María Fernanda Quinteros

Bº Solidaridad: se investiga la denuncia de una madre

La mujer denunció que personas desconocidas intentaron llevarse a su hija de 10 años mientras esperaban un remis en la zona Sudeste de la ciudad. El fiscal interviniente, en forma inmediata, dispuso que se realice un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los sospechosos.

El fiscal penal 6, Pablo Paz, inició una averiguación preliminar a partir de la denuncia de una mujer de 27 años, quien señala que se encontraba esperando un remis en la zona Sudeste de la ciudad, junto a sus tres hijos y que un automóvil oscuro se acercó en forma sospechosa y uno de los ocupantes, intentó llevarse a la niña de 10 años, lo que pudo impedir.

Subió a un remis junto a los menores y pudo llamar al Sistema de Emergencias 911 y poner en conocimiento la situación.

El fiscal Paz, al recibir la consulta, dispuso que se remitan las actuaciones a la dependencia policial que por jurisdicción corresponda y que se realice el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, entre otras medidas, a fin de poder profundizar las tareas investigativas que permitan esclarecer lo sucedido.

Los investigadores informaron que las cámaras de seguridad que funcionan en el hospital Papa Francisco se encuentran fuera de servicio hace un mes aproximadamente y las cámaras privadas de una panificadora de las inmediaciones, no se almacenan por más de 24 horas, por lo que fue imposible obtener un registro fílmico del hecho denunciado.

Pichanal: detenido por agredir y amenazar a su expareja

Un hombre de 29 años fue detenido e imputado por un hecho de violencia en perjuicio de una mujer con la que mantuvo una relación y de la que se encuentra separado. La golpeó en el rostro, provocándole lesiones y la amenazó si no retomaban la relación.

La fiscala penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a David Pedro Herrera como autor de los delitos de lesiones doblemente agravadas por ser cometidas a una persona con quien mantuvo una relación de pareja y por un hombre a una mujer, mediando violencia de género y coacción en concurso real de delitos.

En la denuncia, la damnificada señala que mantuvo una relación de pareja de nueve meses con el acusado, no tienen hijos en común y se encuentran separados hace seis meses. Días atrás, cuando circulaba en una motocicleta con sus hijos menores, fue interceptada por Herrera, quien la golpeó en el rostro y le manifestó » vos tenés que estar si o si conmigo, si no sos para mí, te voy a matar».

La mujer fue auxiliada por vecinos y el acusado logró huir del lugar. Tras radicar la denuncia, fue aprehendido y se concretó su imputación.

La fiscala solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención del acusado mientras se cumplen diversas medidas solicitadas.

Juzgan a cinco profesionales de la Salud de General Güemes tras la muerte de un bebé

Desde este miércoles y hasta el próximo viernes, se realizará el juicio contra cinco profesionales vinculados a un hecho ocurrido en junio de 2015 en el hospital Joaquín Castellanos, cuando un bebé murió antes de nacer, al no recibir su madre las atenciones necesarias.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representarán al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.

Las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de la denuncia de Carlos Javier Argañaraz, realizada el 18 de Junio de 2015. El denunciante sostuvo que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de treinta y ocho semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Gral. Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.

Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, lo que se debió a que no se le practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería.

Posteriormente, la mujer amplió su declaración y manifestó que durante el tiempo que permaneció en el hospital local nunca fue atendida por médico alguno, siempre se hizo presente la obstétrica y una enfermera que le prodigaron algunas atenciones pero no las idóneas para su estado de salud.

La audiencia estará a cargo del juez Federico Armiñana Dohorman y está previsto que se extienda hasta el próximo viernes 28. Durante la primera jornada, luego de la lectura del requerimiento a juicio, se dará lugar a los acusados para prestar declaración y se iniciará la ronda de testimoniales con la declaración de la madre damnificada.

Jimena Salas: finaliza el juicio contra Vargas y Cajal Gauffín

Este miércoles, al reanudarse la audiencia de debate, los miembros del Tribunal de la Sala VII de Juicio, darán lugar a las réplicas y dúplicas, las últimas palabras de los acusados y luego se dará a conocer el veredicto.

