Se determinó que la víctima fatal conducía con alcohol en sangre. Las cámaras de videovigilancia muestran el momento de los hechos.
La fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas del distrito judicial de Orán, Claudia Carreras, lleva a cabo la investigación relacionada con un trágico incidente de tránsito que tuvo lugar el pasado 1 de septiembre en la intersección de las calles 9 de Julio y 25 de Mayo.
Los hechos ocurrieron cuando la conductora de una motocicleta perdió el control y colisionó contra unautomóvil que se encontraba transitando. El conductor del vehículo implicado se dio a la fuga, pero más tarde se presentó ante la fiscalía, acompañado de su abogado, siendo imputado por el presunto delito de homicidio culposo, tras lo cual quedó detenido.
El reporte policial indica que en el lugar del siniestro, personal de una ambulancia brindó asistencia a la conductora de la motocicleta, de 28 años. Durante el proceso de atención médica, se procedió a auxiliar a la mujer quitándole hojas de coca que tenía en la boca, y según consta en el informe, se observó la presencia de aliento etílico.Debido a su estado de inconsciencia y una lesión en la cabeza, la mujer fue trasladada al Hospital San Vicente de Paul, pero falleció en el camino.
En el marco de la investigación de la Fiscalía, se solicitó la asistencia del Departamento Técnico Científico del CIF para determinar la causa del fallecimiento de la mujer, dando como resultado un traumatismo grave con fractura de cráneo y politraumatismo causados por el accidente de tránsito.Según el informe de autopsia médica, se detectó la presencia de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre en el organismo de la mujer .
Consta también en el informe médico, que no se detectó la presencia de alcohol en sangre en el conductor del automóvil implicado en el accidente.
Las tareas investigativas consistieron en peritajes, entrevistas a testigos y verificación de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, entre las que consta el registro del momento en que la motocicleta colisiona al automóvil.
Una serie de factores y consideraciones que abarcan diversos aspectos de la investigación en curso, como así también antecedentes del involucrado evaluados por parte de la fiscal, dieron fundamentos para solicitar la libertad del conductor del vehículo.
Fueron captados por una cámara de seguridad particular. La mujer, era una conocida del damnificado.
El Fiscal Penal 3 imputó provisionalmente auna pareja, compuesta por un hombre de 21 años y una mujer de 24, a quienes se acusa de cometer el delito de robo, en virtud del Artículo 164 del Código Penal.
Los hechos se produjeron el 29 de mayo, cuando un residente del Barrio Miguel Aráoz regresó a su vivienda y descubrió que desconocidos habían ingresado ilegalmente. Estos, forzaron una puerta trasera y una habitación para llevarse dos cámaras de seguridad que aún no habían sido instaladas, rollos de cable, víveres de la heladera que depositaron en una caja de cartón, así como otros objetos. Además, accedieron a la habitación de un sobrino, sustrayendo otros elementos y la suma de$18,000 (dieciocho mil pesos).
Según el relato de la víctima, un vecino observó cómo una pareja salía de la casa con bolsos y una caja de cartón, lo que lo llevó a seguirlos mediante una cámara de seguridad instalada en su local. Los individuos quedaron registrados en video mientras abordaban un colectivo con rumbo al centro de la ciudad. Además, el afectado señaló que había sido víctima de robos similares en el pasado.
Consultado sobre otras personas que pudieran haber tenido acceso a su vivienda, el denunciante mencionó tener una relación casual con una mujer que ocasionalmente visitaba su hogar. Sin embargo, destacó que no la había visto en más de dos semanas.
La Fiscalía 3, al recibir conocimiento de estos hechos, inmediatamente contactó al Grupo Investigativo Sector 3B (DI-DGI), que realizó un análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad proporcionadas por el vecino. Esto, permitió obtener pruebas que llevaron a la identificación de los sospechosos, un hombre de 21 años y una mujer de 24. Esta última, era a quien había hecho referencia el damnificado.
En consecuencia, se procedió a llevar a cabo un allanamiento en la residencia de los imputados, donde se encontraron prendas coincidentes con las utilizadas por los perpetradores al cometer el delito.
El hombre fue denunciado por su ex pareja quien debió llamar al 911.
