María Fernanda Quinteros

Un vecino denunció a la curtiembre Luaju

La acusación es por desobediencia judicial de las medidas “de suspensión temporaria del uso del agua subterránea que interviene en el proceso productivo de la curtiembre y del vuelco de efluentes al Arroyo Isasmendi”, que habían sido impuestas a la firma. El fiscal Penal N° 2, Ramiro Ramos Ossorio, ordenó distintas diligencias.

El fiscal Penal N° 2, Ramiro Ramos Ossorio, investiga la denuncia de un vecino de Atocha, municipio de San Lorenzo, contra la curtiembre Luaju SRL por desobediencia judicial.

En su acusación, el particular hace referencia a la medida tomada por el juez de Cámara Marcelo Domínguez, quien rechazara oportunamente el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal que solicitó la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju SRL.

Domínguez consideró que el bien jurídico que se pretendía cautelar ya se encontraba suficientemente resguardado con las medidas adoptadas por la Secretaría de Recursos Hídricos, que dispuso la suspensión temporaria del uso del agua subterránea que interviene en el proceso productivo de la curtiembre y del vuelco de efluentes al Arroyo Isasmendi.

De acuerdo al vecino de Atocha, se continuarían vertiendo efluentes en el Arroyo Isasmendi y para respaldar la denuncia, presentó cuatro videos – que fueron grabados en presencia de personal policial-, fotografías del arroyo, la pileta y del ducto vertiendo un líquido rojo.

Ramos Ossorio ordenó distintas diligencias, entre ellas, el pedido de pericias al Cuerpo de Investigadores Fiscales, toma de muestra bioquímica del agua de la salida del caño (para verificar cambios al vertirse en el caudal de agua y después del contacto con el agua del arroyo), entre otras.

Cabe recordar que el 3 de septiembre pasado, el Ministerio Público Fiscal recurrió a la Corte de Justicia para frenar las actividades industriales contaminantes -que lleva adelante Luaju SRL- en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general.

Piden elevación a juicio contra Martín De La Arena

El Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías N°4, la elevación a juicio contra el médico, acusado por tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos) y por tentativa de estafa, todo en concurso real

La fiscala de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías N°4, la elevación a juicio contra Martín De La Arena, acusado por tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos) y por tentativa de estafa, todo en concurso real.

Además, Salinas Odorisio solicitó el sobreseimiento de De La Arena por el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función dado que “de los datos colectados durante el devenir de la investigación penal preparatoria no pudo acreditarse que el obrar del mencionado médico haya estado efectivamente direccionado a la confección o ejecución de algún contrato o negociación en el cual haya intervenido interesándose en miras a un beneficio propio o de un tercero”.

En cuanto a los dos hechos de fraude a la administración pública, Salinas Odorisio se basó en la declaración testimonial de distintas funcionarias y funcionarios, además de evaluar los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales y la investigación realizada por el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).

Entre los argumentos brindados por la fiscala en el pedido de elevación a juicio, se encuentran las pruebas de que De La Arena -como socio gerente de Hemosalta SRL- para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, solicitó en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.

La primera presentación fue rechazada ya que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto a sabiendas de que, al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.

Salinas Odorisio explicitó que De La Arena no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS era de $4607,88.

Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. La obra social en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.

En cuanto a la tentativa de estafa, la investigación llevada adelante por la UDEC demostró que De La Arena, como socio gerente de la Empresa HEMOSALTA SRL, entidad habilitada para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, realizó transfusión de plasma a una paciente que se encontraba internada en el Hospital Santa Clara de Asís. Luego solicitó a la ART Prevención, el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado. La ART rechazó el pago de los $75.992,12.

Según consta en el requerimiento de Salinas Odorisio, “el ardid desplegado consistió en intentar que la ART realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo, de esta manera la ART, en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía”.

