María Fernanda Quinteros

Fiscalías Ambientales: el autor del proyecto visitó al Procurador

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al senador por Metán, Roberto Gramaglia, autor del proyecto que establece la creación en el ámbito de la Procuración General de la Provincia, de la Fiscalía con competencia en Protección del Medio Ambiente, Animales y el Patrimonio Cultural. Abordará integralmente la problemática ambiental, el resguardo del patrimonio cultural de Salta y el maltrato animal.


El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, realizó distintos aportes a la iniciativa del legislador Roberto Gramaglia, quien recordó que el proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores de Salta, después de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y con modificaciones.

La iniciativa de ley establece que el Fiscal de Medio Ambiente ejercerá sus funciones ante autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales, entidades descentralizadas del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y tribunales arbitrales y judiciales que correspondan, en función de las intervenciones y acciones que instauren en defensa del ambiente natural y construido y el patrimonio cultural provincial.

El proyecto ingresó a comisión el 18 de octubre del año pasado, se aprobó en el Senado el 29 de noviembre del mismo año y fue aprobado con modificaciones por Diputados, el 14 de mayo último.

En la Cámara Baja, los legisladores modificaron el punto que establecía la creación de ocho fiscalías divididas y en cambio, decidieron aprobar la creación de una sola, para sumar otras en forma progresiva.

Al término de la reunión, Gramaglia dijo que el próximo paso será compartir los aportes del Procurador con sus pares y definir cómo será aprobada la Ley. “Me llevo ideas claras sobre cómo abordar la problemática”, afirmó el legislador.

Condenado por robar en una farmacia

Un hombre de 21 años fue juzgado por el delito de robo agravado por el uso de arma tras haber ingresado a una farmacia en la localidad de El Quebrachal y amenazando con un arma de fuego, se llevó dinero de la recaudación.

El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Metán en la audiencia de debate contra Darío Gabriel Prugna por el delito de robo agravado por el uso de arma.

El hecho juzgado ocurrió en Diciembre del año pasado, cuando la propietaria de una farmacia se disponía a cerrar e ingresó en forma intempestiva un hombre portando un arma de fuego y le requirió la entrega de dinero.

Tras apuntar a la damnificada, logró tomar de la caja registradora el dinero de la recaudación y huyó.

El juez Ramón Haddad lo condenó a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional como autor del delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. Deberá además cumplir reglas de conducta.

Imputan a empleado municipal por cobrar planes sociales de terceros

Un hombre que se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, fue imputado por los delitos de fraude a la administración pública en concurso real con falsedad de instrumento público tras comprobarse que mediante maniobras fraudulentas, cobró beneficios sociales a nombre de terceros. La investigación inició a partir de un periodista local que detectó la situación.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, en actuación conjunta con la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, llevaron adelante una investigación respecto a maniobras fraudulentas que se denunciaron en la ciudad de Rosario de la Frontera respecto al cobro de planes sociales en nombre de supuestos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.

La investigación se inicia a partir de la denuncia de uno de los damnificados, quien dice que tomó conocimiento por parte de un periodista local de que existía registrado a su nombre un plan social, siendo que nunca percibió dichos montos ni beneficio alguno, incluso desconoció las firmas insertas en la documentación.

Luego realizó la denuncia el intendente Gustavo Solis Mónico, quien al tomar conocimiento de la denuncia anterior, que tomó estado público por los medios de comunicación, pidió que se investigue el hecho e informó que desde la Municipalidad se iniciaron las averiguaciones internas tendientes a verificar la veracidad de lo denunciado.

Se suman las denuncias de otro damnificado y de su hija, quienes relatan situaciones similares a la del primer damnificado.

