María Fernanda Quinteros

El MPF insiste en la suspensión de actividades de la curtiembre Luaju

Luego de que los vecinos de Atocha interpusieran una cautelar, sumaran pruebas y la misma Luaju admitiera que sus efluentes tienen una carga orgánica que supera los parámetros establecidos por la normativa ambiental (tal como lo había determinado el CIF), el fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schimdt solicitó al juez la reiteración de los oficios anteriores

El fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, solicitó al juez de Cámara Marcelo Domínguez, que resuelva la medida cautelar interpuesta por los vecinos de Atocha en contra de la firma Luaju SRL (ex Jamo), o actúe de oficio en protección del medio ambiente, de acuerdo a las facultades que le otorga el art. 32 de la Ley general de medio ambiente, 25.675.

Además, Erazo Schmidt solicitó la reiteración de los oficios anteriores dado que Domínguez ya tiene en su poder las pruebas que demuestran que la curtiembre del municipio de San Lorenzo continúa volcando efluentes en el arroyo Isasmendi a pesar de la prohibición impuesta por la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta.

Cabe recordar que el juez de Cámara rechazó en agosto pasado la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza Lauju SRL, solicitada por el Ministerio Público Fiscal en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general.

Domínguez consideró que la suspensión de actividades era innecesaria ya que las medidas adoptadas hasta el momento por la Secretaría de Recursos Hídricos -que dispuso la suspensión temporaria del uso del agua subterránea que interviene en el proceso productivo de la curtiembre y del vuelco de efluentes al Arroyo Isasmendi- resultaban adecuadas.

Con las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público Fiscal y los propios vecinos de Atocha, más el reconocimiento de la firma Luaju -en un informe escrito presentado al Poder Judicial- de que sus efluentes tienen una carga orgánica que supera los parámetros establecidos por la normativa ambiental (tal como lo había determinado el CIF), Erazo Schimdt solicitó al juez la reiteración de los oficios anteriores en los que solicita la suspensión de actividades de Luaju hasta que regularice su situación.

El MPF ya solicitó en tres oportunidades la suspensión de actividades de la curtiembre Luaju, pero el juez Domínguez las rechazó dado que “la razón social demandada explota la curtiembre sita en Atocha desde hace más de cuarenta años y las actuaciones del Ministerio Público datan de once años atrás, sin que en el transcurso de ese tiempo ni la autoridad de aplicación de la Ley Nº 7070 ni los demás organismos competentes en la materia -pese a la denuncia formalizada y a la existencia de un sumario administrativo-, hubieran merituado necesaria la clausura que en esta oportunidad se solicita”.

Por todo ello, Domínguez otorgó un plazo de sesenta días corridos a Luaju para que presente certificado de aptitud ambiental; certificado de uso no conforme; permiso o concesión de agua pública; permiso de vuelco de efluentes al arroyo Isasmendi.

Como respuesta, el MPF interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Justicia de Salta y solicitó la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju SRL en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general.

Luego, vecinos de la zona realizaron nuevas denuncias y presentaron cuatro videos – que fueron grabados en presencia de personal policial-, fotografías del arroyo, la pileta y del ducto vertiendo un líquido rojo.

Será juzgado por el homicidio de un compañero de bebidas

Ocurrió en El Encón Chico en el mes de octubre de 2020, cuando la víctima compartía bebidas alcohólicas con un amigo y tras una gresca, resultó herido con un arma blanca en el abdomen. Se trata de personas conocidas en la zona por la ingesta desmedida de alcohol.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Sergio Daniel González como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de Simón Rafael Aguilar de 59 años de edad.

El hecho ocurrió en octubre de 2020 en el Encón Chico, cuando la víctima compartía bebidas alcohólicas con el acusado y tras una discusión, se inició una gresca que culminó con Aguilar lesionado en la zona abdominal con un arma blanca. Fue asistido en el hospital de Campo Quijano y dada la gravedad de la herida, fue trasladado al hospital San Bernardo para una intervención quirúrgica, donde luego falleció.

La jueza Mónica Faber presidirá la audiencia y está previsto que finalice el próximo jueves 21.

