María Fernanda Quinteros

El Procurador recibió a las Comunidades Originarias

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a 20 referentes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, quienes le entregaron una copia del petitorio que elevarán al Poder Ejecutivo Provincial. También consultaron y se expresaron acerca de temas en los que tiene injerencia el Ministerio Público Fiscal. En el encuentro también participó  la delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy.

La reunión realizada este lunes en instalaciones del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta con la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, contó con distintas alocuciones durante las cuales las y los referentes compartieron el petitorio que presentarán esta tarde a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial. Específicamente, sobre temas vinculados con el MPF, pidieron que “se dé cumplimiento efectivo a la Ley 21160, -que suspende los desalojos y ordena relevar las tierras de ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas-, con presupuestos que lo garanticen y en particular en las comunidades de los departamentos San Martín y Orán”. Denunciaron “graves situaciones de violaciones de Derechos Humanos, desalojos violentos y faltas de títulos de propiedad de la tierra”. Además, manifestaron la necesidad de acceder a un sistema de justicia intercultural y efectiva y en ese sentido, solicitaron facilitadores interculturales bilingües para todos los organismos estatales.

El cacique Aniceto Mendoza destacó la reunión “porque se trata de la primera vez que nos recibe un Procurador General de la Provincia”, y afirmó que la UACOP la consideró “muy positiva, por la expresión de profundo respeto que nunca antes se dio”.  Afirmó que la marcha iniciada el 16 de noviembre pasado y los pedidos de reuniones con las autoridades, “se basan en la ética y construcción cultural de los pueblos, que venimos a buscar fortalecimiento y mayor entendimiento con las organizaciones del Estado. “Nuestra marcha se basa en las necesidades que se dejaron pasar por muchos años”, sostuvo Mendoza.

Los presentes expresaron su preocupación por la desnutrición y muertes de menores y dijeron que mientras marchaban, supieron del fallecimiento de una menor en La Puntana, ocurrida el viernes pasado. También denunciaron “el atropello de las fuerzas de seguridad” durante los desalojos. En ese sentido, Julia Gómez afirmó que “sin la tierra, no somos nada”, pues en el territorio encuentran alimentos y medicinas, además de los materiales para sus lanchas y otros elementos. “Hoy, en cambio, tenemos techos de plástico”, afirmó. Mendoza, en tanto dijo que las “leyes están hechas para el hombre blanco y hay pocas sobre pueblos originarios, a pesar de que la Constitución Nacional reconoce su preexistencia”.

Por su parte, el Procurador ratificó su apoyo a la conformación de una Mesa de Diálogo, para que se visibilicen las necesidades de las comunidades, históricamente postergadas y se definan soluciones con los protagonistas. “Una República funciona mejor con una representación plural y diversa, porque la democracia participativa siempre será más directa para garantizar el respeto de los derechos indígenas”, afirmó Cornejo, al tiempo que destacó que el encuentro de ayer, fue el claro ejemplo de que “a través del diálogo y la empatía, se puede mejorar la condición humana”.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, en Salta los pueblos indígenas representan un porcentaje del 6,6% de la población provincial total.

Durante el encuentro, estuvieron Crescencia Lorenzo, Francisca Sarmiento, Fabiola Irene Rodas, Susana Palavecino, Antonia Pérez, Julia Gómez, Julián Torres, Samuel Gilovero, Mateo Torres, Aniceto Mendoza, Abel Mendoza, Nelson Campos, Gervasio Barvier, Mariano Centeno, Celestino Delgado, José Marambio Félix, Leonardo Pantoja, Lucio Palavecino y Marcos Lucas.

Una disputa vecinal que pudo terminar en tragedia

Ocurrió en barrio Castañares, donde dos grupos que mantienen una manifiesta enemistad se enfrentaron. Se generó un incendio intencional en una de las viviendas y uno de los participantes resultó herido con un arma de fuego. Hay 13 detenidos.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, investiga un hecho ocurrido en barrio Castañares de la ciudad de Salta, donde el pasado 11 de octubre, miembros de un grupo antagónico provocaron el incendio en la vivienda de la familia Rearte, causando un real peligro de muerte para dos mujeres que son vecinas y sus grupos familiares. El fuego y el humo se propagó hasta sus domicilios, provocando incluso daños materiales.