La fiscal Verónica Simensen de Bielke, a cargo de la Fiscalía Penal de Violencia de Género N.º 1, habiendo reunido elementos de prueba suficientes, intervino en la audiencia multipropoósito en la que un hombre de 28 años de edad, fue condenado a una pena de 6 meses y 15 días de ejecución condicional por los delitos de desobediencia judicial y violación de domicilio en concurso ideal en perjuicio de su expareja (Art. 239, 150 y 54 del C.P.).
La actuación de la Fiscalía se inició a raíz de un incidente ocurrido el 19 de agosto, cuando una mujer presentó una denuncia en la que relató que su ex pareja, a pesar de haber sido excluido del hogar y tener una orden de restricción de acercamiento, se presentó en estado de ebriedad en su domicilio mientras ella dormía.
Luego de golpear insistentemente la puerta y la ventana, logró destrabar esta última e ingresó a la vivienda para reclamarle una motocicleta que ambos habían comprado y que el hombre le había regalado.
Ante la situación alarmante, la mujer llamó al Sistema de Emergencias 911 solicitando la detención de su ex pareja. La mujer, hizo hincapié en que no era la primera vez que el ahora condenado, se presentaba en el domicilio y que, cuando se encontraba en estado de ebriedad, solía ser violento y la agredía verbalmente.
Primero se apropió de una motosierra. Luego, de una balanza y pescados.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal en un Juicio Abreviado ante la Sala 1, en el que la jueza Soledad Rodriguez condenó a un hombre de 34 años a 6 meses de prisión efectiva por dos casos de robo simple. Además, se lo declaró reincidente por primera vez, de acuerdo con el artículo 50 del Código Penal.
El individuo, de actividad jornalero, admitió que el 22 de julio pasado, al pasar por una vivienda en la calle España y Pje. Leloir en Tartagal, observó una camioneta estacionada en la vereda con una motosierra en la caja. Cortó la soga que aseguraba la compuerta de la camioneta y sustrajo la motosierra. Luego, la ocultó detrás de un antero.
Posteriormente, se dirigió a una pescadería donde rompió una de las rejas de una ventana y robó una balanza digital, así como algunos pescados.
Cuando llevaba la balanza, fue sorprendido por la policía y arrojó el objeto antes de intentar esconderse en la vivienda donde había tomado la motosierra. Sin embargo, la policía ingresó a la vivienda y lo detuvo.
La niña fue llevada al hospital por su madre y un vecino. El personal médico que la atendió confirmó el ingreso, sin signos vitales.
En el contexto de la investigación dirigida por la fiscal penal de Joaquín V. González María Celeste García Pisacic, relacionada con el fallecimiento de una bebé de un año, se llevó a cabo hoy la audiencia de imputación de la madre y la abuela de la menor. Ambas fueron asistidas por la defensa pública y optaron por no hacer declaraciones. Se les imputa el presunto delito de homicidio calificado por el vínculo.
La niña, quien residía con su madre y abuela en el asentamiento La Fortaleza, fue llevada al Hospital de Las Lajitas el pasado domingo, ingresando sin signos vitales.
El informe de la autopsia médica reveló que la causa del deceso fue un politraumatismo, con traumatismo craneoencefálico y pérdida de masa encefálica debido a múltiples fracturas. Además, se informaron otras lesiones graves, como escoriaciones y equimosis en varias partes del cuerpo, todas de reciente data.
La fiscal García Pisacic prosigue con una exhaustiva investigación en curso y que tiene como objetivo principal arrojar luz sobre las circunstancias que desencadenaron la muerte de la menor.
La firma del convenio se realizó hoy, en la sede del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiellafirmó un convenio para la cooperación internacional con el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.La firma del convenio se realizó hoy, en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En la cláusula primera, el acuerdo establece que «el MPF Nación ratifica su compromiso de brindar colaboración, de acuerdo con las competencias que le asignan las leyes 24.946, 27.148 y 24.767, y respetando la autonomía propia de las jurisdicciones locales». Esto para «afianzar los mecanismos de cooperación internacional, ya sea a través de las vías formales de extradición y asistencia jurídica mutua en materia penal o civil, como los canales de cooperación interinstitucional directa con organismos homólogos extranjeros de los que participa el MPF Nación, a través de la asistencia al MPF de Salta en la confección, recepción, seguimiento y agilización de los requerimientos fiscales de asistencia jurídica internacional, tanto activos como pasivos, que se tramitan a través de Autoridades Centrales o por vía diplomática, conforme los Tratados vigentes y la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal».