Del trabajo conjunto de ambos fiscales, se dispusieron diversas medidas probatorias, entre las que se cuenta el pedido de informes a las distintas áreas involucradas y el análisis de dicha documentación por peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

De los elementos probatorios recogidos, los fiscales decidieron imputar a Matías Tomás Antonio Iturre, quien se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, al acreditar que durante el periodo 2016-2018, con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violó los deberes a su cargo al efectuar maniobras fraudulentas y ardidosas consistentes en presentar copias de documentación personal perteneciente a distintos vecinos de la Comuna de Rosario de la Frontera –sin estar autorizado por éstos para tal fin- a los efectos de solicitar se les efectúe pago del beneficio del Programa Salta Solidaria – Salta Trabaja, sin que el dinero librado por tal concepto haya sido destinado a los supuestos beneficiarios ni la contraprestación laboral fuera efectuada, perjudicando de esta manera los intereses que le habían sido confiados y al erario público. Siendo que para lograr ese cometido se llegó incluso a insertar firmas apócrifas en la documentación que acreditaba el pago del beneficio.

Tras conocer los hechos que se le imputan, Iturre decidió no prestar declaración.

Prófugo: Rodrigo Emanuel Funes en la lista de “Los más buscados”

El fiscal penal Pablo Paz, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, solicitó que el prófugo Rodrigo Emanuel Funes, integre la lista de los más buscados a nivel nacional. Está acusado de un homicidio y de una tentativa de homicidio ocurrido el 6 de marzo pasado en Villa 20 de Junio.

Funes, “pelo i´choclo”, tiene 18 años y se encuentra prófugo desde el 6 de marzo pasado, cuando participó del homicidio calificado de Ezequiel Gustavo Moreno y la tentativa de homicidio calificado de Gastón Hernán Alvarado Quispe en calle Levene al 900 en Villa 20 de Junio.

Por el hecho se encuentran detenidos e imputados Hugo Eduardo Durán y Víctor Hugo Medina, acusados de los delitos de homicidio agravado por la alevosía, por la participación de un menor y por el uso de arma de fuego en perjuicio de Exequiel Gustavo Moreno y por la tentativa de homicidio agravada por la alevosía, la participación de un menor y por el uso de arma de fuego en perjuicio de Gastón Hernán Alvarado Quispe en concurso real e ideal con el delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Ante la actitud evasiva de Funes, el fiscal Paz solicitó al Juzgado de Garantías 4 su detención y requirió se disponga su captura nacional e internacional y orden de detención en la vía pública.

En el marco de un convenio entre el Ministerio Público Fiscal de Salta y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por resolución del Procurador General de la Provincia, los fiscales pueden remitir los datos de prófugos de la Justicia que tengan pedidos de captura por delitos graves a fin de que integren la lista de “Los más buscados” en una página de acceso público dependiente del Registro Nacional de Reincidencia.

Es así que la foto y los datos filiatorios de Funes serán incorporados a la página Los Más Buscados del Registro Nacional de Reincidencia.

Golpeó y apuñaló a su concubino

Una mujer de 33 años fue detenida e imputada por el homicidio calificado de su pareja, a quien golpeó con una masa y luego apuñaló. Testimonio de familiares y vecinos permitieron esclarecer el hecho ocurrido en diciembre.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Rodrigo González Miralpeix, imputó a Ángela Beatriz Saravia por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja en perjuicio de Luis Leonardo López.

El hecho ocurrió el 17 de diciembre del año pasado, cuando se reportó una persona herida en un domicilio de calle Samuel Quevedo al 2600. El personal policial que se hizo presente encontró a la víctima de 28 años tendido en una cama y con una herida en la zona torácica.

Fue asistido y trasladado al hospital San Bernardo en código rojo, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció internado y falleció el 25 de febrero de este año.

Ángela Beatriz Saravia era la pareja del fallecido y durante la investigación dio cinco versiones distintas de lo que había sucedido aquella noche en el domicilio que compartían. Sus relatos eran inconsistentes y en todos ellos buscó inculpar a una persona adicta de la que no podía aportar ningún dato fidedigno.