Tras una minuciosa investigación, se pudo conocer que el hecho desencadenante habría sido que un miembro de la familia Rearte, acompañado de otra persona, había realizado siete detonaciones de arma de fuego contra la humanidad de un miembro de la familia Benítez, impactándole tres de los disparos en la pierna, tobillo y brazo del damnificado y luego huyeron.

Por directivas del fiscal Torres Rubelt, se logró identificar a los participantes, determinar el rol que cumplieron y se abrió decreto de imputación para trece personas.

Martín Ezequiel Benitez, Lucando Eduardo Antonio Benitez, Cristian Tomás Rodriguez, Valeria Natalia Benitez, Emilio Nicolás Rodríguez, Noelia del Valle Álvarez, Facundo Ezequiel Segovia, Damian Baltazar Fernández, Darío Leandro Martínez, Nadia Agustina Carrizo y dos menores de edad, fueron imputados como autores del delito de estrago doloso con peligro para la vida de las personas en perjuicio de dos vecinas del grupo 244 viviendas de Castañares.

Diego Rafael Gregorio Rearte fue imputado como autor del delito de tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma en perjuicio de Martín Ezequiel Benítez.

El fiscal explicó que los acusados se encuentran detenidos y se solicitó que así se mantengan mientras se cumplen diversas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento del hecho.

Recapturaron a los evadidos de Rosario de la Frontera

Raúl Maximiliano Garnica y Franco Leonel Corpus, fueron recapturados en las últimas horas tras haberse fugado de la Comisaría 31 la noche del pasado jueves.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodriguez López, informó que se logró recapturar a los evadidos Raúl Maximiliano Garnica y a Franco Leonel Corpus, quienes se fugaron el pasado jueves por la noche de la Comisaría 31 de esa ciudad.

Tras un importante operativo policial, los evadidos fueron recapturados la mañana de este sábado en inmediaciones de barrio El Guaypo, en el domicilio de un familiar y serán imputados en las próximas horas por el delito de evasión.

Rodríguez López aclaró que la Fiscalía continúa con las actuaciones por la evasión.

Imputaron a un legislador por apología del crimen

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó provisionalmente a Gustavo Orlando Orozco por la comisión del delito de apología del crimen, en perjuicio de la tranquilidad pública.

La audiencia de imputación se realizó este viernes, vía Zoom, debido a la ausencia del diputado representante de ese departamento, Gustavo Orozco, en la ciudad de Rosario de la Frontera. Se concretó con la presencia de su abogado particular. El legislador negó los hechos endilgados y pidió prestar declaración por escrito.  

Según consta en las actuaciones, el legislador habría expresado que quienes maten a un policía y los violadores “deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde”.

Además, en la red social Facebook del usuario denominado “Gustavo Orozco”, habría publicado: “los delincuentes que maten a un policía en el delito y aquellos que violan…deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde!!!!!!”. A continuación expresó: “Esto es lo que respondí a los medios salteños cuando preguntaron que pienso de la inseguridad que últimamente estamos viviendo”.

Al otorgar la calificación legal provisoria, el fiscal entendió que la conducta de Orozco está sospechada de criminalidad, y que conforme a las diligencias realizadas se pudo establecer que el imputado habría manifestado públicamente alabanzas o exaltación de un hecho que de acuerdo a la legislación argentina, constituiría un delito –homicidio-, presentándolo como un hecho meritorio y digno de aceptación por todos, lo cual podría generar la falsa idea de que esa conducta es legítima, empujando a actuar en contra de la ley.

Consideró el fiscal que el comentario del imputado “podría generar una perturbación social y una alteración del desenvolvimiento normal de la sociedad civil por el contexto y la relevancia  que tendría, en virtud de que se trata de un funcionario público, elegido por el voto popular”. Y agregó que “se suma a todo ello, la crítica situación de alta sensibilidad en la que la sociedad se encuentra inmersa debido a la pandemia”.             

Rº de la Frontera: se fugaron dos presos de la Comisaría 31

El fiscal penal Rodríguez López investiga la evasión de dos detenidos de esa dependencia, ocurrida la noche de este jueves. Personal de una funeraria, colindante con la Comisaría, reportó que vio salir a dos personas encapuchadas corriendo por un patio interno de la empresa.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, investiga la evasión de los detenidos Franco Leonel Corpus y Raúl Maximiliano Garnica.