Tras un cuarto intermedio dispuesto el pasado viernes por los jueces que integran la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro, este miércoles a las 14, se reanudará la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento, criminis causa y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia.

El pasado viernes se escucharon los alegatos de las partes, donde la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio, solicitò que se aplique a Vargas una pena de 12 años de prisión efectiva y a Cajal Gauffín, una pena de 5 años y 6 meses.

La tutora oficial de las hijas menores de la víctima como la Asesora de Menores e Incapaces adhirieron al pedido de pena del Ministerio Público y se pidió además, la privación de la responsabilidad parental de Cajal Gauffín respecto de sus dos hijas.

El abogado defensor del imputado Cajal Gauffín a su turno, solicitó que su representado sea absuelto en forma lisa y llana y los abogados codefensores de Sergio Horacio Vargas, solicitaron la absolución lisa y llana del imputado. También se expresó el abogado representante de Vargas en relación a la acusación de la querella y la actoría civil y solicitó que se lo absuelva a Vargas en forma lisa y llana y el rechazo de la demanda civil.

El veredicto de los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman, se conocerá la tarde de este miércoles, luego de producidas las réplicas, dúplicas y las últimas palabras de los acusados.

El MPF pide que la Ley garantice el juzgamiento de femicidas con perspectiva de género

El Ministerio Público Fiscal de Salta propone, a través de un proyecto de Ley, la reforma de la Ley Orgánica de Justicia Penal. Tiene el objetivo de que los Tribunales de Juicio que intervengan en causas de femicidio, estén integrados por al menos una jueza. Entre sus fundamentos, destaca la normativa internacional y nacional vigente, y especialmente se detiene en la reproducción de estereotipos machistas que podrían condicionar a las autoridades estatales.

La iniciativa legislativa de la Procuración General, surgió ante la imperiosa necesidad de modificar el Art. 9 de la Ley Provincial N° 7716, que establece la composición y atribuciones de las Salas de los Tribunales de Juicio, y que define que deben estar integradas por tres jueces cada una.

En este punto, vale señalar que el Ministerio Público Fiscal, adhirió en 2019 al “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”, confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación.

El término femicidio fue desarrollado como un concepto teórico político para conceptualizar y visibilizar un fenómeno con manifestaciones y características particulares: las muertes violentas de mujeres por razones de género. En esa línea argumentativa, en el ámbito internacional de los Derechos Humanos se definió el femicidio como: “La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. Consecuentemente, el MPF, creó la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios de Salta (UFEM – SALTA).

En este contexto, vale la pena mencionar el reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que rechazó un planteo para evitar un nuevo juicio a los acusados de matar a Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en 2016 en Mar del Plata. Por ello, se realizará un nuevo proceso que incluya perspectiva de género al momento de juzgar.

En su fallo, la Corte Suprema bonaerense señaló que: “El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género, sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria que debe regir en estos procedimientos, no implica una flexibilización de los estándares probatorios sino que…está destinado, en primer lugar, a desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada», y agrega que “el empleo de estereotipos de género en el razonamiento de los jueces constituye uno de los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, y conduce a descalificar su credibilidad y a asignarles una responsabilidad tácita por los hechos denunciados”.

Estereotipos reproducidos por autoridades estatales

En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «…el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes”.  

Por ello, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales».

También ha afirmado que «La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos”, y que esa influencia “también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”.

Para más, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, en su recomendación N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, ha afirmado que «Los estereotipos distorsionan las percepciones que dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos” porque “con frecuencia los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos”. Y dice más: que “el establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa”, al tiempo que advierte que “esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad” y que “en todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”.

Por ello, el Ministerio Público Fiscal de Salta, propone que la nueva integración de las Salas de los Tribunales de Juicio de la provincia, deberán conformarse inexorablemente con al menos una jueza, con el objetivo de lograr una composición equilibrada en los operadores judiciales y garantizando la perspectiva de género. Esa reforma contribuirá a la transversalización del enfoque de género que implica incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres lo que confluirá en la prestación de un mejor servicio de justicia.

Por lo demás, transversalizar la perspectiva de género supone valorar las acciones que se planifiquen en ese sentido, sean de orden legislativo, político o programas en todas las áreas o niveles. Y se trata de una estrategia para garantizar la integridad del sistema de justicia y la igualdad de los géneros.