Además, indica que «el MPF de Salta acepta participar del modelo de colaboración y coordinación en materia de cooperación internacional, adhiriendo en todos sus términos al Convenio Específico Complementario de colaboración para la Cooperación Internacional entre el MPF Nación, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina, y el Consejo Federal de Política Criminal». Estos dos últimos son ámbitos que representan a todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales.
Ambas partes acordaron adoptar medidas técnicas, administrativas u organizativas que individualmente le puedan corresponder para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos obtenidos.
La solicitud de la funcionaria judicial había sido aceptada por el Juzgado de Garantías el pasado 4 de setiembre.
La fiscal penal especializada en Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial de Tartagal, Lorena Martínez, reiteró anteel Juez de Garantías de 2º Nominación un urgente pedido de detención en el contexto de un caso que involucra lesiones agravadas por el vínculo y el género, daños y lesiones en concurso real. Esto se debe a que no se diera con el paradero, hasta la fecha, del principal acusado, lo que ha llevado a solicitar su captura a nivel nacional e internacional, además de la emisión de los correspondientes oficios a Interpol – Argentina y a los organismos de seguridad nacional.
El acusado, mantuvo una relación de pareja con la denunciante hasta el año 2020, con quien tiene una hija de dos años en común. El 3 de septiembre,se presentó en el domicilio de la mujer, donde se encontraba con su hija y su pareja actual, golpeó la puerta de entrada con fuerza hasta lograr romper la cerradura y acceder al interior de la vivienda.
Fue entonces que la mujer trató de retenerlo cuando intentaba ingresar a la parte trasera de la casa, lo que resultó en un forcejeo en el que el acusado le infligió golpes en el rostro y la sujetó con violencia, causándole heridas. El acusado, luego se dirigió haciala actual pareja de la mujer, golpeándolo y amenazándolo con un cuchillo sierrita que portaba, lo que resultó en lesiones para la víctima. Todos estos actos ocurrieron en presencia de la hija en común con su expareja.
Es importante mencionar que la mujer, afirmó que hechos similares habían ocurrido en varias ocasiones anteriormente, incluso cuando aún estaban juntos.
El examen físico de la denunciante reveló heridas superficiales en la zona del rostro y extremidades superiores y torso. Además, el examen médico de su pareja actual mostró múltiples traumatismos y una herida en el torso del lado derecho.
El expediente cuenta con la denuncia presentada por la mujer, la denuncia de su pareja actual y los certificados médicos emitidos por el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal.
La fiscal Lorena Martínez había solicitado la detención del acusado debido a la gravedad del delito, con el objetivo preservar el éxito de la investigación y garantizar la presencia del imputado durante el proceso. El Juez de Garantías, en fecha 4 de septiembre, hizo lugar a la solicitud, ordenando su detención.
El 8 de septiembre pasado, la fiscal Martínez solicitó ante ese Juzgado, la remisión del expediente en trámite en calidad de «Muy Urgente» para poder revisar directamente las actuaciones, debido a que, al contactar con el personal policial de la Comisaría Cuarta, se le informó que el causante, pese a la orden de detención obrante, fue visto el día anterior, en la esquina de Avenida Mosconi y Adolfo Alsina. Esta novedad se comunicó de inmediato al Juzgado de Garantías 2; sin embargo, no se realizó una comunicación equivalente por parte de la policía ni del propio Juzgado, hacia la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial de Tartagal.
Es por eso que ante el incumplimiento de la respectiva orden librada con fecha 4 de setiembre, se reitera el cumplimiento de la misma.
Los acusados son dos personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas con la víctima. Ocurrió en una reunión en barrio Alto Verde.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, inició medidas legales contra dos individuos residentes en Salvador Mazza, mayores de edad, a quienes se les imputa la presunta comisión del delito de Homicidio en Grado de Tentativa en Grado de Autor, según lo establecido en los artículos 79, 42 y 45 del Código Penal.
La intervención de la Fiscalía Penal GAP se originó a raíz del reporte del Destacamento Policial Alto Verde, ubicado en Salvador Mazza (Pocitos), sobre un incidente ocurrido el 5 de septiembre en el cual un hombre adulto se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de los acusados, en un domicilio situado en el barrio Alto Verde.
En un momento dado, estalló una violenta disputa entre las partes, durante la cual los acusados habrían agredido a la víctima utilizando un caño de metal y un objeto de hierro, ocasionándole múltiples lesiones con la aparente intención de causarle la muerte.
