Marcela Perez

Rosario de la Frontera: Ampliaron acusación a dos detenidos por robo en banda

Habrían participado de 12 hechos relacionados con delitos contra la propiedad. En los allanamientos realizados se encontró material probatorio.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera Oscar López Ibarra amplió las imputaciones contra dos individuos de 18 y 20 años de edad, acusados de cometer el delito de robo en lugares poblados y en banda, según lo establecido en el Artículo 167, inciso 2 del Código Penal.

En respuesta a la incorporación de nuevo material probatorio proveniente de allanamientos realizados el pasado jueves en las residencias de los acusados, se secuestraron diversos elementos denunciados como sustraídos, en diferentes instancias y que posteriormente,  eran ocultados en domicilios específicos para continuar con su serie de actividades delictivas.

Tras un análisis minucioso de los elementos secuestrados, así como de la secuencia de eventos, el modus operandi y las personas acusadas, el fiscal López Ibarra llegó a la conclusión de que los imputados se encontrarían involucrados en un total de 12 incidentes de robo denunciados, por lo cual se continúa con las tareas investigativas. 

Salvador Mazza: Se encontró a un hombre sin vida en el interior de un automóvil

El hecho fue alertado por vecinos del lugar. Presentaba golpes y heridas.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal Gonzalo Vega, interviene en un hecho ocurrido hoy, en el que se encontró a un hombre sin vida dentro de un vehículo en Salvador Mazza.

La alerta provino de los residentes del Barrio 28 de Marzo de esa localidad, quienes denunciaron la presencia de un automóvil estacionado en la calle Fragata Libertad desde el día jueves por la tarde. Al presentarse personal policial en el lugar, se observó un automóvil Toyota Corolla de color gris con vidrios polarizados en cuyo interior se encontraba un hombre en posición fetal.

En el lugar se hizo presente la ambulancia con personal médico que diagnosticó que el hombre se encontraba sin signos vitales y presentaba golpes en el cuerpo, así como heridas punzocortantes en la cabeza.

El fiscal Gonzalo Vega ordenó la preservación inmediata del lugar, así como la realización de un examen médico forense para determinar la causa de la muerte. El cuerpo fue trasladado al CIF de Orán para la autopsia correspondiente.

Además, dispuso la presencia de Criminalística para la recolección de evidencias, tanto dentro del vehículo que fue incautado, como en su alrededor. Se convocó al grupo de investigadores GAP para llevar a cabo una investigación exhaustiva, recopilando testimonios y revisando las grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de la víctima y determinar las circunstancias que llevaron a su presencia en ese lugar.

La investigación se encuentra en curso con todos los equipos trabajando activamente bajo la dirección de la Fiscalía GAP de Tartagal. 

Imputada por presunta participación en convocatoria a saqueos

Los hechos sucedieron a fines del mes de agosto, cuando se incitaba en redes sociales a cometer delitos contra la propiedad.

En una acción coordinada de la Fiscalía Penal 3 con la recientemente creada Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de la Provincia de Salta, se llevó a cabo un allanamiento que resultó en la detención de una mujer sospechada de estar implicada en la convocatoria a saqueos a través de la red social Facebook.

La investigación se inició en respuesta a una publicación en esa red social, que convocaba a posibles saqueos programados para los días 26 y 27 de agosto en negocios ubicados en los Barrios Santa Ana 1 y 2. 

Con la autorización del Juzgado de Garantías 8va Nominación se realizó en el día de ayer el allanamiento en el que se procedió a la detención de  la sospechosa, así como el secuestro de equipos electrónicos que se consideran relevantes para la investigación en curso.

En la audiencia de imputación, la mujer estuvo asistida por una defensora oficial y dio su versión de los hechos. El fiscal penal 3, la imputó provisionalmente por presunta Instigación a cometer delitos. 

El CONICET firma un convenio de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de Salta 

A través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del Consejo y el Ministerio Público Fiscal salteño, las partes establecen vínculos de asistencia y fortalecimiento de la articulación de la Ciencia con la Justicia. 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, suscribió un convenio con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Salta. El objetivo del acuerdo es establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica entre las partes.

Por medio de este documento, se definen acciones conjuntas a implementar en el ámbito de las respectivas incumbencias de ambas instituciones mediante instancias de capacitación, asesoramiento técnico, emprendimiento de proyectos, publicaciones y programas de interés común en el área de investigación y formación. 

Durante la rúbrica, se destacó la potencialidad del acuerdo marco dada la presencia del CONICET, a través del Centro Científico Tecnológico Salta – Jujuy que concentra diez unidades ejecutoras en la zona de influencia y la infraestructura para el análisis forense con la que cuenta el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) dependiente del MPF. De esta manera, se busca fortalecer el trabajo que se realiza en los laboratorios del CIF a través de la sinergia con investigadores, investigadoras, técnicos y técnicas del Consejo. 

El vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Roberto Rivarola manifestó que “este acuerdo es la conjunción real entre la Ciencia y la Justicia porque por un lado Salta tiene un importante desarrollo en la realización de pericias, siendo una referencia tanto a nivel regional como nacional y, a su vez,  en particular la región presenta diferentes desafíos en materia ambiental para los cuales el campo científico puede realizar aportes sustanciales”.

Al respecto, el gerente de Asuntos Legales del CONICET y representante técnico del Programa, Alan Temiño, destacó que el objetivo del acuerdo es “comenzar esta relación institucional para que todas las herramientas que tiene el Programa estén a disposición de las y  los fiscales de Salta y comenzar a trabajar en jornadas y en pericias específicas”.

En tanto, el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella celebró el convenio marco resaltando que es el puntapié inicial para nuevos acuerdos más específicos en diferentes áreas y remarcó que “el CONICET puede aportar a nuestros laboratorios tanto en materia de investigación criminal donde científicos trabajan en el ámbito de pericias fiscales de la Procuración como así también en materia ambiental que aborda temas sensibles en los que la colaboración y acompañamiento del CONICET da tranquilidad y esperanza”. En este sentido, informó que peritos ambientales del MPF asistirán al Segundo Encuentro Nacional y Primero Iberoamericano sobre Ambiente, Ciencia y Justicia organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia que se realizará el próximo 28 y 29 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa.

Participaron también de la firma, el coordinador del Programa, Germán Stalker y el secretario de Políticas Criminales de Salta, Gaspar Solá Usandivaras.

Créditos: Verónica Tello / Fotografía CONICET

Condenado a prisión efectiva por un asalto con modalidad motochorro en pleno centro de Orán

El hecho ocurrió un domingo al mediodía y al hombre se lo pudo identificar por las cámaras de videovigilancia. Una de ellas incluso registra el momento del asalto. 

Una mujer, acompañada por su hijo y un amigo, ambos de diez años, fue asaltada en Orán por un hombre armado que se movilizaba en una motocicleta negra de gran tamaño. El asaltante apuntó con un arma a la mujer y le exigió que le entregara su teléfono celular. Temiendo por su seguridad y la de los menores, la mujer entregó el dispositivo. Afortunadamente, la mujer no resultó herida físicamente pero estaba en estado de shock.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, tomó intervención en la investigación, en la que con el aporte de las descripciones proporcionadas por la víctima, el análisis de las cámaras de seguridad pertenecientes al Servicio de Emergencias 911 y cámaras particulares, se pudo establecer el recorrido realizado e incluso quedó registrado el momento del asalto. De esta forma,  se logró individualizar al hombre buscado, quien registraba numerosas causas por delitos contra la propiedad, contando con antecedentes delictivos.

Fue así como tras un  allanamiento en la residencia del hombre, se procedió a su detención, como así también el secuestro de la motocicleta utilizada en el robo, la ropa que llevaba puesta durante el incidente.

Aunque inicialmente la fiscal Murúa imputó al hombre por la comisión del delito de robo agravado por el uso de un arma, debido a que el arma no se encontró durante la investigación, fue condenado a la pena de tres años de prisión efectiva en la audiencia de juicio Sala II, Vocalía 1, bajo la supervisión del juez Raúl López. Además, se declaró su reincidencia y se decomisó la motocicleta utilizada en el robo.

Amenazaba reiteradamente a su pareja, fue a juicio y recibió condena

El hombre intentó infundirle temor mediante llamados telefónicos. En una ocasión anterior la había agredido fisicamente

La fiscal penal de Violencia de Género Nº 1, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal, ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado en la que se condenó a un hombre de 23 años a una pena de 8 meses de prisión efectiva por amenazas, en dos hechos. Además se lo declaró en reincidencia por primera vez.

La denuncia fue presentada por una mujer en contra de su pareja, con quien convivía desde el mes de noviembre. Relata la denunciante, que estando durante un aniversario familiar en la localidad de Vaqueros, comenzó a recibir llamadas telefónicas del acusado en el teléfono de una hermana, en las cuales le exigía que regresara al domicilio, bajo amenazas.

La mujer expresó que recibió dos llamadas telefónicas del acusado, ambas con la misma actitud amenazante, lo que le generó un profundo temor de regresar a la vivienda. Esto según su relató se debía a que no era la primera vez que el acusado había actuado de manera violenta.

