Marcela Perez

Solicitan refuerzo de seguridad en Fiscalías Penales de Orán

El pedido responde a la recopilación de evidencia en material peritado en posesión del imputado Cristian Palavecino. Diversas fotografías sugieren tareas de espionaje sobre posibles puntos de acceso a edificios de relevancia, como las Fiscalías Penales de Orán y las instalaciones del CIF.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, ha emitido una comunicación oficial dirigida al ministro Marcelo Dominguez, reiterando su solicitud de refuerzo de seguridad en las oficinas de las Fiscalías Penales del Distrito Judicial Orán, ubicadas en la calle Lamadrid al 300 y Coronel Egües al 400, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

La necesidad de esta solicitud de refuerzo de seguridad está relacionada con el material probatorio recopilado a partir de  dispositivos electrónicos incautados en el marco de la investigación del homicidio calificado de Alejandro Avandillo (A. P. 487/23). Este material incluye elementos de convicción relevantes para otros casos, incluyendo la causa denominada «Palavecino, Cristian Gabriel; Malissia, Matías; Ruiz, Dimas y otros por robo calificado en perjuicio de la empresa Abra De Sol».

El material descubierto consiste en diversas fotografías de los edificios que albergan las Fiscalías Penales, del CIF de Orán, edificios contiguos y postes de alumbrado público cercanos a los balcones de uno de los edificios, elementos que se encontraban en las extracciones telefónicas de los aparatos celulares secuestrados, lo que sugiere una posible actividad de inteligencia y seguimiento por parte de una organización criminal. Esta situación, junto con otros casos pendientes, se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte integrada por los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo y Pablo Cabot.

Ajuntamos algunas de las las fotografías mencionadas.

 

Revelaciones claves en la causa del asalto a la empresa Abra de Sol

El avance en la investigación reveló posibles conexiones claves entre imputados por el caso de robo a la empresa frutihorticola. Se trataría de integrantes de una organización criminal sofisticada.

En el marco del avance de la investigación que viene realizando la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia, integrada por los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo y Pablo Cabot, se ha obtenido información relevante -entre varios elementos de prueba- relacionada con el robo perpetrado contra la Empresa Abra de Sol (Legajo 115/22) que fortalece la sospecha sobre la participación de los imputados en el caso.

La informacion referida proviene  de la investigación vinculada a un homicidio que se tramitaba en la Unidad de Graves Atentados de Orán, donde la victima fue gravemente herida y depositada en el Hospital local ( Legajo de Investigación 16/23). En ese marco se realizó peritaje, extracción y análisis  a teléfonos celulares que previamente fueron secuestrados como resultado de los allanamientos realizados por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del CIF, encontrándose audios que implicarían la comunicación entre Cristian “Gringo” Palavecino y José Dimas “Oso” Ruiz, en circunstancias de organización en el marco del asalto y robo a mano armada a la mencionada empresa frutihorticola, y diferencias en la banda investigada que sobrevinieron con posterioridad a la detención de Brian Palavecino. 

Es importante recordar que en diciembre del año pasado, individuos que ocultaban sus identidades tras pasamontañas, gafas, y cascos de motocicletas, entre otros elementos, ingresaron al salón principal de la empresa ubicada en la calle Arenales de la ciudad de Orán. Portando armas de fuego de grueso calibre, sometieron ejerciendo violencia física, al personal y a los directivos, apropiándose de una suma considerable de dinero en moneda nacional y extranjera, así como de pertenencias de los empleados.

En el día de hoy, y en cumplimiento a una medida ordenada por Unidad Fiscal el pasado viernes 3 de noviembre, y debidamente notificada a las defensas en aquella fecha,  se realizaron sendas audiencias para poner en conocimiento de los imputados Palavecino y Ruiz, respecto del hallazgo de los audios considerados como elementos de prueba, quienes se abstuvieron de prestar declaración indagatoria.

A través de estas conversaciones se puede inferir que Ruiz, quien se desempeñaba laboralmente en la empresa, podría haber proporcionado información crucial para llevar a cabo el robo, además de desempeñar un papel importante en el encubrimiento de la banda que lideraría Palavecino.

La supuesta organización criminal con asiento en el norte de la provincia de Salta, estaría involucrada en asesinatos por encargo, ajustes de cuentas, narcotrafico y violentos robos a mano armada. Contarían con una estructura de alto nivel que planificaba los hechos con inteligencia previa, haciendo uso de tecnología sofisticada, diversidad de armamentos, anillos de seguridad y personas encargadas de la vigilancia en los lugares objetivo. Llama poderosamente la atención que del análisis de los datos digitales surgen diversas fotografías de distintos posibles lugares de acceso a los edificios de las Fiscalías Penales de Orán y de las instalaciones del CIF, por lo que se solicitó a la Unidad Regional 2 disponga la consigna policial correspondiente. 