El informe médico posterior reveló que la víctima sufrió «politraumatismo y traumatismo de cráneo, con herida cortante en el cuero cabelludo, en el cuello, en el rostro, en las cejas y hematomas prioritarios de 3 cm».
Los acusados se dieron a la fuga tras el incidente, pero fueron posteriormente detenidos por el personal policial.
El fiscal Vega inmediatamente ordenó una exhaustiva investigación, que incluyó la recopilación de informes policiales, certificados médicos, actas de inspección ocular, anexos fotográficos, croquis ilustrativos, informes policiales y denuncias penales a fin de de esclarecer los hechos y responsabilidades.
Llegó al Hospital sin signos vitales. La madre y su abuela serán imputadas hoy.
La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, lleva a cabo la investigación en el caso de una menor de un año que fue ingresada sin signos vitales a la guardia del Hospital de Las Lajitas el pasado domingo.
La madre de la menor la condujo al hospital con la ayuda de un vecino, quien la transportó en una motocicleta. La mujer argumentó que la niña estaba jugando cuando sufrió un repentino ataque de epilepsia y colapsó.
La fiscal García Pisacic tomó medidas inmediatas, ordenando la realización de la correspondiente autopsia. Asimismo, dispuso una serie de medidas adicionales, que incluyeron inspecciones oculares, el secuestro de celulares y vehículos, y la recopilación de pruebas relacionadas con la causa.
El informe de la autopsia médica arrojó como causa de la muerte,politraumatismo, con traumatismo craneoencefálico y pérdida de masa encefálica, debido a fracturas múltiples. Además se informó sobre otras lesiones graves que incluyen escoriacionesy equimosis en varias partes del cuerpo. Todas de reciente data.
La menor residía en el asentamiento La Fortaleza junto a su madre y abuela. La fiscal García Pisacic dispuso que ambas mujeres fueran detenidas y en el día de hoy se llevará a cabo la audiencia de imputación .
La fiscalía continúa con la investigación que se encuentra en pleno proceso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que llevaron a lamuerte de la menor.
Especialistas, analizaron el desarrollo de estrategias con el fin de reducir la violencia y fortalecer el sistema de justicia ante los desafíos de la narcocriminalidad.
El procurador general de la provincia de Salta,Pedro García Castiella, junto a la fiscal de Graves Atentados contra las Personas del distrito judicial de Orán, Claudia Carreras, y el secretario de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras, participaron de las Jornadas sobre Lineamientos de la Política Criminal para la Reducción de la Violencia y el Sistema de Justicia frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad.
Este evento, organizado conjuntamente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Ministerio della Giustizia Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo de Italia y el BID, reunió a expertos nacionales e internacionales en un esfuerzo conjunto por abordar cuestiones críticas actuales en el ámbito de la política criminal.
Se realizaron dos jornadas, centradas en fortalecer las estrategias colaborativas necesarias para afrontar una problemática de suma importancia: la necesidad de una urgente reformulación de la política criminal, y pensar en una nueva planificación en el abordaje de la investigación de hechos provocados por las organizaciones criminales que operan a lo largo del territorio nacional, generando actos violentos de diversa índole, que incluyen homicidios vinculados al narcotráfico, así como extorsiones, secuestros, sicariato y robos.
Partiendo de la premisa crítica de que lo hecho no resulta suficiente en términos de resultados para enfrentar este desafío, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico, se destacó la importancia de un enfoque colaborativo que involucre a todos los actores pertinentes, la necesidad de insistir en una planificación coordinada y ordenada, junto a la revisión de las estrategias vigentes. Esto se debe a la comprensión de que la complejidad del crimen ha evolucionado con el tiempo, y las formas en que se comete y combate también han cambiado. Por lo tanto, resulta imperativo profesionalizar la investigación y proporcionar a fiscales e investigadores las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar esta nueva delincuencia organizada en todas sus facetas. Esto incluye la formación actualizada de equipos especializados y el acceso a tecnologías avanzadas, así como la revisión y actualización de los marcos legales relacionados con delitos como el secuestro y la protección de testigos.
Un punto crucial resaltado, fue la necesidad de establecer métricas para identificar las áreas más afectadas y el contexto de estos delitos, a fin de dirigir estratégicamente las acciones y evaluar su efectividad.