La denunciante decidió comunicarse con su tío, quien vivía en las cercanías del inmueble, solicitándole que se contactara al Servicio de Emergencias 911 para que la policía se dirigiera al domicilio y procediera a la detención del acusado, permitiéndole regresar a casa sin riesgos. Su tío accedió a su solicitud, y el personal policial se presentó en la vivienda, tomó conocimiento de la situación y procedió a detener al acusado.

Posteriormente, se presentó en la dependencia policial para formalizar la denuncia correspondiente. La mujer señaló que el acusado tenía un temperamento violento y que esta no era la primera vez que había ejercido violencia de género en su contra. En una ocasión anterior, tras una discusión, el hombre la agredió físicamente propinándole una patada en el rostro. En ese momento, la denunciante optó por retirarse del domicilio junto a su hijo menor, que es fruto de su relación con el acusado, pero no presentó una denuncia.

El Jardín: imputan a presunto agresor por violencia de género

Fue denunciado por lesionar y asfixiar a su ex pareja. Le produjo hematomas en varias partes del cuerpo.

El fiscal penal Nicolás Rodríguez López, interino en la Fiscalía Penal 2 de Metán, imputó provisionalmente a un hombre de 27 años, por la supuesta comisión del delito de lesiones leves, agravado por su relación de pareja y la presunta violencia de género en perjuicio de su expareja.

Los hechos que dieron lugar a la medida, tuvieron lugar en El Jardín, el pasado sábado, cuando una mujer presentó una denuncia contra su ex pareja.  En su testimonio,  explicó que estaba separada del hombre, con quien tienen una hija en común.  Relató que al no poseer una vivienda propia, se encuentra residiendo en una casa que pertenece al padre del acusado, una residencia amplia en la que el denunciado también reside en una de las habitaciones.

Según la denuncia, ese día el hombre habría ingresado al dormitorio sin mediar palabra, agrediéndola físicamente, propinándole un golpe de puño en el labio y asfixiándola al sujetarle el cuello y presionar sus dedos en su garganta. La mujer logró finalmente defenderse y escapar hacia la puerta.

Posteriormente la denunciante refirió que regresó a la casa para solicitar que le entregaran a su hija y llevarla a la casa de su madre. Sin embargo, el acusado, que estaba bajo los efectos del alcohol, se negó a entregar a la menor. Ante la situación y el temor de que la violencia empeorara, la mujer decidió retirarse, dejando a su hija con el padre en el domicilio. 

Al día siguiente, en la mañana, regresó a la casa de su exsuegro para recuperar a la menor, encontrando al acusado durmiendo en la habitación. Fue entonces cuando logró llevarse a su hija.

En vista de esta situación, la denunciante solicitó medidas de protección debido a su temor por su seguridad física y psicológica, tanto para ella como para su hija. Además, instó a que el acusado fuera retirado del domicilio, ya que la víctima no tiene un lugar alternativo donde vivir.

El certificado emitido por un profesional médico, documenta las lesiones sufridas, que incluyen hematomas en la zona frontal, ambos pómulos, cuello y brazo izquierdo.

El hombre fue asistido en la audiencia de imputación por la defensa oficial, y se abstuvo de declarar.

Palermo II: Condenado tras coaccionar a su madre

La mujer decidió dar el paso de denunciar a su propio hijo debido a una dolorosa acumulación de amenazas y maltrato.

En representación del Ministerio Público Fiscal, Verónica Simesen de Bielke, fiscal penal especializada en Violencia Familiar y de Género 1, llevó a cabo la acción acusatoria ante la Sala II del Tribunal de Juicio, que resultó en la imposición de una pena de 1 año de prisión de ejecución condicional para un hombre residente en el barrio Palermo II.

La investigación fiscal se inició a raíz de la denuncia presentada por una mujer que describió cómo su hijo comenzó a desmantelar el techo de su vivienda, retirando las chapas, y al ser confrontado sobre su acción, afirmó de manera desafiante que ya las había vendido. Lo más alarmante fue que el individuo llegó a amenazar a su propia madre con agresiones físicas y con el robo de todas sus posesiones si se atrevía a comunicar lo sucedido.

Durante su declaración, la mujer expresó la profunda desesperación que sentía al verse repetidamente víctima de los actos delictivos de su propio hijo, quien había acumulado numerosas denuncias previas tanto de ella como de otras personas a las que había robado. El miedo y la angustia que experimentaba a causa de las acciones del acusado se tornaron insoportables, según lo expresado.

Con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la víctima, la fiscalía tomó medidas inmediatas, incluyendo la exclusión del agresor del hogar, la prohibición de acercarse a su madre y la prohibición de ejercer cualquier forma de violencia física o psicológica contra ella. No obstante, cuando una comisión policial acudió para notificar estas medidas, la madre los condujo a la habitación del acusado, quien estaba durmiendo en ese momento. La situación se tornó peligrosa cuando el individuo, de forma amenazante, se levantó y tomó un cuchillo tipo sierra que tenía debajo de su almohada. Sosteniendo el arma, profirió amenazas y vociferó, apuntando al personal policial con la intención de herirlos, manteniendo el arma en sus manos en todo momento.