R° de la Frontera: Dos detenidos por comercializar estupefacientes

Dos hombres fueron detenidos e imputados tras la realización de allanamientos en esa ciudad. Personal de Drogas Peligrosas estuvo a cargo del trabajo investigativo. Se secuestró importante cantidad de estupefacientes, elementos de corte y fraccionamiento, dinero y otros elementos de interés para la causa.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Jorge Emilio Ruiz de 41 años y a Luis Fernando Saha Dietrich de 46 años, como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A partir de informes realizados por personal de la Sección de Drogas Peligrosas de Rosario de la Frontera, se inició una investigación y con los elementos de convicción necesarios, López Ibarra solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento para domicilios vinculados a los investigados.

Cumplidas las medidas en tres domicilios el pasado viernes, se logró la detención de estas dos personas y el secuestro de importante cantidad de sustancia estupefaciente, entre marihuana y cocaína, elementos de corte y fraccionamiento, dinero, y otros de interés para la causa.

Tras la audiencia de imputación, el fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos acusados.

19 años de prisión por el homicidio de un maquinista de Tartagal

El hecho ocurrió el pasado 21 de abril en barrio 9 de julio de la ciudad de Tartagal, cuando el acusado atacó a un hombre que trabaja sobre una motoniveladora y le sustrajo el celular. Luego apuñaló a la víctima cuando intentaba detenerlo, provocando su muerte. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

El fiscal penal Rafael José Medina, interino en la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Fernando Nicolás Bravo, alias “El Chino”, por el delito de homicidio en ocasión de robo y robo calificado por el uso de arma en concurso real en perjuicio de Delfín Antonio Maidana, de 64 años.

El pasado 21 de abril, cerca de las 8:15, la víctima trabajaba como chofer de una maquina motoniveladora en calle Florida, al final de barrio 9 de Julio de esa ciudad. Allí, el acusado subió a la cabina donde estaba la víctima y le arrebató el celular. Inmediatamente, Maidana descendió del vehículo y le pidió a Bravo que le devolviera el celular, por lo que el imputado sacó de sus prendas un arma blanca y le propinó varias estocadas que le provocaron la muerte.

El juez Ricardo Martoccia, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, le impuso el cumplimiento de una pena de 19 años de prisión efectiva y lo declaró reincidente por primera vez.

En el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Mediación para el conflicto con manteros y vendedores ambulantes

La fiscala penal interina 2, María Eugenia Guzmán, dio intervención al Centro de Mediación del Ministerio Público, en el marco de la causa cuyas actuaciones se originaron en los hechos registrados el sábado 16, en el marco de una protesta de vendedores ambulantes y manteros.

La audiencia de mediación a la que se convocó a las partes interesadas, se concretará este jueves 21, a las 15. Fueron invitados representantes de los trabajadores informales y autoridades de la Municipalidad de Salta, quienes ante el equipo del Centro de Mediación del Ministerio Público, -que dirige Nancy Valencia Donnat-, expresarán sus posiciones e intentarán llegar a un acuerdo, bajo los requisitos de la normativa vigente que, entre otros aspectos, exige confidencialidad.

El sábado último, 31 personas resultaron detenidas en el marco de las acciones de despeje que inició la Policía de la Provincia. Dos de ellas fueron puestas a disposición del Juzgado de Menores 2, por tratarse de dos mujeres de menores de edad.

Las 29 restantes fueron imputadas este lunes por la comisión de los delitos de atentado a la autoridad doblemente agravado por el uso de armas (piedras, palos y otros elementos contundentes) y por ser cometido por reunión de más de tres personas; por resistencia a la autoridad y por lesiones leves agravadas por ser en contra de personal policial. Según consta en las actuaciones, las detenciones se produjeron por los hechos de violencia suscitados durante la protesta.

Todas las personas detenidas fueron puestas en libertad por disposición del Juzgado de Garantías interviniente.

Salvador Mazza: Ya suman doce personas imputadas

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot imputó a la contadora Liliana Cristina Centeno por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria. Se abstuvo de declarar.

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos) y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal) imputó esta mañana a Liliana Cristina Centeno por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria.

