Julio Frias

Juicio a seis policías: Hoy declaró un perito en balística que analizó las armas

Es por por un hecho ocurrido en diciembre de 2016. Está previsto que el juicio finalice el próximo martes 20, con alegatos y lectura de veredicto.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito judicial Centro, en la audiencia de debate contra seis policías por los delitos de vejaciones calificadas en perjuicio de un vecino.

Este viernes se continuó con la ronda de testimoniales. Prestó declaración un testigo, licenciado en balística, quien fuera el encargado de proceder al análisis de las armas: una escopeta y una pistola calibre 9 mm.

Según declaró, las municiones y el casco que le fueron remitidos, correspondían con un cartucho AT 1270, que son los que utiliza personal policial. Además brindó otras precisiones sobre la mecánica de funcionamiento del arma y señaló que las vainas servidas fueron encontradas en el lugar porque fueron percutadas (disparadas).

Posteriormente, el fiscal González amplió la acusación por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia agravada por empleo de arma de fuego en lo que respecta a la conducta de Antonio Andrónico Guerra, quien fuera dado de baja por la fuerza policial por sanciones disciplinarias.

El hecho

La madrugada del 25 de diciembre de 2016, vecinos de la plazoleta del barrio La Tablada, en medio de los festejos y saludos por Navidad y encontrándose chicos del barrio jugando, observaron a un móvil policial estacionado y efectivos uniformados que discutían con un vecino, en actitud autoritaria. 

En un momento, comenzaron a hacerse disparos de ithaca (escopeta de corredera o repetición manual) en la zona de la puerta de la casa de un vecino. Fue así que salió otro vecino (la víctima) a recriminar la situación y el oficial Guerra, quien portaba el arma según dichos del propio oficial y los vecinos, le apuntó en el pecho. Ante su desesperación, el damnificado tomó la punta del arma para que no le diera en el pecho y el impacto del disparo le dio en la entrepierna, lo que demuestra la cercanía de quien produce el impacto respecto del lugar del impacto.

Como consecuencia de tales acciones desmedidas e injustificadas, que claramente ponían en riesgo tanto a mayores como a menores, los vecinos de la zona se manifestaron enojados y molestos con los ocupantes del móvil policial y les arrojaron piedras.

El fiscal González sostiene en las actuaciones que los imputados trataron de justificar su accionar mediante los protocolos de actuación, siendo que “el mismo protocolo recomienda que quien esté a cargo debe utilizar criterio pero sobre todo, evitar el roce y la agresión, máxime cuando su propio lema es la seguridad como compromiso y responsabilidad social”.

El fiscal de Derechos Humanos recuerda también que el protocolo, además, hace alusión expresamente al uso de armas como el último recurso y no como en este caso, en el que fuera el detonante de lo que luego se desencadenó, el disparo y consecuente lesión provocada al damnificado.

Agrega el fiscal que el protocolo recuerda que se debe pedir apoyo en caso de que el número supere a la fuerza y retirarse a una distancia considerable, a fin de evitar males mayores.

Según lo manifestado por el chofer del móvil, los efectivos salieron del lugar rápidamente y a pocas cuadras venía un refuerzo policial. De este modo se ratifican los dichos de los denunciantes de que luego de haber causado las lesiones a la víctima, no prestaron el debido auxilio a los lesionados y se retiraron del lugar, abandonando incluso a un compañero de la misma fuerza que quedó en otra zona.

Es por ello que los imputados responden  por el delito de vejaciones calificadas, que corresponde toda vez que el funcionario que desempeña un acto de servicio cometiere cualquier vejación, la que se encuentra agravada o calificada por el uso de la violencia física, la que se encuentra absolutamente comprobada en el legajo, por testimoniales, historias clínicas, fotografías e informes.

Orán: Quedó imputado por amenazar y disparar a un hombre al que ocasionó lesiones

El acusado, quien es efectivo policial, se presentó en un vehículo preguntando por una mujer y luego de que el damnificado respondiera, lo habría amenazado y habría disparado el arma que sacó del interior del vehículo. Se pidió mantenimiento de detención.

La fiscal penal 3 de Orán, Mónica Viazzi, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de abuso de armas en concurso real, con amenazas con arma de fuego, a un hombre de 31 años.

Según las actuaciones, el hecho ocurrió en la noche del pasado 10 de septiembre, en calle YPF y Pasaje Los Olivos de la ciudad de Orán, en circunstancias en que el damnificado se encontraba reunido con unos amigos, cuando el acusado llegó en un vehículo gris, preguntando por una mujer, conocida del denunciante.