 

Para una mayor comprensión, adjuntamos los audios mencionados. 

 

 

 

 

El Procurador General alertó sobre el avance del crimen organizado en el norte de Salta

En conferencia de prensa, García Castiella alertó respecto del incremento de la violencia y el trabajo en los niveles de bandas de crimen sofisticadamente organizado que operan en la región norte de la provincia de Salta, y en particular en la zona de Orán, alentando la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Comunicó también que solicito al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia la asignación de custodia para su persona, y el refuerzo de la custodia del edifico de la Procuracion General. Hizo mención a dos investigaciones en curso. Informó sobre su presentación ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en relación con Edgardo Laurenci, Juez del Tribunal de Juicio Sala 1 Orán, que lleva adelante el Juicio a los hermanos Delfin y Raul Castedo,  por mal desempeño, negligencia e impericia en la fuga del sicario Lino Moreno.

En una conferencia de prensa el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, enfocó hoy su atención en el sostenido incremento del crimen organizado en la región norte de la provincia, con especial énfasis en el distrito de Orán y el impacto que ello ocasiona en el padecimiento cotidiano que perturba la vida en paz que se merecen nuestros comprovincianos que viven en esas ciudades, lo que a veces no es percibido con el peso suficiente.

García Castiella comenzó destacando la magnitud de esta problemática, recordando que insiste en ello desde el inicio de su gestión, subrayando que «este fenómeno no se limita únicamente al tráfico de drogas; su nivel de organización, poderio y sofisticación “los ha llevado a diversificarse en una suerte de “polirubros” involucrandose en una amplia gama de actividades delictivas, que incluyen robos, a menudo con características de extremada violencia, como así también sicariatos, mejicaneas, etc «. Además, señaló con pesar que «estamos presenciando con mayor frecuencia situaciones de sicariato y ajustes de cuentas, lo que ha resultado en un aumento preocupante de muertes en la región». En este contexto, el Procurador General resaltó la valentía de las fiscales del distrito a cargo de las distintas investigaciones, e instó a que este tema se convierta en una prioridad en la agenda y se aborde con seriedad para detener su expansión.

Cabe recordar en tal sentido los casos de Avendino, una persona ajusticiada y abandonado en cercanías de Hospital de Oran, y Bejarano, encontrado su cadáver dentro de un vehículo y espolvoreado con cocaína.

García Castiella también destacó los esfuerzos realizados desde que asumió su cargo, para abordar la problemática, trabajando activamente en trabajar coordinadamente con otras provincias, el gobierno nacional y el Consejo Federal de Procuradores, y la exitosa coordinación con la Justicia Federal y la PROCUNAR region NOA. Señaló que «hemos establecido vínculos tanto a ni que es tomada como modelo a nivel nacional, , reconociendo la necesidad mutua de apoyo», y mencionó el interés de otras provincias en conocer el funcionamiento del modelo de coordinación que lleva adelante el Ministerio Publico Fiscal de Salta, sus áreas de investigaciones, su relación con la Justicia Federal y las investigaciones de narcocriminalidad

El Procurador General también menciono el compromiso del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz en la adjudicación de recursos oportunamente solicitados para la instalación de una Unidad Especial de Investigaciones de Oran en una localidad donde era esencial para el refuerzo de la labor de los fiscales, y también el apoyo y compromiso convergente de la Corte de Justicia de Salta, en el abordaje de estas realidades. Subrayó que este compromiso conjunto tiene como objetivo enfrentar el desafío constante en el Distrito Norte de la provincia.

En términos de acción concreta, García Castiella enfatizó su determinación en la lucha contra el crimen organizado e hizo un llamado a que todos los jueces y magistrados en general, incluidos fiscales y demás funcionarios estén a la altura de estos desafios, en defensa de la paz social, el cumplimiento de los juramentos al asumir sus cargos y el papel fundamental que la justicia debe desempeñar en la preservación de la paz social y el funcionamiento de las instituciones. «Aquellos que no estén a la altura deberían pensar en otra actividad «, afirmó.

