Julio Frias

Campo Quijano: Dos hermanos son imputados por abigeato

Los dos hombres habrían faenado un novillo de una finca, que, luego de faenar, habrían vendido parte de la carne obtenida.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó, provisionalmente, por la presunta comisión del delito de abigeato agravado, a dos hombres de 21 y 24 años.

De acuerdo a la denuncia radicada por el damnificado, el pasado 12 de junio, se encontraba en Finca Ovejero, cerca del viaducto, en Campo Quijano, cuando vio por última vez un novillo de tres años, que habría sido sustraído. Ese día, cuando vacunó a su ganado, se percató del faltante de cinco animales vacunos más.

Posteriormente, el 15 de junio, su sobrino le dijo que había encontrado los restos del novillo, al costado de las vías del tren, a 1 km., aproximadamente, de la estación de Virrey Toledo. Al acercarse, pudo observar que se encontraba la cabeza y el cuero del animal y, distante 5 mts., había otros rastros.

De la investigación surge que los imputados se habrían apoderado ilegítimamente del ejemplar vacuno, mediante el uso de la fuerza para posteriormente vender la carne a un particular.

Luego de recibir la testimonial de un tercero que se presentó espontáneamente en dependencia policial, el Grupo de Investigaciones Sector 82, previa orden emitida por el Juzgado de Garantías en turno, procedió a allanar el domicilio de Finca El Molino, Río Blanco, de Campo Quijano, donde residen los dos hermanos, en el que se secuestraron diferentes elementos (cuchillos, sierras, ganchos, lazos, mazas, chaira, balanza), como también partes grandes de carne vacuna (costillar y piernas), además de los teléfonos móviles, procediéndose a la detención de ambos.

Durante la audiencia de imputación, los hermanos se abstuvieron de declarar y permanecen con mantenimiento de detención.

Irá a juicio por intentar llevarse a un niño de 5 años, mientras jugaba en la vereda

El hecho ocurrió el pasado 17 de junio en barrio Hernando de Lerma. El alerta del menor a sus familiares impidió que el hombre concretara la maniobra.

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, distrito judicial del Centro, la elevación a juicio de la causa en la que Nicolás Ricardo Ramos de 31 años fue imputado por el delito de sustracción de menores en grado de tentativa.

En los fundamentos del requerimiento, el fiscal sostiene que el mérito incriminatorio, es decir, el delito por el que se lo imputa, surge del análisis detallado de la denuncia, informes policiales, actas de secuestro, declaración testimonial y demás elementos reunidos, que permiten tener por acreditado el hecho.

Además, el menor fue entrevistado en Circuito Cerrado de Televisión, donde contó lo sucedido, ratificando lo denunciado por su madre.

El hecho que se le imputa a Ramos sucedió el pasado 17 de junio, alrededor de las 19, en un domicilio de la calle Joaquín Castellanos al 200, del Barrio Hernando de Lerma, cuando intentó sustraer de la tutela de sus padres al menor de 5 años, que se encontraba jugando en la vereda.

En ese momento, Ramos se acercó al niño y según lo denunciado, le manifestó: “Vamos para mi casa, que tengo un regalo especial para vos”, tomándolo de la mano, pero el menor se opuso e ingresó a su casa para avisar a sus familiares de las intenciones del acusado de llevárselo del lugar.

Al ser confrontado por los familiares, el imputado se dio a la fuga, siendo detenido posteriormente por personal policial.

Contando con elementos probatorios de suficiencia de que Nicolás Ricardo Ramos intentó sacar al niño del ámbito de custodia al que se hallaba legalmente sometido (padres), el fiscal Jovanovics formalizó la acusación y elevó el requerimiento a juicio.

Imputaron al dueño de los perros que atacaron a una mujer en la vía pública

La víctima fue atacada en plena vía pública por una jauría y terminó con lesiones en su cuerpo. Gracias a la asistencia de un vecino que alejó a los perros, pudo ser asistida en el hospital local y luego derivada al hospital San Bernardo.

El fiscal penal de Cerrillos, Federico Portal, imputó de manera provisional por el delito de lesiones leves culposas, en calidad de autor, al propietario de los canes que atacaron a una vecina de La Merced.

La imputación concreta se basa en la “falta de medidas preventivas de animales peligrosos y sueltos, teniendo en cuenta que los delitos culposos, como en este caso, se tipifican cuando se viola el deber de cuidado y con las exigencias de un resultado y que en el presente caso el resultado (las lesiones) se debieron, prima facie, a la negligencia del acusado, al no tener seguridad para mantener a sus perros en el interior de su propiedad, lo que permitió que los mismos ataquen y ocasionen el resultado del daño en el cuerpo y salud de la denunciante”.