Del trabajo realizado por personal de la División Homicidios, se logró recabar importantes testimonios de vecinos y de familiares de la víctima, quienes fueron coincidentes en resaltar que la pareja consumía alcohol, que «eran mano larga» los dos y que tenían una mala relación porque ella «brava».

Otros testigos incluso señalaron que la mujer contó que por una diferencia con la víctima, le pegó con una masa en la cabeza y lo apuñaló. Incluso uno de ellos encontró las prendas de vestir de López en su terreno con manchas sanguinolentas y en estado de putrefacción.

Saravia fue detenida e imputada y en su declaración negó su participación en el hecho e insistió en decir que la lesión se la produjo una persona desconocida, presumiblemente adicta.

Cintia Fernández: última jornada de testimoniales

Hoy se recibirán los últimos testimonios citados por las partes y se pasará a un cuarto intermedio hasta el jueves 6, oportunidad en la que se dará lugar a los alegatos y se conocerá el veredicto del Tribunal de la Sala IV para Mario Federico Condorí.

Según lo dispuesto por el Tribunal de la Sala IV de Juicio, integrado por los jueces Norma Vera, Paola Marocco y Roberto Lezcano, hoy se llevará a cabo la última jornada de recepción de testimonios en el juicio que se sigue contra Mario Federico Condorí por el homicidio de Cintia Vanesa Fernández.

Los alegatos de las partes se llevarán a cabo el próximo jueves 6 de junio y está previsto que ese mismo día se conozca el veredicto.

Durante la jornada de ayer declararon dos mujeres que pertenecían al ámbito laboral de la madre de la víctima, un albañil que realizó tareas en el departamento de la joven fallecida, el concejal Córdoba como miembro de de Familiares contra la Impunidad Durante y una vecina del edificio de barrio Parque La Vega.

Esta última testigo al iniciar su declaración, solicitó al Tribunal que se le otorgue protección policial ya que sentía temor por su integridad y la de su familia. En su declaración dijo que conocía al imputado de verlo en el edificio y que a la víctima la vio en oportunidad de reclamarle que cierre la puerta del departamento para lijar para evitar la proliferación del polvillo.

Ratificó lo declarado durante la investigación, donde manifestaba haberlo visto a Condorí en el edificio los días 24 y 26 de abril.

La querella solicitó al Tribunal la incorporación de unas fotografías y una breve declaración de Ana Fernández para explicar de que se trataban. La defensa de Condorí manifestó su oposición, a la que el Tribunal hizo lugar .

Ippis: Las audiencias de imputación comenzarán la semana próxima

Los imputados Romelia Durán, Samuel Centeno y Alejo Gallardo deberán presentarse en la sede de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. La primera se desempeñó como presidenta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y los segundos, como vocales.


La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, imputó a Romelia Durán, Samuel Centeno y Alejo Gallardo; por la supuesta comisión del delito de peculado y subsidiariamente, de fraude a la administración Pública, en carácter de coautores.

La fiscal los imputó provisionalmente, porque “surge evidenciado que Durán, Centeno y Gallardo, integrantes del Consejo Directivo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), durante el periodo 2017-2018 y siendo los firmantes autorizados de las cuentas bancarias pertenecientes a dicho Instituto, con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violaron los deberes de administración a su cargo al efectuar distintas maniobras fraudulentas, perjudicando los intereses que le habían sido confiados y pertenecientes al erario público”. El Ippis es una entidad autárquica y descentralizada vinculada al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.

De acuerdo al dictamen de la fiscal Poma, “los nombrados habrían librado numerosos cheques a sus propios nombres y al de otros beneficiarios, sin la debida documentación respaldatoria del gasto, ello con el fin de cobrar dinero que pertenecía al Ippis, lo que permitiría tener por configurada la calificación secundaria”.