En este ámbito, el Procurador General ilustró como ejemplo en referencia a la realidad descripta, al violento robo a la empresa frutihortícola Abra el Sol, donde irrumpiera una banda organizada con armas largas y uno de los propietarios fue brutalmente golpeado, levantándose con un botin de aproximadamente 60 millones de pesos. García Castiella informó que esta causa está a punto de ser elevada a juicio, incluido un ex empleado de la misma como entregador en el asalto.

El norte de la provincia, según García Castiella, enfrenta numerosas investigaciones que involucran mexicanadas y sicariatos, incluida la mencionada causa, destacando la figura de un fugitivo de alto perfil conocido como «Gringo Palavecino», considerado la persona más buscada en la región. Además, mencionó un caso de corrupción institucional donde cuatro policías están detenidos por presuntamente negociar sobornos a cambio de frustrar procedimientos ordenados por la Fiscalía. La fiscal Mariana Torres lleva adelante esta investigación, que destacó, “ha revelado un nivel más grave de participación de ocho efectivos dependientes de las fuerzas de seguridad provincial en actos de cohecho y entrega o aviso previo de procedimientos a investigados para facilitar su frustración” En el caso del personal policial detenido, cumplía funciones en el SINAR 13, que estaba afectado a prestar colaboración a la fiscalía penal N° 3, actividad delictiva que provocara el fracaso de varias diligencias de allanamientos o detenciones. Es por eso que subrayó la importancia de llevar a cabo investigaciones rigurosas y asegurar que los responsables sean enjuiciados.

También a preguntas del periodismo el Procurador cuestiono duramente las manifestaciones de una abogada que invoca la defensa de Jose Dimas Ruiz, detenido con prisión preventiva, por haber presuntamente operado como “entregador en el robo a la empresa “Abra EL Sol”, la que en una entrevista radial pusiera en duda la real existencia de los $ 60.000.000, advirtiendo a la vez que el accionar de dicha letrada, además de pretender investigar a una victima que sufriera además del despojo parimonial, una feroz golpiza en su humanidad,  esta poniendo en riesgo una investigación iniciada hace mas de tres meses por corrupción institucional, respaldando con contundencia el Procurador la labor que lleva acabo la mencionada fiscal junto al Jefe de la Brigada de Investigaciones de la zona, que fueran objeto de la embestida verborragica de esta letrada.

Jury de Enjuiciamiento a Edgardo Laurenci

En cuanto al Jury de Enjuiciamiento a Edgardo Laurenci, el Procurador se remontó en primer lugar a los antecedentes de Lino Ademar Moreno, quien tenía condenas previas en los años 2002 y 2003. En 2006, Moreno fue detenido por el asesinato de la productora rural Liliana Ledesma, siendo identificado como el autor material del crimen junto a Gabriela Aparicio, hermana del ex diputado Ernesto Aparicio, Anibal Tarraga, pareja de la primera, “Nene Torres, capataz, y Graciela Guerra, pareja de Moreno. El caso llegó a juicio en 2010, y Moreno recibió una condena de prisión efectiva.

Relató la cronología de los eventos, señalando que el juez Laurenci otorgó a Moreno el beneficio de varias salidas transitorias, a pesar de las objeciones surgidas desde algunos operadores del Servicio Penitenciario y la misma Fiscal Claudia Carreras.

En este sentido, el procurador García Castiella destacó que la imputación al juez Laurenci no se centró en el hecho en sí de que haya otorgado beneficios a un condenado a prisión efectiva, ya que la Ley 24.670 sobre la ejecución penal si bien lo impedía, en 2015, la Corte de Justiciacon voto de los Dres.  Abel Cornejo, Samsón, Díaz y Vittar declaró la inconstitucionalidad de este impedimento, habilitando así la procedibilidad, bajo ciertas condiciones y con los informes favorables correspondientes, la concesión de beneficios a los condenados a prisión efectiva.

El Procurador destacó que la acusación contra el juez Laurenci se basó en su “negligencia, impericia y falta de cumplimiento de sus deberes al retrasar la emisión de la orden de captura durante 53 días, lo que tuvo un impacto significativo en la búsqueda y detención de Lino Ademar Moreno”.

“El 18 de junio, Lino Ademar Moreno no regresó como estaba programado de su salida transitoria, que había sido autorizada para las 20:30 horas de ese mismo domingo, como parte de un proceso penal en curso. El lunes, martes y miércoles siguientes, su ausencia se hizo evidente. El 22 de junio, el sistema penitenciario formalmente comunicó esta situación al Tribunal encargado del caso. El 23 de junio, una vez que se confirmó que Moreno no había regresado, deberían haberse activado inmediatamente los procedimientos para su búsqueda”- señaló.