Además, se enfatizó en la urgencia de reformar la gestión de los Servicios Penitenciarios para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde las instalaciones de detención. Para lograrlo, se deben implementar medidas que garanticen que las prisiones no se conviertan en centros de operaciones criminales y que los reclusos no dirijan actividades delictivas desde su interior.
También se habló sobre estrategias de disuasión focalizada e intervención en Mercados Abiertos de Droga, así como su implementación en la ciudad de Buenos Aires.
En la apertura de la jornada, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti recordó que el año pasado en Rosario numerosos integrantes del Poder Judicial abogaron por la creación de una agencia de seguridad independiente y especializada en narcocriminalidad donde trabajen coordinadamente todos los poderes del Estado Federal. “La grieta más importante hoy es entre la sociedad y las instituciones. Se necesita una especialización de políticas de Estado para combatir el crecimiento de la narcocriminalidad”. Y destacó que “hemos dado muestras de la autodepuracion, el Poder Judicial ha sancionado y condenado dos jueces en el marco de la contaminación del narcotrafico en el Estado”.
En esa línea, Lorenzetti expresó que “hay una falta de coordinación del Estado y es lo que más me preocupa. Argentina tiene un grave problema de diseño institucional”. Y agregó que la narcocriminalidad fue creciendo en todo el país y se la debe abordar desde varios frentes, uno de ellos es trabajando sobre la prevención en donde se necesita recabar información sobre como las organizaciones criminales realizan el lavado de dinero, las actividades en la Aduana y priorizó el uso de la informática y tecnología en las investigaciones; abogó por una coordinación estrecha y colaborativa entre todas las agencias del Estado, tanto provinciales como federales, en la creación de una agencia de seguridad independiente para combatir el narcotráfico. Esta agencia debería contar con la participación de actores de la justicia y las fuerzas de seguridad, así como organismos de prevención y de lavado de activos.
A su turno, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques señaló que nuestro país se encuentra sumido en una coyuntura difícil, en la que las instituciones deben extremar los esfuerzos para implementar nuevas políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia. La sociedad reclama soluciones a problemas evidentes que perjudican seriamente su vida cotidiana. Y detalló que “el narcomenudeo no es una materia desglosada del narcotráfico: sus efectos son extremadamente dañinos en centros urbanos y barrios más pobres del país”.
Giovanni Melillo, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia señaló en tanto, que se debe tomar conciencia de que el narcotráfico es el desafío más serio y amenaza a las democracias, “existen las macromafias que son sistemas crimininales complejos, en las que las redes de cada país obran de forma coordinada y desafían la soberanía de los Estados, a veces vacían de poder a los países y hasta pueden derrotar las democracias”. Y continuó, “las macromafias usan las nuevas tecnologías para lavar el dinero y se convierten en consorcios económicos que les permite a las redes criminales tener grandes cantidades de dinero, que además apoyan el terrorismo”.
Melillo aseguró que Argentina es una de las principales vías de tránsito de estupefacientes a Europa Central y Asía. Pero también Argentina es un lugar nodal de articulación muy importante, por su tradición democrática, el prestigio de sus instituciones y la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. “El narcotrafico se debe enfrentar con estructuras de investigaciones especializadas y hay que realizar un análisis de información del patrimonio de cada país, para intervenir en el negocio tentacular que parece a veces impenetrable”.
El fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia recalcó que “no hay modo de luchar contra el narcotráfico de manera eficaz fuera del marco del estado de derecho. Los Ministerios Públicos Fiscales debemos ser el garante de las investigaciones y tenemos que contar con una policía judicial. Hoy la cooperación debe ser moderna, no limitada, hay que compartir información no solo entre estados europeos, sino también a escala internacional. Argentina es un socio muy importante y existe la cooperación ya que se puede hacer una gestión compartida de las investigaciones y también de los procesos judiciales. Es clave que se puedan realizar operativos simultáneos en distintos países en tiempo real”.
Por último Melillo hizo un reconocimiento al fiscal paraguayo Marcelo Pece, y recordó que lo mano que lo mató estaba en Colombia, pero la mano que ordenó su muerte estaba en Paraguay, en la Triple Frontera, y en países europeos también.