Al responder el damnificado que no sabía dónde se encontraba, relata que . el acusado comenzó a proferir amenazas haciendo ruido con unas esposas que tenía en el interior del rodado. Posteriormente descendió del vehículo con un arma de fuego, presumiblemente reglamentaria, la que remontó y habría utilizado, apuntándole a los pies y realizando un disparo que habría herido al damnificado en ambas piernas, todo en presencia de sus amigos.

El denunciante, atemorizado, salió corriendo del lugar, mientras el acusado abordó el vehículo, nuevamente, para darse a la fuga.

Según manifestó el denunciante, hace unos meses atrás estando solo a la madrugada, llegó el imputado al mismo lugar en un automóvil y preguntó por una señora amiga del damnificado, y que al no encontrarla, se molestó y le exhibió un arma de fuego, mientras profería amenazas y hacía sonar las esposas.

Conforme a información suministrada por la Brigada de Investigaciones, se pudo determinar que el sospechoso es personal policial.

El certificado médico, expedido por médico legal, da cuenta de la presencia de “heridas con arma de fuego en miembros inferiores derecho e izquierdo, con orificio de entrada y salida”.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, la fiscal Viazzi solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.

Rosario de la Frontera: Dos hombres condenados por diferentes delitos

En juicio abreviado aceptaron su culpabilidad. Uno de ellos, bajo el cargo de homicidio simple y otros delitos

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, representó al Ministerio Público Fiscal en el acuerdo de juicio abreviado, en el que el Tribunal de Juicio Sala II, vocalía a cargo del juez interino Ramón Haddad, condenó a Fernando Adrián Uncos, de 23 años, a la pena de 9 años de prisión de ejecución efectiva y a Gonzalo Damián Ibarra, de 20 años, a la pena de 5 años de prisión de ejecución efectiva.

Uncos, fue condenado por homicidio simple, hurto con escalamiento en grado de tentativa, robo agravado y hurto con escalamiento.

En tanto, a Ibarra se lo encontró culpable de los delitos de robo agravado y hurto con escalamiento, todo en concurso real.

El juez Haddad, luego de recibir la confesión de los acusados y la aceptación de los hechos, les impuso además de las penas descriptas, el cumplimiento de reglas de conducta.

Se investiga la muerte de una persona proveniente de Jujuy

Fue hallado sin vida en márgenes del dique Campo Alegre. Se realizan distintas diligencias a fin de determinar la causa de la muerte.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, se encuentra a cargo de la investigación sobre la muerte de un hombre, oriundo de la vecina provincia de Jujuy, que peregrinaba hacia la ciudad de Salta junto a un grupo de personas.

El fiscal Flores dispuso una serie de medidas tendientes al esclarecimiento de las circunstancias y causa por las que se produjo el fallecimiento de la persona cuyo cuerpo fue encontrado en las márgenes del dique Campo Alegre.

El hallazgo del cuerpo se produjo en la noche del pasado miércoles y tomó intervención personal de Criminalística a fin de realizar las pericias de rigor, junto al equipo médico legal.

Apareció Cristian Gabriel Luna, que había desaparecido el pasado 8 de septiembre

Cristian Gabriel Luna, de 29 años, apareció anoche en su domicilio, donde se encontraba apostado personal policial, y está en buen estado de salud. Según declaró, se había ausentado de su domicilio debido a problemas de índole personal.

Por otro lado, Luna expresó que no fue víctima de delito alguno y que en ningún momento corrió peligro su vida.

Cabe recordar que Cristian Gabriel Luna se había ausentado de su domicilio el pasado 8 de septiembre y era intensamente buscado. Dirigía la búsqueda la fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6.

Fue imputado por intentar sustraerle dinero a una mujer que vendía dulces

El hombre, vecino de la denunciante, quiso apoderarse del dinero que tenía. Ante la insistencia, llamaron al 911.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de robo en grado de tentativa, a un hombre de 32 años.

El hecho sucedió en la tarde del pasado 10 de septiembre, en la plaza principal de Rosario de Lerma, en circunstancias en que la damnificada se encontraba junto a sus amigos, vendiendo postres. En un momento se hizo presente el acusado, en aparente estado de ebriedad y le habría exigido que le diera dinero.

La mujer al principio lo ignoró y luego se negó a la petición. Ante esta respuesta, el acusado habría continuado insistiendo tocándole la espalda y provocando que interviniera un amigo de la denunciante, quien lo empujó para que se retirara del lugar.

El sospechoso regresó, y se habría abalanzado sobre la denunciante con intenciones de quitarle el dinero que tenía, sin lograr su cometido ya que su amigo intervino nuevamente, evitando que le quitara el dinero.