Centeno, que es contadora pública, fue quien confeccionó las declaraciones juradas que permitieron las compras de los vehículos que fueron secuestrados el miércoles pasado durante los 18 allanamientos al domicilio del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, familiares y funcionarios comunales, por los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) -con la colaboración de Policía de la Provincia de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación; y del Grupo Operativo Conjunto-NOA).

De acuerdo a la investigación realizada por los investigadores del CIF del Ministerio Público Fiscal, los fondos empleados en las compras de los cuatro vehículos (un BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a nombre de Rubén Méndez; una camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su hija Ivanna Irene Méndez; un BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de su hijo Roque Maximiliano Méndez y otra camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su expareja Susana Angelita Palacio) podrían estar relacionados con las arcas municipales.

Además, de acuerdo a lo suministrado por AFIP, lo manifestado por la contadora Liliana Centeno no concuerda con los registros obrantes en el organismo nacional, en cuando a la capacidad patrimonial y financiera de las personas mencionadas para poder realizar la adquisición de los vehículos.

Centeno se presentó con un defensor oficial y se abstuvo de declarar.

La causa

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Salinas Odorisio y Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

Hasta el momento, fueron imputadas doce personas: Rubén Méndez Salazar (Intendente), Ivanna Irene Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo), Susana Angelita Palacio (expareja), Juan Marco Méndez (hermano del Intendente), Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente), Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del Intendente),  Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza), Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza), Ángela Paola Beatriz Gijena (pareja), Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino) y Liliana Cristina Centeno (contadora).

Los delitos que se le imputan, y sobre los que el Ministerio Público Fiscal continuará investigando, son asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además, dado que durante la investigación realizada por los Investigadores Fiscales del CIF surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros, el Ministerio Público Fiscal dio intervención en la causa contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, a la Justicia Federal.

Donaciones: Requieren remisión a juicio contra las hermanas Díaz

El fiscal penal de 1 de Tartagal, Pablo Cabot, requirió al Juez de Garantías de primera Nominación de ese Distrito, la remisión de la causa a juicio en contra de Rosa Fabiola Díaz y Alejandra Paola Díaz, imputadas por el delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras. Se habrían quedado con donaciones para comunidades y habrían vendido parte de ellas.

El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, requirió la remisión de juicio de la causa contra la exdefensora oficial de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz y la concejala municipal Alejandra Paola Díaz, después de reunir los elementos de convicción suficientes para afirmar con el grado de probabilidad  que ambas acusadas cometieron los hechos que se les atribuyen.

Las actuaciones de la Fiscalía iniciaron a partir de la denuncia radicada por Sandra Díaz el 4 de febrero pasado y de la ampliación que realizó al día siguiente, de donde surgió que las denunciadas Rosa Díaz y Paola Díaz tenían guardadas en el inmueble que era de su madre, Zulema Hurtado, diversos bienes que habían sido donados el año anterior por la Fundación Nobles, de la provincia de Santa Fe. Tanto la colecta de los bienes como su traslado a la ciudad de Tartagal, estuvieron a cargo de los responsables de la Fundación, que a su vez contactaron al grupo denominado “Corazones Solidarios” que integraban las hermanas Díaz, para que colaborara con la logística de entrega de tales bienes a sus destinatarios, que eran los integrantes de comunidades originarias de la zona.

Sandra Díaz denunció que algunos de los bienes donados fueron vendidos, y que Rosa Díaz le anticipó que “la mercadería que estaba guardada era para cuando Paola se postule para diputada”. Durante el allanamiento del inmueble en cuestión, se hallaron numerosos bienes, los que fueron detallados en las actas respectivas. Fueron imputadas el 8 de febrero pasado.

En consecuencia, los datos colectados (informes policiales y fotográficos, actas de procedimientos y de inventarios, de secuestros del allanamiento, registros domiciliarios, notas manuscritas por diversos caciques de comunidades y numerosas declaraciones testimoniales), indican que hubo una parte de las donaciones recibidas que no fueron entregadas nunca a sus destinatarios -las comunidades-, y que esos bienes fueron dejados en el inmueble de la familia de las imputadas Rosa Díaz y Paola Díaz un año antes de su secuestro, producido por orden judicial. De las testimoniales, también surgió que parte de esos bienes fueron vendidos y otra parte continuaba guardada y que tenían por finalidad ser entregados en una eventual campaña electoral de Paola Díaz. Surgió también de la investigación que tanto Rosa Díaz como Paola Díaz actuaban de manera conjunta en decisiones adoptadas respecto de los bienes donados. Y que ambas, no solamente no desconocían que su madre Zulema Hurtado vendía las prendas y calzados que fueron donados, sino que además, percibían el dinero producto de esas ventas.