Destacó también que: “El juez Laurenci, quien estaba a cargo de este caso, también formaba parte del Tribunal que estaba a punto de juzgar a los hermanos Raúl Amadeo y Delfín Castedo, lo que aumentaba la urgencia de su búsqueda. No se trataba de un delincuente común, sino de un sicario condenado por homicidio calificado. Sin embargo, pasaron 18 días desde que se confirmó la ausencia de Moreno el 23 de junio hasta que el juez revocó su beneficio y emitió la orden de captura el 29 de junio; orden que fuera – debido a errores materiales en las comunicaciones-  asentada debidamente en los organismos responsables del alerta, después de 52 dias contados desde la fuga. Además, se cometieron errores en el proceso de búsqueda, incluyendo la emisión de una orden de captura incorrecta y el uso de documentación inadecuada”.

Destacó finalmente como importante el Procurador que, “desde 2016, existe un convenio entre la Corte de Justicia y las fuerzas de seguridad para agilizar la comunicación en situaciones de emergencia, conocido como SIFCOP en donde debiera haberse asentado de inmediato la orden de búsqueda y restricción de salida. A pesar de su existencia. Es fundamental aclarar que esta acción legal no debería afectar ni interferir de ninguna manera en la continuación del juicio que se lleva a cabo por parte del Tribunal Oral contra los hermanos Castedo”.

CASO LINO ADEMAR MORENO

Comunicación de ausencia y medidas judiciales

RESUMEN DE LOS HECHOS

18 de junio de 2023

            En razón de que una resolución dictada por el Juez Edgardo Laurenci, autorizaba a Lino Ademar Moreno a gozar de salidas transitorias una vez al mes, con el motivo de afianzar vínculos familiares con su tío, lo que luego fue ampliado a dos domingos al mes, el 18/06 a hs. 8:00 Moreno salió de la Unidad Carcelaria Nº 3 de Orán bajo la condición de que debía dirigirse al domicilio de su tío y permanecer allí hasta regresar al penal a las 18:00 hs.

            A las 18:00 horas de ese día, se hizo presente en la Unidad Carcelaria el tío de Moreno, quien había sido designado como tutor del condenado, llevaba una mochila de Moreno y comunicó que su sobrino se había retirado de su domicilio a hs. 11:00 sin aviso previo y no había regresado.

            A hs. 18:10 el Servicio Penitenciario dispuso “Falta sin causa” del interno Moreno, por no regresar a la unidad carcelaria.

            A hs. 20:30, el Adjutor Mayor Matías Méndez, UC Nº 3, se comunicó telefónicamente con el Dr. Edgardo Laurenci a quien se le informó la ausencia de Lino Moreno, ante lo que habría manifestado que se labren las actuaciones correspondientes al caso.

22 de junio de 2023

            Ingresa al Juzgado el oficio del Director UC Nº 3, dirigido al Juez Laurenci, en el que se acompaña informe y exposición de lo ocurrido en fecha 18/6/23.

23 de junio de 2023

            El Juez Edgardo Laurenci decreta lo siguiente: “Por recibido y atento al contenido de informes del SPPS…. córrase vista, por ante la Sra. Fiscal Penal del GAP, conforme lo dispone el art. 571 del CPP”.

El Art. 571 del CPP dispone lo siguiente: Los incidentes de ejecución podrán ser planteados por el interesado, su Defensor o por el Fiscal y serán resueltos, previa vista a la contraria, en el término de cinco (5) días. Se proveerá a la defensa técnica del condenado conforme a las normas de este Código. Contra el auto que resuelva el incidente sólo procederá recurso de Apelación, el que no suspenderá el trámite de la ejecución a menos que lo dispusiera el Tribunal.

26 de junio de 2023

            El expediente es recibido en Fiscalía de Graves Atentados a las Personas, a hs. 10:00.

27 de junio de 2023

            El Director de la Unidad Carcelaria Nº 3, Cristian Rivero Urquiza, manda oficio aL Juez de Ejecución Laurenci, solicitando “instrumento legal detallando temperamento a seguir en relación a FALTA SIN CAUSA del interno MORENO LINO”.

29 de junio de 2023

            La Fiscalía contesta vista. Se responde que no corresponde evacuar la vista, toda vez que no se encuentra previsto por el Código para este caso, que al no haber respetado el condenado Moreno las modalidades bajo las que se concedió las salidas transitorias, se debe revocar el beneficio y ordenar su CAPTURA.