La fiscal también verificó “desorden en el manejo de las chequeras – las que no estaban en resguardo del área contable-, emisión de cheques por altos montos a nombre de sí mismos sin que aparezca justificado el fin del libramiento de los mismos (lo que permite inferir una intención de ocultar el destino final de los fondos de origen público cuyo manejo y custodia les confería las funciones que desempeñaban en el organismo mencionado), y que, por consiguiente, permiten tener por acreditados los extremos legales exigidos por la normativa penal citada como principal”.

Las actuaciones del caso se originaron en la remisión hecha por el Secretario General de la Gobernación de copias certificadas de Informe Especial de Auditoría, llevada a cabo por Sindicatura General de la Provincia, en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta.

Barrio Siglo XXI: es juzgado por apuñalar a un joven

Gustavo Emilio Alancay está siendo juzgado por el delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de Javier Ignacio López, a quien lesionó los primeros días de Octubre de 2018 con un arma blanca en el marco de una ingesta alcohólica. Mañana serán los alegatos.

El fiscal penal Rodrigo González Miralpeix representa al Ministerio Público ante la Sala V del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Gustavo Emilio Alancay, “Achalay”, por el delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de Javier Ignacio López, “Pajarito”, de 23 años.

El hecho ocurrió el domingo 7 de Octubre de 2018 en barrio Siglo XXI, cuando el imputado de 44 años, lesionó con un arma blanca a la víctima tras una discusión. La reunión se realizó en la casa de López, donde hubo consumo de bebidas alcohólicas y en determinado momento surgió una disputa en el grupo y Alancay tomó un cuchillo de la casa, lesionó al anfitrión y huyó.

La audiencia es unipersonal y está a cargo de Marcelo Rubio. Según lo previsto, mañana se llevarán a cabo los alegatos.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Ramiro Ramos Ossorio.

«Rolo» asumió ser el autor del homicidio de B° 20 de Febrero

El fiscal penal Pablo Rivero informó que uno de los imputados por el homicidio de Marcelo Facundo Arias se responsabilizó por el hecho y pese a que intentó desvincular a los otros acusados, la investigación continúa para determinar la participación de cada uno.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Rivero, informó que tras la audiencia de imputación concretada ayer por el homicidio de Marcelo Facundo Arias, uno de los tres imputados, Rolando Emanuel Subía, “Rolo” asumió ser el autor del hecho.

Pese a que con sus dichos trató de desvincular a Jesús Alejandro Gabriel Bautista, “Cholo” y a Juan Ignacio Pica, también imputados por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, Rivero explicó que se por el momento su situación procesal no varía y que continúa con las tareas investigativas para determinar el grado de participación de cada uno.

Perpetua para cuatro hombres por el homicidio de un joven

Ayer fueron condenados a la pena máxima que impone el Código Penal por el homicidio calificado de Iván Emanuel Villa, quien fue ultimado a puñaladas en la localidad de Coronel Cornejo en febrero de 2018.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito en la audiencia de debate contra Néstor Braian Nahuel Andrade, Gabriel Alejandro Pestaña, José Alberto Pestaña y Marcelo Oscar Wayar por el delito de homicidio agravado por alevosía en calidad de coautores.

El hecho ocurrió el 24 de Febrero de 2018 en la localidad de Coronel Cornejo cuando participaban de una reunión con ingesta alcohólica en la casa de uno de los imputados.

La víctima, Iván Emanuel Villa de 23 años, presentaba al menos cincuenta heridas de arma blanca y sólo una de ellas fue letal.

También se detectaron golpes en la cabeza, detalles que indican que se trató de un hecho cruento que se originó tras una disputa o discusión, hecho que derivó en el violento asesinato de Villa.

Tras los alegatos, los jueces Azuzena Vázquez, Sandra Mabel Sánchez y Anastacio Vázquez Sgardelis, condenaron a los cuatro imputados a la pena de prisión perpetua y en el mismo fallo se dispuso que se proceda a la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.