias interpuestas por el personal policial que trasladaba al mismo Javier Nicolás Saavedra, a quien ya se recepcionó audiencia de imputación como presunto autor del delito de homicidio calificado por alevosía, por ser medio idóneo para crear un peligro común y por estar dirigido a un miembro de las fuerzas policiales, todo en grado de tentativa; oportunidad en que acompañado de su defensor particular, dio su versión de lo ocurrido. 

Para el acusado, se ordenó prisión preventiva en el riesgo procesal de la fuga y el entorpecimiento de la investigación que se encuentra en curso.

Corresponde recordar que el hecho sucedió el pasado miércoles en la jurisdicción de General Güemes, en ocasión en que el denunciado era trasladado por una comisión desde la ciudad de Tartagal hacia la ciudad de Salta en una camioneta oficial a fines de ser imputado en la causa que se investiga el crimen de Jimena Salas. Al llegar la comisión a la altura de la localidad de General Güemes, y en el momento en el que de frente y por el carril contrario circulaba un camión de grandes dimensiones, el acusado -que viajaba esposado en la parte trasera junto a dos custodios- se habría abalanzado sobre el conductor del vehículo, intentando quitarle el dominio del mismo y provocándole lesiones.

Lo acontecido, fue inmediatamente puesto en conocimiento tanto de los fiscales a cargo de la Unidad Fiscal que ordenara los procedimientos, como así también de la Sra. Jueza de Garantias interviniente a cargo del Juzgado de Garantias N° 5. 

Policía fue condenado por vejaciones calificadas

Antonio Andrónico Guerra fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. En tanto, el resto de los imputados fueron absueltos por no mediar acusación fiscal.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Antonio Andrónico Guerra, Santiago Orlando Bejarano, Alfredo Walter Abán, Gustavo Martín Mamaní, Raúl Marcelo Cabrera y Gustavo Benjamín Monzón por vejaciones calificadas en perjuicio de Ricardo Tapia.

Finalizados los alegatos, la jueza Norma Beatriz Vera dio a conocer el veredicto por el que Antonio Andrónico Guerra fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por el término de seis años para tener y usar armas de fuego y para desempeñarse como funcionario de las fuerzas de seguridad provincial, por encontrarlo autor material y penalmente responsable del delito de vejaciones calificadas y agravadas por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Ricardo Tapia.

En tanto, los imputados Santiago Orlando Bejarano, Alfredo Walter Abán, Gustavo Martín Mamaní, Raúl Marcelo Caberera y Gustavo Benjamín Monzón fueron absueltos por no mediar acusación fiscal.

En el mismo fallo, la jueza dispuso reglas de conducta por el término que dure la pena.

En lo que respecta a la conducta de Antonio Andrónico Guerra, quien fuera dado de baja por la fuerza policial por sanciones disciplinarias, el fiscal de Derechos Humanos había ampliado la acusación por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia agravada por empleo de arma de fuego.

Durante los alegatos, el fiscal González solicito la condena en los términos que dictó la jueza Norma Vera y solicitó la absolución para el resto del personal policial.

Cabe recordar que Guerra llega condenado por un hecho sucedido durante la madrugada del 25 de diciembre de 2016, cuando vecinos de la plazoleta del barrio La Tablada, en medio de los festejos y saludos por Navidad y encontrándose chicos del barrio jugando, observaron a un móvil policial estacionado y efectivos uniformados que discutían con un vecino, en actitud autoritaria.

En un momento, comenzaron a hacerse disparos de ithaca (escopeta de corredera o repetición manual) en la zona de la puerta de la casa de un vecino. Fue así que salió la víctima (Tapia) a recriminar la situación y el oficial Guerra, quien portaba el arma según dichos del propio oficial y los vecinos, le apuntó en el pecho. Ante su desesperación, el damnificado tomó la punta del arma para que no le diera en el pecho y el impacto del disparo le dio en la entrepierna.

Juicio a seis policías: Finalizó la ronda de testimoniales y mañana es el veredicto

Hoy se desarrolló la última jornada de la audiencia de debate por el juicio que se sigue contra seis policías por un hecho ocurrido en 2016 en barrio La Tablada de esta capital.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio Distrito Centro, en la última jornada de audiencia de debate contra los policías Santiago Orlando Bejarano, Alfredo Walter Abán, Antonio Andrónico Guerra, Gustavo Martín Mamaní, Raúl Marcelo Cabrera y Gustavo Benjamín Monzón por vejaciones calificadas en perjuicio de un vecino.