6 de julio de 2023

Por resolución se dispone lo siguiente:

  • Revocar el beneficio de salidas transitorias.
  • Disponer la INMEDIATA DETENCIÓN, librando oficio al Jefe de Policía, quien en caso de no lograr la detención en el domicilio, deberá insertar su captura en el orden del día.

Se confeccionan los siguientes oficios:

  • a Dirección Gral. De Aduanas Orán
  • a Dirección Gral. De Migraciones
  • a la Brigada de Investigaciones Orán
  • al Jefe de la Unidad Regional Norte Nº 2, de la Policía. Detalles sobre esta comunicación:
    • es recibido el 10/7/23
    • se consigna un domicilio diferente para el cumplimiento de la orden
    • se consigna un DNI diferente de la persona buscada
    • se consigna un número de prontuario diferente

11 de julio de 2023

            Personal de la Comisaría 4º, Bº Aeroparque, UR Nº 2, se desplazó al domicilio de Bº Italia que se consignó en el oficio del Juzgado, al arribar al lugar se entrevista con vecinos que le dijeron que no existía el domicilio buscado y que no conocen a Lino Moreno.

18 de julio de 2023

            El Personal policial se desplazó al domicilio requerido en el oficio, se entrevistó con vecinos, ninguno conoce al buscado.

26 de julio de 2023

            Nuevamente el personal de la Comisaría 4º se desplazó al domicilio requerido, con resultado negavo.

8 de agosto de 2023

            Ingresa al Juzgado el Oficio del Oficial que se había encomendado para cumplir la orden de detención, informando que en reiteradas ocasiones se buscó a Moreno no logrando dar con su paradero ya que los vecinos no lo conocen y que al intentar insertar la detención a la orden del día, se advirtió que se consignó erróneamente su DNI, por lo que se solicita que se cambie.

9 de agosto de 2023

            Se libra nuevo oficio al Jefe Unidad Regional Norte Nº 2 corrigiendo el domicilio, DNI y número de prontuario erróneamente consignados en el oficio del 6/7/23.

El Procurador General denunció ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Laurenci

Lo acusa de negligencia y falta de cumplimiento de sus deberes, en relación con la fuga de Lino Moreno. Pone en duda la integridad del magistrado y su capacidad para ejercer su función adecuadamente.

 En el día de hoy, el procurador general de la Provincia Pedro García Castiella, formuló acusación contra el Juez del Tribunal de Juicio, Sala I, del Distrito Judicial Orán, Edgardo Osvaldo Laurenci, por las causales de mal desempeño y negligencia en relación al cumplimiento de los deberes a su cargo, relacionados a su actuación ante la fuga del sicario Lino Ademar Moreno.

Moreno inicialmente había recibidó una condena de 6 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y abuso de armas en concurso real, sin embargo, logró evadirla en el año 2001. Posteriormente, tras su recaptura, fue condenado a 6 años de prisión en otra causa el 17 de febrero de 2005, por los delitos de evasión, robo calificado y privación ilegítima de la libertad agravada. Como resultado, el 27 de mayo de 2005, se decidió unificar ambas condenas en una única pena de 12 años de prisión.

Durante el cumplimiento de esa pena unificada, Lino Moreno logró escapar nuevamente el 30 de agosto de 2006. En esta ocasión, ejecutó el homicidio de Liliana Ledesma, lo que dio origen a su última condena. Es así que en el Expte. N° 4040/08, de trámite ante el Tribunal de Juicio Sala I del Distrito Judicial Orán, en fecha 14 de junio de 2010, Moreno fue condenado por el delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de coautores. El 4 de junio de 2016 el propio Juez Edgardo Laurenci unificó las sanciones a la pena única de prisión perpetua.

En el trámite de la ejecución de esa condena perpetua, Edgardo Laurenci, actuando como Juez de Ejecución, resolvió conceder salidas transitorias a Lino Moreno, pese a la negativa fundada de la Fiscal actuante y de la familia de la víctima, argumentando que el interno reunía los requisitos necesarios para gozar de ese beneficio, que cumplía regularmente los reglamentos vigentes, las condiciones establecidas, poseía conducta ejemplar y llevaba cumplida más de la mitad de la pena que se le había impuesto.

No obstante, el pasado 18 de junio de este año, Moreno no regresó a la Unidad Carcelaria luego de usufructuar uno de sus permisos de salida. El día domimgo 18 de Junio a Hs. 20,00, cuando se hizo evidente su ausencia, fue anoticiado por parte del Servicio Penitenciario telefónicamente, seguno consta en lo informado por el S.P:P,;el Juez Laurenci se limitó a solicitar al Servicio Penitenciario que le remita las actuaciones. Estos documentos llegaron a su despacho y luego de correr vistas improcedentes, recién en fecha 6 de julio el magistrado resolvió revocar el beneficio que había concedido y ordenó a la policía que se constituya en el domicilio del cual se había escapado Moreno para proceder a su detención. En caso de resultar el mismo negativo, instruyó que se inserte a la orden del día su captura.