Luego expuso David Kennedy, director de la National Network for Safe Communities de la John Jay College of Criminal Justice, que afirmó que el narcotráfico es lo más tóxico que le puede ocurrir a una comunidad. “A partir de una investigación tradicional, así como también hablando con los integrantes de las comunidades. A los detenidos por narcomenudeo les pedimos que escuchen a los representantes de su comunidad, y les advertimos ‘salí del mercado, te vamos a apoyar y si volvés a vender te vamos a detener y llevar al fiscal en ese mismo momento’. Este método resultó muy efectivo para eliminar los puntos de venta callejeros”.
En la segunda parte del seminario se abordaron las estrategias de disuasión focalizada en la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas. Luis Ignacio Garcia Sigman, Coordinador del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos (UNODC) detalló que “el narcotráfico innova constantemente, se refleja con énfasis en el mercado de las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas que componen un mercado totalmente diverso y heterogéneo de estas sustancias”. Y advirtió que cuando hay drogas también hay corrupción y lavado de activos. Las organizaciones criminales se organizan en torno a matrices transnacionales. Para combatirlas hay que construir redes, sin cooperación interinstitucional e internacional es imposible afectar estas matrices.
Pedro García Castiella
Fiscal Claudia Carreras
El Programa de Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y del Gobierno porteño explicaron la implementación de la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Nanzer, secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima MPF CABA, que sostuvo “durante la planificación de la política criminal contra la narcocriminalidad se estudió el impacto de los mercados abiertos de drogas. Son los más dañinos porque perjudican la vida de las comunidades, facilitan el acceso a personas que aún no empezaron a consumir, entonces decidimos trabajar preferentemente en ellos. Para esto, hicimos una distinción entre medidas de proactividad y reactividad del MPF. Algunas políticas de reactividad hay que mantener para dar respuestas como las Unidades de Flagrancia, pero después hay una dimensión proactiva que tenemos que profundizar”. Y explicó que “el programa Intervención en Mercados de Drogas (IMD) se utiliza para desarticular mercados abiertos drogas en los barrios. El programa se puso en marcha en 2021, la evaluación de los procesos da cuenta de que creamos un circuito de trabajo fuerte, logramos coordinar con todas las agencias del Estado que forman parte del sistema de justicia penal”.
A su turno, Cecilia Amil, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) detalló que “para la intervención de mercados abiertos en la CABA se suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño y trabajamos además con la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad en zonas del Barrio 15 y de Constitución”. Además resaltó que se hizo un mapeo de narcocriminalidad de la Ciudad y se generó un proceso de trabajo, a partir de ahí impleméntanos técnicas especiales de investigación utilizando agentes reveladores propios e informantes”; especificó que “en la primera etapa trabajamos para analizar la parte administrativa de los lugares conflictivos y lograr obtener información sobre los puntos de venta. Luego se lanza la etapa judicial, en las que se hacen las solicitudes con autorización previa del juez. Y a las personas a las que se les va a dar la oportunidad, se le muestra la prueba y se le da una alternativa al proceso penal”. Asimismo, precisó que los bienes decomisados en operativos judiciales pueden utilizarse para actividades de prevención dentro de los mismos barrios, así como también pueden utilizarse para la construcción de merenderos que muchas veces se instalan en los que eran los puntos de venta de droga.
En tanto, Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Habitát de CABA explicó que “un rasgo distintivo de este proyecto tiene que ver con su carácter disruptivo, otra característica tiene que ver con la búsqueda de la articulación de diferentes agencias del Estado y quiero poner en especial en valor el trabajo del MPF con los agentes estatales”. Y continuó, “esta iniciativa produjo tres resultados que quiero enunciar y destacar : recuperación del espacio público , construcción de legitimidad pública, reivindica el accionar de la justicia y muchas personas que fueron parte de este proceso, quienes fueron señalados por este programa, están siendo parte de procesos de capacitación y de programas de reinserción laboral”.
Las jornadas concluyeron destacando la importancia de comprender que la violencia es un medio utilizado por las organizaciones criminales para alcanzar sus objetivos, y que esta violencia, relacionada con el delito y el narcotráfico, afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado y del sistema de justicia desarticularla para reducir la conflictividad en nuestras ciudades.
La Jornada Internacional ·Lineamientos de Política Criminal para la Reducción de la Violencia», se realizó el 6 de Septiembre en la Universidad de San Andrés, y la Jornada Internacional «El Sistema De Justicia Frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad», el Jueves 7 de Septiembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires UBA.