El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso la apertura de actuaciones administrativas para establecer responsabilidades en torno a la tramitación de 50 dosis de vacunas Sputnik V, las cuales habrían sido aplicadas a la misma cantidad de personas en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tal gestión no fue informada a las autoridades del Ministerio Público Fiscal ni del Servicio Médico del Ministerio Público.
El Procurador ordenó las actuaciones sumarias al tomar
conocimiento de que aproximadamente hace un mes y dentro del ámbito del CIF, se
habría dispuesto, sin conocimiento de la Procuración General ni de su Coordinación
General, pero tampoco del Servicio Médico del Ministerio Público; la tramitación
ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, de 50 dosis de la vacuna rusa
contra el SARS-CoV-2. Las dosis habrían sido recibidas por igual cantidad de personas,
integrantes de una lista elaborada dentro del ámbito del CIF.
La medida inconsulta generó sorpresa y desagrado en el ámbito
de la Procuración, atento a que además de las posibles irregularidades en el
acceso a las vacunas, la situación revistió falta de solidaridad y equidad de quienes
decidieron avanzar en el acceso a las dosis y su disposición final, al no haber
contado con una opinión médica objetiva sobre el listado de personas con
prioridades que debían administrarse la vacuna Sputnik V y el orden de prelación
que debía seguirse para ello. Dichos parámetros
están establecidos por la autoridad sanitaria y de acuerdo a los grupos de la población
con mayor vulnerabilidad.
Cornejo consideró que pudieron advertirse “prima facie”,
irregularidades en orden a lo violación de distintas normativas vigentes, lo
que justifica, por su gravedad y complejidad, la promoción de instancias
disciplinarias internas “especialmente cuando es de dominio público que todavía,
la cantidad de dosis disponibles a nivel internacional, nacional y provincial, resulta
absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población”.
Las actuaciones administrativas tienen el objeto de deslindar responsabilidades,
determinar la vía de acceso a las dosis y la tramitación del pedido, como así también
los criterios adoptados para la confección de la lista, habida cuenta que el
Servicio Médico del Ministerio Público, no fue consultado.
Vacunación rutinaria y Covid-19
Como rutina anual, se cumple en el CIF con la vacunación del
personal esencial, contra distintas enfermedades y en virtud de la inmunización
a trabajadores que está enmarcada en el artículo 21 del Decreto 351/79, que la
contempla como uno de los requisitos de los Servicios de Medicina del Trabajo y
de acuerdo a la OMS/OPS, que establece los Niveles de Prevención Primaria
Especifica, junto con Higiene y Seguridad del Trabajo, Higiene y Seguridad de
la Vida Familiar y Calidad del Medio Ambiente, ya que el personal del CIF se
encuentra integrado por profesionales que tienen contacto con cuerpos, muestras
biológicas y materiales potencialmente infectantes.
Durante 2020 y lo que va de este año, el proceso general de inmunización,
se vio alterado ante la situación pandémica por Covid-19 y que actualmente registra
un rebrote. A ello se suma la restricción a las autoridades de acceder a las
dosis necesarias para lograr un reparto equitativo en la sociedad y de acuerdo
a las prioridades establecidas. En el propio Ministerio Público Fiscal, hay fiscales,
funcionarias y funcionarios y personal, todos incluidos en grupos de riesgo y
que no accedieron todavía a la inmunización.
Vale recordar que dada la tarea específica que lleva
adelante el CIF, particularmente en materia de autopsias y otros exámenes cadavéricos,
desde la declaración de la COVID-19 como pandemia, numerosas personas del
equipo resultaron positivas para la enfermedad y luego de haberse cumplido los
protocolos establecidos para evitar más contagios y someterse al tratamiento, se
recuperaron en forma favorable.