Colonia Santa Rosa: Condenado a siete años por abuso sexual

La fiscala de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, había solicitado nueve años por el hecho que sucedió en octubre de 2020

Un hombre de 21 años fue condenado por abuso sexual con acceso carnal a la pena de siete años de prisión efectiva por el vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, el juez Raúl Fernando López.

La fiscala de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, había solicitado nueve años de prisión efectiva.

El hombre fue denunciado el 26 de octubre de 2020 en Colonia Santa Rosa por abuso sexual de una vecina de 15 años, a la que había invitado a su casa para que le depilara las cejas y terminó abusando de ella.

En su relato, la niña contó que todo el tiempo le pegó e intentó liberarse. Finalmente, con la llegada de una hermana del acusado a la vivienda, la víctima pudo retirarse del lugar y contó a unas primas lo sucedido.

Flitrín Cuezzo llevó adelante la investigación que permitió que el acusado fuera condenado a siete años de prisión efectiva.

Embarcación: Tres imputados tras el robo de una placa de bronce

Se trata de dos jóvenes que vandalizaron un monumento histórico ubicado en el barrio Cristo Arriba y sustrajeron la placa de bronce que tenía. Se imputó además al comprador por encubrimiento.

La fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó a Leonardo Amadeo Ruiz de 24 años y a Néstor Emanuel Flores de 19 años, como autores del delito de robo y a Cristian Rubén Tejerina de 35 años, como autor del delito de encubrimiento.

El pasado 23 de septiembre, Ruiz y Flores, vandalizaron la imagen del monumento histórico «Cristo Redentor» de la ciudad de Embarcación y ejerciendo violencia, sustrajeron una placa de bronce que estaba allí emplazada.

Tras las tareas investigativas desplegadas, se logró identificar a los delincuentes y se pudo localizar el elemento sustraído en manos de Tejerina, quien manifestó que la adquirió a cambio de una suma de dinero.

Tras la audiencia de imputación, los dos acusados de robo se abstuvieron de declarar y el acusado de encubrimiento, dio su versión de lo ocurrido.

La fiscala Souto solicitó al Juzgado de Garantías interviniente el mantenimiento de la detención de los tres acusados.

Pichanal: Imputaron al detenido por un homicidio

Un hombre de 34 años fue detenido e imputado por herir mortalmente a otro hombre de 45 años con un arma blanca y lesionar a la mujer que lo acompañaba. Ocurrió en el marco de una discusión. Se solicitó su prisión preventiva.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, imputó a Marco Antonio Dávalos como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de Aldo Nolberto Facundo en concurso real con el delito de lesiones leves en perjuicio de una mujer.

Según consta en las actuaciones, la noche del pasado domingo, Facundo se encontraba junto a su pareja, sentado en proximidades de una parada de remises en la zona denominada «El Cruce» de Pichanal, cuando se produjo una discusión con el acusado y éste, lo lesionó en la zona del tórax con un arma blanca y agredió a la mujer. Luego se dio a la fuga.

Carreras dispuso el cumplimiento de distintas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho y solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, la prisión preventiva del acusado.

B° Castañares: Una testigo comprometió al acusado

En el juicio que se sigue contra Diego Rafael Gregorio Rearte por la tentativa de homicidio de Martín Ezequiel Benítez, declaró una vecina que ratificó haber visto al acusado portando un arma de fuego y realizando disparos el día de los hechos. Los alegatos se llevarán a cabo el próximo viernes.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VI del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Diego Rafael Gregorio Rearte como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Martín Ezequiel Benítez.

El hecho ocurrió el 11 de octubre de 2020 en el Grupo 244 de barrio Castañares de la ciudad de Salta, cuando en el marco de una manifiesta enemistad entre dos familias, el acusado atentó contra la vida de Benítez, realizándole varios disparos contra su humanidad. Lo lesionó en una de sus piernas y en uno de sus brazos y se dio a la fuga.

Durante la jornada de este lunes, la jueza Mónica Mukdsi, recibió el testimonio de vecinos de las partes, y entre ellos, una mujer ratificó haber visto al acusado portando un arma de fuego y efectuando disparos el día de los hechos.