En el requerimiento, Cabot consideró que las imputadas incurrieron en administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos al defraudar mediante el abuso de confianza, perjudicando patrimonialmente a un tercero y abusando de los bienes que éste les confió con un determinado objeto y a un título jurídico que no le transfiere su propiedad. Y que se produjo un abuso de confianza que el dueño de los bienes depositó en las personas a las que entregó su administración, cuidado o manejo de tales bienes.

Motochorro detenido por vecinos

Un hombre de 22 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido en barrio Pablo Saravia de la ciudad de Salta. El acusado interceptó a una mujer, le arrebató la mochila y fue aprehendido por los vecinos cuando intentaba huir en una motocicleta. El conductor del rodado logró fugarse y la damnificada recuperó sus bienes.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Brian Napoleón Jaime como autor del delito de robo simple en perjuicio de una vecina de la zona Sur de la ciudad de Salta.

El hecho ocurrió días atrás, cuando una mujer que transitaba en forma peatonal por la intersección de calles Mar Arábigo y Arturo Jauretche, fue interceptada por el acusado, quien le arrancó la mochila y cuando intentaba huir, intervinieron vecinos que lo demoraron y  evitaron que se subiera a una motocicleta que lo esperaba.

El conductor del rodado logró fugarse y la damnificada pudo recuperar los bienes sustraídos.

Tras la audiencia de imputación realizada en forma remota, el fiscal Córdoba Mazuranic solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de la detención del acusado.

R° de la Frontera: Tres hombres condenados por comercializar estupefacientes

El hecho ocurrió en diciembre de 2019, cuando a partir de una denuncia anónima y del trabajo investigativo de la Sección Drogas Peligrosas de esa ciudad, se detuvo a tres personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes y en el allanamiento se secuestraron además de droga y otros elementos, 6 gallos de riña.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán, en la audiencia de debate contra Marcelo Ramón Vargas y Pablo del Milagro Dorado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haberse cometido por 3 o más personas en forma organizada y contra Julio Fabián Cañizares por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haberse cometido por 3 o más personas en forma organizada en concurso real con el delito de crueldad animal.

La investigación fue llevada adelante por la Sección de Drogas Peligrosas de Rosario de la Frontera a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de la actividad ilícita desplegada por un grupo de personas en una vivienda de barrio Santa Ana de esa ciudad bajo la modalidad boca de expendio de sustancias estupefacientes.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, López Ibarra solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento, secuestro y detención para los domicilios de los sospechosos.

Como resultado de los allanamientos, se logró secuestrar sustancia estupefaciente, dinero en efectivo, 6 gallos de riña y otros elementos de interés para la causa.

El juez Sebastián Fucho en el fallo, condenó a Marcelo Ramón Vargas a la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa.

Julio Fabián Cañizares fue condenado a la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado y fue absuelto como autor del delito de crueldad animal por aplicación en su beneficio del principio de la duda.

Pablo del Milagro Dorado fue condenado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa.

Atentaron contra la vida de un joven

Este sábado por la mañana, un hombre de 24 años, fue víctima de una tentativa de homicidio en la zona macrocentro de la ciudad de Salta, denominada «El bajo». Intentaron ahorcarlo. Se trabaja en la aprehensión de él o los causantes.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Verónica Simesen de Bielke, investiga un hecho ocurrido durante las primeras horas de este sábado en calle Ituzaingó en Villa San Antonio de la ciudad de Salta. Allí un hombre de 24 años fue víctima de una tentativa de homicidio al ser ahorcado.

Simesen de Bielke dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor e informó que la víctima se encuentra fuera de peligro.

La Unidad de Investigaciones de Homicidios del CIF tiene a su cargo las tareas de identificar y aprehender a él o los causantes del hecho.