Es por ello que, el fiscal Portal entiende que se encuentran dadas las condiciones para formalizar la acusación en contra del imputado por el delito de lesiones leves culposas.

El hecho ocurrió el pasado 21 de junio, alrededor de las 8:30, en calle San Martín al 700, cuando la damnificada regresaba de dejar a su hija en la escuela y sufrió el ataque de siete perros que le ocasionaron heridas en todo el cuerpo.

El imputado, quien presentó un descargo y aportó documentación sobre los canes, fue citado a audiencia para la semana posterior a la feria judicial.

Circulaba alcoholizado, provocó un siniestro vial y quedó imputado por lesiones

El hecho ocurrió el pasado sábado en horas de la madrugada. En la maniobra, provocó que un automóvil que circulaba en el mismo sentido volcara, provocando daños a sus ocupantes, para posteriormente darse a la fuga.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, imputó de manera provisional a un hombre de 19 años, por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves culposas y lesiones graves culposas en accidente de tránsito, agravadas por haberse dado a la fuga y por conducir bajo efectos del alcohol.

El hecho sucedió el pasado 2 de julio, a las 4:50 aproximadamente, cuando el hombre, que circulaba en su camioneta Toyota Hilux blanca, por avenida Asunción, con sentido este a oeste, al llegar a la altura de una estación de servicio, habría realizado maniobras imprudentes y negligentes al aproximarse y abalanzarse sobre un vehículo Peugeot 207 azul, que circulaba por la misma arteria y sentido. Esto provocó que el coche de menor porte volcara, ocasionándole daños a las damnificadas que viajaban de acompañantes del conductor.

El acusado, luego se dio a la fuga, siendo interceptado y demorado, posteriormente por personal policial, constatando que tenía 0.93 g/l de alcohol en sangre.

El informe realizado por el médico legal, de una de las tres mujeres que resultaron damnificadas que viajaban en el vehículo y que resultó más afectada, da cuenta de haber sufrido “contusión cerebral frontal izquierda, edema cerebral TEC grave, fractura de clavícula derecha, fractura de ambas ramas pubianas, fractura de sacro derecho y pelvis y lesiones de reciente data, producidas al golpearse o al ser golpeada por elemento romo duro y/o contundente”.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y quedó con arresto domiciliario, dispuesto por el juzgado de garantías interviniente.

En tanto, la fiscalía continúa trabajando en aras de determinar demás circunstancias del hecho, mediante las tareas desplegadas por la División Criminalística de la Policía en el lugar y que se vincule con la mecánica del accidente, como también declaraciones de otras víctimas y eventuales testigos.

Tercer encuentro de entidades por el Sistema de Monitoreo de la calidad del agua

La Procuración General de la Provincia viene cumpliendo una serie de pasos tendientes a avanzar en un proceso multi-institucional de trabajo, para la concreción del Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta.

El día de ayer tuvo lugar la reunión informativa de instituciones competentes, involucradas con el cumplimiento del Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta.

Cabe recordar que esta es la tercera reunión que forma parte del plan de trabajo sostenido, previsto durante el pasado encuentro del 20 de mayo, en cumplimiento de lo propuesto al Procurador General de la provincia, Dr. Pedro García Castiella.

En la apertura del encuentro y tras un intercambio de opiniones, el representante del Ministerio Público Fiscal y Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret, y los delegados de la Secretaría de Recursos Hídricos, Dr. David Le Favi, Director de Fiscalización y Control, y Dra. Silvia Santamaría, Jefa del Programa Jurídico, tomaron la palabra para informar el contenido del proyecto de resolución conjunta, con sus respectivos anexos, que regulará el Censo de Agua Subterránea.

Se fijó en el encuentro, un plazo de 15 días hábiles para que las comisiones técnicas informáticas aporten las observaciones que entiendan necesarias y está previsto que el próximo 5 de agosto se proceda a la suscripción de la resolución conjunta, por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ente Regulador de Servicios Públicos, acto que tendrá lugar en el Ministerio Público de la provincia de Salta.

Se acordó, además, que los representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos y de los Ministerios de Salud Pública y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología coordinen capacitaciones, dirigidas a los agentes sanitarios y demás personal de campo, en relación al Mapa de Vulnerabilidad de Agua Subterránea.