Según lo previsto, continúa la declaración de testigos citados por las partes y el próximo viernes se llevarán a cabo los alegatos y se conocerá el veredicto.

Piden prisión preventiva para los homicidas del comisario Pistán

El fiscal penal 1 de Metán, Sergio Castellanos, imputó este lunes a Cristian Raúl Puntano, de 23 años y a Nahir Jesús Puntano, de 29, por la comisión del delito de homicidio agravado por la función, cargo o condición de la víctima, en perjuicio de Manuel Alberto Pistán, y por el delito de lesiones leves calificadas en concurso real, en perjuicio de Walter Matías Peralta y César Augusto Rodríguez. Castellanos solicitó la prisión preventiva de ambos.

De las actuaciones se desprendió que ambos imputados atacaron a efectivos policiales y particularmente, al jefe de la Subcomisaría de El Galpón, comisario postmortem Manuel Alberto Pistán, quien resultó gravemente herido y falleció como consecuencia del ataque.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 25 del corriente, cuando efectivos policiales fueron alertados de desordenes en la vía pública y se trasladaron al sector de calle 25 de Mayo y pasaje Rufino Figueroa, en El Galpón –departamento Metán-donde encontraron al subcomisario Manuel Alberto Pistán inconsciente, después de haber sido agredido por dos hombres, de acuerdo al aporte de testigos. Pistán habría recibido golpes en la cabeza con un palo, lo que le provocó traumatismo encéfalo craneal grave y posteriormente, la muerte.

Los acusados también agredieron al oficial subayudante César Rodríguez Ambos y al cabo Walter Matías Peralta. El primero fue internado en observación por presentar hematomas e hipertensión, y el segundo, integrante de la patrulla motorizada que intervino, resultó con golpes en la cabeza y daños en el casco por la agresión de los causantes.

Este lunes, Cristian Raúl Puntano, alias “Pichu” y a Nahir Jesús Puntano, alias “El Negro”, optaron por no declarar. Fueron asistidos por la defensa oficial.

El fiscal Castellanos solicitó al Juzgado de Garantías 2, la prisión preventiva de ambos.

Desbaratan una banda que estafaba con el IFE desde un penal de Córdoba

El fiscal penal 1, Ezequiel Molinati, imputó provisionalmente por la comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita en concurso real  a Lucas Ariel Gómez; Andrés José Mamonde y Lucio Joel Blanco, en calidad de autores. Fueron trasladados desde Córdoba y se encuentran detenidos en Salta. No se descartan nuevas detenciones e imputaciones.

El fiscal Molinati los acusó porque mediante ardides y engaños, conformaron una asociación ilícita a los fines de cometer distintas estafas telefónicas y en mayo pasado, se hicieron de los datos bancarios de una mujer salteña, con los cuales realizaron distintas transacciones y operaciones bancarias en perjuicio de la víctima.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, -una mujer docente-, quien relató que el 29 de mayo de 2020, recibió un llamado de un supuesto abogado y representante de ANSES, encargado de tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Le dijo que necesitaba una tarjeta de débito para que dos hermanos de la mujer pudieran acceder al beneficio, ya que habían hecho un reclamo.

El 8 de junio pasado, la víctima fue a extraer fondos del cajero automático y solo tenía $400 (pesos  cuatrocientos), cuando debía tener al menos, $20.000 (pesos veinte mil). En la entidad bancaria, realizó la consulta correspondiente y le informaron que los fondos habían sido transferidos.

Durante la investigación, el fiscal determinó que la organización delictiva estaba compuesta por dos familias, quienes operaban desde el Complejo Penitenciario 2, de Córdoba, conocida como la “cárcel de Bouwer”, ubicada en el paraje “Alto El Durazno”, a la altura de Bower, sobre la Ruta Nacional N° 36 de esa provincia.