Jimena Salas: el veredicto se conocerá el próximo miércoles

Finalizada la jornada de alegatos, el Tribunal de la Sala VII de Juicio, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 26 de mayo. Se dará lugar a las réplicas y dúplicas, las últimas palabras de los acusados y luego se dará a conocer el veredicto.

Al iniciarse los alegatos, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio se explayó sobre la acusación que pesa sobre Sergio Horacio Vargas y la carga probatoria en su contra. También se refirió al cambio de calificación sobre el delito base, planteado por la Unidad Fiscal por homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y criminis causa.

Al momento de determinar la pena, solicitó para el imputado la pena de 12 años de prisión efectiva como partícipe secundario de ese delito.

Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, se refirieron al imputado Cajal Gauffín y analizaron las medidas probatorias obtenidas a lo largo de la investigación y durante el debate.

Solicitaron al Tribunal que se le aplique una pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva como autor del delito de encubrimiento agravado y se solicitó su prisión preventiva.

A su turno, la Tutora Oficial del Ministerio Pupilar, que representa a las hijas de la víctima, adhirió al pedido de la Unidad Fiscal en cuanto a los montos de las penas solicitadas y pidió la privación de la responsabilidad parental de Cajal Gauffín respecto de sus dos hijas menores.

La Asesora de Menores e Incapaces adhirió también al pedido de la Unidad Fiscal respecto a los dos imputados.

El abogado defensor del imputado Cajal Gauffín a su turno, luego de valorar la prueba producida, solicitó que su representado sea absuelto en forma lisa y llana.

Los abogados codefensores de Sergio Horacio Vargas, solicitaron su absolución lisa y llana del imputado. También se expresó el abogado representante de Vargas en relación a la acusación de la querella y la actoría civil y solicitó que se lo absuelva a Vargas en forma lisa y llana y el rechazo de la demanda civil.

Al finalizar los alegatos, el Tribunal compuesto por los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 26 a las 14, para que se produzcan las dúplicas, réplicas, últimas palabras de los acusados y dar a conocer el veredicto.


San Calixto: declararon los dos imputados

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de imputación al hombre de 30 años y a su actual pareja por el homicidio calificado de una mujer de 29 años, ocurrido este jueves por la tarde en la zona Sur de la ciudad. Estuvieron acompañados de abogados particulares.

La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, imputó a Exequiel Lucas Dominguez y Rocío del Milagro Farfán como coautores del delito de homicidio calificado por la relación de pareja y preexistente y por mediar violencia de género en perjuicio de Jesica Maribel Solís.

Según consta en las actuaciones, alrededor de las 14 de este jueves, la víctima se encontraba junto a la imputada en el negocio que funcionaba en su vivienda y que ambas atendían, cuando llegó la expareja de Solis y actual pareja de Farfán y se generó una discusión entre los tres.

Los imputados ingresaron a un sector donde funcionaba la cocina del local comercial y agredieron a la víctima. Domínguez lesionó a su expareja con un cuchillo en la zona del cuello y luego alzó a la damnificada y la llevó hacia la vereda e intentó frenar el sangrado con una prenda de vestir, mientras que Farfán se quedó en el interior con su hija menor.

Ambos acusados estuvieron acompañados de defensores particulares y en la declaración, dieron su versión de lo sucedido.

Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de la detención de los acusados, mientras se cumplen las diversas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento del hecho.

Tierra y Vivienda: Nación y MPF buscan articular políticas públicas de arraigo

La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, realizó distintos aportes al Ministerio Público Fiscal, destinados a institucionalizar la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional. Aspiran a generar un sistema que identifique problemáticas puntuales y que éstas, sean abordadas por Nación, Provincia y Municipios.

El procurador general Abel Cornejo, recibió al secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Miguel Ángel Gómez; al coordinador local de la Región Centro de la misma Secretaría, Ignacio Garzarón y a la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, con quienes intercambió posiciones referidas al abordaje de conflictos con la tierra y la vivienda.