De la convocatoria participaron además de los mencionados, por el Servicio de Ingeniería y Química del CIF, el Ing. Joel Medina y José Manzano;  por la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, el Dr. Virgilio Núñez; por la Secretaría de Recursos Hídricos, la Jefa del Programa Agua para Consumo Humano, Geóloga, Gabriela Pitzu; el Jefe del Programa Aguas Subterráneas, Ing. Carlos Bustamante; la Analista Química, Mónica Rodríguez y los señores Gonzalo Qüerio y Diego Muñoz; por el Ministerio de Salud de la provincia de Salta, el señor Juan Pablo Castillo y las señoras Susana Velazco y María Valdéz; por el ENRESP (Ente Regulador de Servicios Públicos), los señores Marcelo Ovando, Víctor Anuch, Marina Hoyos y Jerónimo López Fleming; por el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, la señora Gabriela García; por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Sr. Antonio Sánchez.

Adulteraban partes de motos para vender por redes sociales y quedaron imputados

Se encuentran involucrados seis adultos y un menor de edad. Entre marzo y junio se registraron varias denuncias por robos de motovehículos y ahora serán cotejadas con los elementos secuestrados.

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó provisionalmente, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y falsificación, adulteración o supresión de la numeración de un bien registrable, en concurso real, a seis hombres, en calidad de coautores. También participó un menor.

Según consta en las actuaciones, los acusados habrían recibido motovehículos o partes de ellos, provenientes de diferentes ilícitos, para luego ser desarmados y modificados. Luego, con las partes obtenidas, se dedicarían al armado de otras motocicletas, poniéndolas luego a la venta, mediante publicaciones en redes sociales.

En los domicilios allanados donde residen los imputados, se secuestraron motos, partes de motos, herramientas, y otros elementos de interés para la causa.

Además a los seis hombres se los acusa de los delitos de falsificación, adulteración o supresión de la numeración de bienes registrables, según se desprende de los indicios probatorios hallados en los domicilios. Por intermedio de personal idóneo de la Planta de Verificación del Automotor, se constató “prima facie”, la existencia de motores o chasis y/o sus partes registrables, con numeraciones adulteradas, suprimidas o borradas, respecto de las originales de fábrica.

Aún  resta identificar si los distintos elementos obtenidos, guardan relación respecto a las denuncias que dieron inicio a la investigación pertinente. Para tal fin se realizan los estudios específicos, procediendo a la incorporación de informes sobre la titularidad de las partes de motocicletas.

Cabe mencionar que, entre marzo y junio de este año, se registraron varias denuncias por  robo de motovehículos, en diferentes arterias de la ciudad.

Durante la audiencia de imputación, los acusados se abstuvieron de declarar y quedaron detenidos.

Morillo: Condenado a tres años de prisión efectiva por violencia de género

Amenazó a su ex pareja con un arma de fuego y posteriormente la agredió físicamente en presencia de su hija. El hombre confesó el hecho.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo AAVega, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que resultó condenado Dardo Cruz, a la pena de 3 años de prisión efectiva y multa por valor de $5000, por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real.

El imputado fue condenado por un hecho ocurrido el pasado 16 de diciembre de 2021, en el domicilio de Barrio 40 Viviendas de la localidad de Morillo. En esa oportunidad, llegó en estado de ebriedad y comenzó a maltratar a su ex pareja, a proferirle amenazas, para luego sacar un arma.

En ese momento fue que su hija intervino, quitándole el arma de fuego, mientras la damnificada escapó a otra parte de la vivienda, oportunidad en la que Cruz aprovechó para perseguirla y agredirla físicamente, con golpes de puño.

El juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio, Vocalía 2, Ricardo Martoccia , luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 3 años de prisión efectiva.

Condenado en juicio abreviado por delitos de violencia de género

Nicolás Maximiliano Ibáñez, de 25 años fue condenado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional. Los hechos sucedieron entre 2019 y 2021.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 3, Gabriela Dávalos, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que la jueza interina, Ada Zunino, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional. Lo encontró autor penalmente responsable de los delitos de coacción, violación de domicilio, agresión con arma impropia, desobediencia judicial (cuatro hechos), amenazas (cuatro hechos) y lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y por el género (dos hechos),  en concurso real.

Además, la jueza le impuso al condenado, reglas de conducta por el término de 2 años, consigna personalizada hasta la efectiva aplicación de botón antipánico en el celular de las víctimas.

Uno de los hechos sucedió el 9 de marzo de 2019, en Villa Asunción, cuando la ex pareja de Ibáñez, circulaba en su motocicleta, oportunidad en la que el ahora condenado, le pateó la moto, la hizo caer y luego la golpeó en el suelo, para después amenazarla.

El otro hecho ocurrió el pasado 28 de abril en un domicilio de Villa Primavera, cuando el hombre ingresó sin autorización hasta una habitación de la vivienda de su ex pareja. Cuando esta regresaba junto a su madre, observaron al hombre que tras saltar la tapia, comenzó a proferir amenazas e intentó agredirla con un martillo, sin lograr su cometido, dado que la mujer esquivó los golpes.