Tras un cuarto intermedio, hoy se reanudó la audiencia de debate, oportunidad en la que declararon vecinos que manifestaron que la noche de Navidad había muchos niños jugando en la plaza y en la canchita de barrio La Tablada, cuando comenzó una discusión con miembros de una familia de la zona, y que se escucharon gritos y disparos.

Los testigos señalaron que después de lo acontecido vieron personas heridas, uno de ellos se encontraba tirado en el piso y lastimado y que otro vecino trasladó a su hija, que había sufrido un desmayo.

Por su parte, otro testigo se reconoció en fotografías y dijo que recibió un impacto de bala de goma señalándola en una de las fotos que se le mostraron. Indicó además el lugar donde se produjo la lesión al vecino que recibió el impacto de una ithaca.

Finalizada la jornada, la jueza Beatriz Vera dispuso un cuarto intermedio hasta mañana martes 20, oportunidad en la que se hará lugar a los alegatos y posterior lectura de veredicto al finalizar la jornada.

Juicio a seis policías: Hoy declaró un perito en balística que analizó las armas

Es por por un hecho ocurrido en diciembre de 2016. Está previsto que el juicio finalice el próximo martes 20, con alegatos y lectura de veredicto.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito judicial Centro, en la audiencia de debate contra seis policías por los delitos de vejaciones calificadas en perjuicio de un vecino.

Este viernes se continuó con la ronda de testimoniales. Prestó declaración un testigo, licenciado en balística, quien fuera el encargado de proceder al análisis de las armas: una escopeta y una pistola calibre 9 mm.

Según declaró, las municiones y el casco que le fueron remitidos, correspondían con un cartucho AT 1270, que son los que utiliza personal policial. Además brindó otras precisiones sobre la mecánica de funcionamiento del arma y señaló que las vainas servidas fueron encontradas en el lugar porque fueron percutadas (disparadas).

Posteriormente, el fiscal González amplió la acusación por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia agravada por empleo de arma de fuego en lo que respecta a la conducta de Antonio Andrónico Guerra, quien fuera dado de baja por la fuerza policial por sanciones disciplinarias.

El hecho

La madrugada del 25 de diciembre de 2016, vecinos de la plazoleta del barrio La Tablada, en medio de los festejos y saludos por Navidad y encontrándose chicos del barrio jugando, observaron a un móvil policial estacionado y efectivos uniformados que discutían con un vecino, en actitud autoritaria. 

En un momento, comenzaron a hacerse disparos de ithaca (escopeta de corredera o repetición manual) en la zona de la puerta de la casa de un vecino. Fue así que salió otro vecino (la víctima) a recriminar la situación y el oficial Guerra, quien portaba el arma según dichos del propio oficial y los vecinos, le apuntó en el pecho. Ante su desesperación, el damnificado tomó la punta del arma para que no le diera en el pecho y el impacto del disparo le dio en la entrepierna, lo que demuestra la cercanía de quien produce el impacto respecto del lugar del impacto.

Como consecuencia de tales acciones desmedidas e injustificadas, que claramente ponían en riesgo tanto a mayores como a menores, los vecinos de la zona se manifestaron enojados y molestos con los ocupantes del móvil policial y les arrojaron piedras.

El fiscal González sostiene en las actuaciones que los imputados trataron de justificar su accionar mediante los protocolos de actuación, siendo que “el mismo protocolo recomienda que quien esté a cargo debe utilizar criterio pero sobre todo, evitar el roce y la agresión, máxime cuando su propio lema es la seguridad como compromiso y responsabilidad social”.

El fiscal de Derechos Humanos recuerda también que el protocolo, además, hace alusión expresamente al uso de armas como el último recurso y no como en este caso, en el que fuera el detonante de lo que luego se desencadenó, el disparo y consecuente lesión provocada al damnificado.

Agrega el fiscal que el protocolo recuerda que se debe pedir apoyo en caso de que el número supere a la fuerza y retirarse a una distancia considerable, a fin de evitar males mayores.

Según lo manifestado por el chofer del móvil, los efectivos salieron del lugar rápidamente y a pocas cuadras venía un refuerzo policial. De este modo se ratifican los dichos de los denunciantes de que luego de haber causado las lesiones a la víctima, no prestaron el debido auxilio a los lesionados y se retiraron del lugar, abandonando incluso a un compañero de la misma fuerza que quedó en otra zona.

Es por ello que los imputados responden  por el delito de vejaciones calificadas, que corresponde toda vez que el funcionario que desempeña un acto de servicio cometiere cualquier vejación, la que se encuentra agravada o calificada por el uso de la violencia física, la que se encuentra absolutamente comprobada en el legajo, por testimoniales, historias clínicas, fotografías e informes.