Los infortunados desaciertos del Juez no terminaron allí, puesto que la orden que entregó a la policía en esa ocasión incluía información incorrecta sobre la ubicación donde debían llevar a cabo la búsqueda y detención, así como también sobre el documento de identidad y prontuario de Moreno. Esto resultó en intentos infructuosos por parte de la Policía para localizar la dirección correcta, además de la imposibilidad de registrar su captura debido a la inexactitud de los datos proporcionados. Es así que cincuenta y dos días después de conocer la ausencia de Moreno, el 9 de agosto, el Juez Laurenci corrigió el oficio enviado a la policía. Hasta la fecha actual, lamentablemente, no se ha obtenido información alguna sobre el paradero del sicario Moreno.

El procurador general, Pedro García Castiella, el día 9 de Agosto de 2023 y tal como se informara públicamente en aquella ocasión, al tomar conocimiento de la fuga del condenado Moreno, solicitó informes a la Presidencia de la Corte de Justicia, que inmediatamente proporcionó copias de los expedientes relacionados con el caso. Además, a la Fiscal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial Orán, Claudia Carreras, solicitando información sobre su actuación en el caso. En igual sentido y el mismo día, se dirigió al Ministerio de Seguridad y Justicia a los fines de que remita copia de las actuaciones con las que cuenta el Servicio Penitenciario, las cuales fueron enviadas el 31 de agosto en respuesta a su solicitud. Por último, al Jefe de Policía de la Provincia, requiriendo información acerca de las medidas y acciones adoptadas para dar con el paradero del fugitivo. Hasta la fecha, no ha recibido ninguna respuesta por parte de este último.

Basándose en la documentación que le fue remitida, el Procurador ha presentado una acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra Edgardo Laurenci, por considerar que actuó con falta de diligencia, impericia y en incumplimiento de los deberes a su cargo, omitiendo arbitrar medidas urgentes e indispensables para evitar consecuencias ulteriores, puesto que el rápido accionar ante un supuesto como el que le fue comunicado podría haber conllevado a lograr la captura de Moreno y así neutralizar la fuga que hoy se verifica.

Destacó el Procurador que la imputación se funda en hechos graves, que autorizan razonablemente a poner en duda la rectitud de conducta del magistrado denunciado y su capacidad para el normal desempeño de la función que le fue confiada, con daño del servicio de justicia y menoscabo de la investidura jurisdiccional.

Se investiga el robo en una vivienda

⁸Se llevaron dinero y joyas. La cámara de un vecino registró el ingreso de un hombre.

La fiscal Penal 1 de Orán, Daniela Murúa, lleva adelante la investigación en relación a un reciente robo ocurrido en una vivienda ubicada en el barrio San Francisco. 

El incidente, denunciado el 21 de septiembre por el damnificado, relata que el día anterior, al regresar a su domicilio en horas de la noche, se encontró con la reja de una ventana frontal de su vivienda cortada y el vidrio roto. La víctima notó la ausencia de dinero y joyas de su hogar, lo que lo llevó a comunicarse de inmediato con el servicio de emergencia 911.  Las autoridades policiales acudieron de inmediato al lugar de los hechos y procedieron a documentar la escena.

A través de una cámara de seguridad perteneciente a un vecino, se pudo divisar  a dos individuos sospechosos en las inmediaciones de la vivienda afectada. El primero de ellos, se aproximó a la puerta principal, toca la puerta y al no se atendido, se retira. Poco después, otro individuo ingresa a la residencia por la ventana, y salie de la misma con una mochila en su posesión.

La fiscal Murúa ha ordenado una investigación exhaustiva y diligente a fin de dar con el, o los responsables del hecho, para lo cual solicitó una serie de medidas consistentes en levantamiento de huellas digitales, registro de cámaras de seguridad públicas o privadas, y entrevista a posibles testigos. 

Condenado por diversos actos de Violencia de Género

Las amenazas y agresiones eran constantes. La víctima en ocasiones realizó denuncia, pero en otras optó por el silencio.