El hombre fue condenado bajo los cargos de coacción (de acuerdo con el artículo 149 bis, segundo párrafo del Código Penal) y por el delito de resistencia a la autoridad agravada por el uso de armas (según el artículo 237, en función del artículo 238 inciso 1 del Código Penal). Todas estas imputaciones atribuidas al acusado concurrieron de manera efectiva, según lo estipulado en el artículo 55 del Código Penal.

Requieren juicio para el acusado por abuso sexual a menores, y por producir y distribuir material de abuso sexual infantil

Las actuaciones se iniciaron por una alerta generada por NCMEC (Nacional Center For Missing & Exploited Children).  Los abusos quedaron registrados en material que se usaba para distribución y que forman parte de la causa.

La fiscal Penal especializada en Ciberdelincuencia Sofia Cornejo Solá requirió juicio ante el Juzgado de Garantías Nº 3, para un hombre mayor de 42 años, como autor del delito de producción y difusión de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación en calidad de víctimas de personas menores de 13 años, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la edad de la víctima (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima (dos hechos), y abuso sexual simple agravado por la edad de la víctima.

Las actuaciones de la Fiscalía de Ciberdelincuencia se iniciaron por una alerta generada por NCMEC (Nacional Center For Missing & Exploited Children) donde la empresa Google detectó que un ciudadano de nacionalidad boliviana residente en Salta, se habría filmado abusando sexualmente de menores de edad, de sexo femenino oriundas de Salta.  Esto fue corroborado en investigaciones realizadas en redes sociales donde se observó que las menores concurrían al lugar donde acontecieron los abusos.

Durante la investigación, se llevaron a cabo diligencias con el objetivo de ubicar el lugar donde ocurrieron los incidentes, lo que condujo a la residencia del imputado en el macrocentro de la ciudad de Salta. En el transcurso de estas pesquisas, se pudo establecer que los videos fueron grabados y producidos en el interior de la habitación donde el acusado residía. Estos videos se registraron utilizando una cámara que estaba estratégicamente ubicada para enfocar principalmente la cama de su dormitorio.

Adicionalmente, en los videos, el imputado mostraba su rostro y su apariencia física, y luego compartía estas imágenes en línea a través de una cuenta de correo electrónico. Esta cuenta de correo se verificó al estar vinculada a un número de teléfono que se comprobó pertenecía al acusado.

Las conexiones realizadas fueron identificadas por la empresa Google, donde se pudo verificar de manera concluyente la descarga de contenido de abuso y/o explotación sexual infantil, utilizando el servicio de internet cuya titularidad también correspondía al acusado.

 

No declaró el detenido por distribución y producción de material de abuso sexual infantil

Condenado a prisión efectiva por un asalto con modalidad motochorro en pleno centro de Orán

El hecho ocurrió un domingo al mediodía y al hombre se lo pudo identificar por las cámaras de videovigilancia. Una de ellas incluso registra el momento del asalto. 

Una mujer, acompañada por su hijo y un amigo, ambos de diez años, fue asaltada en Orán por un hombre armado que se movilizaba en una motocicleta negra de gran tamaño. El asaltante apuntó con un arma a la mujer y le exigió que le entregara su teléfono celular. Temiendo por su seguridad y la de los menores, la mujer entregó el dispositivo. Afortunadamente, la mujer no resultó herida físicamente pero estaba en estado de shock.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, tomó intervención en la investigación, en la que con el aporte de las descripciones proporcionadas por la víctima, el análisis de las cámaras de seguridad pertenecientes al Servicio de Emergencias 911 y cámaras particulares, se pudo establecer el recorrido realizado e incluso quedó registrado el momento del asalto. De esta forma,  se logró individualizar al hombre buscado, quien registraba numerosas causas por delitos contra la propiedad, contando con antecedentes delictivos.

Fue así como tras un  allanamiento en la residencia del hombre, se procedió a su detención, como así también el secuestro de la motocicleta utilizada en el robo, la ropa que llevaba puesta durante el incidente.

Aunque inicialmente la fiscal Murúa imputó al hombre por la comisión del delito de robo agravado por el uso de un arma, debido a que el arma no se encontró durante la investigación, fue condenado a la pena de tres años de prisión efectiva en la audiencia de juicio Sala II, Vocalía 1, bajo la supervisión del juez Raúl López. Además, se declaró su reincidencia y se decomisó la motocicleta utilizada en el robo.