Debido a la insistencia del acusado que además incitaba a la pelea, llamaron al Sistema de Emergencias 911.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su version de los hechos. El fiscal Escalante solicitó mantenimiento de detención.

Tartagal: condenado por robo calificado

El hecho ocurrió en un domicilio particular al cual accedió el acusado, para apropiarse de elementos. Uno de los propietarios resultó lesionado.

La Sala 1 del Tribunal del Juicio de Tartagal condenó a a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional a Nicolás Rodrigo Lugones, por el delito de robo calificado en circunstancias de hurto calificado.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael Medina.

El hecho se produjo en la medianoche del pasado 18 de julio, cuando el damnificado se encontraba durmiendo con su pareja, en el domicilio que comparten, en esta ciudad.

En un momento escucharon que alguien intentaba abrir la puerta de la vivienda y al levantarse, vieron que un hombre había ingresado al inmueble atravesando una valla de tejido de alambre, y que estaba sacando elementos de un freezer, ubicado al lado de la puerta.

Al advertir la presencia de los damnificados, el hombre intentó darse a la fuga, pero el propietario logró tomarlo del brazo produciéndose un forcejeo. Luego, el acusado tomó una tabla de madera con la que golpeó al damnificado, al tiempo que profería amenazas.

Gracias a la intervención de ocasionales transeúntes que pasaban por el lugar, se logró la reducción del ahora condenado, hasta que arribó personal policial.

El juez Aníbal Burgos le impuso a Nicolás Lugones el cumplimiento de una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional.

Buscan a un hombre de 29 años que desapareció el jueves 8

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, activó protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Cristian Gabriel Luna, de 29 años.

El hombre, que reside en una vivienda de la Mz. 513 B de Barrio 1° Junta, fue visto por última vez por su hermano el pasado jueves 8 de septiembre, alrededor de las 22 horas, cuando se retiraba del domicilio.

El operativo de búsqueda está a cargo del Grupo Investigativo Sector 6A, bajo la dirección de la Fiscalía Penal 6 y conforme al protocolo de búsqueda de personas extraviadas, que comenzó a partir de que la familia denunció su desaparición el día domingo 11 de septiembre.

De acuerdo a lo manifestado por su hermano, se retiró sin DNI, no posee teléfono celular, tarjeta SAETA, ni tampoco dinero efectivo o tarjetas.

Cristian Gabriel Luna tiene tez trigueña, cabello corto negro, ojos marrones, mide 1.75 mts., y como seña particular tiene un tatuaje con la inscripción “LA16” en su mano derecha. Al momento de su desaparición vestía remera negra y roja, pantalón jean azul y calzaba zapatillas marrones.

Intervienen, además, en la búsqueda, la División Canes, diferentes dependencias policiales de la zona de residencia, y donde manifiestan testigos haberlo visto. La División Caballería capital realizó patrullaje preventivo; la División Policía Rural y Ambiental realizó recorrido por las márgenes del Río Arenales, y también interviene la División Centro de Videovigilancia. Además se realizó entrevista con terceros, tanto en el Barrio 1° Junta, como en otras zonas donde pudo haber estado.

Se solicita a la comunidad que quien pudiera aportar datos ciertos sobre su paradero, se dirija a la dependencia policial más próxima o se comunique al Sistema de Emergencias 911, o a los teléfonos 4351548/4350219 de Comisaría 10° Santa Cecilia.

Juicio a seis policías por vejaciones calificadas por un hecho sucedido en 2016

Desde el jueves 8 de septiembre se desarrolla en la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, la audiencia de debate contra los policías Santiago Orlando Bejarano, Alfredo Walter Abán, Antonio Andrónico Guerra, Gustavo Martín Mamaní, Raúl Marcelo Cabrera y Gustavo Benjamín Monzón por vejaciones calificadas. El hecho ocurrió en diciembre de 2016.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra seis efectivos policiales como autores de los delitos de vejaciones calificadas, en perjuicio de un vecino.

El hecho juzgado ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre de 2016 en barrio La Tablada, cuando el acusado Guerra le ocasionó una lesión a la víctima. Está previsto que el juicio finalice el próximo 20 de septiembre, con alegatos y lectura de veredicto.

En la primera jornada de debate, prestaron declaración el damnificado y testigos presenciales en el momento del hecho, quienes ratificaron lo sucedido. En tanto, en la jornada del viernes, prestaron declaración los profesionales médicos. Uno de ellos, estuvo de guardia el día que fue asistido el damnificado.