La fiscal penal de Violencia de Género 1, Verónica Simesen de Bielke, llevó adelante la acusación contra Sergio Luciano Frías, por perpetrar una serie de abusos y actos violentos en perjuicio de su pareja. La Sala 7 del Tribunal de Juicio dictaminó una pena de 3 años y 8 meses de prisión efectiva para el hombre, en base a la acumulación de múltiples delitos cometidos en el contexto de la relación de pareja.

El acusado fue condenado por los delitos de lesiones agravadas por el género y la relación de pareja (dos hechos), amenazas (cinco hechos), coacción, privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas con armas (dos hechos), y desobediencia judicial (once hechos).

La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº 1 tomó intervención en este caso a raíz de la historia de abuso y violencia de género documentada en distintas denuncias y relatos de la víctima, quien en varias ocasiones optó por no denunciar por temor a las represalias.

La primera agresión se remonta al año 2019, cuando el agresor comenzó a proferir insultos y amenazas, culminando en una agresión física en la que golpeó a la denunciante en el rostro, el estómago y otras partes del cuerpo. La violencia física se repitió en 2021, cuando el agresor la golpeó nuevamente, esta vez utilizando su codo y sujetándola del cabello mientras la insultaba.

Además de los actos de violencia física, Frías sometió a la denunciante a un constante estado de terror mediante amenazas de violencia y muerte. Utilizó el control como herramienta, llegando al extremo de dejarla encerrada en el vehículo mientras él trabajaba, así como en su propio hogar.

Frías también hizo uso de armas para intimidar a la víctima y reforzar sus amenazas, aumentando su angustia y su miedo.

A pesar de las órdenes judiciales que le prohibían acercarse a la denunciante, el acusado continuó acosándola y hostigándola, sin respetar la autoridad judicial, ni las consecuencias legales de sus acciones.

Violencia de Género: Condena efectiva por amenazas y desobediencia judicial

La víctima es su ex pareja con quien tienen una hija en común. Lo denunció en dos ocasiones.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio donde se dictó sentencia contra José Antonio Chinchilla, quien fue condenado a 10 meses de prisión efectiva y se le declaró reincidente por tercera vez por los delitos de amenazas y desobediencia judicial.

Los hechos tuvieron como víctima a una mujer que mantuvo una relación de pareja con el acusado durante aproximadamente 4 años. En su denuncia, la mujer relató que el acusado ingresó al domicilio de manera no autorizada, bajo la influencia de sustancias estupefacientes y alcohol. En ese momento, el hombre solicitó comida y un lugar para quedarse, a lo que la víctima accedió compartiendo comida con él. Sin embargo, después del almuerzo, cuando la mujer le pidió que se retirara, este se negó y la amenazó con un cuchillo, propinándole golpes sin causarle lesiones graves. El hombre mantuvo a la víctima y a los niños encerrados en el domicilio durante aproximadamente tres horas. Finalmente, permitió que los niños salieran a comprar comida con su madre, momento en el que buscaron refugio en la casa de la madre de la víctima y alertaron a las autoridades policiales.

En otro incidente, a fines del año pasado, la mujer denunció que encontró al acusado drogándose en su domicilio, lo que dio lugar a una discusión. En este caso, el acusado la agredió, sujetándola del cuello y asfixiándola con las manos. La mujer logró defenderse con un cuchillo, hiriendo al agresor, quien posteriormente huyó del lugar. La víctima solicitó ayuda a vecinos y contactó a la policía.

Es importante destacar que el acusado ya tenía una orden de prohibición de acercamiento y exclusión de hogar previa. 

Tartagal: Detienen a un hombre con pedido de captura y lo imputan por múltiples delitos

Ayer fue imputado por tres delitos. Todas las causas son por robo y hurto.

El fiscal penal de Tartagal Pablo Cabot imputó a un individuo recientemente aprehendido, quien se encontraba evadiendo la justicia y acumulaba varios cargos en su contra.

Ayer, se lo imputó por la presunta comisión del delito de robo calificado con el uso de armas, relacionado con un incidente que tuvo lugar el 13 de marzo en la avenida Packham de la ciudad de Tartagal. Según la investigación, el imputado, junto con otro individuo, habrían interceptado la camioneta de un empleado de una distribuidora de gaseosas que transportaba dos bolsos con dinero de la empresa, con destino al banco. Uno de los imputados mostró un arma de fuego desde el exterior del vehículo, mientras que el otro apuntó al conductor antes de romper el vidrio de la camioneta y sustraer uno de los bolsos con dinero. Posteriormente, ambos individuos huyeron del lugar.