Cabe destacar que, en septiembre de 2021, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N° 3 había dispuesto medidas cautelares para el acusado, por las que se le había ordenado la prohibición de acercamiento al domicilio de su ex pareja, abstenerse de ejercer actos de violencia física y psíquica, proferir insultos, palabras agraviantes o desplegar conductas amenazantes, vía redes sociales.

Cumplía una pena de prisión condicional y ahora fue condenado por robo

El hombre ya registraba antecedentes por robo, lesiones y violencia de género. En uno de los casos, amenazó a una adolescente con un arma blanca para apropiarse de su celular.

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado por el que el imputado resultó condenado por los delitos de encubrimiento simple, violación de domicilio y robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, en concurso real.

El Juzgado de Garantías 4, a cargo del Dr. Diego Rodríguez Pipino, condenó en juicio abreviado a Braian Jesús Salas a la pena de 3 años y cuatro meses de prisión de ejecución efectiva, por un hecho de robo y violación de domicilio.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de dos hechos, uno de ellos, ocurrido el pasado 25 de enero de 2021, cuando Salas ingresó sin autorización a un domicilio de la calle Astigueta al 900, por lo que fue demorado y se logró recuperar un televisor LED de 32 pulgadas, que había intentando ocultar envuelto en un vestido.

El otro hecho ocurrió el pasado 11 de abril, en intersección de las calles Damián Torino y Catamarca de nuestra ciudad, cuando una adolescente de 17 años se dirigía a la escuela. De repente, se le acercó el inculpado en una bicicleta y, sin descender, le mostró un cuchillo tipo sierrita que le puso cerca de las costillas, mientras la amenazaba diciéndole que si no le entregaba su celular la iba a matar. Cuando la joven entregó el teléfono, el acusado se dio a la fuga pero un grupo de personas que se encontraban en lugar, lograron detenerlo.

Cabe recordar que el hombre ya registra antecedentes por robo, lesiones y violencia de género y sobre quien se habían dictado medidas cautelares y prohibición de acercamiento. En 2021, había sido condenado por los delitos de lesiones agravadas por el género y la relación de pareja (tres hechos) y amenazas con arma, en concurso real, en relación a hechos ocurridos en 2021.

Seguridad vial y Prevención: El Procurador recibió a representantes de organismos nacionales

Se avanzó en los primeros lineamientos para la elaboración de un convenio marco entre el organismo y la Procuración para la investigación y capacitación en términos de seguridad vial, del transporte de larga distancia e interprovincial.

Esta mañana, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, junto al titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) del Ministerio Público Fiscal (MPF), Marcos Bravo, recibió a la Delegada de Región Noroeste de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), Constanza Longarte, y al investigador de la Dirección Nacional de Sucesos Automotores, Carlos Párraga.

Durante el encuentro se avanzó en los primeros lineamientos para la elaboración de un convenio marco entre el organismo y la Procuración para la investigación y capacitación en términos de seguridad vial, del transporte de larga distancia e interprovincial.

La importancia de este convenio marco radica en la concreción de políticas públicas, tendientes al mejoramiento del sistema de transporte y la elaboración de estrategias de prevención. Es sumamente importante generar estos espacios comunes de colaboración, debido a que el intercambio puede ayudar a la individualización de patrones de riesgo o circunstancias que deban corregirse, mediante la implementación de políticas públicas y medidas eficaces, destinadas a la reducción de la siniestralidad.

Cabe mencionar que la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo autárquico y técnico, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, lleva a cabo investigaciones y estudios técnicos en materia de seguridad operacional en el transporte de pasajeros y/o cargas, por los modos automotor, ferroviario, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo.

La ley 27514, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 17 de julio de 2019 y promulgada el 21 de agosto del mismo año, en su artículo 1°, declara de interés público nacional, la política de seguridad en el transporte, teniendo como fin brindar movilidad, garantizando la protección de las personas, de sus bienes y del ambiente en el territorio nacional; en tanto, en su artículo 4°, crea la Junta de Seguridad en el Transporte, como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, con autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.

Por su parte, la Oficina de Provincial de Incidentes Viales (OPRIV), está abocada, permanentemente, a delinear estrategias de planificación y acción, en consonancia con las políticas públicas de alcance nacional, con el objeto de disminuir la tasa de siniestralidad vial. De ahí la trascendencia que cobra la interacción y el trabajo conjunto con ambos organismos nacionales, mediante este convenio marco sobre el cual se comienza a avanzar para su concreción y posterior aplicación.