Personal policial de la Comisaría 31 de esa ciudad, reportó que en la dependencia hay 24 detenidos y que la tarde de este jueves se realizó el recuento sin ninguna novedad y que luego, se recibió el llamado de un empleado de la funeraria, contigua al edificio, que les informaba que vieron salir a dos personas encapuchadas al patio interno de la empresa y salir corriendo por la puerta principal.

Se pudo identificar a los evadidos, como Franco Leonel Corpus y Raúl Maximiliano Garnica, detenidos por el robo a una distribuidora.

Rodríguez López informó que se trabaja en la aprehensión de los fugados y que se dieron las directivas necesarias para el esclarecimiento del hecho.

Bº Santa Ana: detienen a una pareja que robaba celulares

Una mujer de 25 años y un hombre de 30, fueron detenidos e imputados por dos hechos de robo y uno de hurto, por apoderarse de teléfonos celulares. En uno de los hechos, la acusada, golpeó a una de las víctimas para lograr su cometido.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Romina Irene Moreyra y a Fernando Nicolás Vargas Agüero como autores de los delitos de robo (dos hechos) y hurto simple en concurso real.

En el primer hecho denunciado, la pareja, bajo efectos de sustancias prohibidas, le exigió a un vecino que les prestara su celular para llamar un remis y se lo sustrajeron. Cuando solicitó que se lo devolvieran, lo golpearon y amenazaron.

El segundo hecho fue en perjuicio de una vecina de Santa Ana, que caminaba por la vía pública y fue interceptada por la acusada, quien en forma violenta le sustrajo el celular del bolsillo y una suma de dinero. La amenazó, le dio un golpe de puño y huyó en una motocicleta con su pareja.

El tercer hecho ocurrió en perjuicio de un vecino de Villa Soledad, al que la mujer le pidió el celular prestado y cuando lo tuvo en sus manos, corrió junto a su novio y se negó a entregarlo, profiriendo insultos y amenazas.

El grupo investigativo del Sector 3 B, inició una investigación y logró identificar a Moreyra, conocida como «Tormenta», quien practica boxeo y a su pareja, conocido como «Orejón». Ambos poseen antecedentes delictivos y por el consumo problemático de sustancias estupefacientes.

La próxima semana inicia el juicio por el homicidio de Roberto Ezequiel Farfán

Juan Ignacio De Singlau Naser será juzgado desde el 4 de diciembre de este año como autor del delito de homicidio doblemente calificado de Roberto Ezequiel Farfán. El hecho ocurrió en febrero de 2019 en un potrero de sembradío, a la vera de la ruta Circunvalación Sur-Este entre la Ruta Provincial 21 y Ruta Nacional Nº 68.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, representará al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Juan Ignacio De Singlau Naser por el delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y criminis causa en perjuicio de Roberto Ezequiel Farfán.

El hecho ocurrió en febrero de 2019, cuando la víctima había salido a correr y no regresó a su domicilio, por lo que sus familiares lo reportaron como desaparecido. El día siguiente, en el marco de las tareas de rastrillaje que se realizaban, se encontró sin vida al joven en inmediaciones de la ruta nacional 68 y ruta provincial 21.

El informe de autopsia reveló que falleció por traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por los golpes que De Singlau Nasser le propinó en el cráneo y rostro para luego sustraerle el teléfono celular.

La audiencia estaba fijada para fines de agosto y por la situación sanitaria existente, debió ser reprogramada para el próximo 4 de diciembre.

Pichanal: detenido por atacar a su expareja

Un hombre de 26 años fue detenido e imputado por lesionar a su expareja. La interceptó en la vía pública, la agredió físicamente y luego la llevó forzada a su casa, donde intentó ahorcarla.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a Juan José Durán como autor de los delitos de lesiones doblemente agravadas por ser cometidas a una persona con quien mantuvo una relación de pareja, mediando convivencia y por un hombre a una mujer, mediando violencia de género y coacción en concurso real.

La víctima vivió en concubinato con el acusado durante siete años, tienen dos hijos menores en común y se encuentran separados hace cinco meses por hechos de violencia.