Además, hoy se le imputó el presunto delito de hurto, relacionado con un incidente ocurrido el 3 de marzo del año pasado, en el cual el acusado, junto con otro cómplice, habría sustraído una mochila de un vehículo estacionado en el barrio Judicial de Tartagal. La mochila contenía dinero en efectivo, tarjetas bancarias, un teléfono móvil y otros objetos de valor.

Finalmente, también se le imputó el presunto delito de robo en relación con otro incidente acontecido el 15 de febrero de 2022. En esta ocasión, el acusado junto a otro hombre, habrían ingresado  a un local comercial en la localidad de General. Mosconi, tras forzar la reja y la puerta de acceso. Allí, se presume que sustrajeron calzado y prendas de vestir antes de darse a la fuga. El otro individuo, lfue posteriormente detenido con los objetos robados, mientras que el imputado actual logró escapar.

Para hoy, está programada otra audiencia de imputación contra el acusado, en esta ocasión por la presunta comisión de un robo calificado con el uso de armas, ocurrido el 7 de febrero de 2022. En dicho incidente, ambos hombres se desplazaron en una motocicleta de gran cilindrada hasta la Estación de Servicio Axion ubicada en Urquiza y Ruta Nacional 34 Km 1432 de Tartagal. Allí, habrían amenazado a la tesorera de la estación de servicio con un arma de fuego sustrayéndole una mochila que contenía una suma significativa de dinero y documentos importantes.

Metán: Sentenciado por abusar de su hija y de una joven con hipoacusia

La fiscalía había solicitado una condena mayor.

La Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, condenó a  Mario Daniel Santillán, de 46 años de edad,  a una pena de once años de prisión de cumplimiento efectivo, al encontrárselo  autor voluntario y responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia, y del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda .Además, la jueza Carolina Poma Salvadores, lo declaró reincidente por primera vez.

Cabe destacar que la Fiscalía Penal 2 de Metán, representada por el fiscal Gonzalo Gómez Amado, sostuvo la acusación, habiendo solicitado una pena mayor, de 18 años para el acusado, pedido respaldado por la Asesoría de Menores e Incapaces.

El hombre llegó acusado por los delitos de abuso sexual  perpetrados contra una mujer de 24 años, hija de su pareja, que padece hipoacusia bilateral, así como los abusos sexuales simples contra su propia hija menor de edad.

La sentencia también dispone que una vez que la misma se encuentre firme, se procederá a la extracción de material genético del condenado por el Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Este material genético será inscripto en los Bancos de Datos Genéticos, de acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la Ley Nacional N° 26.789, el art. 18 de la Ley N° 7775 y el art. 9 del Decreto reglamentario 734/16, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG).

 

Metán: Solicitan 18 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hija y de una joven con hipoacusia

Liliana Ledesma: El martes continúa el juicio contra los hermanos Castedo

Se continuará con la recepción de declaraciones testimoniales la próxima semana.

En la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, continuó el juicio contra Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo «Hula» Castedo por el homicidio de Liliana Ledesma en Salvador Mazza en 2006. 

La fiscal penal de Graves Atentados Contra las Personas de Orán Claudia Carreras sostiene la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal contra los hermanos Castedo por el delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. 

En la jornada de hoy, tres testigos declararon en la audiencia. Juan Inocencio Córdoba, vinculado a Gendarmería Nacional, informó sobre la intervención de teléfonos de los Castedo y una llamada de Juan Moreno, chofer de ambulancia, respecto al apuñalamiento de Liliana. Señaló que había habido conversaciones previas entre ellos sobre el asunto del camino vecinal, y que la finca El Pajeal pertenecía a los Castedo.

José Manuel Benítez, también de Gendarmería, mencionó que se enteró de la muerte de Liliana por las noticias y que transcribió conversaciones telefónicas entre 2004 y 2006. Por su parte Fernando Ignacio Rudy, de la Unidad de Investigaciones en Salta Capital, relató que trabajaba en una investigación sobre infracción a la Ley de estupefacientes en 2006.

Anteriormente, el día miércoles, los testimonios incluyeron a Élida Romero, madre de Liliana Ledesma, quien afirmo que considera a los Castedo como los autores intelectuales del crimen y relató amenazas previas a la muerte de su hija. Eugenio Ledesma, padre de Liliana, también relató amenazas por parte de Ula Castedo. 

En esa jornada también se presentaron las declaraciones de periodistas que mencionaron el tema del narcotráfico y amenazas hacia Liliana Ledesma. 

El Tribunal integrado por los jueces Edgardo Laurenci, Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi, decidió pasar a un cuarto intermedio para retomar la audiencia el próximo martes 26 a las 17:00 horas.