Lucio Joel Blanco, Andrés José Mamonde y un tercero, se encontraban entonces privados de la libertad y realizaron llamadas a diversas provincias del norte argentino, haciéndose pasar por abogados de Anses y lograban que las víctimas transfirieran fondos a sus cómplices de confianza, todos familiares directos que no estaban privados de la libertad. Según lo recabado por el GIS -Grupo de Investigación Sector 1B de la Policía de la Provincia de Salta-, una de las hermanas de Mamonde, transfería el dinero a otra hermana y la pareja de ésta, mientras que la madre del mismo acusado transfería el dinero a otro de sus hijos. Ambas mujeres contaban con cuentas bancarias temporarias para retirar el dinero.

Para acusarlos de integrar una asociación ilícita, el Fiscal tuvo en cuenta que la banda contaría al menos con ocho integrantes, que se asociaron con el propósito colectivo de delinquir, con parentesco y vínculos entre sus integrantes. Utilizaban una línea telefónica para brindar identidad ficticia y conseguir los CBU de las víctimas y tenían roles y funciones bien designadas (personas que llaman telefónicamente y cometen el ardid, personas que reciben el dinero por transferencias y en ocasiones personas que retiran el dinero ilícito).  Y se confirmó además, la permanencia en el tiempo, lo que demostró que no fue un hecho casual. Por el contrario, la modalidad de estafas telefónicas se mantuvo en el tiempo porque la banda delictiva operó mínimamente, por un periodo de siete meses de 2020, y especialmente después de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación del coronavirus.

La investigación penal continúa, en pos de detener e imputar al resto de la banda por la comisión del delito de estafa y asociación ilícita en concurso real, en carácter de coautores.

Un detenido por el homicidio ocurrido en Pichanal

Un hombre fue detenido y será imputado este lunes por un homicidio ocurrido la noche del domingo en la zona denominada «El Cruce». Tras una discusión, el acusado lesionó a otro hombre con un cuchillo en la zona del tórax y se dio a la fuga. La víctima falleció en el hospital.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, investiga el homicidio de un hombre de 45 años, ocurrido la noche de este domingo en la localidad de Pichanal.

Según consta en las actuaciones, la víctima se encontraba en el sector de comidas del lugar conocido como «El Cruce», cuando tras discutir con el acusado, recibió una lesión de arma blanca en la zona del tórax. Fue trasladado al hospital local y falleció por shock hipovolémico.

El acusado huyó y luego fue aprehendido. Tras el correspondiente control de legalidad en el Juzgado de Garantías interviniente, será imputado por el hecho este lunes.

Desde la Fiscalía se dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor en el lugar y que el cuerpo sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde cumplidas las medidas de bioseguridad correspondientes, se le realizará la autopsia.

Villa Palacios: Requieren juicio por la muerte de un remisero

Dos hermanos serán llevados a juicio por el robo seguido de muerte en perjuicio de Faustino René Paz. El hecho ocurrió en diciembre de 2020 en inmediaciones del río Arenales. Se instó además el sobreseimiento de otros dos acusados.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, para Santiago René Guanca, “Titilo”, como autor del delito de robo seguido de muerte y contra Gerardo Miguel Guanca, “Yeri”, como partícipe secundario del mismo delito.

Además, instó el sobreseimiento de Federico Nicolás Miño y de Martín Benjamín González, al considerar que de los elementos recolectados en el curso de la investigación, se advierte la falta de elementos objetivos que permitan sostener la participación de ambos imputados.

En la acusación, Simesen de Bielke sostiene que, de las medidas probatorias producidas, entre las que se cuenta una pericia odorológica, la muerte de Faustino René Paz, está conectada con la ocasión de robo de su bicicleta por parte de “Titilo” Guanca en calidad de autor y que su hermano, “Yeri” actuó como partícipe secundario, ya que a sabiendas de que su hermano llevaría adelante el robo de la bicicleta, le prestó ayuda posterior, intentando venderla.