Denunció que caminaba hacia su vivienda, cuando su expareja la interceptó en la vía pública, la arrastro hacia las vías del ferrocarril y le arrancó la ropa. Lesionó su tobillo con una piedra y le quemó uno de los brazos con un cigarrillo.

Luego la llevo por la fuerza a su vivienda y allí continuó con las agresiones físicas e intentó ahorcarla. La madre del acusado intervino para impedir que continuara con su ataque.

El MPF capacitará en la Auditoría General de la Provincia

El Ministerio Público Fiscal y la Auditoría General firmarán un convenio de complementariedad destinado a la  capacitación de auditores de campo, en materia de delitos económicos. El  órgano de control lleva radicadas 37 denuncias penales desde abril de 2019.

El procurador general, Abel Cornejo recibió al presidente de la Auditoría General, Gustavo Ferraris, con quien acordó avanzar en un convenio de complementariedad destinado a la  capacitación de auditores de campo en materia de delitos económicos. La capacitación estará a cargo de fiscales especializados. En ese sentido, Ferraris afirmó que el organismo a su cargo, encontró la necesidad de acceder a capacitación específica, con el objetivo de instruir a los auditores de campo sobre cómo reunir documentación precisa, la que posteriormente podría convertirse en la prueba que acompañe las denuncias que el organismo realiza cuando detecta la posible comisión de delitos en perjuicio de la hacienda pública.

El Pte. de la AGPS, Gustavo Ferraris, con el procurador Cornejo

Es que según la Constitución Provincial, la Auditoría tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación del Estado, en los casos que se detecte, en virtud de las funciones atribuidas por la Carta Magna y las leyes vigentes, el posible daño patrimonial al Fisco. Además, la Ley Nº 7103, establece que la Auditoría puede actuar como sustentadora y proveedora de pruebas.

El Presidente de la Auditoría enfatizó la posibilidad de mejorar mecanismos interinstitucionales, para que la dinámica entre la sospecha, la denuncia, la investigación y posterior sanción de delitos contra la Administración Pública, sea ágil y concreta.

Por su parte, Cornejo afirmó que a pesar de que a la Auditoría General de la Provincia le compete el control posterior de las cuentas públicas, la capacitación de los auditores de campo permitirá mejorar la recolección de pruebas destinadas a sustentar posibles investigaciones formales. “Especialmente los delitos económicos exigen la investigación en tiempo real, porque esa es la forma de evitar mayores perjuicios al Estado. El desorden administrativo o, peor aún, los hechos de corrupción, frenan o directamente impiden la ejecución de las políticas públicas de estados municipales y organismos provinciales”, afirmó el Procurador.

La AGPS realiza las auditorías financieras, de legalidad y de gestión de las entidades bajo su control, así como la evaluación de los programas, proyectos y operaciones financiadas con fondos propios de la provincia, o provenientes de financiamiento nacional o internacional.

Prisión perpetua para «Angelito» por el homicidio de una comerciante

La Sala III del Tribunal de Impugnación, hizo lugar a los recursos de casación presentados por la Fiscalía y la querella y modificó la calificación legal de la condena de Marcelo Raúl Núñez. Le impuso la pena máxima que fija el Código Penal. En setiembre de 2016 fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio simple de María Julia Aranda Mansilla.

Audiencia de debate – Setiembre 2016

Marcelo Raúl Núñez llegó a juicio en setiembre de 2016, acusado del homicidio calificado criminis causa de la comerciante María Julia Aranda Mansilla, ocurrido en noviembre de 2015 en barrio Sanidad.

Fue condenado el 19 de setiembre de 2016 por el juez Federico Armiñana Dohorman de la Sala I del Tribunal de Juicio a la pena de 20 años de prisión por el delito de homicidio simple.

Tanto el fiscal penal Pablo Paz, como el abogado querellante, interpusieron recursos de casación y los jueces Eduardo Barrionuevo y Pablo Mariño de la Sala III del Tribunal de Impugnación, resolvieron casar la sentencia y modificar la calificación legal de la condena de Marcelo Raúl Núñez, «Angelito» por el delito de homicidio criminis causa y le impusieron la pena de prisión perpetua.