En la mañana hoy continúa desarrollándose la audiencia de debate que es presidida por la jueza Norma Beatriz Vera.

El hecho

La madrugada del 25 de diciembre de 2016, vecinos de la plazoleta del barrio La Tablada, en medio de los festejos y saludos por Navidad y encontrándose chicos del barrio jugando, observaron a un móvil policial estacionado y efectivos uniformados que discutían con un vecino, en actitud autoritaria.

En un momento, comenzaron a hacerse disparos de ithaca (escopeta de corredera o repetición manual) en la zona de la puerta de la casa de un vecino. Fue así que salió otro vecino (la víctima) a recriminar la situación y el oficial Guerra, quien portaba el arma según dichos del propio oficial y los vecinos, le apuntó en el pecho. Ante su desesperación, el damnificado tomó la punta del arma para que no le diera en el pecho y el impacto del disparo le dio en la entrepierna, lo que demuestra la cercanía de quien produce el impacto respecto del lugar del impacto.

Como consecuencia de tales acciones desmedidas e injustificadas, que claramente ponían en riesgo tanto a mayores como a menores, los vecinos de la zona se manifestaron enojados y molestos con los ocupantes del móvil policial y les arrojaron piedras.

El fiscal González sostiene en las actuaciones que los imputados trataron de justificar su accionar mediante los protocolos de actuación, siendo que “el mismo protocolo recomienda que quien esté a cargo debe utilizar criterio pero sobre todo, evitar el roce y la agresión, máxime cuando su propio lema es la seguridad como compromiso y responsabilidad social”.

El fiscal de Derechos Humanos recuerda también que el protocolo, además, hace alusión expresamente al uso de armas como el último recurso y no como en este caso, en el que fuera el detonante de lo que luego se desencadenó, el disparo y consecuente lesión provocada al damnificado.

Agrega el fiscal que el protocolo recuerda que se debe pedir apoyo en caso de que el número supere a la fuerza y retirarse a una distancia considerable, a fin de evitar males mayores.

Según lo manifestado por el chofer del móvil, los efectivos salieron del lugar rápidamente y a pocas cuadras venía un refuerzo policial. De este modo se ratifican los dichos de los denunciantes de que luego de haber causado las lesiones a la víctima, no prestaron el debido auxilio a los lesionados y se retiraron del lugar, abandonando incluso a un compañero de la misma fuerza que quedó en otra zona.

Es por ello que los imputados responden  por el delito de vejaciones calificadas, que corresponde toda vez que el funcionario que desempeña un acto de servicio cometiere cualquier vejación, la que se encuentra agravada o calificada por el uso de la violencia física, la que se encuentra absolutamente comprobada en el legajo, por testimoniales, historias clínicas, fotografías e informes.

Por sustraer objetos de un local, estafar a un chofer e intimidar a personal policial, quedó imputado

El hombre tomó un remis en el que trasladaba los elementos que habría sustraído y, al momento de ser aprehendido, quiso intimidar a personal policial utilizando un arma blanca. Se solicitó mantenimiento de detención.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, interina en Fiscalía Penal 6, imputó de manera provisional por la presunta comisión de los delitos de robo simple, estafa y atentado a la autoridad agravado, en concurso real, a un hombre de 32 años.

Según consta en la denuncia, el hecho sucedió en la madrugada del pasado 5 de septiembre en una sandwichería de barrio Solidaridad, cuando el acusado, previo dañar los candados de seguridad de la puerta de ingreso, habría sustraído distintos elementos, los que luego habría cargado en un remis.

El acusado le solicitó al chofer que lo llevara por diferentes puntos, llamando la atención del conductor, quien solicitó ayuda a personal policial que procedió a la demora del acusado y al secuestro de los elementos sustraídos.

En  la denuncia, el damnificado y propietario del local, manifestó que tomó conocimiento de lo sucedido por la dueña del inmueble, quien escuchó ruidos. Luego se desplazó a la Comisaría 17°, donde observó el remis con sus pertenencias. Según declaró, le sustrajeron del interior del local: 4 garrafas de 10 kilos, una cortadora de fiambre mediana, una conservadora azul, un teléfono móvil, un parlante pequeño y carne de diferentes cortes.

Al momento del cacheo superficial, el sospechoso no llevaba dinero para abonar el monto correspondiente al viaje, demostrando con ello el ardid utilizado para engañar al chofer del remis, ocasionándole un perjuicio.

No conforme con ello, el acusado empleó intimidación y fuerza con el personal policial interviniente con la finalidad de que no hicieran efectiva su aprehensión, valiéndose para ello del uso de un arma blanca.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y la fiscal Adet Figueroa solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.