En el marco de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional, la Secretaría proyecta articular con distintas órbitas del Estado nacional, para llevar adelante políticas públicas en los territorios. “No solo pensamos en la tierra y en la permanencia de sus habitantes, sino en el acceso y el desarrollo de nuevas urbanizaciones, con viviendas, infraestructura y energía”, explicó Castillo, quien destacó la posibilidad que abre la Mesa, de “generar una sinergia, para identificar problemáticas y abordarlas entre Nación, Provincia y Municipios”.

En ese marco, los funcionarios insistieron en reforzar la política de arraigo, la elaboración de un Protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos en situación de vulnerabilidad y la necesaria capacitación de efectores del Ministerio Público Fiscal, con respecto de las normativas referidas a la ocupación de la tierra y los desalojos.

“La intención es generar un abordaje integral y coordinado, a partir de la participación  de todos los organismos e instituciones con pertinencia en la resolución de conflictos de tierra para  contar con un marco institucional y generar un Protocolo de actuación que evite la profundización del conflicto, por la vía del diálogo”, analizó Castillo. También reiteró que la actuación de la Mesa, –que integrará a representantes de los tres poderes del Estado nacional y provincial y de organizaciones intermedias, entre otros-, permitirá alcanzar un ordenamiento territorial y el avance de las regularizaciones dominiales, en acuerdo de partes.

Están vigentes la Ley 26160 (que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas), y la Ley 27118 (que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva y que crea el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar).

En Salta, rigen las leyes provinciales 7658, de regularización dominial, y la N° 7789, denominada “Ley Felipe Burgos”, de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar en el territorio de la provincia de Salta.

La generación de políticas públicas a través de la Mesa, -que se reunirá próximamente y de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes-,  servirá para atender conflictos en espacios urbanos, campesinos y con comunidades originarias.

Rosario de Lerma: detenidos por robo en poblado y en banda

Tres hombres fueron detenidos e imputados por un hecho de robo ocurrido en el Centro de Rehabilitación “Fundación Nido”, donde tras violentar una puerta, sustrajeron una cocina industrial. El aporte de una vecina fue fundamental para la aprehensión de los delincuentes.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics, imputó a José Abel Pastrana, de 28 años; Martín Alejandro Romero, de 20 años y Facundo Ezequiel Prieto, de 20 años, como autores del delito de robo calificado por ser cometido en poblado y en banda.

El hecho ocurrió el pasado domingo 16 de mayo cuando los imputados, quienes se desplazaban en una camioneta, quisieron llevarse una cocina tipo industrial que había sido dejada por personas desconocidas en el terreno de una vivienda del barrio San Jorge.

Una vecina alertó a personal policial de la situación, quienes con su labor lograron identificar a los sospechosos y se logró establecer que la cocina pertenecía al Centro de Rehabilitación “Fundación Nido”, la que había sido sustraída luego de violentar una puerta trasera.

Campo Santo: condenado por un homicidio culposo

Un hombre de 31 años fue condenado por un siniestro vial con víctima fatal, ocurrido en enero de 2019 sobre ruta provincial 11, a la altura de Bella Vista, donde tras colisionar dos motocicletas, falleció un joven de 21 años. El acompañante del conductor imprudente, fue condenado por encubrimiento.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra Miguel Solis por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor en perjuicio de Nahuel Ignacio López y contra Efraín Segovia por el delito de encubrimiento.

El siniestro ocurrió el 2 de enero de 2019 por la noche sobre ruta provincial 11 en Campo Santo, cuando Solis a bordo de una motocicleta, pretendió incorporarse a la ruta sin verificar que estaba libre y el acceso era seguro y con una maniobra imprudente, colisionó la motocicleta de la víctima, provocando que López cayera a la cinta asfáltica y falleciera a causa de las heridas recibidas.

En tanto, Segovia, ayudó a Solís a eludir la investigación por el delito de homicidio, ocultándolo en su vivienda con la motocicleta que provocó el siniestro con víctima fatal.

La jueza Norma Beatriz Vera, luego de recibir la confesión de los acusados, le impuso a Solís el cumplimiento de una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta y 6 años de inhabilitación para conducir.

En el mismo fallo, la jueza dispuso que a los condenados se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Efraín Segovia resultó condenado a la pena de 1 año de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.